Tema 27 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Artículo 1

Los titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria son todos los españoles y los extranjeros con residencia establecida en el territorio nacional. A los extranjeros no residentes y a los españoles fuera del territorio nacional se les garantiza en la forma que fijen las leyes y convenios internacionales. Los titulares están legitimados en vía administrativa y jurisdiccional. La Ley regula las acciones que hacen efectivo el derecho del artículo 43 de la Constitución.

Artículo 2

La Ley es norma básica (art. 149.1.16 CE) y se aplica en todo el territorio del Estado, salvo el artículo 31.1 b) y c) y los artículos 57 a 69, que son derecho supletorio en las Comunidades Autónomas que hayan dictado normas sobre esas materias. Las Comunidades Autónomas pueden dictar normas de desarrollo y complementarias de la Ley en ejercicio de las competencias de sus Estatutos.

Artículo 3

Los medios y actuaciones del sistema sanitario se orientan prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. La asistencia sanitaria pública se extiende a toda la población española, con acceso y prestaciones en igualdad efectiva. La política de salud busca superar los desequilibrios territoriales y sociales e integra el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 4

El Estado, las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas competentes organizan y desarrollan todas las acciones sanitarias de este título dentro de una concepción integral del sistema sanitario. Las Comunidades Autónomas crearán sus Servicios de Salud dentro del marco de esta Ley y de sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Artículo 5

Los Servicios Públicos de Salud se organizan para permitir la participación comunitaria, a través de las Corporaciones territoriales, en la formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución. En esa participación se incluyen las organizaciones empresariales y sindicales, cuya representación se fija con criterios de proporcionalidad según el Título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Artículo 6

Las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias se orientan a: promover la salud; promover el interés individual, familiar y social por la salud con educación sanitaria; que las acciones sanitarias se dirijan a la prevención de las enfermedades y no sólo a su curación; garantizar la asistencia en todos los casos de pérdida de salud, y promover la rehabilitación funcional y la reinserción social. Deben integrar la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 7

Los servicios sanitarios, y también los administrativos, económicos y cualesquiera otros precisos para el funcionamiento del Sistema de Salud, adecuarán su organización y funcionamiento a cuatro principios: eficacia, celeridad, economía y flexibilidad.

Artículo 8

Es actividad fundamental del sistema sanitario realizar los estudios epidemiológicos necesarios para orientar la prevención de riesgos para la salud y la planificación y evaluación sanitaria, sobre la base de un sistema organizado de información sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica. Es actividad básica la que incide en la Veterinaria de Salud Pública: higiene, tecnología e investigación alimentarias, lucha contra la zoonosis y riesgos debidos a la vida animal.

Artículo 9

Artículo 10

Todos tienen derechos frente a las administraciones sanitarias: respeto a su personalidad, dignidad e intimidad sin discriminación; información accesible sobre servicios; confidencialidad; ser advertido del uso docente o investigador de los procedimientos (con autorización previa y por escrito del paciente y aceptación del médico y de la Dirección del Centro); médico asignado; participación; reclamaciones con respuesta escrita; elección de médico y obtención de medicamentos. Los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 rigen también en los servicios privados.

Artículo 11

Los ciudadanos tienen tres obligaciones con las instituciones sanitarias: cumplir las prescripciones sanitarias generales y las específicas de los Servicios Sanitarios; cuidar las instalaciones y colaborar en mantener la habitabilidad de las Instituciones Sanitarias; y responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones, sobre todo en la utilización de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales.

Artículo 12

Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario a dos fines: corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los Servicios Sanitarios Públicos en todo el territorio español, conforme a los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución.

Artículo 13

Artículo 14

Los poderes públicos aplicarán, mediante desarrollo normativo, la facultad de elegir médico en la atención primaria del Área de Salud. En los núcleos de población de más de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto de la ciudad.

Artículo 15

Superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria, los usuarios del Sistema Nacional de Salud pueden ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios de su Área de Salud. El Ministerio de Sanidad y Consumo acreditará servicios de referencia, a los que se accede una vez superadas las posibilidades de los servicios especializados de la Comunidad Autónoma de residencia.

Artículo 16

Las normas de utilización de los servicios sanitarios son iguales para todos. Los usuarios sin derecho a la asistencia de los Servicios de Salud pueden acceder como pacientes privados: en atención primaria, con las mismas normas de asignación de equipos y libre elección; en hospitales, a través de la unidad de admisión y con lista de espera única, sin acceso diferenciado; la facturación se hace sobre costes efectivos y los ingresos son propios de los Servicios de Salud, sin revertir en quienes atienden.

Artículo 17

Las Administraciones Públicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no les abonarán los gastos que ocasione el uso de servicios sanitarios distintos de los que les correspondan según esta Ley, sus disposiciones de desarrollo y las normas de las Comunidades Autónomas.

Artículo 18

Las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y órganos competentes, desarrollan dieciocho actuaciones, entre ellas: educación sanitaria; atención primaria integral; asistencia especializada (que incluye asistencia domiciliaria, hospitalización y rehabilitación); productos terapéuticos; programas para grupos de riesgo; saneamiento y medio ambiente; planificación familiar; salud mental y laboral; control de alimentos y productos farmacéuticos; Veterinaria de Salud Pública; formación del personal; investigación y control de calidad.

Artículo 19

Las autoridades sanitarias propondrán o participarán con otros Departamentos en la elaboración y ejecución de la legislación sobre: calidad del aire; aguas; alimentos e industrias alimentarias; residuos orgánicos sólidos y líquidos; suelo y subsuelo; formas de energía; transporte colectivo; sustancias tóxicas y peligrosas; vivienda y urbanismo; medio escolar y deportivo; medio laboral; lugares de esparcimiento público, y cualquier otro aspecto del medio ambiente relacionado con la salud.

Artículo 20

La atención a la salud mental, plenamente integrada en el sistema sanitario general, se presta en el ámbito comunitario, potenciando recursos ambulatorios, hospitalización parcial y atención a domicilio para reducir la hospitalización, con atención especial a la psiquiatría infantil y la psicogeriatría. La hospitalización se hace en unidades psiquiátricas de hospitales generales. Se desarrollan servicios de rehabilitación y reinserción social, en coordinación con los servicios sociales, que también abarca la prevención primaria.

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Para lograr los objetivos del capítulo sobre intervención pública en la salud individual y colectiva, las Administraciones Sanitarias, según sus competencias, crearán los Registros y elaborarán los análisis de información necesarios para conocer las situaciones de las que puedan derivarse acciones de intervención de la autoridad sanitaria.

Artículo 24

Las actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud quedarán sometidas por los órganos competentes a limitaciones preventivas de carácter administrativo, de acuerdo con la normativa básica del Estado.

Artículo 25

Las autorizaciones sanitarias y los registros obligatorios se establecen reglamentariamente y deben: no discriminar por nacionalidad ni por ubicación del domicilio social; estar justificados en la protección de la salud pública; ser el instrumento adecuado y no ir más allá de lo necesario ni ser sustituibles por medidas menos restrictivas; y tener procedimientos claros, objetivos, transparentes, proporcionados y conocidos con antelación. Ante una repercusión excepcional y negativa en la salud cabe la intervención administrativa, que cesa al quedar excluidos los riesgos.

Artículo 26

Si existe o se sospecha razonablemente un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes: incautación o inmovilización de productos, suspensión de actividades, cierre de empresas o instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cualesquiera otras sanitariamente justificadas. Su duración se fija en cada caso, cabe prorrogarlas por resoluciones motivadas y no excederá de lo que exija la situación de riesgo.

Artículo 27

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, controlarán la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo lo que pueda perjudicarla, con especial atención a la protección de la salud de la población más vulnerable.

Artículo 28

Todas las medidas preventivas del capítulo deben atender a cuatro principios: preferencia de la colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias; prohibición de ordenar medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida; proporcionalidad de las limitaciones sanitarias a los fines perseguidos; y uso de las medidas que menos perjudiquen la libre circulación de personas y bienes, la libertad de Empresa y los demás derechos afectados.

Artículo 29

Los centros y establecimientos sanitarios, sea cual sea su nivel, categoría o titular, necesitan autorización administrativa previa para instalarse, funcionar y modificar su estructura y régimen inicial. Esa autorización alcanza también la calificación, acreditación y registro. Las bases generales sobre calificación, registro y autorización se fijan por Real Decreto. Si la defensa de la salud lo requiere, cabe establecer regímenes temporales y excepcionales de funcionamiento.

Artículo 30

Todos los centros y establecimientos sanitarios, y también las actividades de promoción y publicidad, están sometidos a la inspección y control de las Administraciones Sanitarias competentes. Los centros del artículo 66 se someten además a evaluación de sus actividades y funcionamiento, con condiciones análogas a las fijadas para los centros públicos.

Artículo 31

El personal inspector, cuando ejerce sus funciones y acreditando si es preciso su identidad, puede entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en todo centro o establecimiento sujeto a la Ley; hacer pruebas, investigaciones o exámenes; tomar o sacar muestras y realizar cuantas actuaciones sean precisas. Tras la inspección, las autoridades sanitarias competentes pueden ordenar la suspensión provisional, la prohibición de actividades y la clausura definitiva.

Artículo 32

Las infracciones sanitarias se sancionan administrativamente previa instrucción de expediente, sin perjuicio de otras responsabilidades. Si pueden ser delito, la Administración pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador hasta que haya sentencia firme. Si no se aprecia delito, continúa el expediente con los hechos probados por los tribunales. Las medidas administrativas para salvaguardar la salud y seguridad se mantienen hasta que la autoridad judicial se pronuncie.

Artículo 33

Nunca se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos. Sí deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

Artículo 34

Las infracciones sanitarias se califican como leves, graves y muy graves. Para calificarlas se atiende a seis criterios: riesgo para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y reincidencia.

Artículo 35

Leves: simples irregularidades sin trascendencia directa para la salud pública, negligencias de escasa entidad y residuales. Graves: las así calificadas por la normativa especial, falta de controles, concurrentes con leves, primer incumplimiento de requerimientos, resistencia a dar datos o colaborar, residuales y reincidencia en leves en 3 meses. Muy graves: las así calificadas, deliberadas con daño grave, concurrentes con graves, incumplimiento reiterado de requerimientos, negativa absoluta a colaborar, presión sobre autoridades, residuales y reincidencia en graves en 5 años.

Artículo 36

Multas: leves, hasta 3.005,06 euros; graves, de 3.005,07 a 15.025,30 euros; muy graves, de 15.025,31 a 601.012,10 euros. En graves y muy graves la multa puede rebasar esas cuantías hasta el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción. En las muy graves, el Consejo de Ministros o los Consejos de Gobierno autonómicos competentes pueden acordar además el cierre temporal por un máximo de cinco años. El Gobierno actualiza las cuantías por Real Decreto según el IPC.

Artículo 37

No tienen carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que carezcan de las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, ni la suspensión de su funcionamiento hasta que se subsanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad.

Artículo 38

Son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales. La sanidad exterior comprende la vigilancia y control de riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico internacional de viajeros. El Ministerio de Sanidad y Consumo colabora con otros Departamentos para coordinar esos controles. Sus actividades y funciones se regulan por Real Decreto, a propuesta de los Departamentos competentes.

Artículo 39

Mediante relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, España colabora con otros países y organismos internacionales en: control epidemiológico, lucha contra las enfermedades transmisibles, medio ambiente saludable, normativas internacionales, investigación biomédica y otras acciones beneficiosas. Atiende especialmente a la cooperación con las naciones con mayores lazos y a la cooperación sanitaria para el desarrollo de los pueblos. Las autoridades sanitarias actúan en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Artículo 40

La Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias autonómicas, desarrolla dieciséis actuaciones, entre ellas: control sanitario del medio ambiente; registro general sanitario de alimentos; reglamentación, autorización y registro de medicamentos y productos sanitarios; autorización de fabricantes y de distribuidores mayoristas que actúen en más de una Comunidad Autónoma; homologaciones; Catálogo y Registro General de centros; vigilancia epidemiológica; estadísticas supracomunitarias; coordinación contra el fraude e informes generales.

Artículo 41

Las Comunidades Autónomas ejercen las competencias asumidas en sus Estatutos y las que el Estado les transfiera o delegue. Las decisiones y actuaciones públicas previstas en la Ley que no se hayan reservado expresamente al Estado se entienden atribuidas a las Comunidades Autónomas.

Artículo 42

Las normas autonómicas sobre sus servicios de salud deben tener en cuenta las competencias de provincias, municipios y demás Administraciones intracomunitarias. Las Corporaciones Locales participan en los órganos de dirección de las Áreas de Salud. Los Ayuntamientos tienen responsabilidades mínimas de control sanitario: medio ambiente; industrias, actividades, transportes, ruidos y vibraciones; edificios y lugares de convivencia; distribución y suministro de alimentos; y cementerios y policía sanitaria mortuoria. Para ello recaban el apoyo técnico de las Áreas de Salud.

Artículo 43

Artículo 44

Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integran el Sistema Nacional de Salud. Este es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, en los términos de la Ley.

Artículo 45

El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, según la Ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud.

Artículo 46

Características fundamentales del Sistema Nacional de Salud: extensión de sus servicios a toda la población; organización para una atención integral (promoción, prevención, curación y rehabilitación); coordinación y, en su caso, integración de los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único; financiación con recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por determinados servicios; y atención integral con altos niveles de calidad evaluados y controlados.

Artículo 47

Artículo 48

El Estado y las Comunidades Autónomas pueden constituir comisiones y comités técnicos, celebrar convenios y elaborar programas en común cuando se requieran para la mayor eficacia y rentabilidad de los Servicios Sanitarios.

Artículo 49

Artículo 50

En cada Comunidad Autónoma se constituye un Servicio de Salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y demás Administraciones territoriales intracomunitarias, gestionado bajo la responsabilidad de la Comunidad Autónoma. Cada Administración territorial puede conservar la titularidad de los centros que tuviera a la entrada en vigor de la Ley, pero siempre con adscripción funcional al Servicio de Salud.

Artículo 51

Los Servicios de Salud autonómicos se planifican racionalizando los recursos según las necesidades sanitarias de cada territorio, sobre la base de su división en demarcaciones geográficas. La ordenación territorial de los Servicios compete a las Comunidades Autónomas y responde a un concepto integrado de atención a la salud. Las Administraciones territoriales intracomunitarias solo pueden crear nuevos centros o servicios sanitarios de acuerdo con los planes de salud de la Comunidad y previa autorización de esta.

Artículo 52

Las Comunidades Autónomas, en ejercicio de las competencias asumidas en sus Estatutos, deciden sobre los órganos de gestión y control de sus respectivos Servicios de Salud, sin perjuicio de lo que establece la propia Ley General de Sanidad.

Artículo 53

Las Comunidades Autónomas ejercen sus competencias sanitarias con criterios de participación democrática de todos los interesados, de los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales. Para articular la participación autonómica se crea el Consejo de Salud de la Comunidad Autónoma, y en cada Área se constituyen órganos de participación en los servicios sanitarios. En otros ámbitos territoriales, la Comunidad debe garantizar una participación efectiva.

Artículo 54

Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de Salud con todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Servicios de Salud. El Plan se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por el Gobierno y deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes Áreas de Salud.

Artículo 55

Las Comunidades Autónomas regulan la organización, funciones y asignación de medios personales y materiales de cada Servicio de Salud, en el marco del capítulo VI del título. Las Corporaciones Locales que ya desarrollaban servicios hospitalarios a la entrada en vigor de la Ley participan en su gestión, proponiendo objetivos, fines y presupuestos anuales, y elevan a la Comunidad Autónoma propuesta para el nombramiento del Director del Centro Hospitalario.

Artículo 56

Las Comunidades Autónomas delimitan y constituyen Áreas de Salud, estructuras fundamentales del sistema sanitario, que gestionan de forma unitaria los centros del Servicio de Salud y desarrollan la atención primaria (trabajo en equipo; individuo, familia y comunidad) y la especializada (hospitales y centros de especialidades). Las dirige un órgano propio con al menos un 40 % de Corporaciones Locales. Regla general: entre 200.000 y 250.000 habitantes, salvo Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla; cada provincia, como mínimo, un Área.

Artículo 57

Cada Área de Salud tendrá, como mínimo, tres órganos: de participación, el Consejo de Salud de Área; de dirección, el Consejo de Dirección de Área; y de gestión, el Gerente de Área. Es un mínimo: pueden existir otros órganos.

Artículo 58

Los Consejos de Salud de Área son órganos colegiados de participación comunitaria para la consulta y el seguimiento de la gestión. Los integran las Corporaciones Locales (50 % de los miembros), las organizaciones sindicales más representativas (no menos del 25 %, a través de profesionales sanitarios titulados) y la Administración Sanitaria del Área. Verifican, orientan, proponen, promueven la participación y conocen e informan el anteproyecto del Plan de Salud y la Memoria anual. Pueden crear órganos sectoriales.

Artículo 59

El Consejo de Dirección del Área formula las directrices de política de salud y controla la gestión del Área, dentro de las normas autonómicas. Lo integran la representación de la Comunidad Autónoma (60 % de los miembros) y representantes de las Corporaciones Locales elegidos por los que lo son en el Consejo de Salud. Propone el nombramiento y cese del gerente, aprueba el proyecto, el anteproyecto y los ajustes del Plan de Salud, la Memoria anual y las prioridades, fija criterios de coordinación y elabora los Reglamentos de ambos Consejos.

Artículo 60

El Gerente del Área de Salud, órgano de gestión, lo nombra y cesa la Dirección del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma a propuesta del Consejo de Dirección del Área. Puede asistir, previa convocatoria, con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo de Dirección. Ejecuta las directrices del Consejo de Dirección, las del Plan de Salud y las normas autonómicas y estatales, y presenta los anteproyectos del Plan de Salud y sus adaptaciones y el proyecto de Memoria anual.

Artículo 61

Artículo 62

Para lograr la máxima operatividad y eficacia de los servicios de nivel primario, las Áreas de Salud se dividen en zonas básicas de salud. Para delimitarlas se tienen en cuenta: las distancias máximas de los núcleos de población más alejados y el tiempo normal de recorrido con medios ordinarios; la concentración o dispersión de la población; las características epidemiológicas; y las instalaciones y recursos sanitarios de la zona.

Artículo 63

La zona básica de salud es el marco territorial de la atención primaria, donde actúan los Centros de Salud, centros integrales de atención primaria. Estos desarrollan de forma integrada y en equipo la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud individual y colectiva, con los medios precisos. Como apoyo técnico preventivo habrá un Laboratorio de Salud para los análisis higiénico-sanitarios del medio ambiente, higiene alimentaria y zoonosis.

Artículo 64

El Centro de Salud tiene cinco funciones: albergar las consultas y servicios asistenciales de su población; albergar los recursos materiales para las exploraciones complementarias disponibles en la zona; servir de centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios; facilitar el trabajo en equipo de los profesionales de la zona; y mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia.

Artículo 65

Cada Área de Salud estará vinculada a un hospital general o dispondrá, al menos, de uno, con los servicios que aconsejen la población, su estructura y sus problemas de salud. El hospital se encarga del internamiento clínico y de la asistencia especializada y complementaria de su zona de influencia. Se garantizará la interrelación entre los niveles asistenciales.

Artículo 66

Todas las Administraciones Públicas deben crear una red integrada de hospitales públicos. Los hospitales generales privados que lo soliciten se vinculan al Sistema Nacional de Salud según un protocolo, siempre que sean homologables, lo justifiquen las necesidades asistenciales y lo permitan las disponibilidades económicas públicas. Los protocolos se revisan periódicamente. El sector privado vinculado conserva la titularidad de sus centros y de las relaciones laborales de su personal.

Artículo 67

La vinculación de hospitales privados se hace mediante convenios singulares, que fijan duración, prórroga, suspensión, extinción, régimen económico, camas y demás condiciones; la jornada será la de los hospitales públicos análogos. La asistencia a usuarios del Sistema será gratuita y sin ánimo de lucro; cobrar por atenciones no sanitarias exige autorización previa del concepto y la cuantía. Se enumeran causas de denuncia y se someten a las mismas inspecciones y controles que los públicos.

Artículo 68

Además de sus tareas estrictamente asistenciales, los centros hospitalarios desarrollan funciones de promoción de salud, prevención de las enfermedades e investigación y docencia, de acuerdo con los programas de cada Área de Salud, para complementar las actividades de la red de atención primaria.

Artículo 69

Los servicios sanitarios públicos tenderán a la autonomía y al control democrático de su gestión, con dirección participativa por objetivos. La evaluación de la calidad asistencial será un proceso continuado; la Administración sanitaria fija sus sistemas oídas las Sociedades científicas sanitarias, y médicos y demás titulados participan en los órganos de evaluación de su centro. Los hospitales facilitarán el trabajo de las unidades de control de calidad externo.

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Las Administraciones Públicas Sanitarias pueden concertar servicios sanitarios con medios ajenos, valorando antes el uso óptimo de sus recursos propios. En análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, tienen prioridad las entidades no lucrativas. No se concertará si contradice los planes de salud. Las condiciones económicas se fijan por módulos de costes efectivos. Los centros concertables deben estar previamente homologados por las Administraciones, según protocolo revisable. La atención a los usuarios será igual para todos.

Artículo 91

Los centros y establecimientos sanitarios, públicos o no, pueden recibir con carácter no periódico subvenciones u otras ayudas públicas para actividades sanitarias de alto interés social. Esos fondos nunca pueden financiar las actividades ordinarias de funcionamiento del centro. Su concesión y aceptación quedan sometidas a inspecciones y controles. El Gobierno fijará por Real Decreto los requisitos mínimos para calificar una actividad de alto interés social.

Artículo 92

La Administración Sanitaria facilita la libre actividad de las Asociaciones de usuarios de la Sanidad, Entidades sin ánimo de lucro y Cooperativas sanitarias, y su coordinación con el sistema público. No acceden a los beneficios de ese reconocimiento si: tienen asociados personas jurídicas con ánimo de lucro; reciben ayudas de empresas que suministran bienes o productos a consumidores; hacen publicidad comercial o no meramente informativa; se dedican a actividades distintas de la defensa de consumidores; o actúan con manifiesta temeridad judicialmente apreciada.

Artículo 93

No pueden vincularse al Sistema Nacional de Salud hospitales y establecimientos privados, ni concertarse con centros sanitarios privados, cuando en alguno de sus propietarios o de sus trabajadores concurran las circunstancias de incompatibilidad entre sector público y privado que establezca la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 94

Los hospitales privados vinculados en la oferta pública se someten a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y económicos que los públicos. La Administración Pública correspondiente inspecciona los aspectos sanitarios, administrativos y económicos de cada enfermo atendido por su cuenta en los centros privados concertados.

La Sociedad de la Información según la Cumbre Mundial de Ginebra (2003)

La primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) se celebró en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003. Su Declaración de Principios busca una Sociedad de la Información «centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo», basada en la Carta de la ONU y la Declaración Universal. Su fundamento es la libertad de opinión y de expresión (art. 19); la comunicación es su «eje central»; las TIC son «un medio, y no un fin». Quiere convertir la brecha digital en oportunidad digital. Enumera once principios fundamentales.

Aprobación y contenido de la Agenda 2030

La Asamblea General de la ONU aprobó la Agenda 2030 en la Resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», en la cumbre de Nueva York (25-27 de septiembre, 70.º aniversario de la ONU); según la EDS 2030, la acordaron 193 países. Tiene 17 ODS y 169 metas integrados e indivisibles, en tres dimensiones (económica, social y ambiental), en vigor desde el 1 de enero de 2016 y para 15 años. La Agenda de Acción de Addis Abeba (julio de 2015) es parte integral.

Las cinco esferas de importancia crítica: las «5 P»

El preámbulo define la Agenda como un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que busca también fortalecer la paz universal; la pobreza es el mayor desafío del mundo. Durante 15 años se actuará en cinco esferas: personas (pobreza y hambre, dignidad e igualdad), planeta (degradación, recursos, cambio climático), prosperidad (vida próspera y plena, progreso en armonía con la naturaleza), paz (sociedades pacíficas, justas e inclusivas) y alianzas (Alianza Mundial revitalizada).

Principios y rasgos de la Agenda 2030

Rasgos según la Resolución A/RES/70/1: no dejar a nadie atrás (párr. 4); universalidad, pues se aplica a todos los países, desarrollados y en desarrollo, según sus realidades (párr. 5); integración e indivisibilidad (párrs. 5 y 55); igualdad de género (párr. 20). Se inspira en la Carta de la ONU, se fundamenta en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la del Milenio, entre otras, y reafirma la Declaración de Río y su principio 7. Cada gobierno fija sus metas nacionales; según la ONU, los ODS no son jurídicamente obligatorios.

De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los ODS y la Década de Acción

La Agenda parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de avances desiguales, y aspira a completar lo que no lograron; además añade objetivos económicos, sociales y ambientales y define los medios de implementación. Según la ONU, los ODS abordan las causas de la pobreza y son universales, mientras que los ODM se dirigían solo a los países en desarrollo. La Cumbre de septiembre de 2019 pidió la Década de Acción (2020-2030), en tres niveles: mundial, local y de las personas. Otra Cumbre se celebró el 18 y 19 de septiembre de 2023.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 a 9

ODS 1 a 9: 1 Fin de la pobreza; 2 Hambre cero; 3 Salud y bienestar; 4 Educación de calidad; 5 Igualdad de género; 6 Agua limpia y saneamiento; 7 Energía asequible y no contaminante; 8 Trabajo decente y crecimiento económico; 9 Industria, innovación e infraestructuras. Las metas se numeran con el número del objetivo (1.1, 1.2…) y son 169 en total. La meta 1.1 es erradicar de aquí a 2030 la pobreza extrema, que la Agenda sitúa en vivir con menos de 1,25 dólares al día.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 a 17

ODS 10 a 17: 10 Reducción de las desigualdades; 11 Ciudades y comunidades sostenibles; 12 Producción y consumo responsables; 13 Acción por el clima (la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático es el principal foro para negociar la respuesta mundial); 14 Vida submarina; 15 Vida de ecosistemas terrestres; 16 Paz, justicia e instituciones sólidas; 17 Alianzas para lograr los objetivos. Las metas sobre medios de implementación revisten la misma importancia que las demás.

Seguimiento y examen: principios e indicadores

Los gobiernos son los principales responsables del seguimiento y examen, en el plano nacional, regional y mundial. El marco ha de ser sólido, voluntario, eficaz, participativo, transparente e integrado. El párrafo 74 de la Resolución A/RES/70/1 fija nueve principios (a-i), el primero que los procesos sean voluntarios y liderados por los países. Se usan indicadores mundiales del Grupo Interinstitucional y de Expertos, acordados por la Comisión de Estadística en marzo de 2017 y adoptados en la Resolución 71/313, de 6 de julio de 2017.

El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible

El foro político de alto nivel supervisa el seguimiento mundial de la Agenda, bajo los auspicios de la Asamblea General y del ECOSOC. Lo decidió «El futuro que queremos», hecho suyo por la Resolución 66/288 (2012), para reemplazar a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible; su formato lo fijó la Resolución 67/290 (2013). Con la Asamblea: Jefes de Estado y de Gobierno, cada cuatro años, dos días. Con el ECOSOC: cada año, ocho días con tres de sesiones ministeriales. Desde 2016 hace exámenes voluntarios dirigidos por los Estados.

Los exámenes nacionales voluntarios y la rendición de cuentas de España

Los exámenes en el foro político de alto nivel son voluntarios y dirigidos por los Estados. España presentó Exámenes Nacionales Voluntarios (ENV) en 2018, 2021 y 2024, primer país de la UE en hacerlo tres veces, e informes anuales de progreso de 2019 a 2023. El ENV de 2024 tiene cuatro anexos (sociedad civil, INAP, INE y Defensor del Pueblo) y abrió la revisión intermedia de la EDS 2030. La EDS de 2021 previó un informe de progreso anual y una evaluación intermedia en 2024. La Comisión Mixta de las Cortes se constituyó en febrero de 2019 y en febrero de 2020.

El Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 (2018) y las políticas palanca

El Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 lo aprobó el Consejo de Ministros el 22 de junio de 2018. Es un plan de transición hacia una Estrategia a largo plazo; los ministerios son puntos focales de cada ODS. Las políticas palanca son programas o políticas capaces de acelerar la implementación de los ODS (los «aceleradores» del enfoque MAPS de la ONU). Recoge nueve, como primer conjunto no cerrado: pobreza, igualdad de oportunidades, Agenda Urbana, economía circular, cambio climático, investigación, economía social, Gobierno Abierto y Cooperación.

Las medidas transformadoras y la primera gobernanza del Plan de Acción de 2018

Para el Plan de Acción de 2018, las medidas transformadoras son acciones que pueden tomarse casi de inmediato, con coste cero o muy bajo y una capacidad de transformación muy alta, y siembran las bases de las políticas palanca. Son diez, entre ellas la función pública capacitada, presupuestar para los ODS, la compra pública y la memoria de impacto normativo. Gobernanza: Grupo de Alto Nivel en 2017, Embajador en Misión Especial en mayo de 2017 y anuncio del Alto Comisionado, creado en 2018 y suprimido el 12 de enero de 2020.

La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (2021): retos país y políticas aceleradoras

La EDS 2030, «Un proyecto de país para hacer realidad la Agenda 2030», se aprobó en 2021, tras unas Directrices Generales. Tres elementos: retos país (desafíos estructurales, no coyunturales), políticas aceleradoras (respuesta a cada reto a medio y largo plazo) y prioridades de actuación. Ocho retos: pobreza y desigualdad; emergencia climática; desigualdad de género; sistema económico concentrado; precariedad laboral; servicios públicos; injusticia global; medio rural y reto demográfico (cohesión social y territorial).

La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 revisada (2026)

La revisión de la EDS 2030 la publicó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en febrero de 2026, partiendo del ENV de 2024. Los retos país pasan de ocho a cuatro: estado del bienestar; sistema económico circular; vertebración territorial y emergencia climática; vidas libres, iguales y en comunidad. La coherencia de políticas es dimensión transversal («Reto 5», ocho herramientas) y la gobernanza otra, con cuatro componentes. Primer reporte en febrero de 2026 y evaluación final en 2030.

Estructura institucional y Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030

La Agenda 2030 corresponde hoy al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El 12 de enero de 2020 se creó una Secretaría de Estado y se suprimió el Alto Comisionado (2018); en enero de 2020 nació la Dirección General de Agenda 2030. Coordina a los ministerios la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030 (Real Decreto 1/2024, art. 6): la preside la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, la vicepreside el ministro de Asuntos Exteriores y la secretaría es de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

La Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 y la Comisión Mixta de las Cortes

La EDS 2030 organiza la gobernanza en tres órganos: Comisión Delegada (ministerios), Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 (comunidades autónomas y entidades locales) y Consejo de Desarrollo Sostenible (sociedad civil), más las Cortes Generales. La Conferencia Sectorial reúne a la AGE, las comunidades, Ceuta y Melilla y la Administración local a través de la FEMP; su reglamento creó la Comisión Sectorial como órgano de apoyo. La Comisión Mixta Congreso-Senado se constituyó en febrero de 2019 y en febrero de 2020.

El Consejo de Desarrollo Sostenible

El Consejo de Desarrollo Sostenible lo creó la Orden PCI/169/2019 y hoy lo regula la Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre. Es un órgano colegiado asesor, de colaboración y cauce de participación de la sociedad civil, con cuatro funciones. Lo preside el titular de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030; la vicepresidencia rota cada dos años. Tiene sesenta vocalías de la sociedad civil y una de la Secretaría de Estado. El Pleno se reúne dos veces al año y la Comisión Permanente tiene quince vocales; sin remuneración.

Artículo 1. Objeto y definiciones

La ley regula la Acción Exterior del Estado: sus principios rectores, sujetos y ámbitos, los instrumentos de planificación, seguimiento y coordinación, y el Servicio Exterior del Estado. Define tres conceptos. Política Exterior: decisiones y acciones del Gobierno con otros actores internacionales para definir, promover, desarrollar y defender los valores e intereses de España. Acción Exterior: actuaciones en el exterior de órganos constitucionales, Administraciones públicas y entes dependientes, conforme a las directrices del Gobierno. Servicio Exterior: órganos, unidades y medios humanos y materiales que, bajo dirección y coordinación del Gobierno, ejecutan ambas.

Artículo 2. Principios y objetivos de la Política Exterior

El artículo 2 distingue principios y objetivos. Principios inspiradores (5): el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Política Exterior defenderá el derecho internacional, en particular los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y promoverá la construcción europea, la Comunidad Iberoamericana de Naciones y el multilateralismo. Fija once objetivos (letras a a k): paz y seguridad internacionales, instituciones multilaterales, Estado de Derecho, lucha contra la pobreza, medio ambiente, desarme, Europa integrada, Comunidad Iberoamericana, seguridad de España, protección de ciudadanos e intereses económicos y promoción de estos.

Artículo 3. Principios rectores de la Acción Exterior del Estado

La Acción Exterior del Estado, elemento esencial para ejecutar la Política Exterior, se desarrolla en el marco de los instrumentos de planificación de la ley. Se sujeta a los principios, directrices, fines y objetivos de esa política. La de órganos constitucionales, Administraciones públicas y entes dependientes se rige por siete principios: a) unidad de acción en el exterior; b) lealtad institucional, coordinación y cooperación; c) planificación; d) eficiencia; e) eficacia y especialización; f) transparencia; g) servicio al interés general.

Artículo 4. La Corona

El Rey asume la más alta representación de España en sus relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Ejerce las funciones que le atribuyen la Constitución, las leyes y los tratados internacionales en los que España es parte. Le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las Leyes. Acredita a los Jefes de las Misiones Diplomáticas de España y a sus representantes permanentes ante organizaciones internacionales, y recibe las credenciales de los representantes diplomáticos extranjeros.

Artículo 5. Sujetos de la Acción Exterior del Estado

Son sujetos de la Acción Exterior los órganos constitucionales, las Administraciones públicas y los órganos, instituciones y entidades que actúan en el exterior en ejercicio de sus competencias. Los órganos constitucionales, CCAA, Ciudades Autónomas y entes locales (y sus dependientes) informan al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de viajes, visitas, intercambios y actuaciones exteriores. En CCAA abarca a Presidentes y consejeros, salvo lo relativo a la UE. Ministros y órganos superiores informan al Gobierno y comunican sus viajes a Exteriores.

Artículo 6. El Gobierno

El Gobierno dirige la Política Exterior. En materia de tratados, autoriza su firma y su aplicación provisional, aprueba la firma «ad referendum», los remite a las Cortes Generales y acuerda la manifestación del consentimiento. También aprueba la Estrategia de Acción Exterior, los Informes Anuales, los planes anuales para la Marca España y el Plan Director de la Cooperación Española. El Presidente y el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación representan a España en todos los actos de celebración de tratados, incluido el consentimiento. El Presidente lo hace sin plenipotencia. Los demás Ministros pueden representar al Estado con plenipotencia de Exteriores, salvo para manifestar el consentimiento.

Artículo 7. Las Cortes Generales

Las Cortes Generales fomentan relaciones de amistad y colaboración con las Asambleas Parlamentarias y Parlamentos de otros Estados. El Gobierno podrá solicitarles colaboración para misiones parlamentarias y reuniones parlamentarias internacionales, cuando sea aconsejable para defender los intereses del Estado o cumplir la Política Exterior. El Defensor del Pueblo, como institución española de derechos humanos, colabora con sus homólogas extranjeras y facilita de forma independiente el seguimiento internacional. El Gobierno podrá recabar su colaboración para misiones ante foros internacionales de derechos humanos.

Artículo 8. Las Fuerzas Armadas

El artículo define a las Fuerzas Armadas como un pilar básico de la Acción Exterior del Estado. Les atribuye garantizar la seguridad y la defensa de España y promover un entorno internacional de paz y seguridad. Es el Gobierno quien acuerda su participación en misiones internacionales, como parte del esfuerzo concertado en la Acción Exterior. Debe hacerlo con arreglo a los requisitos y procedimientos de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Artículo 9. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son sujetos de la Acción Exterior del Estado. Mediante la cooperación policial internacional promueven el mantenimiento de la seguridad pública en el ámbito internacional. Los términos de su participación en misiones internacionales los acuerda el Gobierno, conforme a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y sin perjuicio de las competencias de otros sujetos de la Acción Exterior.

Artículo 10. El Consejo General del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial coadyuva a la mejora de la cooperación judicial e institucional internacional y actúa en el exterior. Ejerce las competencias que le atribuyan los tratados internacionales en que España sea parte, las normas de la Unión Europea y las leyes. Lo hace en los términos de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y conforme a los principios de esta ley. El Gobierno podrá solicitar su colaboración para misiones de colaboración con otros poderes judiciales o para participar en reuniones internacionales.

Artículo 11. Las Comunidades Autónomas y entidades que integran la Administración Local

Las actividades exteriores de CCAA, Ciudades Autónomas y entes locales deben respetar los principios de la ley y adecuarse a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior que fija el Gobierno. Las CCAA y Ciudades Autónomas se adecuan a los instrumentos estatales de planificación. Los entes locales se sujetan a los que determine su Comunidad Autónoma. Está prohibido asumir la representación del Estado, celebrar tratados, generar obligaciones internacionales al Estado o perjudicar la Política Exterior. Pueden celebrar acuerdos internacionales administrativos y no normativos, con informe previo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Artículo 12. De las Oficinas de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el exterior

Las Comunidades y Ciudades Autónomas deben informar al Gobierno, antes de abrirlas, de sus oficinas de promoción exterior. Sobre la propuesta emiten informe tres ministerios:<br>• Asuntos Exteriores y de Cooperación, conforme a la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y el principio de unidad de acción.<br>• Hacienda y Administraciones Públicas, por eficiencia y adecuación al orden competencial.<br>• Economía y Competitividad, solo si son oficinas comerciales.<br>El Gobierno impulsará ubicarlas en locales del Servicio Exterior si hay espacio. Eso no las integra en él ni les aplica las Convenciones de Viena.

Artículo 13. Los organismos públicos, las sociedades estatales, fundaciones y entidades consorciadas

Los organismos públicos, sociedades estatales, fundaciones públicas, entidades consorciadas y demás entidades vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas actúan en el exterior según sus funciones. Deben respetar los principios de esta ley, las directrices, fines y objetivos de Política Exterior fijados por el Gobierno y los instrumentos de planificación de la Acción Exterior. Las que dependen de la AGE informan a su departamento ministerial de dependencia o adscripción sobre sus actuaciones, fines, objetivos, adecuación a las directrices y resultados. Esa información se incorpora a los informes periódicos sobre Acción Exterior.

Artículo 14. Ámbitos de la Acción Exterior del Estado y su relación con la Política Exterior

El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, vela para que la Acción Exterior, en sus distintos ámbitos (entre ellos los de los artículos 15 a 33), se dirija preferentemente a las áreas o Estados prioritarios para la Política Exterior. También puede instar la actuación en otros ámbitos. Cada ministerio participa según sus normas de estructura orgánica. El Gobierno informa a las CCAA de sus iniciativas cuando afecten a sus competencias, y ellas pueden pedir apoyo al Servicio Exterior. En la UE, las CCAA participan en particular a través de la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea.

Artículo 15. Acción Exterior en materia de defensa

El artículo tiene dos apartados. 1) La actuación internacional de las Fuerzas Armadas se enmarca en el conjunto de la Acción Exterior del Estado. Es elemento esencial para tres fines: garantizar la seguridad y defensa de España, contribuir a su proyección internacional y mantener la paz y seguridad internacionales. 2) La Acción Exterior en materia de defensa se rige por la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y su normativa de desarrollo.

Artículo 16. Acción Exterior en materia de derechos humanos

La Acción Exterior en materia de derechos humanos promueve la extensión, el reconocimiento y el efectivo cumplimiento de los principios fundamentales defendidos por la comunidad internacional de Estados democráticos. Esos principios están reconocidos en la Constitución Española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los demás pactos y tratados ratificados por España, en especial las Directrices de derechos humanos de la Unión Europea. También promueve la cooperación internacional en defensa y garantía de los derechos humanos, y para ello cuenta con el trabajo de proyección exterior de los órganos constitucionales.

Artículo 17. Acción Exterior en materia tributaria

La Acción Exterior tributaria y aduanera persigue dos fines: facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras y luchar contra la evasión y el fraude fiscal. Los medios son extender la red de convenios para evitar la doble imposición y de acuerdos de intercambio efectivo de información, y ampliar y perfeccionar la asistencia mutua fiscal. El fortalecimiento de la cooperación internacional contra el fraude es un principio específico, con participación activa en instituciones y foros internacionales. Se promueven la asistencia técnica y la formación especializada mediante acuerdos con otros Estados y organizaciones internacionales, y se busca una presencia adecuada en estas últimas.

Artículo 18. Acción Exterior en materia de justicia

El artículo 18 fija hacia dónde se orienta la Acción Exterior en materia de justicia. Según el apartado 1, promueve la cooperación jurídica internacional, singularmente en el ámbito judicial, y la celebración y actualización de acuerdos internacionales. Según el apartado 2, busca la formación y el fortalecimiento de la posición española ante las instituciones internacionales y de la Unión Europea en el ámbito de la justicia y de las libertades públicas.

Artículo 19. Acción Exterior en materia de seguridad pública y asuntos de interior

La Acción Exterior en seguridad pública e interior se desarrolla mediante la cooperación policial internacional, elemento esencial para prevenir y combatir todas las formas de delincuencia organizada transnacional y el terrorismo, orientada a la asistencia mutua y a la colaboración con las instituciones de seguridad pública en el exterior. También comprende la cooperación con terceros Estados en formación y asistencia técnica en cuatro ámbitos: penitenciario, protección civil, seguridad vial y políticas de apoyo a las víctimas del terrorismo. Además, se orienta a formar y fortalecer la posición de España ante la Unión Europea y las organizaciones internacionales, sin perjuicio de las competencias de otros sujetos de la Acción Exterior y, en su caso, en coordinación con ellos.

Artículo 20. Acción Exterior en materia económica, comercial, financiera y de apoyo a la internacionalización de la economía española

Define la Acción Exterior en materia económica, comercial, financiera y de apoyo a la internacionalización de la empresa. Consiste en ejecutar en el exterior la política del Gobierno en tres materias: económica, reformas para la mejora de la competitividad y financiera. Lo financiero incluye las acciones relativas a las instituciones financieras internacionales. Abarca además las actuaciones encaminadas a la internacionalización de la empresa y de la economía españolas.

Artículo 21. Acción Exterior en materia de investigación, desarrollo e innovación

La Acción Exterior en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación promueve tres cosas. Primera, la participación de organismos públicos y privados en programas y proyectos científicos, tecnológicos o de innovación internacionales y en redes del conocimiento, especialmente en las iniciativas de la Unión Europea. Segunda, la movilidad del personal investigador. Tercera, la presencia en instituciones internacionales o extranjeras vinculadas a la investigación y la innovación.

Artículo 22. Acción Exterior en materia de empleo y seguridad social

La Acción Exterior en empleo y seguridad social abarca el empleo, las relaciones laborales y el sistema de seguridad social. Busca favorecer los intercambios, la cooperación y la información en estas materias y atender a los trabajadores españoles y a las empresas españolas en el exterior. Su planificación tendrá presentes las iniciativas de la Unión Europea, de la Organización Internacional del Trabajo y de otras organizaciones internacionales. Además, comprenderá de forma específica los intercambios en estas materias y la movilidad de expertos.

Artículo 23. Acción Exterior en materia de emigración e inmigración

El artículo fija dos orientaciones. En emigración, la Acción Exterior velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política para facilitar su retorno. En inmigración, se orientará a la ordenación de los flujos migratorios hacia España y a reforzar la lucha contra la inmigración irregular.

Artículo 24. Acción Exterior en materia de cooperación para el desarrollo

La Acción Exterior en cooperación para el desarrollo tiene tres fines: erradicar la pobreza, el desarrollo humano sostenible y el pleno ejercicio de los derechos. Los persigue mediante cuatro medios: consolidar los procesos democráticos y el Estado de Derecho, reducir las desigualdades, fomentar los sistemas de cohesión social y promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Además, debe dar una respuesta de calidad a las crisis humanitarias.

Artículo 25. Acción Exterior en materia cultural

La acción cultural exterior tiene tres fines: promover las diversas manifestaciones de la cultura española, potenciar la internacionalización de las industrias culturales y cooperar y fomentar los intercambios culturales y el conocimiento de España. Atiende los objetivos de la política cultural y tiene en cuenta los compromisos de las estrategias europeas y las metas del ámbito iberoamericano y de la UNESCO. Sus prioridades sectoriales y geográficas se incorporan a los mecanismos de intercambio cultural y de movilidad de expertos. Además, facilita la defensa, promoción y difusión de las culturas de las nacionalidades y regiones, en el marco del artículo 149.2 CE.

Artículo 26. Acción Exterior en materia educativa

Se orienta a promover y difundir el castellano y demás lenguas españolas y a promover y organizar: enseñanzas regladas no universitarias; currículos mixtos; programas de apoyo a la lengua y cultura españolas en sistemas extranjeros; intercambios educativos; enseñanza no reglada de esas lenguas, su evaluación y certificación; y medidas de acceso de los españoles a la educación en el extranjero. Colabora con la internacionalización de las universidades españolas. Se ajusta a la política educativa, a las estrategias europeas y a las metas iberoamericanas. Sus programas se planifican de forma específica.

Artículo 27. Acción Exterior en materia de deporte

La Acción Exterior en materia deportiva se orienta especialmente a tres fines. a) Fomentar los intercambios institucionales, el patrocinio y mecenazgo deportivo, la I+D tecnológica aplicada al deporte y la internacionalización de la industria del deporte. b) Promover la cooperación internacional, con especial atención a la formación de especialistas y expertos deportivos y a la lucha contra el dopaje, la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. c) Cooperar en la seguridad de los espectáculos deportivos. Además, contribuirá al desarrollo del movimiento olímpico y paralímpico y a la difusión de los ideales olímpicos.

Artículo 28. Acción Exterior en materia de turismo

La Acción Exterior en turismo se orienta a: promocionar la imagen de España como destino turístico; planificar, desarrollar, ejecutar y seguir actividades promocionales del sector turístico español en mercados internacionales; y apoyar la comercialización de productos turísticos españoles en el exterior. Incluye las relaciones turísticas internacionales, bilaterales y con organizaciones multilaterales, y el fomento de la cooperación turística internacional. Comprende la asistencia e información a entidades y empresas turísticas españolas en su actividad internacional y el respaldo a su implantación en el exterior. Contribuye especialmente a difundir la imagen de España.

Artículo 29. Acción Exterior en materia agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental

La Acción Exterior en materia agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental se orienta a promover los productos y servicios agroalimentarios y pesqueros españoles, abrirles nuevos mercados y remover los obstáculos comerciales o sanitarios que los afecten. Se ajusta a los objetivos de la política agroalimentaria y pesquera y a los compromisos que, en su caso, deriven de las estrategias de la Unión Europea. También promueve la acción internacional medioambiental y los productos y servicios medioambientales españoles.

Artículo 30. Acción Exterior en materia de cambio climático

Apartado 1: la Acción Exterior en cambio climático promoverá la celebración de tratados internacionales y la adopción de normativa internacional que propicien un compromiso global. Impulsará modelos productivos y energéticos sostenibles, usos más eficientes de la energía y la protección de los ecosistemas vegetales. Apartado 2: se fomentarán los intercambios, la cooperación internacional y la asistencia técnica especializada a otros Estados, para desarrollar los instrumentos normativos necesarios y sensibilizar a las poblaciones.

Artículo 31. Acción Exterior en materia de salud

El apartado 1 fija cinco orientaciones de la Acción Exterior en salud: proteger a los ciudadanos ante riesgos sanitarios transfronterizos (de origen humano, animal, alimentario, ambiental u otros), colaborar en asistencia sanitaria internacional, inspeccionar en sanidad exterior, colaborar en prevención y promoción de la salud y cooperar en investigación, innovación y formación. El apartado 2 exige que la planificación tenga en cuenta las estrategias de la UE, de la OMS y de otras organizaciones internacionales. También pide promover la presencia española en sus foros sanitarios, los tratados internacionales, la cooperación internacional y la movilidad de expertos.

Artículo 32. Acción Exterior en materia de energía

Apartado 1: la Acción Exterior en energía se centra en la dirección, coordinación y gestión de los asuntos y procesos energéticos internacionales de carácter regional y global. También en la participación derivada de la pertenencia de España a organizaciones internacionales y de sus relaciones bilaterales y multilaterales en política energética. Presta especial atención al cumplimiento y seguimiento de los compromisos y programas internacionales de cooperación y asistencia técnica. Apartado 2: impulsa la cooperación internacional para mejorar la competitividad del sector y garantizar la seguridad de suministro, dando lugar a la apertura de nuevos mercados. Esa cooperación se dirige a los principales Estados suministradores de energía y a los Estados clave para internacionalizar las empresas españolas del sector energético.

Artículo 33. Acción Exterior en materia de infraestructuras, transporte y vivienda

La Acción Exterior en infraestructuras y transporte persigue cuatro fines: mejorar los actuales niveles de seguridad, reforzar la conectividad de España con el exterior, incrementar la eficiencia y sostenibilidad en los distintos modos de transporte e internacionalizar las empresas del sector de infraestructuras, transporte y construcción. Debe ajustarse a los compromisos de la política común de transportes de la Unión Europea, de los instrumentos bilaterales y de los acuerdos de las organizaciones internacionales de las que España forme parte.

Artículo 34. Planificación y seguimiento de la Acción Exterior

La planificación y el seguimiento de la Acción Exterior del Estado se realizan mediante dos instrumentos: la Estrategia de Acción Exterior y el Informe de Acción Exterior. En su elaboración participan, en los términos del artículo 35, tres grupos de sujetos, siempre que actúen en el exterior: los órganos constitucionales, las Administraciones públicas, y los organismos, entidades e instituciones dependientes de ellas.

Artículo 35. La Estrategia de Acción Exterior

La Estrategia de Acción Exterior ordena, sectorial y geográficamente, las prioridades y objetivos a medio plazo de la Acción Exterior. La elabora el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con todos los ministerios. Recaba propuestas de órganos constitucionales, CCAA, Ciudades Autónomas y Entidades Locales; no integrarlas exige motivación. La aprueba el Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro y previo informe del Consejo de Política Exterior. Vigencia: cuatro años, o menos si conviene. Antes se remite a las Cortes, y el Ministro comparece al menos una vez al año en cada Cámara.

Artículo 36. De la promoción de la imagen de España y de la acción informativa en el exterior

En la elaboración de la Estrategia de Acción Exterior, la Presidencia del Gobierno y los Ministerios de la Presidencia y de Asuntos Exteriores y de Cooperación velan por incluir medidas de promoción de la imagen de España. Los participantes envían propuestas de medios, acciones, instrumentos y herramientas, especialmente de diplomacia pública. Los órganos dependientes o adscritos lo hacen a través de su ministerio. El Gobierno aprueba los planes para la Marca España, con acciones, objetivos, indicadores y seguimiento. Las misiones diplomáticas aportan elementos para los Planes Anuales oyendo a los Consejos de Residentes. El Ministerio de la Presidencia coordina la acción informativa exterior del Gobierno.

Artículo 37. El Informe Anual de Acción Exterior

El Informe Anual de Acción Exterior da cuenta de la ejecución de la Estrategia de Acción Exterior, de las actuaciones realizadas, de los objetivos logrados y de los recursos aplicados. También recoge las modificaciones de prioridades y objetivos de la Estrategia debidas a circunstancias sobrevenidas y cambios en el contexto internacional. Se elabora a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, conjuntamente por todos los departamentos ministeriales, con participación de organismos y entidades públicas de la AGE que actúan en el exterior, Comunidades y Ciudades Autónomas y Entidades Locales. Lo aprueba por Acuerdo el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previo informe del Consejo de Política Exterior. Se publica en el BOE y se remite a las Cortes Generales para su conocimiento.

Artículo 38. El Consejo de Política Exterior

El Consejo de Política Exterior es el órgano colegiado de apoyo y asesoramiento al Presidente del Gobierno en su función de dirigir y coordinar la Política Exterior. Ejerce las competencias que le da la ley. Su función principal es asesorar al Presidente para que la Acción Exterior respete los principios de la ley, las directrices, fines y objetivos fijados por el Gobierno y los instrumentos de planificación. También le asesora sobre la ordenación de los medios del Servicio Exterior del Estado, en la forma que fija el artículo 39.

Artículo 39. El Consejo Ejecutivo de Política Exterior

Órgano colegiado constituido en el seno del Consejo de Política Exterior; ejecuta las actuaciones que se le encomienden. Podrá promover planes de ordenación de los medios humanos, presupuestarios y materiales del Servicio Exterior, conforme a eficacia y eficiencia. Instará a los órganos competentes para su aprobación. Cada dos años, o en cualquier momento si causas sobrevenidas o cambios en el contexto exterior lo justifican, y a iniciativa de los departamentos ministeriales, elabora un informe que eleva al Pleno del Consejo de Política Exterior para asesorar al Presidente del Gobierno.

Artículo 40. Grupo de emergencia consular

Ante una crisis (bélica, de seguridad, desastre natural, emergencia sanitaria o alimentaria u otra) que exija coordinar órganos de la AGE, el Consejo de Política Exterior constituye en su seno un grupo de emergencia consular, presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Solo se constituye si ningún otro grupo o comisión competente gestiona ya la situación. Incluye un representante de la Secretaría de Estado de Comunicación. Eleva recomendaciones al Presidente del Gobierno. Si el Gobierno interviene con recursos presupuestarios, podrá exigir el reembolso total o parcial a quienes se expusieron voluntariamente a riesgos advertidos en las recomendaciones de viaje del Ministerio.

Artículo 1. Objeto, definición y ámbito de aplicación

La ley regula el régimen jurídico de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, que define principios, objetivos, prioridades, instrumentos y recursos de la acción exterior. Se aplica a las transferencias de recursos públicos, materiales y humanos de la AGE, directas o a través de organizaciones multilaterales. Es elemento integral, central y definitorio de la Acción Exterior del Estado, conforme a la Ley 2/2014. España destinará al menos el 0,7 % de la RNB a la AOD, según criterios de la OCDE, en el horizonte de 2030, con objetivos intermedios fijados en los Planes Directores.

Artículo 2. Principios

El artículo fija la base valorativa de la cooperación española. Se inspira en los valores superiores de la Constitución, en los principios de la UE, de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Distingue 9 principios básicos (apdo. 2, letras a-i): solidaridad, ciudadanía global, ser humano como protagonista, derechos humanos y no discriminación, igualdad de género con enfoque feminista, infancia, planeta y clima, diversidad y democracia. Los alcanza mediante 7 principios de actuación (apdo. 3, letras a-g), entre ellos el multilateralismo en el ámbito europeo e iberoamericano. El apdo. 4 enlaza con la eficacia de la Acción Exterior y con la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.

Artículo 3. Coherencia de políticas para el desarrollo sostenible

La coherencia de políticas para el desarrollo sostenible (CPDS) es «un principio y elemento fundamental» de la contribución de España a las metas globales de desarrollo. Se aborda en los órganos de coordinación y consulta de la ley, coordinada con otras estructuras de gobernanza, en especial las de la Agenda 2030. España se compromete a incorporar los objetivos de la cooperación en todas sus políticas internas y externas con impacto en los países en desarrollo, con un enfoque de la administración en su conjunto. Para ello trabaja con comunidades autónomas, entes locales, la UE, foros internacionales y países socios.

Artículo 4. Objetivos y criterios de actuación

El apartado 1 enumera 17 objetivos (letras a a q) de la política española de cooperación. Entre ellos: lucha contra la pobreza «sin dejar a nadie atrás», trabajo digno conforme a la OIT, democracia y Estado de Derecho, igualdad de género, infancia, migración, clima, seguridad alimentaria (incluida la pesca y la agricultura familiar), pueblos indígenas y afrodescendientes y personas LGTBI. La paz se construye desde el triple nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. El apartado 2 fija tres criterios: alianzas múltiples, compromiso social con papel clave de la cooperación descentralizada y enfoque de género en el capítulo II.

Artículo 5. Prioridades geográficas y temáticas

La cooperación española actúa dentro de los objetivos y metas globales de desarrollo sostenible y fija prioridades geográficas (regiones y países preferentes) y temáticas (ámbitos y sectores preferentes), de acuerdo con el artículo 4. Se establecen periódicamente en los Planes Directores (art. 6.3), con especial atención a los países menos avanzados y también a los de desarrollo en transición. Las áreas geográficas preferentes son norte de África, Oriente Próximo y África subsahariana (en particular África Occidental y Sahel), los países de habla española y portuguesa, y América Latina y el Caribe y el marco iberoamericano. La acción humanitaria puede actuar en otros contextos si lo requieren las necesidades.

Artículo 6. Planificación

El marco general de la planificación lo forman los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, la política de desarrollo de la UE y la estrategia española de acción exterior. Hay cinco instrumentos: Plan Director, Marcos de Asociación y Alianzas País, Marcos de Asociación Estratégica Multilateral, Estrategias temáticas y regionales y Comunicaciones Anuales. El Plan Director abarca un máximo de cuatro años. Lo elabora el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), oído el Consejo Superior. Lo debaten y dictaminan el Congreso y el Senado, y lo aprueba el Consejo de Ministros. La Comunicación Anual la elabora la SECI.

Artículo 7. Seguimiento

La cooperación española crea un sistema de seguimiento de las acciones de la Administración General del Estado y sus entidades dependientes, para gestionar bien el ciclo de las actuaciones y sus resultados. Las acciones se incorporan a través de sus entidades gestoras o ejecutoras, que delimitan las responsabilidades de cada agente y sus medios. El sistema incluye información en tiempo real sobre la aprobación, la ejecución y los desembolsos de cada operación, los documentos de formulación y los informes de seguimiento y evaluación, con independencia de quién los realice. Se integra en el Plan Director, los Marcos de Asociación y Alianzas País, los Marcos de Asociación Estratégica con organismos multilaterales y otros documentos de planificación del artículo 6.

Artículo 8. Evaluación

La evaluación se rige por los principios de independencia, imparcialidad, credibilidad y utilidad, y por estándares internacionales (pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto). Se integra en el Plan Director. La responsable es el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Las conclusiones van al Informe Anual de Evaluación, que se presenta a las Comisiones de Cooperación del Congreso y del Senado. Se crea la OECE, adscrita a esa Secretaría de Estado. Las comunidades autónomas y la cooperación descentralizada quedan fuera.

Artículo 9. Gestión de conocimiento e innovación

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, establecerá y pondrá a disposición de todos los actores un sistema de gestión de conocimiento e innovación que contribuya a generar, organizar, consolidar, difundir e incorporar el conocimiento y la innovación. En colaboración con universidades y otros actores se fomentarán estudios, actividades y redes. Se difundirán proyectos piloto, buenas prácticas y proyectos innovadores, que podrán ponerse también a disposición de otros órganos o agentes interesados.

Artículo 10. Instrumentos y modalidades

La cooperación española combina instrumentos y modalidades para lograr el mayor impacto y, cuando sea posible, apalancar recursos adicionales públicos y privados. Enumera, «entre otros», doce: ayuda programática, proyectos y programas, cooperación técnica, multilateral (cuatro tipos de contribuciones, desembolsadas por los ministerios en coordinación con Exteriores a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional), financiera (reembolsable y no reembolsable), participación en la UE con cooperación delegada, alivio de deuda, triangular, alianzas estratégicas, conocimiento, cultural y bilateral.

Artículo 11. Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global

La Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global abarca acciones de educación, sensibilización y comunicación a través de los medios y de la educación formal (desde la etapa infantil hasta la universitaria), no formal e informal. Su objetivo es promover en la sociedad española la información, el conocimiento crítico y la comprensión de las dimensiones globales del desarrollo sostenible y la solidaridad. Se potenciará el rol clave de la cooperación descentralizada. También promoverá el compromiso transformador, la participación social y el voluntariado a través de organizaciones sociales y ONGD. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, trabajarán en favor de su inclusión, con formación basada principalmente en competencias, en los planes y programas de la educación obligatoria, universitaria, FP y formación del profesorado. Además, se apoyarán actividades dirigidas a la ciudadanía a través de los medios y otros actores, en particular los del art. 38. La investigación para el desarrollo sostenible se promoverá con los agentes de la cooperación, las universidades públicas y privadas con sede en España y los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los Planes Directores incluirán objetivos presupuestarios mínimos sobre el total de la AOD para estas actividades.

Artículo 12. Fomento de la participación, la justicia global y la solidaridad

Las Administraciones públicas, dentro de sus competencias y con cargo a sus presupuestos, promoverán por sí mismas o mediante partenariados y alianzas con otros actores el voluntariado y la participación social en iniciativas de solidaridad y justicia global, acción humanitaria, cooperación para el desarrollo sostenible y comercio justo. Los medios son las actividades educativas del art. 11, las campañas de información y divulgación, los programas formativos y otros apropiados. Conforme a la legislación sobre Voluntariado, las campañas pueden hacerse en España, en países o territorios receptores de cooperación o en cualquier país con necesidades humanitarias, sin perjuicio de lo que haga el personal cooperante.

Artículo 13. La acción humanitaria

Define la acción humanitaria: proteger y salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger derechos y dignidad ante crisis naturales, climáticas o humanas, conflictos y desplazamientos forzados. Se rige por el DIH y los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. España destinará al menos el 10 % de la AOD a acción humanitaria, computando también las aportaciones de otras Administraciones. La coordina, en nombre del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La AECID fija lineamientos y procedimientos para la AGE y colabora con CCAA y entidades locales.

Artículo 14. Objeto

El artículo 14 fija el objeto de la cooperación financiera para el desarrollo sostenible. Consiste en responder a los retos de la financiación global del desarrollo. Esa respuesta debe ajustarse a los acuerdos y metas establecidos en tres ámbitos: Naciones Unidas, otros marcos multilaterales y la Unión Europea.

Artículo 15. Principios rectores y objetivos

La cooperación financiera para el desarrollo sostenible se guía por los objetivos y principios del capítulo I, por la coherencia de políticas y por la planificación, en particular el Plan Director. Su objetivo preeminente es el impacto positivo en el país destinatario, también en el blending. Rige la adicionalidad (complemento de los recursos del país socio). Con sector privado se añaden la no distorsión de mercados y la alineación de objetivos. La dirige el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

Artículo 16. El Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES, F.C.P.J.)

El artículo 16 crea el Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES, F.C.P.J.). Es un fondo carente de personalidad jurídica propia y funciona como instrumento de la cooperación financiera para el desarrollo sostenible. Sirve a los objetivos de la ley y de la cooperación financiera, enunciados en los artículos 4 y 15. Queda adscrito a la Administración General del Estado a través de la AECID.

Artículo 17. Modalidades de Financiación

El FEDES, F.C.P.J. puede financiar operaciones, programas y proyectos, públicos o privados, que promuevan el desarrollo sostenible en los países destinatarios. No estarán ligados a comprar ni a contratar con empresas españolas. Cubre también asistencia técnica y consultoría: estudios de viabilidad, riesgos, seguimiento y evaluaciones ex ante y ex post. Reembolsable: préstamos, créditos, capital o cuasi capital y fondos de contragarantía. No reembolsable: donaciones y contribuciones. Condiciones por reglamento; financiación siempre concesional (AOD y AOTDS de la OCDE).

Artículo 18. Países destinatarios

El FEDES, F.C.P.J. puede financiar operaciones públicas y privadas en países menos adelantados y de renta baja, media-baja y media según el CAD de la OCDE. Tienen consideración especial los próximos a graduarse y los ya graduados recogidos en la planificación. Los países en punto de culminación de la Iniciativa PPME solo excepcionalmente reciben préstamos, créditos o líneas de crédito, con autorización expresa del Consejo de Ministros. Las operaciones crediticias exigen garantía soberana, aunque reglamentariamente pueden admitirse otras.

Artículo 19. Comité Ejecutivo y gestión

Las propuestas de financiación con cargo al FEDES, F.C.P.J. las estudia y valora un Comité Ejecutivo. Está adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y lo preside la persona titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Un reglamento fijará su constitución, composición y funciones, así como las condiciones de aprobación de las propuestas y los casos de elevación al Consejo de Ministros. La gestión del Fondo corresponde a la AECID, y el reglamento podrá prever que otras entidades la apoyen.

Artículo 20. Control parlamentario

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, remite cada año una Memoria a las Cortes Generales, por su Oficina Presupuestaria. Versa sobre las operaciones del FEDES, F.C.P.J.: objetivos, países, sectores, beneficiarios, condiciones financieras, evaluaciones, operaciones en curso y contribución a la AOD y a la métrica AOTDS. La Secretaría de Estado la pone a disposición de los grupos parlamentarios y la extiende al Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Cada año, el titular del Ministerio comparece ante las Comisiones de Cooperación para el Desarrollo de ambas Cámaras. Congreso y Senado emiten un dictamen, y Memoria y dictámenes se publican en la web del Ministerio.

Artículo 21. Régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control

El FEDES, F.C.P.J. es un fondo sin personalidad jurídica de los previstos en el artículo 2.2 letra f) de la Ley 47/2003, General Presupuestaria. Por eso su régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control se rige por dicha ley. La rendición de cuentas del FEDES corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

Artículo 22. Recursos del FEDES, F.C.P.J

Recursos del FEDES, F.C.P.J.:<br>1) La dotación anual que consigna la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.<br>2) Los recursos de la cartera del FONPRODE, su instrumento financiero anterior.<br>3) Los derivados de la propia actividad del FEDES.<br>4) Las comisiones e intereses devengados y cobrados.<br>La Ley de Presupuestos fija además la capacidad máxima de compromisos anuales. La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional acompaña cada propuesta de financiación de un informe sobre su impacto en el déficit público, en los términos que fije el reglamento.

Artículo 23. El Congreso de los Diputados y el Senado

Las Cortes Generales establecen, a propuesta e iniciativa del Gobierno, las líneas generales y directrices básicas de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible. El Gobierno les remite la propuesta del Plan Director (art. 6) antes de aprobarlo, para su debate y dictamen. Las Cortes conocen y debaten anualmente esa política. Las Comisiones de Cooperación del Congreso y del Senado son informadas por el Gobierno de la ejecución y cumplimiento del Plan Director y reciben cuenta de la evaluación y de los resultados del ejercicio precedente.

Artículo 24. El Gobierno

El artículo 24 atribuye al Gobierno dos papeles. Primero, define y dirige la política española de cooperación para el desarrollo sostenible. Segundo, aprueba el Plan Director. La iniciativa no es del Gobierno: la propuesta corresponde a la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Por tanto, el Ministerio propone y el Gobierno aprueba.

Artículo 25. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, bajo la superior dirección del Gobierno y de la Presidencia del Gobierno, planifica, dirige, ejecuta y evalúa la política de cooperación de la AGE y sus entidades públicas dependientes. También coordina a los demás ministerios y fomenta el trabajo con otras Administraciones, con lealtad institucional y colaboración. La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional es el órgano superior directamente responsable de la planificación y la ejecución. Ejerce la dirección política, asiste al titular del Departamento, coordina la política y administra los recursos del Departamento. Además, asegura la participación en organizaciones internacionales, define la posición de España en la UE y su titular preside la AECID.

Artículo 26. Otros departamentos ministeriales y organismos de la Administración General del Estado

Los otros departamentos ministeriales y los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes de la AGE que realicen programas, proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo sostenible, en el ámbito de sus competencias, deben observar tres principios: los de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y la unidad de acción del Estado en el exterior. Sus actividades responderán a las líneas del Plan Director. En la elaboración de este participan a través del Consejo Superior, de la Comisión Interministerial (ambos «de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global») y de los demás instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación, en España, en los países socios y en los organismos multilaterales.

Artículo 27. Órganos de coordinación y consulta

El artículo enumera tres órganos de coordinación y consulta de la cooperación española para el desarrollo sostenible. Son el Consejo Superior, la Comisión Interministerial y la Conferencia Sectorial, todos «de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global». Su composición, organización y funciones no las fija la ley: se establecerán por las correspondientes normas de desarrollo reglamentario.

Artículo 28. El Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global

Órgano del Gobierno para la coordinación general de las entidades de la AGE que ejecutan cooperación, y foro de participación de otros actores. Lo preside el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. Tiene seis vicepresidencias: 1.ª SE de Cooperación Internacional, 2.ª Secretaría General del Tesoro, 3.ª dirección de la AECID, 4.ª presidencia de la Coordinadora de ONGD, 5.ª SE de Agenda 2030, 6.ª designada por los actores sociales de forma rotativa. La composición se fija por reglamento. Entre sus funciones están informar y elevar al Gobierno la propuesta de Plan Director e informar los anteproyectos de ley.

Artículo 29. La Comisión Interministerial de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global

La Comisión Interministerial es el órgano de coordinación estratégica de los ministerios con actuaciones de cooperación. La preside la persona titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y tiene dos vicepresidencias. La integran representantes ministeriales con rango de Secretaría de Estado o Subsecretaría. Puede crear subcomisiones por razón de la materia y grupos de trabajo de inferior nivel. Usa los medios del órgano superior en que se integre. Pone en común las actuaciones ministeriales, en particular la cooperación financiera y la coherencia de políticas en la AGE. Su composición, funcionamiento, extinción, organización y funciones se fijan reglamentariamente conforme a la Ley 40/2015.

Artículo 30. La Conferencia Sectorial de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global

La Conferencia Sectorial es el órgano de participación, diálogo, coordinación, concertación y colaboración en cooperación para el desarrollo sostenible entre la AGE, las comunidades autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía. La preside la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Son miembros los consejeros autonómicos competentes. Pueden asistir, sin ser miembros, dos representantes de la FEMP, que deben ser cargos electos. Uno de ellos representa a los Fondos de Cooperación y Solidaridad. Funciona en Pleno y en Comisión Permanente, tiene cinco funciones (a-e) y aprueba su reglamento interno conforme a la Ley 40/2015.

Artículo 31. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

La AECID es una agencia estatal (art. 84.1.a).3 de la Ley 40/2015), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Se encarga del fomento, programación, coordinación operativa, gestión y ejecución de la cooperación, la acción humanitaria y la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Tiene autonomía operativa y de gestión. Coordina operativamente el sistema a nivel de sede, regional y de país, en el marco del Plan Director. Su Estatuto regula fines, funciones, organización y funcionamiento.

Artículo 32. Las Oficinas de la cooperación española

Las OCE están adscritas orgánicamente a las Embajadas y Representaciones Permanentes, bajo la dirección superior de la Jefatura de Misión y con dependencia funcional de la AECID. Coordinan y, en su caso, ejecutan y siguen las acciones de la cooperación española en los países socios mediante equipos-país, que incluyen la cooperación descentralizada. Representan al sistema ante las delegaciones de la UE, otros organismos multilaterales y otros donantes. Las dirige la coordinación general, cuyos coordinadores son Encargados de los Asuntos de Cooperación. Donde no hay OCE ni personal de la AECID, la Jefatura de Misión designa como Encargado a un empleado público del MAEUEC. Algunas OCE son Centros de Formación o Centros Culturales gestionados por la AECID.

Artículo 33. Otras instituciones ejecutoras

Además de los órganos ya citados, forman parte del sistema español de cooperación dos fundaciones. La FIIAPP, F.S.P. es una fundación del sector público estatal (arts. 84.1.e) y 128 de la Ley 40/2015). Está especializada en promover y gestionar la participación de las Administraciones públicas en programas de cooperación española y europea; sus fines y funciones están en su Estatuto. La Fundación Carolina es una fundación docente de Derecho privado, constituida al amparo de la Ley 30/1994. Está especializada en educación superior y conocimiento experto en el ámbito iberoamericano y en otros países.

Artículo 34. Otros ministerios

Los departamentos ministeriales que realicen actividades de cooperación para el desarrollo sostenible son responsables de ejecutar los programas, proyectos y acciones dentro del ámbito de sus competencias. Al actuar, como parte del sistema español de cooperación, siguen los principios y objetivos de la ley y las directrices y criterios que establezca el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Su fin es la coordinación, coherencia y complementariedad de sus actividades en España, en los países socios y en los organismos multilaterales.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La LGTel regula las telecomunicaciones al amparo del art. 149.1.21.ª CE: instalación y explotación de redes de comunicaciones electrónicas, prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, equipos radioeléctricos y equipos terminales. Se aplica también al dominio público radioeléctrico usado por todas las redes, públicas o no, sea cual sea el servicio. Excluye los servicios de comunicación audiovisual, el intercambio de vídeos por plataforma, los contenidos audiovisuales transmitidos y el régimen básico de los medios audiovisuales (art. 149.1.27.ª CE). También excluye los servicios de contenidos, el control editorial y los servicios de la Sociedad de la Información (Ley 34/2002), salvo que sean también servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 2. Las telecomunicaciones como servicios de interés general

Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia. Solo dos casos escapan a esa regla: tienen la consideración de servicio público los servicios regulados en el artículo 4, y están sometidos a obligaciones de servicio público los regulados en el título III. La correspondencia es por orden («respectivamente»): artículo 4 → servicio público; título III → obligaciones de servicio público.

Artículo 3. Objetivos y principios de la ley

El artículo enumera 13 objetivos y principios, letras a) a m): competencia efectiva; economía y empleo digital; despliegue de redes como fin de interés general; innovación y servicio universal; ingeniería e industria; mercado interior de la UE; inversión eficiente, reduciendo progresivamente la intervención ex ante; uso eficaz de la numeración y el espectro; neutralidad tecnológica; obligaciones de servicio público del título III; defensa de usuarios; colectivos vulnerables; y universalización de la banda ancha.

Artículo 4. Servicios de telecomunicaciones para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil

Solo son servicio público los servicios de este artículo. Las redes esenciales para la seguridad y defensa nacionales se reservan al Estado. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ejecuta la política de defensa en telecomunicaciones, coordinado con Defensa, y coopera con Interior y las CCAA. Con carácter excepcional y transitorio, el Gobierno puede asumir la gestión directa de servicios o redes; si se incumplen obligaciones de servicio público, previo informe preceptivo de la CNMC. Comunica al juez en 24 horas y este resuelve en 48.

Artículo 5. Régimen de libre competencia

El artículo 5 establece que la instalación y explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas se realizan en régimen de libre competencia. Las únicas limitaciones admisibles son las establecidas en la propia Ley 11/2022 y en su normativa de desarrollo. Hay que retener tres actividades (instalar redes, explotar redes, prestar servicios) y una única fuente de límites (la ley y su normativa de desarrollo).

Artículo 6. Requisitos exigibles para el suministro de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas

Pueden operar nacionales de la UE o del EEE; otras nacionalidades, si lo prevén acuerdos internacionales; para el resto, el Gobierno puede autorizar excepciones. Antes de empezar se notifica al Registro de operadores. No notifican la autoprestación ni los servicios interpersonales independientes de la numeración; estos últimos sí lo comunican al Registro a efectos estadísticos y censales. Notificación defectuosa: resolución motivada en 15 días hábiles. RLAN accesoria: sin notificación ni inscripción. Al Ministerio: autoprestación de AAPP en dominio público, IXP y cables submarinos.

Artículo 7. Registro de operadores

Se crea el Registro de operadores, dependiente de la CNMC. Es público, se regula por real decreto y se garantiza el acceso electrónico. Se inscriben los datos de quienes hayan notificado (art. 6.2) su intención de suministrar redes públicas o prestar servicios disponibles al público. Con la notificación ya se adquiere la condición de operador y se puede empezar, sin perjuicio del art. 6.3. A petición del operador se emite una declaración normalizada en una semana. Los seleccionados en licitaciones de la UE se inscriben de oficio. No se exige consentimiento para tratar ni comunicar sus datos personales.

Artículo 8. Condiciones para el suministro de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas

El suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas quedan sujetos a las condiciones de esta ley y su normativa de desarrollo, entre las que se incluirán las de salvaguarda de los derechos de los usuarios finales. La adquisición de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de ocupación del dominio público o de la propiedad privada y de recursos de numeración se rige por esta ley y, en lo no contemplado en ella, por su normativa específica.

Artículo 9. Obligaciones de suministro de información

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la CNMC pueden requerir información, incluso financiera, a operadores, IXP, CPD, proveedores de contenidos y otros agentes, para las finalidades de las letras a) a p). Salvo las letras d) y m), no puede exigirse antes del inicio de la actividad. Las demás Administraciones deben pedirla antes al Ministerio o a la CNMC y solo después al operador. Las solicitudes serán motivadas y proporcionadas, con indicación de sus fines, y se garantiza la confidencialidad.

Artículo 10. Normas técnicas

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital garantiza las normas técnicas que la Comisión Europea declare obligatorias y fomenta las de la relación de la Comisión para la armonización. Si no las hay, se promueven las de los organismos europeos de normalización y, en su defecto, las de UIT, CEPT, ETSI, CEN, CENELEC, ISO y CEI. Por real decreto se podrán fijar las formas de elaboración y adopción de especificaciones técnicas, y se establecerá su comunicación a la Comisión Europea. La CNMC también las fomenta y garantiza en sus funciones.

Artículo 35. Delimitación de las obligaciones de servicio público

Las obligaciones de servicio público buscan garantizar servicios de comunicaciones electrónicas de calidad en todo el territorio y cubrir lo que el mercado no atiende. Persiguen los objetivos del artículo 3 y pueden recaer sobre operadores con derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada, de uso del dominio público radioeléctrico o de numeración, o con peso significativo en un mercado. Se aplica supletoriamente la concesión de servicios de la Ley 9/2017. Las controla el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que puede acordar su cese, previo informe de la CNMC y audiencia a los interesados.

Artículo 36. Categorías de obligaciones de servicio público

El artículo 36 establece que los operadores están sometidos a dos categorías de obligaciones de servicio público. La primera es el servicio universal, en los términos de la sección 2.ª del capítulo. La segunda son otras obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general, en la forma y condiciones de la sección 3.ª del capítulo. Son solo dos categorías, y cada una remite a su propia sección.

Artículo 37. Concepto y ámbito de aplicación

El servicio universal es el conjunto definido de servicios garantizados a todos los consumidores, sea cual sea su localización geográfica. Se presta con neutralidad tecnológica, una calidad determinada y un precio asequible. Comprende dos servicios, ambos mediante una conexión subyacente en una ubicación fija. El primero es el acceso a internet de banda ancha, con una velocidad mínima de 10 Mbit/s descendente; un real decreto la escalará a 30 Mbit/s y debe soportar los servicios del anexo III. El segundo son las comunicaciones vocales. A petición del consumidor, la conexión puede limitarse a voz. Por real decreto, el servicio puede ampliarse a microempresas, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro. El Gobierno puede revisar los servicios incluidos y el alcance de las obligaciones.

Artículo 38. Asequibilidad del servicio universal

Los precios del servicio universal deben ser asequibles. Un real decreto, previo informe de la CNMC, fija qué consumidores tienen rentas bajas o necesidades sociales especiales. La CNMC supervisa las tarifas en coordinación con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el de consumo. Los operadores de banda ancha y voz en ubicación fija deben ofrecer tres abonos sociales: voz, banda ancha y ambos empaquetados. La CNMC, previo informe de dos Secretarías de Estado, puede exigir su modificación o supresión; el Ministerio solo puede proponerla.

Artículo 39. Accesibilidad del servicio universal

Los consumidores con discapacidad deben acceder a los servicios del servicio universal a un nivel equivalente al de los demás consumidores. Para ello, se podrán imponer como obligación de servicio universal medidas específicas para que los equipos terminales conexos y los equipos y servicios que favorecen un acceso equivalente estén disponibles y sean asequibles, incluidos, en su caso, los servicios de conversión a texto y de conversación total en modo texto. Mediante real decreto se adoptarán medidas para que también puedan beneficiarse de la capacidad de elección de operadores.

Artículo 40. Designación de los operadores encargados de la prestación del servicio universal

Si el servicio universal en ubicación fija no queda garantizado por la explotación comercial normal, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital designa uno o más operadores, que pueden ser distintos por servicios y por zonas. El sistema de designación se fija por real decreto, según los principios de eficiencia, objetividad, transparencia y no discriminación, y siempre con licitación pública. Si el designado va a entregar sus activos de red de acceso local, informa antes al Ministerio. Este podrá fijar objetivos de rendimiento y notificará a la Comisión Europea.

Artículo 41. Control del gasto

Los operadores con obligaciones de servicio universal (arts. 37 a 40) deben ofrecer a los consumidores facilidades y servicios específicos fijados por real decreto para seguir y controlar sus gastos. Incluirán en todo caso los de la parte A del anexo VI del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Deben implantar un sistema que evite la desconexión injustificada del servicio de comunicaciones vocales o de acceso adecuado a internet de banda ancha de consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales. Ese sistema incluye un mecanismo para verificar el interés por seguir usando el servicio. No puede obligarse a los beneficiarios a pagar facilidades o servicios adicionales innecesarios o superfluos.

Artículo 42. Coste y financiación del servicio universal

Todas las obligaciones del servicio universal se financian según este artículo. La CNMC decide si existe carga injusta para los operadores obligados. En ese caso, fija periódicamente el coste neto, publica la metodología del ahorro neto según criterios de real decreto y audita las cuentas, con resultados públicos. Ese coste se reparte entre los operadores con ingresos brutos de explotación anuales superiores a 100 millones de euros. La CNMC fija las aportaciones, que van al Fondo nacional del servicio universal, gestionado por ella.

Artículo 43. Otras obligaciones de servicio público

El Gobierno puede imponer a los operadores otras obligaciones de servicio público distintas del servicio universal en dos supuestos. Primero, por seguridad nacional, defensa nacional, seguridad pública, seguridad vial, seguridad de las personas o protección civil. Segundo, previo informe de la CNMC y de la administración territorial competente, por tres razones: cohesión territorial; extensión de nuevos servicios y tecnologías (sanidad, educación, acción social y cultura); o comunicación de colectivos en circunstancias especiales insuficientemente atendidos. Un real decreto regulará el procedimiento y la financiación del segundo supuesto.

Artículo 64. Derechos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas

Titulares: usuarios finales y consumidores. Obligados: operadores de redes públicas o servicios disponibles al público. Exentos: microempresas de servicios interpersonales independientes de la numeración, salvo que presten otros servicios (con aviso previo al contrato), y quien dé acceso por RLAN sin actividad económica o como accesorio de otra actividad económica o servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes. Los códigos de conducta solo vinculan a firmantes. TRLGDCU: en lo no recogido. En conflicto prevalece esta ley en lo que trae causa expresa del Derecho UE.

Artículo 65. Derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público

El art. 65 enumera, «entre otros», los derechos específicos de usuarios finales y consumidores (letras a a r), que se desarrollarán por real decreto. Incluye contratar, rescindir sin penalización, información, cambio de operador conservando el número, emergencias gratis, internet abierto, itinerancia, factura detallada, desconexión, ocultar la identificación de línea (salvo el 112) y reenvío gratuito de correos. Obliga a un servicio de atención gratuito. La reclamación no frena el cobro. El impago de más de un mes permite suspender; el de más de tres meses o dos suspensiones, interrumpir. Lengua oficial del Estado y de la CA si se pide.

Artículo 66. Derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las guías de abonados

Derechos de los usuarios finales de servicios interpersonales basados en numeración. Comunicaciones comerciales: no recibir llamadas automáticas o fax sin consentimiento previo; no recibir llamadas no deseadas salvo consentimiento o base del art. 6.1 RGPD. Tráfico: anonimizar o cancelar; facturación hasta expirar plazos de impugnación o pago; promoción solo con consentimiento, revocable. Localización: anónimos o con consentimiento, revocable salvo 112 y entidades que fije el Ministerio. Guías: figurar, ser informado gratis y no figurar.

Artículo 67. Contratos

Antes de contratar, el operador entrega la información del TRLGDCU y del anexo VIII del Código Europeo en soporte duradero, y un resumen del contrato gratuito. Los contratos con consumidores duran como máximo veinticuatro meses. Se prorrogan automáticamente por el mismo periodo y, tras la prórroga, pueden rescindirse con preaviso máximo de un mes. Los cambios contractuales se comunican con al menos un mes de antelación, y el usuario puede rescindir sin coste en el plazo de un mes. Las mejores tarifas se informan al menos una vez al año.

Artículo 68. Transparencia, comparación de ofertas y publicación de información

Los operadores de acceso a internet y de comunicaciones interpersonales deben publicar la información del contrato, como mínimo la del anexo IX del Código Europeo, de forma clara, en formato automatizado, accesible y actualizada. El Ministerio garantiza el acceso gratuito a al menos una herramienta de comparación independiente, que cumple 8 requisitos y se certifica previa solicitud de su proveedor. El Ministerio puede exigir la difusión gratuita de información de interés público, publica los datos de las controversias del art. 78.1 y recibe las condiciones, tarifas y planes con al menos un mes de antelación.

Artículo 69. Calidad de servicio

Artículo 70. Cambio de operador y conservación de los números por los usuarios finales

Los usuarios finales pueden cambiar de operador y conservar su número: los geográficos en ubicación fija y los no geográficos en cualquier ubicación. Tras rescindir, mantienen ese derecho al menos un mes, salvo renuncia. El número se activa en un día hábil desde la fecha acordada y la pérdida de servicio no excede de un día hábil, también en internet. Dirige el proceso el operador receptor y el contrato con el donante se rescinde automáticamente. Lo regula un real decreto; la CNMC puede dictar circulares. El crédito de prepago se reembolsa.

Artículo 71. Contratos empaquetados

Si un contrato con un consumidor incluye un paquete de servicios, o de servicios y equipos terminales, y al menos uno es acceso a internet o comunicación interpersonal basada en numeración, se aplican a todo el paquete cuatro reglas: resumen previo del contrato (art. 67.2), información contractual (art. 67.1), duración y resolución (art. 67) y cambio de operador de internet (art. 70.4). Si el consumidor puede rescindir un elemento antes de tiempo por falta de adecuación o por incumplimiento del suministro, puede rescindir el paquete entero. Contratar servicios o equipos adicionales al mismo operador no prolonga el período original, salvo aceptación expresa del consumidor al contratarlos. Los apartados 1 y 3 se extienden a microempresas, pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, salvo renuncia expresa total o parcial.

Artículo 72. Guías de abonados y servicios de información sobre números de abonado

Las guías de abonados y los servicios de información sobre números se prestan en libre competencia. Los operadores que asignan números deben atender las solicitudes razonables de información en condiciones equitativas, objetivas, orientadas a costes y no discriminatorias. La CNMC suministra gratis esos datos a: guías, consulta telefónica, emergencias (art. 74), interceptaciones (art. 58.2) y servicios estadísticos oficiales, estos con siete garantías (p. ej., límite del 20 % en encuestas voluntarias).

Artículo 73. Regulación de las condiciones básicas de acceso por personas con discapacidad

El Gobierno podrá fijar mediante real decreto, oído en todo caso el Consejo Nacional de la Discapacidad, las condiciones básicas de acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de comunicaciones electrónicas. Ese real decreto fijará los requisitos que deben cumplir los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público para garantizar dos cosas. Primera: un acceso equivalente al de la mayoría de usuarios finales, incluida la información contractual, la facturación y la atención al público, en formatos universalmente accesibles y en lenguas cooficiales. Segunda: la posibilidad de elegir operadores y servicios.

Artículo 74. Comunicaciones de emergencia y número de emergencia 112

Los usuarios de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración, incluidos los teléfonos públicos de pago, acceden gratis y sin medio de pago a los servicios de emergencia mediante el 112 y otros números fijados por real decreto. Es gratuito para usuarios y autoridades receptoras, sea cual sea la Administración o el terminal. Los operadores encaminan gratis las llamadas y facilitan la ubicación del llamante justo tras establecerse la comunicación, también gratis. Esa ubicación solo sirve para localizar al llamante en esa llamada. Hay acceso equivalente para personas con discapacidad (real decreto, oído el Consejo Nacional de la Discapacidad). Se aplican el Reglamento (UE) 2016/679 y la LO 3/2018.

Artículo 75. Sistemas de alertas públicas

Los operadores de servicios móviles de comunicaciones interpersonales basados en numeración están obligados a transmitir las alertas públicas ante grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso a los usuarios finales afectados, en los términos que fije un real decreto. Un real decreto podrá permitir, además, otras vías: otros servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, servicios de comunicación audiovisual o una aplicación móvil basada en acceso a internet. Será así siempre que su eficacia sea equivalente en cobertura y capacidad, incluso para quienes estén temporalmente en la zona. La recepción debe ser fácil y la transmisión, gratuita para los usuarios finales y para la entidad emisora.

Artículo 76. Acceso abierto a internet

Los usuarios finales pueden acceder a contenidos y distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios y elegir sus equipos terminales. Los acuerdos sobre precio, volumen de datos o velocidad no pueden limitar ese derecho. El tráfico se trata de forma equitativa. La gestión del tráfico es razonable si es transparente, no discriminatoria y proporcionada, nunca comercial. Solo cabe bloquear o ralentizar para cumplir la normativa o las sentencias, preservar la seguridad de la red o evitar congestiones. El Ministerio supervisa y remite un informe anual a la CNMC, la Comisión Europea y el ORECE.

Artículo 77. Itinerancia en la Unión Europea y comunicaciones intracomunitarias reguladas

El artículo 77 se remite a dos reglamentos europeos. Apartado 1: la itinerancia en la UE (voz, SMS y datos) se rige por el Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, y por sus reglamentos de ejecución. Apartado 2: las tarifas al por menor de las comunicaciones interpersonales basadas en numeración intracomunitarias se rigen por el Reglamento (UE) 2015/2120, de 25 de noviembre de 2015.

Artículo 78. Resolución de controversias

Personas físicas (incluidos autónomos) y microempresas pueden reclamar gratis ante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que regula el procedimiento por orden. Los operadores deben someterse y cumplir la resolución. Vencido el plazo máximo, se podrá entender desestimada por silencio, sin perjuicio del deber de resolver. Cabe recurso contencioso-administrativo. Un real decreto podrá abrirlo a pymes y organizaciones sin ánimo de lucro. Iniciado un arbitraje de consumo, no cabe esta vía salvo archivo sin entrar en el fondo o desistimiento.

Artículo 98. Competencias de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos

El artículo 98 fija dos autoridades públicas competentes específicas en telecomunicaciones: a) los órganos superiores y directivos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con competencias en materias de esta ley, y b) la CNMC, que además es autoridad nacional de reglamentación a efectos del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Ambas cooperan con otros Estados miembros, la Comisión y el ORECE. Aplican principios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, según siete fines y criterios (a-g).

Artículo 99. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

El artículo 99 enumera, en las letras a) a r), las funciones de los órganos superiores y directivos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Destacan: ejecutar la política del Gobierno en telecomunicaciones para seguridad y defensa (art. 4); acceso, interoperabilidad e interconexión; proponer al Gobierno los planes nacionales de numeración; controlar las obligaciones de servicio público; verificar el acceso abierto a internet (art. 76) y la itinerancia (Reglamento (UE) 531/2012); gestionar el Registro de empresas instaladoras; administrar el dominio público radioeléctrico (nueve funciones), y gestionar en período voluntario las tasas que no correspondan a la CNMC.

Artículo 100. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Remite a la Ley 3/2013 la naturaleza, las funciones, la estructura, el personal y el presupuesto de la CNMC. En las materias de esta ley le atribuye, entre otras funciones: analizar mercados de referencia, identificar operadores con peso significativo e imponerles obligaciones, y la separación funcional como medida excepcional. También resolver conflictos, la portabilidad, el coste neto y el Fondo del servicio universal y el punto de terminación de red. Además, el arbitraje de derecho y de equidad, el Registro de operadores, la numeración y las tasas en período voluntario.