LGTel

Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones

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Art. 1Objeto y ámbito de aplicaciónLa LGTel regula las telecomunicaciones al amparo del art. 149.1.21.ª CE: instalación y explotación de redes de comunicaciones electrónicas, prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, equipos radioeléctricos y equipos terminales. Se aplica también al dominio público radioeléctrico usado por todas las redes, públicas o no, sea cual sea el servicio. Excluye los servicios de comunicación audiovisual, el intercambio de vídeos por plataforma, los contenidos audiovisuales transmitidos y el régimen básico de los medios audiovisuales (art. 149.1.27.ª CE). También excluye los servicios de contenidos, el control editorial y los servicios de la Sociedad de la Información (Ley 34/2002), salvo que sean también servicios de comunicaciones electrónicas.
Art. 2Las telecomunicaciones como servicios de interés generalLas telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia. Solo dos casos escapan a esa regla: tienen la consideración de servicio público los servicios regulados en el artículo 4, y están sometidos a obligaciones de servicio público los regulados en el título III. La correspondencia es por orden («respectivamente»): artículo 4 → servicio público; título III → obligaciones de servicio público.
Art. 3Objetivos y principios de la leyEl artículo enumera 13 objetivos y principios, letras a) a m): competencia efectiva; economía y empleo digital; despliegue de redes como fin de interés general; innovación y servicio universal; ingeniería e industria; mercado interior de la UE; inversión eficiente, reduciendo progresivamente la intervención ex ante; uso eficaz de la numeración y el espectro; neutralidad tecnológica; obligaciones de servicio público del título III; defensa de usuarios; colectivos vulnerables; y universalización de la banda ancha.
Art. 4Servicios de telecomunicaciones para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civilSolo son servicio público los servicios de este artículo. Las redes esenciales para la seguridad y defensa nacionales se reservan al Estado. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ejecuta la política de defensa en telecomunicaciones, coordinado con Defensa, y coopera con Interior y las CCAA. Con carácter excepcional y transitorio, el Gobierno puede asumir la gestión directa de servicios o redes; si se incumplen obligaciones de servicio público, previo informe preceptivo de la CNMC. Comunica al juez en 24 horas y este resuelve en 48.
Art. 5Régimen de libre competenciaEl artículo 5 establece que la instalación y explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas se realizan en régimen de libre competencia. Las únicas limitaciones admisibles son las establecidas en la propia Ley 11/2022 y en su normativa de desarrollo. Hay que retener tres actividades (instalar redes, explotar redes, prestar servicios) y una única fuente de límites (la ley y su normativa de desarrollo).
Art. 6Requisitos exigibles para el suministro de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicasPueden operar nacionales de la UE o del EEE; otras nacionalidades, si lo prevén acuerdos internacionales; para el resto, el Gobierno puede autorizar excepciones. Antes de empezar se notifica al Registro de operadores. No notifican la autoprestación ni los servicios interpersonales independientes de la numeración; estos últimos sí lo comunican al Registro a efectos estadísticos y censales. Notificación defectuosa: resolución motivada en 15 días hábiles. RLAN accesoria: sin notificación ni inscripción. Al Ministerio: autoprestación de AAPP en dominio público, IXP y cables submarinos.
Art. 7Registro de operadoresSe crea el Registro de operadores, dependiente de la CNMC. Es público, se regula por real decreto y se garantiza el acceso electrónico. Se inscriben los datos de quienes hayan notificado (art. 6.2) su intención de suministrar redes públicas o prestar servicios disponibles al público. Con la notificación ya se adquiere la condición de operador y se puede empezar, sin perjuicio del art. 6.3. A petición del operador se emite una declaración normalizada en una semana. Los seleccionados en licitaciones de la UE se inscriben de oficio. No se exige consentimiento para tratar ni comunicar sus datos personales.
Art. 8Condiciones para el suministro de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicasEl suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas quedan sujetos a las condiciones de esta ley y su normativa de desarrollo, entre las que se incluirán las de salvaguarda de los derechos de los usuarios finales. La adquisición de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de ocupación del dominio público o de la propiedad privada y de recursos de numeración se rige por esta ley y, en lo no contemplado en ella, por su normativa específica.
Art. 9Obligaciones de suministro de informaciónEl Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la CNMC pueden requerir información, incluso financiera, a operadores, IXP, CPD, proveedores de contenidos y otros agentes, para las finalidades de las letras a) a p). Salvo las letras d) y m), no puede exigirse antes del inicio de la actividad. Las demás Administraciones deben pedirla antes al Ministerio o a la CNMC y solo después al operador. Las solicitudes serán motivadas y proporcionadas, con indicación de sus fines, y se garantiza la confidencialidad.
Art. 10Normas técnicasEl Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital garantiza las normas técnicas que la Comisión Europea declare obligatorias y fomenta las de la relación de la Comisión para la armonización. Si no las hay, se promueven las de los organismos europeos de normalización y, en su defecto, las de UIT, CEPT, ETSI, CEN, CENELEC, ISO y CEI. Por real decreto se podrán fijar las formas de elaboración y adopción de especificaciones técnicas, y se establecerá su comunicación a la Comisión Europea. La CNMC también las fomenta y garantiza en sus funciones.
Art. 35Delimitación de las obligaciones de servicio públicoLas obligaciones de servicio público buscan garantizar servicios de comunicaciones electrónicas de calidad en todo el territorio y cubrir lo que el mercado no atiende. Persiguen los objetivos del artículo 3 y pueden recaer sobre operadores con derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada, de uso del dominio público radioeléctrico o de numeración, o con peso significativo en un mercado. Se aplica supletoriamente la concesión de servicios de la Ley 9/2017. Las controla el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que puede acordar su cese, previo informe de la CNMC y audiencia a los interesados.
Art. 36Categorías de obligaciones de servicio públicoEl artículo 36 establece que los operadores están sometidos a dos categorías de obligaciones de servicio público. La primera es el servicio universal, en los términos de la sección 2.ª del capítulo. La segunda son otras obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general, en la forma y condiciones de la sección 3.ª del capítulo. Son solo dos categorías, y cada una remite a su propia sección.
Art. 37Concepto y ámbito de aplicaciónEl servicio universal es el conjunto definido de servicios garantizados a todos los consumidores, sea cual sea su localización geográfica. Se presta con neutralidad tecnológica, una calidad determinada y un precio asequible. Comprende dos servicios, ambos mediante una conexión subyacente en una ubicación fija. El primero es el acceso a internet de banda ancha, con una velocidad mínima de 10 Mbit/s descendente; un real decreto la escalará a 30 Mbit/s y debe soportar los servicios del anexo III. El segundo son las comunicaciones vocales. A petición del consumidor, la conexión puede limitarse a voz. Por real decreto, el servicio puede ampliarse a microempresas, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro. El Gobierno puede revisar los servicios incluidos y el alcance de las obligaciones.
Art. 38Asequibilidad del servicio universalLos precios del servicio universal deben ser asequibles. Un real decreto, previo informe de la CNMC, fija qué consumidores tienen rentas bajas o necesidades sociales especiales. La CNMC supervisa las tarifas en coordinación con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el de consumo. Los operadores de banda ancha y voz en ubicación fija deben ofrecer tres abonos sociales: voz, banda ancha y ambos empaquetados. La CNMC, previo informe de dos Secretarías de Estado, puede exigir su modificación o supresión; el Ministerio solo puede proponerla.
Art. 39Accesibilidad del servicio universalLos consumidores con discapacidad deben acceder a los servicios del servicio universal a un nivel equivalente al de los demás consumidores. Para ello, se podrán imponer como obligación de servicio universal medidas específicas para que los equipos terminales conexos y los equipos y servicios que favorecen un acceso equivalente estén disponibles y sean asequibles, incluidos, en su caso, los servicios de conversión a texto y de conversación total en modo texto. Mediante real decreto se adoptarán medidas para que también puedan beneficiarse de la capacidad de elección de operadores.
Art. 40Designación de los operadores encargados de la prestación del servicio universalSi el servicio universal en ubicación fija no queda garantizado por la explotación comercial normal, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital designa uno o más operadores, que pueden ser distintos por servicios y por zonas. El sistema de designación se fija por real decreto, según los principios de eficiencia, objetividad, transparencia y no discriminación, y siempre con licitación pública. Si el designado va a entregar sus activos de red de acceso local, informa antes al Ministerio. Este podrá fijar objetivos de rendimiento y notificará a la Comisión Europea.
Art. 41Control del gastoLos operadores con obligaciones de servicio universal (arts. 37 a 40) deben ofrecer a los consumidores facilidades y servicios específicos fijados por real decreto para seguir y controlar sus gastos. Incluirán en todo caso los de la parte A del anexo VI del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Deben implantar un sistema que evite la desconexión injustificada del servicio de comunicaciones vocales o de acceso adecuado a internet de banda ancha de consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales. Ese sistema incluye un mecanismo para verificar el interés por seguir usando el servicio. No puede obligarse a los beneficiarios a pagar facilidades o servicios adicionales innecesarios o superfluos.
Art. 42Coste y financiación del servicio universalTodas las obligaciones del servicio universal se financian según este artículo. La CNMC decide si existe carga injusta para los operadores obligados. En ese caso, fija periódicamente el coste neto, publica la metodología del ahorro neto según criterios de real decreto y audita las cuentas, con resultados públicos. Ese coste se reparte entre los operadores con ingresos brutos de explotación anuales superiores a 100 millones de euros. La CNMC fija las aportaciones, que van al Fondo nacional del servicio universal, gestionado por ella.
Art. 43Otras obligaciones de servicio públicoEl Gobierno puede imponer a los operadores otras obligaciones de servicio público distintas del servicio universal en dos supuestos. Primero, por seguridad nacional, defensa nacional, seguridad pública, seguridad vial, seguridad de las personas o protección civil. Segundo, previo informe de la CNMC y de la administración territorial competente, por tres razones: cohesión territorial; extensión de nuevos servicios y tecnologías (sanidad, educación, acción social y cultura); o comunicación de colectivos en circunstancias especiales insuficientemente atendidos. Un real decreto regulará el procedimiento y la financiación del segundo supuesto.
Art. 64Derechos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electrónicasTitulares: usuarios finales y consumidores. Obligados: operadores de redes públicas o servicios disponibles al público. Exentos: microempresas de servicios interpersonales independientes de la numeración, salvo que presten otros servicios (con aviso previo al contrato), y quien dé acceso por RLAN sin actividad económica o como accesorio de otra actividad económica o servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes. Los códigos de conducta solo vinculan a firmantes. TRLGDCU: en lo no recogido. En conflicto prevalece esta ley en lo que trae causa expresa del Derecho UE.
Art. 65Derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al públicoEl art. 65 enumera, «entre otros», los derechos específicos de usuarios finales y consumidores (letras a a r), que se desarrollarán por real decreto. Incluye contratar, rescindir sin penalización, información, cambio de operador conservando el número, emergencias gratis, internet abierto, itinerancia, factura detallada, desconexión, ocultar la identificación de línea (salvo el 112) y reenvío gratuito de correos. Obliga a un servicio de atención gratuito. La reclamación no frena el cobro. El impago de más de un mes permite suspender; el de más de tres meses o dos suspensiones, interrumpir. Lengua oficial del Estado y de la CA si se pide.
Art. 66Derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las guías de abonadosDerechos de los usuarios finales de servicios interpersonales basados en numeración. Comunicaciones comerciales: no recibir llamadas automáticas o fax sin consentimiento previo; no recibir llamadas no deseadas salvo consentimiento o base del art. 6.1 RGPD. Tráfico: anonimizar o cancelar; facturación hasta expirar plazos de impugnación o pago; promoción solo con consentimiento, revocable. Localización: anónimos o con consentimiento, revocable salvo 112 y entidades que fije el Ministerio. Guías: figurar, ser informado gratis y no figurar.
Art. 67ContratosAntes de contratar, el operador entrega la información del TRLGDCU y del anexo VIII del Código Europeo en soporte duradero, y un resumen del contrato gratuito. Los contratos con consumidores duran como máximo veinticuatro meses. Se prorrogan automáticamente por el mismo periodo y, tras la prórroga, pueden rescindirse con preaviso máximo de un mes. Los cambios contractuales se comunican con al menos un mes de antelación, y el usuario puede rescindir sin coste en el plazo de un mes. Las mejores tarifas se informan al menos una vez al año.
Art. 68Transparencia, comparación de ofertas y publicación de informaciónLos operadores de acceso a internet y de comunicaciones interpersonales deben publicar la información del contrato, como mínimo la del anexo IX del Código Europeo, de forma clara, en formato automatizado, accesible y actualizada. El Ministerio garantiza el acceso gratuito a al menos una herramienta de comparación independiente, que cumple 8 requisitos y se certifica previa solicitud de su proveedor. El Ministerio puede exigir la difusión gratuita de información de interés público, publica los datos de las controversias del art. 78.1 y recibe las condiciones, tarifas y planes con al menos un mes de antelación.
Art. 69Calidad de servicio
Art. 70Cambio de operador y conservación de los números por los usuarios finalesLos usuarios finales pueden cambiar de operador y conservar su número: los geográficos en ubicación fija y los no geográficos en cualquier ubicación. Tras rescindir, mantienen ese derecho al menos un mes, salvo renuncia. El número se activa en un día hábil desde la fecha acordada y la pérdida de servicio no excede de un día hábil, también en internet. Dirige el proceso el operador receptor y el contrato con el donante se rescinde automáticamente. Lo regula un real decreto; la CNMC puede dictar circulares. El crédito de prepago se reembolsa.
Art. 71Contratos empaquetadosSi un contrato con un consumidor incluye un paquete de servicios, o de servicios y equipos terminales, y al menos uno es acceso a internet o comunicación interpersonal basada en numeración, se aplican a todo el paquete cuatro reglas: resumen previo del contrato (art. 67.2), información contractual (art. 67.1), duración y resolución (art. 67) y cambio de operador de internet (art. 70.4). Si el consumidor puede rescindir un elemento antes de tiempo por falta de adecuación o por incumplimiento del suministro, puede rescindir el paquete entero. Contratar servicios o equipos adicionales al mismo operador no prolonga el período original, salvo aceptación expresa del consumidor al contratarlos. Los apartados 1 y 3 se extienden a microempresas, pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, salvo renuncia expresa total o parcial.
Art. 72Guías de abonados y servicios de información sobre números de abonadoLas guías de abonados y los servicios de información sobre números se prestan en libre competencia. Los operadores que asignan números deben atender las solicitudes razonables de información en condiciones equitativas, objetivas, orientadas a costes y no discriminatorias. La CNMC suministra gratis esos datos a: guías, consulta telefónica, emergencias (art. 74), interceptaciones (art. 58.2) y servicios estadísticos oficiales, estos con siete garantías (p. ej., límite del 20 % en encuestas voluntarias).
Art. 73Regulación de las condiciones básicas de acceso por personas con discapacidadEl Gobierno podrá fijar mediante real decreto, oído en todo caso el Consejo Nacional de la Discapacidad, las condiciones básicas de acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de comunicaciones electrónicas. Ese real decreto fijará los requisitos que deben cumplir los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público para garantizar dos cosas. Primera: un acceso equivalente al de la mayoría de usuarios finales, incluida la información contractual, la facturación y la atención al público, en formatos universalmente accesibles y en lenguas cooficiales. Segunda: la posibilidad de elegir operadores y servicios.
Art. 74Comunicaciones de emergencia y número de emergencia 112Los usuarios de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración, incluidos los teléfonos públicos de pago, acceden gratis y sin medio de pago a los servicios de emergencia mediante el 112 y otros números fijados por real decreto. Es gratuito para usuarios y autoridades receptoras, sea cual sea la Administración o el terminal. Los operadores encaminan gratis las llamadas y facilitan la ubicación del llamante justo tras establecerse la comunicación, también gratis. Esa ubicación solo sirve para localizar al llamante en esa llamada. Hay acceso equivalente para personas con discapacidad (real decreto, oído el Consejo Nacional de la Discapacidad). Se aplican el Reglamento (UE) 2016/679 y la LO 3/2018.
Art. 75Sistemas de alertas públicasLos operadores de servicios móviles de comunicaciones interpersonales basados en numeración están obligados a transmitir las alertas públicas ante grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso a los usuarios finales afectados, en los términos que fije un real decreto. Un real decreto podrá permitir, además, otras vías: otros servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, servicios de comunicación audiovisual o una aplicación móvil basada en acceso a internet. Será así siempre que su eficacia sea equivalente en cobertura y capacidad, incluso para quienes estén temporalmente en la zona. La recepción debe ser fácil y la transmisión, gratuita para los usuarios finales y para la entidad emisora.
Art. 76Acceso abierto a internetLos usuarios finales pueden acceder a contenidos y distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios y elegir sus equipos terminales. Los acuerdos sobre precio, volumen de datos o velocidad no pueden limitar ese derecho. El tráfico se trata de forma equitativa. La gestión del tráfico es razonable si es transparente, no discriminatoria y proporcionada, nunca comercial. Solo cabe bloquear o ralentizar para cumplir la normativa o las sentencias, preservar la seguridad de la red o evitar congestiones. El Ministerio supervisa y remite un informe anual a la CNMC, la Comisión Europea y el ORECE.
Art. 77Itinerancia en la Unión Europea y comunicaciones intracomunitarias reguladasEl artículo 77 se remite a dos reglamentos europeos. Apartado 1: la itinerancia en la UE (voz, SMS y datos) se rige por el Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, y por sus reglamentos de ejecución. Apartado 2: las tarifas al por menor de las comunicaciones interpersonales basadas en numeración intracomunitarias se rigen por el Reglamento (UE) 2015/2120, de 25 de noviembre de 2015.
Art. 78Resolución de controversiasPersonas físicas (incluidos autónomos) y microempresas pueden reclamar gratis ante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que regula el procedimiento por orden. Los operadores deben someterse y cumplir la resolución. Vencido el plazo máximo, se podrá entender desestimada por silencio, sin perjuicio del deber de resolver. Cabe recurso contencioso-administrativo. Un real decreto podrá abrirlo a pymes y organizaciones sin ánimo de lucro. Iniciado un arbitraje de consumo, no cabe esta vía salvo archivo sin entrar en el fondo o desistimiento.
Art. 98Competencias de la Administración General del Estado y de sus organismos públicosEl artículo 98 fija dos autoridades públicas competentes específicas en telecomunicaciones: a) los órganos superiores y directivos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con competencias en materias de esta ley, y b) la CNMC, que además es autoridad nacional de reglamentación a efectos del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Ambas cooperan con otros Estados miembros, la Comisión y el ORECE. Aplican principios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, según siete fines y criterios (a-g).
Art. 99Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalEl artículo 99 enumera, en las letras a) a r), las funciones de los órganos superiores y directivos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Destacan: ejecutar la política del Gobierno en telecomunicaciones para seguridad y defensa (art. 4); acceso, interoperabilidad e interconexión; proponer al Gobierno los planes nacionales de numeración; controlar las obligaciones de servicio público; verificar el acceso abierto a internet (art. 76) y la itinerancia (Reglamento (UE) 531/2012); gestionar el Registro de empresas instaladoras; administrar el dominio público radioeléctrico (nueve funciones), y gestionar en período voluntario las tasas que no correspondan a la CNMC.
Art. 100La Comisión Nacional de los Mercados y la CompetenciaRemite a la Ley 3/2013 la naturaleza, las funciones, la estructura, el personal y el presupuesto de la CNMC. En las materias de esta ley le atribuye, entre otras funciones: analizar mercados de referencia, identificar operadores con peso significativo e imponerles obligaciones, y la separación funcional como medida excepcional. También resolver conflictos, la portabilidad, el coste neto y el Fondo del servicio universal y el punto de terminación de red. Además, el arbitraje de derecho y de equidad, el Registro de operadores, la numeración y las tasas en período voluntario.