LOSU
Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario
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Crear cuenta gratisTítulo IFunciones del sistema universitario y autonomía de las universidades
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- Art. 2Funciones del sistema universitarioEl sistema universitario presta y garantiza el servicio público de la educación superior universitaria mediante tres vías: la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. El apartado 2 enumera diez funciones de las universidades (letras a a j): educación y formación del estudiantado, preparación profesional, generación y transferencia del conocimiento, innovación, bienestar social y lenguas oficiales, pensamiento crítico, formación permanente, valores democráticos, voluntariado y tercer sector, y las demás atribuidas legalmente. Según el apartado 3, su ejercicio tiene como referente los derechos humanos y fundamentales, la memoria democrática, la equidad e igualdad, la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y los ODS.
- Art. 3Autonomía de las universidadesLas universidades tienen personalidad jurídica y actúan con autonomía en virtud del derecho fundamental del artículo 27.10 CE. La autonomía comprende las letras a) a s), entre ellas: Estatutos (públicas) o normas de organización y funcionamiento (privadas), elección de órganos, autonomía económica, planes de estudio, títulos, personal, RPT, estudiantado y calidad. Garantiza la libertad de cátedra (docencia, investigación y estudio). Las Administraciones deben asegurar a las públicas suficiencia y estabilidad financieras (título IX). Las universidades rinden cuentas a la sociedad.
Título IICreación y reconocimiento de las universidades y calidad del sistema universitario
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- Art. 4Creación y reconocimiento de las universidadesLas universidades públicas se crean y las privadas se reconocen por ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma donde se ubiquen. Las de especiales características se crean por ley de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno y de acuerdo con el Consejo de Gobierno autonómico. En ambos casos se exige informe preceptivo previo de la Conferencia General de Política Universitaria. Para estas últimas, las referencias de la ley a las Comunidades Autónomas se entienden hechas al Ministerio de Universidades. El Gobierno fija por real decreto las condiciones y requisitos básicos. La Comunidad Autónoma autoriza el inicio de actividades y supervisa su cumplimiento. El incumplimiento grave es causa de revocación. Son requisitos obligatorios los planes de igualdad de género, las medidas contra la brecha salarial, la accesibilidad y ajustes razonables, y las medidas frente a la violencia, la discriminación o el acoso.
- Art. 5La calidad del sistema universitarioEl sistema universitario debe garantizar buen gobierno y calidad conforme a los estándares internacionales, en particular los del Espacio Europeo de Educación Superior. La calidad es responsabilidad compartida por universidades, agencias de evaluación y Administraciones Públicas competentes. El Gobierno regula por real decreto los procedimientos de evaluación, certificación y acreditación, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria. Las universidades garantizan la calidad mediante sistemas internos. Las funciones de evaluación y acreditación corresponden a ANECA y a las agencias autonómicas inscritas en EQAR. Todas las agencias tienen medidas de igualdad y, si tienen más de 50 personas trabajadoras, un plan de igualdad. El Gobierno regula la acreditación institucional de los centros.
Título IIIOrganización de enseñanzas
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- Art. 6La función docenteDocencia y formación son funciones fundamentales de la universidad; la función docente la ejerce el profesorado universitario. Es derecho y deber del PDI, con libertad de cátedra (art. 3.3). Es preferentemente presencial, pero puede ser virtual o híbrida. El estudiantado participa en planes de estudio y en la evaluación de la calidad docente. La docencia oficial (Grado, Máster Universitario y Doctorado) es válida en todo el Estado; aparte están los títulos propios, que pueden ser conjuntos con universidades o con la Administración Pública.
- Art. 7Los títulos universitariosLas universidades impartirán enseñanzas de títulos oficiales, con validez y eficacia en todo el Estado, y podrán impartir títulos propios, incluidos los de formación a lo largo de la vida. Todos los títulos deben reunir los estándares de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior. Los oficiales deben inscribirse en el Registro de Universidades, Centros y Títulos: la inscripción tiene efectos constitutivos y da la consideración inicial de título acreditado. Los no oficiales pueden inscribirse a efectos informativos. El Gobierno regula el procedimiento de inscripción. Los títulos propios no pueden inducir a confusión con los oficiales, y debe informarse al estudiantado de su carácter. La formación a lo largo de la vida admite microcredenciales, micromódulos u otros programas de corta duración.
- Art. 8Los títulos universitarios oficialesEl Gobierno, por real decreto y previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, fija las directrices para obtener y expedir títulos oficiales. Los expide el Rector o Rectora en nombre del Rey. Para impartir una enseñanza se requiere: informe preceptivo y favorable de la Comunidad Autónoma sobre su necesidad y viabilidad; informe favorable de la agencia de calidad sobre la memoria; verificación del plan por el Consejo de Universidades, y autorización de implantación por la Comunidad Autónoma. Después, el Gobierno establece el carácter oficial y ordena la inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. El Rector/a ordena publicar el plan en el BOE y en el diario oficial autonómico. El Gobierno, por real decreto, fija el plazo máximo para implantar e iniciar la docencia y los efectos de su incumplimiento.
- Art. 9Estructura de las enseñanzas oficialesLas enseñanzas universitarias oficiales tienen tres ciclos: Grado (formación básica y generalista), Máster Universitario (formación avanzada, especializada o multidisciplinar, o iniciación investigadora) y Doctorado (competencias de investigación). Las prácticas externas de Grado y Máster son plenamente formativas. El Gobierno fija reglamentariamente las directrices de los planes de Grado y Máster, incluidos los créditos ECTS. Los criterios del título de Doctor los aprueba el Gobierno por real decreto, previo informe del Consejo de Universidades. El doctorado industrial exige siempre convenio con la universidad.
- Art. 10Convalidación o adaptación de estudios, homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros, validación de experiencia y reconocimiento de créditosEl Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regula cinco materias: a) criterios generales de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros españoles o extranjeros, conforme al Espacio Europeo de Educación Superior y al Convenio de Lisboa de 11 de abril de 1997 (número 165 del Consejo de Europa); b) homologación de títulos oficiales extranjeros; c) declaración de equivalencia a Grado o Máster Universitario, con los Grados de universidades de la UE equivalentes a todos los efectos a los españoles; d) reconocimiento de experiencia laboral o profesional y formación a lo largo de la vida; e) convalidaciones y reconocimiento de créditos con otras enseñanzas de educación superior.
Título IVInvestigación y transferencia e intercambio del conocimiento e innovación
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- Art. 11Normas generalesLa investigación es función fundamental de la universidad. Para el PDI es, como la docencia, un derecho y un deber, que puede desarrollar con intensidades distintas a lo largo de su trayectoria, sin perjuicio de las normas de cada universidad. Debe abarcar los ámbitos científico, tecnológico, humanístico, artístico o cultural. Puede hacerse con otros organismos, Administraciones Públicas y entidades y empresas públicas, privadas y de economía social. Investigación y transferencia son evaluables a efectos retributivos y de promoción. La interdisciplinariedad o multidisciplinariedad es un mérito en la evaluación del PDI.
- Art. 12Fomento de la Ciencia Abierta y Ciencia CiudadanaEl conocimiento científico es un bien común. Administraciones y universidades promueven la Ciencia Abierta (acceso abierto a publicaciones, datos, códigos y metodologías). El PDI deposita la versión final aceptada y sus datos en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto, simultáneamente a la publicación. Los datos siguen los principios FAIR. Las agencias de calidad valoran el acceso abierto y usan los repositorios institucionales. Se fomenta la Ciencia Ciudadana. Cabe proteger antes de publicar la propiedad intelectual e industrial, las obtenciones vegetales o el secreto empresarial.
- Art. 13Desarrollo de proyectos para la investigación, creación y transferencia e intercambio del conocimientoLas Administraciones Públicas fomentarán la investigación y el desarrollo tecnológico universitario, sin perjuicio de los programas propios de las universidades. Lo harán mediante, entre otras, doce actuaciones (letras a a l). Entre ellas figuran conectar universidades con otros centros, atendiendo a renta, origen, territorio y género, y convocatorias de doctorado y de liderazgo joven. También programas de talento, movilidad, cooperación internacional, patentes y estructuras de apoyo. Las comisiones de evaluación y selección tendrán composición equilibrada entre hombres y mujeres y mecanismos contra los sesgos de género.
Título VCooperación, coordinación y participación en el sistema universitario
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- Art. 14Cooperación y coordinación en el sistema universitarioLos órganos de cooperación y coordinación entre las universidades y las Administraciones Públicas con competencias en política universitaria son dos: la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Universidades. Las universidades fomentarán la cooperación con otras instituciones, organismos, empresas, agentes sociales y agentes del sistema español o europeo de ciencia e innovación, entre otros instrumentos mediante alianzas estratégicas y redes de colaboración. Las tareas de coordinación corresponden al Gobierno y a las Comunidades Autónomas en su respectivo ámbito competencial, sin perjuicio de la autonomía universitaria.
- Art. 15La Conferencia General de Política UniversitariaLa Conferencia General de Política Universitaria es el órgano de cooperación y coordinación de la política universitaria entre las Administraciones Públicas, sin perjuicio de los órganos autonómicos de coordinación. Planifica y asesora la programación general y plurianual. Informa las disposiciones que afecten al conjunto del sistema e informa con carácter preceptivo la creación y reconocimiento de universidades. Aprueba, para cada curso, la oferta general de enseñanzas y plazas. La preside el Ministro o Ministra de Universidades y la componen los responsables autonómicos de educación universitaria. Su funcionamiento se rige por su reglamento interno, en el marco de la Ley 40/2015.
- Art. 16El Consejo de UniversidadesEl Consejo de Universidades es el órgano de coordinación académica del sistema universitario español y de cooperación, consulta y propuesta. Está adscrito al Ministerio de Universidades y actúa con plena autonomía funcional. Tiene siete funciones (a–g), entre ellas informar normas y verificar planes de estudios (art. 8). Lo preside el Ministro o Ministra. Son vocales los Rectores y cinco miembros designados por el Presidente. Se regula por real decreto del Consejo de Ministros.
- Art. 17El Consejo de Estudiantes Universitario del EstadoEl Consejo de Estudiantes Universitario del Estado es el órgano de participación, deliberación y consulta del estudiantado ante el Ministerio de Universidades, al que se adscribe. Tiene nueve funciones (a-i): ser interlocutor, informar propuestas del Gobierno, defender derechos estudiantiles, velar por los órganos de gobierno, elevar propuestas, pronunciarse cuando se le requiera, representar al estudiantado y participar en criterios de becas, fomentar el asociacionismo y otras legales o reglamentarias. Su composición se fija por reglamento, con un mínimo del 40 % de cada sexo y todas las universidades representadas. Lo preside el Ministro o Ministra de Universidades. La vicepresidencia primera es del Secretario o Secretaria General de Universidades y la segunda corresponde al estudiantado.
Título VIUniversidad, sociedad y cultura
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- Art. 18Cohesión social y territorialLas universidades: 1) fomentan la participación de la comunidad universitaria en actividades sobre democracia, igualdad, justicia social, paz, inclusión y Objetivos de Desarrollo Sostenible; 2) velan por campus climáticamente sostenibles mediante una Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático; 3) contribuyen a revertir la despoblación; 4) promueven un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible, colaborando con las Administraciones Locales y los actores sociales mediante Ciencia Ciudadana y aprendizaje-servicio; 5) impulsan el voluntariado conforme a la Ley 45/2015 y la normativa autonómica.
- Art. 19La cultura en la UniversidadCrear y transmitir la cultura universitaria en toda su diversidad es una «misión fundamental» de la Universidad. Las universidades deben mantener y reforzar la dimensión cultural de todas sus actividades y abrirla al entorno social con tres perspectivas: intercultural, de formación a lo largo de la vida y de democratización del conocimiento. Deben fomentar el protagonismo activo del estudiantado mediante actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias, de voluntariado y de cooperación al desarrollo. También deben asegurarle el acceso, la participación y la contribución en ellas, así como la diversidad cultural y lingüística en su diseño e implementación.
- Art. 20Universidad y diversidad lingüísticaLas universidades deben fomentar y facilitar el conocimiento y el uso, como lengua de transmisión universitaria, de las lenguas oficiales propias de sus territorios. Lo hacen conforme a sus Estatutos y a la particular normativa autonómica, y desarrollan planes específicos para ello. Las Administraciones Públicas apoyan y facilitan las políticas universitarias orientadas a la cooficialidad y a la diversidad lingüística. En las universidades públicas, la singularidad lingüística será objeto de financiación en los términos del artículo 56.
- Art. 21El patrimonio histórico, artístico y cultural universitario y las bibliotecasLas universidades deben conservar y proteger su patrimonio histórico, artístico, cultural y documental conforme a la legislación aplicable. Para ello lo registrarán y catalogarán con criterios científicos, tanto los bienes materiales como los inmateriales. Lo harán accesible a la ciudadanía mediante colecciones, exposiciones y museos. Procurarán colaborar entre ellas y con otras entidades. Digitalizarán progresivamente sus archivos y fondos bibliotecarios. Archivos, bibliotecas, museos y demás entidades culturales, en la forma que cada universidad determine, serán los agentes instrumentales.
- Art. 22El deporte y la actividad física en la UniversidadLas universidades deben promover el deporte y la actividad física con carácter transversal en todo su ámbito y, en su caso, facilitar instrumentos para compatibilizarlo con la formación académica del estudiantado. Las actividades deportivas han de ser accesibles para todas las personas, con especial atención a las desigualdades socioeconómicas y de discapacidad. A las universidades corresponde ordenar y organizar actividades y competiciones deportivas en su ámbito y, en su caso, articular fórmulas para compatibilizar los estudios de deportistas de alto nivel con su actividad deportiva.
Título VIIInternacionalización del sistema universitario
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- Art. 23Fomento de la internacionalización del sistema universitarioLas universidades fomentarán la internacionalización de docencia, investigación, transferencia, formación y planes de estudio, y su acreditación internacional, especialmente en el Espacio Europeo de Educación Superior. También fomentarán el uso de lenguas extranjeras y velarán por que no haya segregación del estudiantado por razones económicas. El Ministerio de Universidades articulará medidas e impulsará el Espacio Iberoamericano. Los Ministerios de Universidades y de Ciencia e Innovación, las CCAA y las universidades potenciarán las redes internacionales de investigación. Las universidades podrán apoyarse en el Servicio Exterior.
- Art. 24Estrategia de Internacionalización del Sistema UniversitarioEl Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las universidades, aprueba la Estrategia de Internacionalización del Sistema Universitario. Presta especial atención a la plena incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior. Promueve además la relación con el Espacio Iberoamericano de Educación Superior y del Conocimiento, la Eurorregión Pirineos Mediterráneo y otros espacios de cooperación internacional. La Estrategia define principios básicos, objetivos generales y específicos e indicadores de seguimiento y evaluación de resultados, teniendo en cuenta la Estrategia de Acción Exterior vigente. Cada universidad elabora su propia estrategia o plan de internacionalización. La implantación de esos planes y su nivel de cumplimiento son criterios de financiación por objetivos (art. 56).
- Art. 25Alianzas interuniversitariasLas Administraciones Públicas y las universidades, cada una en el ámbito de sus competencias, fomentarán y facilitarán dos cosas. La primera es la creación de alianzas interuniversitarias y la participación en ellas. La segunda es la participación en proyectos internacionales, supranacionales o eurorregionales. Estos proyectos se desarrollan con instituciones de educación superior y organismos de investigación de otros países o de organizaciones internacionales.
- Art. 26Títulos y programas conjuntosLas universidades impulsarán y facilitarán la internacionalización de su oferta académica, tanto de títulos oficiales como propios, entre otras medidas mediante títulos y programas conjuntos. También fomentarán títulos y programas conjuntos que incorporen como opción el uso de idiomas extranjeros e incentivarán los doctorados en cotutela internacional. El Ministerio de Universidades y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán y facilitarán la creación y el reconocimiento de esos títulos y programas conjuntos.
- Art. 27Movilidad internacional de la comunidad universitariaEl Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades promoverán la movilidad e intercambio del estudiantado, del PDI y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, con igualdad de oportunidades y no discriminación. Fomentarán becas y ayudas al estudio y a la formación a lo largo de la vida, que podrán dirigirse a áreas geográficas y ámbitos de conocimiento estratégicos. El Ministerio de Universidades, las CCAA y las universidades difundirán los programas con fondos UE, en particular Erasmus+, incluyendo las lenguas oficiales del Estado. También promoverán la presencia española en órganos y foros internacionales universitarios.
- Art. 28Atracción de talentoApartado 1: el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las propias universidades cooperan para atraer talento internacional al sistema universitario. Para ello se promueven programas de información, acogida, orientación, acompañamiento y formación, y otras medidas que faciliten la incorporación del estudiantado, del PDI y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios internacionales. Apartado 2: solo el Gobierno agiliza y simplifica la homologación y la equivalencia de títulos extranjeros y el acceso a las universidades, atendiendo al principio de reciprocidad. También agiliza los procedimientos migratorios de esos tres colectivos.
- Art. 29Centros en el extranjeroLas universidades pueden crear centros en el extranjero, solas o mediante acuerdos con instituciones nacionales, supranacionales o extranjeras. Estos centros imparten títulos oficiales, con validez y eficacia en todo el Estado, o títulos propios. Pueden actuar como agentes de internacionalización, en colaboración con el Servicio Exterior del Estado. Su creación y supresión las propone el Consejo de Gobierno de la universidad y las aprueba la Comunidad Autónoma competente, previo informe favorable de los Ministerios de Universidades y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
- Art. 30Cooperación internacional universitaria para la solidaridad y el desarrolloEl artículo 30 encarga a las universidades fomentar la realización de actividades orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ese fomento debe hacerse de conformidad con la normativa sobre la materia. El sujeto son las universidades, el verbo es «fomentarán» y la referencia son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Título VIIIEl estudiantado en el Sistema Universitario
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- Art. 31Derecho de accesoEl acceso a la universidad (art. 27 CE) se ejerce según el ordenamiento y las AAPP garantizan la igualdad. Normas básicas de acceso: el Gobierno, por real decreto, previo informe de la CGPU y del Consejo de Estudiantes Universitario. Acceso por experiencia laboral sin titulación: Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades. Las CCAA programan la oferta, que estudia y aprueba la CGPU y publica el Ministerio. Se reserva al menos un 5 % de plazas para discapacidad. Límites máximos de admisión: Gobierno, previo acuerdo de la CGPU.
- Art. 32Becas y ayudas al estudioSe reconoce el derecho subjetivo del estudiantado a becas y ayudas, si cumple los requisitos de sus normas reguladoras. El Estado establece un sistema general con cargo a sus presupuestos generales; las CCAA y las universidades podrán tener sistemas propios. El Gobierno regula de forma básica y con carácter de mínimos modalidades, cuantías, requisitos e incompatibilidad, revocación y reintegro. La concesión atiende prioritaria y fundamentalmente a criterios socioeconómicos. Las universidades públicas podrán eximir parcial o totalmente de precios públicos. El estudiantado con discapacidad y las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer tienen derecho a bonificación total de la matrícula.
- Art. 33Derechos relativos a la formación académicaEl artículo enumera en 18 letras (a–q) los derechos del estudiantado sobre su formación académica, sin perjuicio de los del estatuto del estudiante universitario aprobado por el Gobierno. Destacan: conocer los planes docentes y la lengua de impartición; ser informado antes de la matrícula de la modalidad presencial, virtual o híbrida; evaluación objetiva con revisión y reclamación; acceso prioritario a la formación a lo largo de la vida de su universidad de origen; y paro académico, total o parcial, declarado por el órgano de representación del estudiantado.
- Art. 34Derechos de participación y representaciónLas universidades garantizan al estudiantado una participación activa, libre y significativa en el diseño, implementación y evaluación de la política universitaria, y las libertades de expresión, reunión, manifestación y asociación. Garantizan su participación en seis ámbitos: conocimiento y planes de estudios, evaluación de títulos y docencia, gestión de servicios, innovación docente, vinculación con la sociedad y convivencia y mediación. Derecho a una representación activa, significativa y participativa en los órganos de gobierno y en los consejos de estudiantes. Acceso a información y reconocimiento de créditos.
- Art. 35Eficacia y garantía de los derechosEl artículo impone tres deberes a las universidades respecto al estudiantado. Primero, garantizar el ejercicio de sus derechos en el ámbito universitario, tanto en su dimensión individual como colectiva, asegurando procedimientos adecuados para su implementación y cumplimiento efectivos. Segundo, informarle de sus derechos. Tercero, garantizar la participación de la representación estudiantil en la elaboración de las normas que afectan al estudiantado.
- Art. 36Deberes del estudiantadoEl artículo 36 enumera cinco deberes del estudiantado universitario: a) participar de forma activa y responsable en las actividades docentes y demás actividades universitarias; b) respetar la normativa universitaria, incluida la de convivencia, en los términos de la normativa específica; c) observar las directrices del profesorado y de las autoridades universitarias; d) respetar a los miembros de la comunidad universitaria y al personal de entidades colaboradoras o que presten servicios en la universidad; e) ejercer, en su caso, las responsabilidades de los cargos de representación.
- Art. 37Equidad y no discriminaciónLas universidades garantizan que el estudiantado no sea discriminado al ejercer derechos y cumplir deberes. La lista incluye nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, condición socioeconómica, lingüística, afinidad política y sindical, apariencia y cualquier otra condición personal o social. Además: estructuras curriculares inclusivas y accesibles; acción positiva y ajustes razonables para el estudiantado con discapacidad; lenguas de signos cuando se precise; y estudios propios adaptados para personas con discapacidad intelectual.
Título IXRégimen específico de las universidades públicas
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Capítulo IRégimen jurídico y estructura de las universidades públicas
- Art. 38Régimen jurídicoLas universidades públicas se rigen por la LOSU, por su ley de creación, por sus Estatutos y por las normas estatales y autonómicas aplicables. Los Estatutos los elabora la universidad y los aprueba la Comunidad Autónoma previo control de legalidad, con un plazo de cuatro meses para el informe. Se publican en el diario oficial autonómico y en el BOE, salvo los de universidades del art. 4.1.b), aprobados por real decreto del Consejo de Ministros, que solo van al BOE. Las resoluciones del Rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro agotan la vía administrativa.
- Art. 39Rendición de cuentas, transparencia e integridadLas universidades, en ejercicio de su autonomía, deben fijar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia según la normativa autonómica, o la del Estado en el caso del artículo 4.1.b). En sus Estatutos deben recogerlos respecto a: recursos económicos y de personal; calidad y evaluación de la docencia y del rendimiento del estudiantado; investigación, transferencia e intercambio del conocimiento; captación de recursos; internacionalización; y calidad de la gestión y disponibilidad de servicios. Deben tener portal de transparencia y velar por la ética, la integridad académica y las directrices antifraude.
- Art. 40Centros y estructurasLas universidades pueden estructurarse, según lo determinen sus Estatutos, en campus, facultades, escuelas, departamentos, institutos universitarios de investigación, escuelas de doctorado u otros centros o estructuras necesarios para sus funciones. Los Estatutos fijan las funciones de esos centros: organizar enseñanzas oficiales y títulos propios, con sus estructuras de gestión, y, en su caso, las de investigación o creación artística. Deben fomentar cooperación, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y gestión administrativa integrada, y contar con los medios necesarios.
- Art. 41Creación, modificación y supresión de centros y estructurasFacultades y escuelas: su creación, modificación y supresión las acuerda la Comunidad Autónoma, a iniciativa de la universidad, mediante propuesta y aprobación de su Consejo de Gobierno. Departamentos, institutos, escuelas de doctorado y otros centros o estructuras: corresponden a la propia universidad, conforme a la LOSU, su normativa de desarrollo y sus Estatutos.
- Art. 42Adscripción de centrosPara adscribir un centro docente universitario hace falta un convenio previo con la universidad, conforme a sus Estatutos y a lo que fije reglamentariamente el Gobierno, que también establece los requisitos básicos de los centros adscritos. Si la universidad es pública, se necesita además la aprobación de la Comunidad Autónoma donde esté ubicado el centro. La propuesta la eleva el Consejo de Gobierno de la universidad, una vez informado el Consejo Social y conocida la necesidad que justifica la adscripción. Los centros pueden ser públicos o privados y solo pueden adscribirse a una única universidad. Excepcionalmente, esta condición puede dispensarse, legal o reglamentariamente, si el centro o ciertos tipos de centros tienen características particulares que lo justifiquen.
- Art. 43Unidades básicasToda universidad debe contar con unidades de igualdad y de diversidad (conjuntas o separadas), defensoría universitaria, inspección de servicios, servicios de salud y acompañamiento psicológico y pedagógico y orientación profesional, con recursos suficientes. La diversidad incluye un servicio de atención a la discapacidad. La defensoría se rige por independencia, autonomía y confidencialidad, y su máximo cargo, unipersonal o colegiado, lo elige el Claustro. La inspección se rige por independencia y autonomía, incoa e instruye expedientes disciplinarios y la dirige el PTGAS.
Capítulo IIGobernanza de las universidades públicas
- Art. 44Normas generales de gobernanza, representación y participación en las universidades públicasLos Estatutos establecerán y regularán como órganos colegiados el Claustro, el Consejo de Gobierno y el Consejo de Estudiantes, y establecerán el Consejo Social; Consejos de Escuela, Facultad o Departamento son potestativos. Órganos unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario General, Gerente y, en su caso, Decanos y Directores. Mandato de los electos: seis años improrrogables y no renovables; se exige dedicación a tiempo completo del profesorado y no cabe más de un cargo a la vez. Representantes elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Composición equilibrada entre mujeres y hombres.
- Art. 45El Claustro UniversitarioEl Claustro es el máximo órgano de representación y participación de la comunidad universitaria. Aprueba y modifica los Estatutos y el reglamento general de centros. Propone política universitaria al Equipo de Gobierno; si es normativa, al Consejo de Gobierno. Convoca elecciones extraordinarias a Rector: iniciativa de 1/3 con al menos un 30 % de profesorado permanente. Si la aprueban 2/3, el Claustro se disuelve y cesa el Rector, que sigue en funciones. Si fracasa, los firmantes esperan un año. Natos: Rector (preside), Secretario General y Gerente. Estudiantado, mínimo 25 %; permanentes, 51 %.
- Art. 46El Consejo de GobiernoEl Consejo de Gobierno es el máximo órgano de gobierno de la universidad. Aprueba los planes estratégicos (a propuesta del Equipo de Gobierno), la oferta y programación docente, las convocatorias de plazas y la RPT (con aprobación final de las Comunidades Autónomas) y los convenios. Propone al Consejo Social el Plan Plurianual de Financiación, los presupuestos y las cuentas anuales. Son miembros natos el Rector (que lo preside), el Secretario General y el Gerente. Debe haber un mínimo del 10 % de estudiantado y otro 10 % de PTGAS. Un tercio lo elige el Rector, natos incluidos.
- Art. 47El Consejo SocialEl Consejo Social es el órgano de participación y representación de la sociedad en la universidad. Elabora, aprueba y evalúa un plan trienal de actuaciones. Informa con carácter previo la oferta de titulaciones y la creación o supresión de centros. Aprueba los presupuestos, las cuentas anuales, el Plan Plurianual de Financiación (a propuesta del Consejo de Gobierno) y los complementos retributivos. Su composición la regula la ley autonómica, y la Asamblea Legislativa designa a sus miembros, oída la universidad. Son miembros el Rector, el Gerente, el Secretario General y tres representantes (PDI, PTGAS y estudiantes).
- Art. 48El Consejo de EstudiantesEl Consejo de Estudiantes es el órgano colegiado superior de representación y coordinación del estudiantado en la universidad. Sus miembros se eligen entre estudiantes de los distintos centros, con la duración y forma que fijen los Estatutos. Tiene plena autonomía dentro de la normativa propia de la universidad, que le dota de medios y espacios. Los Estatutos contemplarán la posibilidad de consejos en otras estructuras organizativas. Funciones: defender intereses, velar por derechos y deberes, hacer propuestas para el orden del día, fomentar el asociacionismo y las que fijen los Estatutos.
- Art. 49Otros órganos colegiadosLas facultades, escuelas y departamentos, si existen, tienen un Consejo como órgano de gobierno. Lo preside el Decano o Decana en las facultades y el Director o Directora en escuelas y departamentos. Las universidades pueden crear otros órganos colegiados. Los Estatutos fijan sus funciones, composición, duración y elección. La mayoría de miembros debe ser personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y Profesores Permanentes Laborales. El estudiantado debe tener al menos el 25 por ciento de cada órgano colegiado.
- Art. 50El Rector o la Rectora y su Equipo de GobiernoEl Rector o Rectora dirige, gobierna y gestiona la universidad, la representa y es su máximo órgano académico; tiene las competencias no atribuidas expresamente a otros órganos. Le apoya un Equipo de Gobierno que preside, con Vicerrectores, Gerente, Secretario General y otros que fijen los Estatutos. Los Vicerrectores salen de los cuerpos docentes funcionarios y de los Profesores Permanentes Laborales. El Secretario General sale del PDI funcionario doctor o del PTGAS funcionario con titulación universitaria; es fedatario y preside la Comisión Electoral. El Gerente se nombra de acuerdo con el Consejo Social y no puede ejercer docencia ni investigación. El Rector nombra y cesa al Equipo, puede nombrar personal eventual (art. 12 TREBEP) y no puede concurrir a promoción académica durante su mandato.
- Art. 51La elección del Rector o la RectoraEl candidato a Rector debe ser personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo, con los méritos de investigación, docencia y gestión (en algún cargo unipersonal) que fijen los Estatutos. Se elige por sufragio universal ponderado de toda la comunidad universitaria, para un mandato de seis años improrrogables y no renovables. El profesorado funcionario y Permanente Laboral pesa al menos el 51 %. En primera vuelta gana quien supere la mitad de los votos válidamente emitidos. Si no, hay segunda vuelta entre los dos más votados y basta la mayoría simple. Lo nombra el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma.
- Art. 52Otros órganos unipersonalesLas universidades con facultades, escuelas o departamentos tienen tres órganos unipersonales: Decano/a de Facultad, Director/a de Escuela y Director/a de Departamento. Representan sus centros y ejercen su dirección y gestión ordinaria. Nombran a su Equipo de Dirección según los Estatutos y eligen un Secretario/a, fedatario de las decisiones del Consejo. Decanos y Directores de Escuela se eligen por sufragio universal directo en la forma estatutaria. Los Directores de Departamento los eligen, también por sufragio universal directo, todos los miembros del Consejo de Departamento. En ambos casos se eligen entre funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y Profesores Permanentes Laborales. Los Estatutos fijan la sustitución temporal y las elecciones extraordinarias. Las demás estructuras tendrán director y secretario. Para los Institutos universitarios de investigación adscritos prevalece el convenio de adscripción.
Capítulo IIIRégimen económico y financiero de las universidades públicas
- Art. 53Marco normativoLa actividad económico-financiera y presupuestaria de las universidades se rige por la LOSU y por la legislación aplicable al sector público en estas materias. Dentro de ese marco, las Comunidades Autónomas establecen y desarrollan las normas y procedimientos de elaboración, desarrollo y ejecución del presupuesto de las universidades de su competencia. También regulan el control de sus gastos e ingresos, mediante técnicas de auditoría y con la colaboración y supervisión de los Consejos Sociales.
- Art. 54Autonomía económica y financieraLas universidades tienen autonomía económica y financiera. Esa autonomía se ejerce en los términos de la propia LOSU y de las normas de las Comunidades Autónomas. Les corresponden cuatro funciones: la elaboración, la aprobación y la gestión de sus presupuestos, y la administración de sus bienes.
- Art. 55Suficiencia financieraLas Administraciones Públicas deben dotar a las universidades de los recursos necesarios para garantizar su suficiencia financiera y cumplir la ley orgánica. En el marco del plan de incremento del gasto público para 2030 (art. 155.2 de la LO 2/2006), el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1 % del PIB al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado. Es un objetivo plurianual. Las aportaciones se fijan en los Presupuestos autonómicos, en los de las universidades y en los Presupuestos Generales del Estado, según las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
- Art. 56Programación y sistema de financiaciónLos presupuestos universitarios se encuadran en un marco a medio plazo compatible con el principio de anualidad. Las CCAA elaboran programaciones plurianuales que, coordinadas con las universidades, llevan a instrumentos con objetivos, recursos y mecanismos de evaluación. Incluyen tres ejes con indicadores acordados, medibles y contrastables: estructural basal, estructural por necesidades singulares y por objetivos, cuyo cumplimiento evalúa la Comunidad Autónoma. La investigación tiene financiación estructural y específica por convocatorias.
- Art. 57PresupuestoEl presupuesto universitario es público, único, equilibrado y comprende todos los ingresos y gastos. Su elaboración incluye informes de impacto de género y medioambiental. El artículo enumera los ingresos (letras a a i). El endeudamiento lo autoriza siempre la Comunidad Autónoma. Al menos el 5 % se destina a programas propios de investigación. Con remanente de tesorería negativo, el Consejo Social reduce gastos por igual cuantía al déficit y se informa al Consejo de Gobierno.
- Art. 58PatrimonioEl patrimonio de cada universidad es el conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones. Asume la titularidad de los bienes de dominio público afectos a sus funciones, salvo los del patrimonio histórico y cultural. Si dejan de ser necesarios o se desvían de sus funciones, la Administración de origen puede reclamar la reversión o, si no es posible, el reembolso de su valor. La disposición de inmuebles y muebles de extraordinario valor la acuerda la universidad con aprobación del Consejo Social, según normas de la Comunidad Autónoma. Incluye propiedad industrial e intelectual. Los bienes afectos a sus fines tienen exención tributaria. Las universidades tienen los beneficios fiscales de la Ley 49/2002.
- Art. 59Transparencia y rendición de cuentas en la gestión económico-financieraEl uso de los recursos económico-financieros de las universidades se rige por la transparencia y la rendición de cuentas. Rinden cuentas ante el órgano de control externo de su Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas. Se someten a la auditoría pública que fije la normativa autonómica o, en su caso, estatal. Deben tener un control interno con auditoría interna, cuyo órgano tiene autonomía funcional y no puede depender de los órganos de gobierno unipersonales. Implantarán contabilidad analítica o equivalente.
- Art. 60Colaboración con otras entidades o personas físicasPueden contratar los grupos de investigación reconocidos por la universidad, los departamentos, los institutos universitarios de investigación y su profesorado, directamente a través de ellos o mediante órganos, centros, fundaciones o estructuras similares de transferencia. Pueden hacerlo con personas físicas, universidades o entidades públicas y privadas. El objeto son trabajos de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico y actividades específicas de formación. Los órganos de gobierno de las universidades regulan la autorización de los trabajos, la celebración de los contratos y los criterios de destino de los bienes y recursos obtenidos, en el marco de las normas básicas del Gobierno.
- Art. 61Entidades o empresas basadas en el conocimientoLas universidades pueden crear o participar en empresas basadas en el conocimiento (patentes o investigación con fondos públicos). Con participación mayoritaria, se someten al capítulo (transparencia y rendición de cuentas). El personal permanente puede pedir excedencia temporal de máximo cinco años (real decreto, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria), con reserva de puesto y antigüedad. Si no pide el reingreso, pasa de oficio a excedencia voluntaria por interés particular. Ciertos límites de la Ley 53/1984 no se aplican si hay acuerdo del Consejo de Gobierno y autorización.
- Art. 62Consideración de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación como unidades funcionalesLos proyectos de investigación, desarrollo e innovación encomendados a las universidades públicas, sea por contrato, por resolución de concesión de subvención o por cualquier otro instrumento jurídico, tienen la consideración de unidades funcionales separadas dentro de la universidad. Se exige una condición: que sean autónomos en su objeto. El efecto se limita al cálculo del valor estimado del artículo 101.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
- Art. 63Creación de fundaciones públicas y otras personas jurídicas públicasSin perjuicio del artículo 61.2, las universidades pueden crear o participar, solas o con otras entidades públicas o privadas y con aprobación del Consejo Social, en fundaciones del sector público u otras personas jurídicas públicas. Rigen la legislación del sector público, la Ley 2/2011 (Economía Sostenible) y la Ley 14/2011. Las aportaciones con cargo al presupuesto universitario siguen la normativa vigente. Las entidades con participación mayoritaria universitaria quedan sometidas a este capítulo y a transparencia y rendición de cuentas como las universidades. Los instrumentos de creación fijan el porcentaje de propiedad industrial e intelectual y el reparto de rendimientos. Su gestión se ajusta a la Ley 14/2011.
Capítulo IVPersonal docente e investigador de las universidades públicas
- Art. 64Personal docente e investigadorEl PDI lo forman el profesorado de los cuerpos docentes universitarios y el profesorado laboral. El funcionario en servicio activo con destino en universidad pública y el PDI contratado a tiempo completo no pueden ser profesorado de universidades privadas ni de centros privados adscritos, sin menoscabo del art. 60.1. El funcionario debe ser mayoritario en equivalencias a tiempo completo. El laboral temporal no puede superar el 8 % en efectivos, sin computar el asociado de Ciencias de la Salud ni el ayudante doctor. Los puestos se adscriben a ámbitos de conocimiento fijados por el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades.
- Art. 65Promoción de la equidad entre el personal docente e investigadorApartado 1: en los concursos de acceso a plazas de PDI funcionario y laboral se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres. Caben reservas y preferencias: en igualdad de condiciones de idoneidad, tiene preferencia el sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría. Apartado 2: universidades y CCAA garantizan la reserva de cupo por discapacidad del artículo 59 del TREBEP. Apartado 3: las comisiones de los artículos 69, 71 y 86 tendrán composición equilibrada entre mujeres y hombres. Apartado 4: universidades y Administraciones Públicas deben favorecer la corresponsabilidad y la conciliación. Aplicarán criterios de igualdad en el régimen de dedicación y en la movilidad. Analizarán y corregirán las desigualdades por género, edad, discapacidad, origen nacional o etnicidad en los usos del tiempo académico. La acreditación incorporará criterios de igualdad y conciliación.
- Art. 66Movilidad temporal del personal docente e investigadorLa movilidad del PDI es un derecho, sin perjuicio del artículo 69. Se le aplica la regulación de movilidad del personal de investigación del artículo 17 y concordantes de la Ley 14/2011, de 1 de junio. En lo no previsto rigen la reglamentación propia de cada universidad, los convenios y los acuerdos entre Comunidades Autónomas. La vinculación a otra entidad puede ser a tiempo completo o parcial, y en ambos casos se mantiene la adscripción a la universidad de origen. Los períodos en otra universidad pública, OPI o centros de I+D+i públicos computan para antigüedad y no impiden progresar en la carrera. Universidades y Administraciones financiarán los planes de movilidad, atendiendo a la insularidad.
- Art. 67FormaciónLas universidades están obligadas a garantizar la formación docente inicial y continuada de su profesorado. Además, deben establecer planes de formación inicial y de formación a lo largo de la vida para la mejora profesional de su personal docente e investigador. Esos planes abarcan los distintos ámbitos de especialización de la actividad universitaria. Se enmarcan en la planificación estratégica y en las prioridades de formación de las propias universidades.
Sección 1.ªEl profesorado de los cuerpos docentes universitarios
- Art. 68Cuerpos docentes universitariosEl profesorado universitario funcionario pertenece solo a dos cuerpos docentes: a) Catedráticas y Catedráticos de Universidad y b) Profesoras y Profesores Titulares de Universidad. Ambos cuerpos tienen plena capacidad docente e investigadora. Este profesorado se rige por cuatro fuentes: las bases de la LOSU y su normativa de desarrollo, las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias, la legislación general de función pública que le sea de aplicación y los Estatutos de su universidad.
- Art. 69Acreditación de los cuerpos docentes universitariosPara acceder a los cuerpos docentes universitarios se exige el título de Doctor/a y la previa acreditación de la ANECA, que valora méritos y competencias. La ANECA acordará, mediante convenio, que las agencias de calidad de las Comunidades Autónomas desarrollen esa evaluación. En todo caso, para acreditarse hay que haber realizado investigación o docencia en universidades y/o centros distintos de la institución donde se presentó la tesis. El procedimiento garantiza siete aspectos (letras a a g). Lo regula un real decreto del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Universidades. El silencio es desestimatorio.
- Art. 70Personal de los cuerpos docentes universitarios que ocupe plaza vinculada a servicios asistenciales y de salud pública de instituciones sanitariasEl profesorado de los cuerpos docentes universitarios que ocupa una plaza vinculada a servicios asistenciales y de salud pública de instituciones sanitarias, en áreas clínico asistenciales y de salud pública, conforme al artículo ciento cinco de la Ley 14/1986, General de Sanidad, se rige por este artículo y por el resto de la LOSU aplicable. La plaza cuenta a todos los efectos como un solo puesto de trabajo. También se rige por la Ley 14/1986, la demás legislación sanitaria y un real decreto del Gobierno. Ese real decreto se dicta a propuesta conjunta de los titulares de Sanidad, de Universidades y, en su caso, de Defensa. Regula las competencias sobre situaciones administrativas y el régimen disciplinario. Las retribuciones se fijan a iniciativa conjunta de esos ministros y a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública.
- Art. 71Concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitariosLas universidades convocan concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes dotadas en su presupuesto. Condiciones: experiencia docente e investigadora (incluida la transferencia) con consideración análoga; comisiones con mayoría de miembros externos elegidos por sorteo público entre profesorado de igual o superior categoría, a partir de una lista cualificada; reserva anual mínima del 15 % para doctores con I3 o R3, cuyas vacantes pueden acumularse al turno libre del mismo año. La promoción interna desde Titular o Permanente Laboral exige dos años de servicios y acreditación. Sus plazas no superan las de turno libre de ese año. Se accede por concurso de méritos.
- Art. 72Concursos de movilidad del profesoradoLas universidades pueden convocar concursos de movilidad para cubrir plazas docentes vacantes dotadas en sus presupuestos. Las convocatorias se publican en el BOE y en el diario oficial autonómico. Deben incluir, como mínimo, criterios curriculares. Pueden concursar los Titulares (a plazas de Titular) y los Catedráticos (a plazas de Catedrático) con al menos dos años en el puesto de origen. También el personal investigador de los OPIS de las categorías que fijen las convocatorias, con la acreditación correspondiente. La plaza obtenida exige otros dos años antes de volver a concursar. Estas plazas no computan en la Oferta de Empleo Público.
- Art. 73Comisiones de reclamacionesHay dos reclamaciones. 1) Contra las resoluciones de las comisiones de acreditación se reclama ante el Consejo de Universidades. La valora una comisión cuya composición se fija reglamentariamente. 2) Contra las propuestas de las comisiones de los concursos de selección se reclama ante el Rector o Rectora. La valora una comisión de composición estatutaria, cuyo informe es vinculante. El Gobierno fija los requisitos de sus miembros. Admitida a trámite, se suspenden los nombramientos hasta su resolución. Las resoluciones del Consejo de Universidades y del Rector ponen fin a la vía administrativa. Se impugnan directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Ley 29/1998).
- Art. 74Reingreso de excedentes al servicio activoEl artículo 74 regula el reingreso al servicio activo del funcionariado de cuerpos docentes universitarios que esté en situación de excedencia voluntaria. No fija plazos ni requisitos propios. Se limita a remitir: ese reingreso se hará conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El dato que hay que retener es la norma a la que remite y el supuesto al que se aplica, que es la excedencia voluntaria.
- Art. 75Régimen de dedicaciónEl profesorado universitario trabaja preferentemente a tiempo completo; el tiempo parcial cabe a petición del interesado o interesada, con requisitos fijados reglamentariamente. La dedicación es compatible con trabajos científicos, tecnológicos, humanísticos o artísticos según el artículo 60. El funcionario a tiempo completo imparte entre 120 y 240 horas lectivas por curso académico. La universidad puede modificar esa horquilla por tres motivos: cuidados de personas dependientes, cargos unipersonales de gobierno o proyectos, y representación de empleados públicos. Los planes de dedicación individual son anuales. Las bases del régimen se regulan en el Estatuto del PDI.
- Art. 76Retribuciones del personal docente e investigador funcionarioEl Gobierno fija el régimen retributivo del PDI funcionario: el de la legislación general de funcionarios, adaptado a ese personal, con intervalos de niveles o categorías por cuerpo, requisitos de promoción y sus efectos retributivos. Caben tres niveles de retribuciones adicionales por méritos individuales: estatales (reglamentarias, previa valoración de la ANECA, por actividad docente, investigadora y de transferencia), autonómicas (asignadas por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno) y de cada universidad (negociadas con la parte social).
Sección 2.ªEl personal docente e investigador laboral
- Art. 77Normas generalesLas universidades públicas pueden contratar PDI laboral mediante las modalidades universitarias de la LOSU. Con financiación interna o externa, pueden contratar personal investigador (predoctoral, acceso de investigador doctor, investigador/a distinguido/a y actividades científico-técnicas) según la Ley 14/2011, de 1 de junio. Régimen: LOSU y desarrollo; supletoriamente, el Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015) y desarrollo, los convenios colectivos y, en su caso, el EBEP. Las CCAA regulan lo remitido y lo propio de su competencia. La dedicación sigue el art. 75, salvo los Asociados (art. 79). El PDI laboral negocia sus retribuciones y puede optar a retribuciones adicionales autonómicas por méritos.
- Art. 78Profesoras y Profesores Ayudantes Doctoras/esEl contrato de Ayudante Doctor se ofrece a quien tenga el título de Doctor, sin necesidad de acreditación. Nadie puede tener este contrato más de seis años, en la misma o distinta universidad. Es temporal y a tiempo completo, y dura seis años. El primer año se debe hacer un curso de formación docente inicial, que diseña la universidad. La docencia tiene un máximo de 180 horas lectivas por curso. A los tres años, la universidad hace una evaluación orientativa, que puede encargar a las agencias de calidad. El cómputo se interrumpe por incapacidad temporal, maternidad, cuidados o violencia de género. Con discapacidad, el contrato puede durar hasta ocho años.
- Art. 79Profesoras y Profesores Asociadas/osLas universidades pueden contratar como asociados a especialistas y profesionales de reconocida competencia cuya actividad principal esté fuera del ámbito académico universitario, si hay necesidades docentes específicas. Solo hacen tareas docentes, sin funciones estructurales de gestión y coordinación, con un máximo de 120 horas lectivas por curso. El contrato es indefinido y a tiempo parcial. No está sujeto a tasa de reposición ni forma parte de la OEP. Se extingue si se pierde un requisito; si cesa la actividad principal, al concluir el curso.
- Art. 80Profesoras y Profesores Sustitutas/osEl art. 80 regula dos supuestos. 1) Sustituir a PDI con reserva de puesto que suspende temporalmente sus servicios por permisos, licencias o situaciones administrativas distintas del servicio activo (incluidas bajas médicas de larga duración) o que reduzcan su docencia: rige la normativa general con peculiaridades. Selección por concurso público, con posibles bolsas de empleo. Solo actividad docente lectiva y no lectiva del art. 75, sin superar la del sustituido ni incluir investigación o gestión salvo relación directa con la docencia. Duración igual a la causa objetiva. 2) Cobertura temporal hasta la selección definitiva: igualdad, mérito y capacidad y Ley 20/2021.
- Art. 81Profesoras y Profesores Eméritas/osLas universidades, conforme a sus Estatutos, pueden nombrar Profesoras y Profesores Eméritos entre el personal docente e investigador, funcionario o laboral, ya jubilado, que haya prestado servicios destacados en docencia, investigación o transferencia e intercambio del conocimiento e innovación en la misma universidad. Su finalidad es aportar su experiencia para mejorar la docencia e impulsar la investigación y la transferencia. Los requisitos de desempeño y acceso y sus funciones los define cada universidad.
- Art. 82Profesoras y Profesores Permanentes LaboralesLas universidades pueden contratar como Profesoras y Profesores Permanentes Laborales a quienes tengan el título de Doctor y la acreditación emitida por la ANECA o por las agencias de calidad autonómicas. Funciones: docencia, investigación, transferencia e intercambio del conocimiento y, en su caso, funciones de gobierno. El contrato es fijo e indefinido. Sus derechos y deberes académicos y sus categorías son comparables a los del PDI funcionario. La dedicación es a tiempo completo, salvo tiempo parcial a petición del interesado según reglamento. Es compatible con trabajos científicos, tecnológicos, humanísticos o artísticos (art. 60).
- Art. 83Profesoras y Profesores VisitantesLas universidades pueden contratar como Profesoras y Profesores Visitantes a docentes e investigadores de otras universidades y centros de investigación, españoles o extranjeros, que puedan contribuir significativamente al desempeño de los centros universitarios. El contrato sirve para desarrollar tareas docentes y/o investigadoras y, en su caso, de transferencia e intercambio del conocimiento e innovación, en la especialidad en la que la persona haya destacado. Dura como máximo dos años, es improrrogable y no renovable, y la dedicación es a tiempo parcial o completo, según acuerden las partes.
- Art. 84Profesoras y Profesores Distinguidas/osLas universidades, según sus Estatutos y sus procedimientos de selección, pueden contratar como Profesoras y Profesores Distinguidos a docentes e investigadores, españoles o extranjeros, que desarrollen su carrera académica o investigadora en el extranjero. Su excelencia y contribución científica, tecnológica, humanística o artística deben ser significativas y reconocidas internacionalmente. La duración y las condiciones se rigen por la Ley 14/2011, de 1 de junio (modalidad de investigador distinguido). El contrato sirve para tareas docentes, investigadoras, de transferencia e intercambio del conocimiento, de innovación o de dirección de grupos, centros y programas singulares. La docencia tiene un máximo de 180 horas lectivas por curso académico.
- Art. 85AcreditaciónPara acceder a plazas de Profesora y Profesor Permanente Laboral, y en su caso promocionar en esa modalidad, se exige acreditación previa conforme a la normativa autonómica. Las Comunidades Autónomas regulan el procedimiento. Acreditan las agencias de calidad autonómicas o, en su caso, la ANECA. Las agencias trabajarán en criterios mínimos comunes y firmarán acuerdos de pleno reconocimiento. Se aplica el art. 69.1 y los párrafos a) a e) del art. 69.2. El silencio es desestimatorio.
- Art. 86Concursos para el acceso a plazas de personal docente e investigador laboralLa selección del PDI laboral se hace por concurso público, con publicidad y convocatoria comunicada con suficiente antelación al registro público de concursos del Ministerio de Universidades. Quedan fuera los Visitantes, Distinguidos, Eméritos y las modalidades de la Ley 14/2011. Las convocatorias garantizan igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia, y el recurso ante la propia universidad. Se ajustan a los arts. 65 y 71.1, salvo dos casos: Asociados (comisión de miembros de la universidad) y programas de excelencia autonómicos (comisión mayoritariamente externa).
- Art. 87Retribuciones del personal docente e investigador laboralEl régimen retributivo del PDI laboral de las universidades públicas se fija conforme a la normativa del artículo 77.2, en el marco de la legislación autonómica y mediante negociación colectiva. Las Comunidades Autónomas pueden establecer retribuciones adicionales por méritos individuales en cuatro funciones: docente, investigadora, transferencia e intercambio del conocimiento e innovación, y gestión. Las asigna el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, por procedimiento transparente. El Gobierno puede crear programas de incentivos para esas mismas funciones. Las universidades pueden fijar retribuciones adicionales mediante procedimientos negociados con la parte social y transparentes.
Sección 3.ªEl profesorado de la Unión Europea
Capítulo VPersonal técnico, de gestión y de administración y servicios de las universidades públicas
- Art. 89Personal técnico, de gestión y de administración y serviciosEl personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de las universidades públicas lo forman personal funcionario y laboral. El funcionario se rige por la LOSU, el TREBEP y los Pactos y Acuerdos de su artículo 38. El laboral se rige por la LOSU, el Estatuto de los Trabajadores, el TREBEP, la demás legislación laboral y los convenios. Ambos se rigen también por los Estatutos universitarios. Con financiación externa o ayudas competitivas se puede contratar otro personal para gestión científico-técnica, con arreglo al ET y al art. 23 bis de la Ley 14/2011. Tiene derecho a participación y representación, y a la conciliación.
- Art. 90Carrera profesionalLas universidades crean escalas de personal técnico, de gestión y de administración y servicios según los grupos de titulación de la legislación general de la función pública y el nivel de especialización. La carrera profesional tiene dos vías. La primera es la progresión de grado, categoría, escala o nivel, sin cambiar de puesto y con su remuneración, según la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos, la formación acreditada y la evaluación del desempeño. La segunda es el ascenso en la estructura de puestos, según los méritos, la especialización, las aptitudes por la especificidad de la función y la experiencia. En todo caso rigen la transparencia retributiva y la igualdad efectiva en la promoción.
- Art. 91Acceso a plazas de personal técnico, de gestión y de administración y servicios de las universidades públicasLa selección del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (funcionario y laboral) se hace superando pruebas selectivas de acceso. Se rige por la normativa aplicable y los Estatutos de cada universidad. Deben respetarse siempre los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia, publicidad y concurrencia, con posibilidad de recurso ante la propia universidad. Las convocatorias se publican en el BOE y en el diario oficial de la Comunidad Autónoma. La universidad garantiza además: transparencia y objetividad; imparcialidad e independencia de los órganos de selección; composición equilibrada entre mujeres y hombres; adecuación de las pruebas a las funciones; y mecanismos de revisión de resultados.
- Art. 92Provisión de puestos de trabajoAl proveer puestos, las universidades atienden a las necesidades del servicio y garantizan publicidad, transparencia, igualdad, y mérito y capacidad. El PTGAS se provee por concurso, al que pueden concurrir su propio personal, el de otras universidades y, en las condiciones reglamentarias, el de cuerpos y escalas de las Administraciones Públicas. La libre designación solo cabe para puestos de personal funcionario que determine cada universidad por la naturaleza de sus funciones. Universidades y Comunidades Autónomas garantizan la reserva de cupo para personas con discapacidad.
- Art. 93RetribucionesEl personal técnico, de gestión y de administración y servicios (funcionario y laboral) se retribuye con cargo a los presupuestos de su universidad. Su régimen retributivo se fija conforme al artículo 89.3, dentro de los límites máximos que determine la Comunidad Autónoma, mediante negociación colectiva y en el marco de las bases del Estado. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades pueden crear programas de incentivos por méritos individuales. Su asignación debe garantizar publicidad, objetividad e imparcialidad del órgano evaluador y transparencia retributiva.
- Art. 94Formación y movilidadLas universidades deben aprobar dos tipos de planes plurianuales para su personal técnico, de gestión y de administración y servicios. El primero es de formación a lo largo de la vida, para garantizar su mejora profesional en los distintos ámbitos de especialización universitaria. El segundo es de movilidad, para que ese personal desempeñe funciones en otras universidades o Administraciones Públicas, con convenios que aseguren la reciprocidad. Estos planes incluyen la movilidad internacional, coordinada con las Administraciones Públicas, mediante programas y convenios específicos, incluidos los de la Unión Europea. Esa movilidad se realiza con estancias formativas en instituciones de educación superior, entidades o empresas.
Título XRégimen específico de las universidades privadas
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- Art. 95Régimen jurídicoLas universidades privadas tienen personalidad jurídica propia en cualquier forma legal: con ánimo de lucro o de carácter social, incluidas las cooperativas. Su objeto social exclusivo es la educación superior, la investigación y, en su caso, la transferencia e intercambio del conocimiento, y deben realizar todas las funciones del art. 2.2. Se les aplican el título X, los títulos preliminar y I a VIII (del IV, todo salvo el art. 13) y las disposiciones adicionales 4.ª, 7.ª, 8.ª y 9.ª. También se rigen por la ley de su reconocimiento, por las normas del Estado y de las CCAA y por sus propias normas de organización y funcionamiento. Esas normas las elaboran ellas mismas, respetando la libertad de cátedra (art. 3.3), y las aprueba la Comunidad Autónoma a efectos de control de legalidad. Debe asegurarse la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria.
- Art. 96Creación de universidades y centros universitariosPersonas físicas o jurídicas pueden crear universidades o centros universitarios privados con respeto a la Constitución, esta ley y las normas estatales y autonómicas. No pueden hacerlo quienes presten servicios en una Administración educativa, tengan antecedentes penales por delitos dolosos o sanción administrativa firme por infracción muy grave o grave en materia educativa o profesional. Se extiende a personas jurídicas cuyos administradores, fundadores o titulares de un 20 % o más del capital estén en esas situaciones. Los cambios de titularidad o estructura se comunican previamente a la Comunidad Autónoma y necesitan su conformidad para ser eficaces. Su incumplimiento es causa de revocación. Los centros privados se integran o adscriben a una única universidad, salvo dispensa.
- Art. 97Centros y estructurasLas universidades privadas se organizan como determinen sus propias normas de organización y funcionamiento. Tienen tres obligaciones: contar con una defensoría universitaria, con unidades de igualdad y con unidades de diversidad. La creación, modificación y supresión de sus estructuras se hace a propuesta de la universidad, en los términos del artículo 41.
- Art. 98Órganos de gobiernoLas normas de organización y funcionamiento de cada universidad privada fijan sus órganos de gobierno, participación y representación, y cómo se designan y remueven sus miembros. En ellos deben estar representados el PDI, el personal técnico, de gestión y de administración y servicios y el estudiantado, con composición equilibrada entre mujeres y hombres. Las decisiones estrictamente académicas se adoptan por órganos con mayoría del PDI. Los órganos unipersonales podrán llamarse como en las públicas. Esas normas regulan el nombramiento y cese del Rector o equivalente, con consulta a los tres colectivos.
- Art. 99Personal docente e investigadorEl PDI de las universidades privadas y de los centros privados adscritos (a universidades públicas o privadas) se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sus normas de desarrollo y los convenios colectivos. Debe tener titulación adecuada. Debe ser doctor el mismo porcentaje que se exige a las públicas, y al menos el 60 % del profesorado doctor debe tener evaluación positiva de la ANECA o del órgano autonómico que fije la ley de la Comunidad Autónoma. El cómputo se hace en equivalente a tiempo completo del profesorado de Grado o Máster. Si su investigación se financia mayoritariamente con fondos públicos, publicará una versión digital en el plazo del artículo 37 de la Ley 14/2011.
- Art. 100Régimen económico-financieroLas universidades privadas y los centros privados adscritos a universidades públicas siguen el régimen económico-financiero propio de su naturaleza jurídica, con las particularidades de sus normas de reconocimiento. Tributan según su personalidad jurídica y sus servicios. Deben dedicar al menos el 5 % de su presupuesto a programas propios de investigación. Si reciben financiación pública parcial, o si son centros privados adscritos, deben implantar contabilidad analítica o equivalente. Las Comunidades Autónomas, en el marco estatal, regulan la inspección, pueden pedir cualquier información económico-financiera y pueden regular la transparencia.