Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario
Artículo 5. La calidad del sistema universitario
Título II. Creación y reconocimiento de las universidades y calidad del sistema universitario
En pocas palabras
El sistema universitario debe garantizar buen gobierno y calidad conforme a los estándares internacionales, en particular los del Espacio Europeo de Educación Superior. La calidad es responsabilidad compartida por universidades, agencias de evaluación y Administraciones Públicas competentes. El Gobierno regula por real decreto los procedimientos de evaluación, certificación y acreditación, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria. Las universidades garantizan la calidad mediante sistemas internos. Las funciones de evaluación y acreditación corresponden a ANECA y a las agencias autonómicas inscritas en EQAR. Todas las agencias tienen medidas de igualdad y, si tienen más de 50 personas trabajadoras, un plan de igualdad. El Gobierno regula la acreditación institucional de los centros.
Explicación sencilla
Reparte quién hace qué en materia de calidad universitaria. El Gobierno regula, por real decreto y previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria. Las universidades garantizan la calidad con sus sistemas internos. ANECA y las agencias autonómicas inscritas en EQAR evalúan y acreditan. Es clave para distinguir el órgano que regula del que evalúa.
Regla mnemotécnica
Responsabilidad compartida U-A-A: Universidades, Agencias de evaluación y Administraciones Públicas. El Gobierno regula, las agencias evalúan: real decreto con informe de la Conferencia General. Agencias: todas tienen medidas de igualdad; con más de 50 personas trabajadoras, además, plan de igualdad.
Trampa típica de examen
Creer que todas las agencias de evaluación deben tener un plan de igualdad. Todas deben contar con medidas de igualdad en sus procesos de evaluación. El plan de igualdad relativo a su organización solo es obligatorio si tienen más de 50 personas trabajadoras.
Texto del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2023 (LOSU)
1. El sistema universitario deberá garantizar niveles de buen gobierno y calidad contrastables con los estándares internacionalmente reconocidos, en particular, con los criterios y directrices establecidos para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior. 2. La promoción y el aseguramiento de dicha calidad es responsabilidad compartida por las universidades, las agencias de evaluación y las Administraciones Públicas con competencias en esta materia. El aseguramiento de la calidad se hará efectivo en las condiciones y mediante los procedimientos de evaluación, certificación y acreditación que establezca el Gobierno, mediante real decreto, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria. 3. Las universidades garantizarán la calidad académica de las actividades de sus centros, a través de los sistemas internos de garantía de calidad. 4. Las funciones de acreditación y evaluación del profesorado universitario, de acreditación institucional, de evaluación de titulaciones universitarias, de seguimiento de resultados e informe en el ámbito universitario, y de cualquier otra que les atribuyan las leyes estatales y autonómicas, corresponden a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en adelante, ANECA) y a las agencias de evaluación de las Comunidades Autónomas inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR), en el ámbito de sus respectivas competencias, todo ello sin perjuicio de los acuerdos internacionales de colaboración en el ámbito del aseguramiento de la calidad, así como del papel que agencias de calidad de otros Estados miembros inscritas en EQAR puedan desarrollar en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Las agencias de evaluación mencionadas deberán contar con medidas de igualdad relativas a sus procesos de evaluación y, en caso de contar con más de 50 personas trabajadoras, con un plan de igualdad relativo a su organización. 5. El Gobierno regulará el procedimiento y las condiciones para la acreditación institucional de los centros universitarios, basada en el reconocimiento de la capacidad de la universidad para garantizar la calidad académica de aquéllos.
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