Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario

Artículo 61. Entidades o empresas basadas en el conocimiento

Título IX. Régimen específico de las universidades públicas›Capítulo III. Régimen económico y financiero de las universidades públicas

En pocas palabras

Las universidades pueden crear o participar en empresas basadas en el conocimiento (patentes o investigación con fondos públicos). Con participación mayoritaria, se someten al capítulo (transparencia y rendición de cuentas). El personal permanente puede pedir excedencia temporal de máximo cinco años (real decreto, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria), con reserva de puesto y antigüedad. Si no pide el reingreso, pasa de oficio a excedencia voluntaria por interés particular. Ciertos límites de la Ley 53/1984 no se aplican si hay acuerdo del Consejo de Gobierno y autorización.

Explicación sencilla

Permite que la investigación universitaria financiada con fondos públicos se traslade a empresas. Fija tres garantías: la universidad debe rendir cuentas de las empresas que controla. El personal puede incorporarse a ellas sin perder su puesto. Además, se levantan ciertas incompatibilidades de la Ley 53/1984, pero solo con doble requisito: acuerdo de la universidad y autorización administrativa.

Regla mnemotécnica

5 años fuera, puesto guardado. Si no vuelves a tiempo, te declaran de oficio en excedencia por interés particular. Para librarte de incompatibilidades necesitas dos llaves: Consejo de Gobierno de la universidad + Administración competente.

Trampa típica de examen

Creer que basta el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad para no aplicar las limitaciones de la Ley 53/1984. El artículo exige además la autorización de la Administración Pública competente.

Texto del artículo 61 de la Ley Orgánica 2/2023 (LOSU)

1. Las universidades podrán crear o participar en entidades o empresas basadas en el conocimiento desarrolladas a partir de patentes o de resultados generados por la investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades. 2. Dichas entidades o empresas en cuyo capital tengan participación mayoritaria las universidades quedan sometidas a lo dispuesto en este capítulo en lo que les resulte de aplicación, en particular, a la obligación de transparencia y de rendición de cuentas en los mismos plazos y por el mismo procedimiento que las propias universidades. Los instrumentos de creación de estas entidades o empresas determinarán el porcentaje de los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual cuya titularidad corresponderá a las universidades, así como la distribución de los rendimientos económicos que se obtengan, en su caso, por aquéllas. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio. 3. El profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios, las Profesoras y Profesores Permanentes Laborales y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios, funcionario o laboral con vinculación permanente, que fundamente su participación en las actividades de investigación a las que se refiere el apartado 1 podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa o entidad participada por la universidad, mediante una excedencia temporal. El Gobierno, mediante real decreto y previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un tiempo máximo de cinco años. Durante este período, el personal en situación de excedencia tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia la persona interesada no solicitase el reingreso al servicio activo, será declarada de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular. 4. Las limitaciones establecidas en el artículo cuarto, en su caso, y en los artículos doce.1.b) y d) y dieciséis de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, no serán de aplicación a los profesores/as funcionarios/as de los cuerpos docentes universitarios, al profesorado laboral permanente y al personal técnico, de gestión y de administración y servicios funcionario y laboral cuando participen en las entidades o empresas basadas en el conocimiento previstas en este artículo, siempre que exista un acuerdo explícito del Consejo de Gobierno de la universidad y se autorice por la Administración Pública competente.

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