Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario
Artículo 55. Suficiencia financiera
Título IX. Régimen específico de las universidades públicas›Capítulo III. Régimen económico y financiero de las universidades públicas
En pocas palabras
Las Administraciones Públicas deben dotar a las universidades de los recursos necesarios para garantizar su suficiencia financiera y cumplir la ley orgánica. En el marco del plan de incremento del gasto público para 2030 (art. 155.2 de la LO 2/2006), el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1 % del PIB al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado. Es un objetivo plurianual. Las aportaciones se fijan en los Presupuestos autonómicos, en los de las universidades y en los Presupuestos Generales del Estado, según las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Explicación sencilla
El artículo fija la obligación de financiación suficiente de las universidades y cuantifica un objetivo: un mínimo del 1 % del PIB, con horizonte 2030. Su texto dice que permite equipararse progresivamente a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea. También indica en qué presupuestos se recogen las aportaciones.
Regla mnemotécnica
«Uno para el treinta»: 1 % del PIB como mínimo, plan 2030. Lo comparten las ECU: Estado, Comunidades Autónomas y Universidades.
Trampa típica de examen
En el examen se plantea que el 1 % del PIB es un objetivo que debe alcanzar cada Comunidad Autónoma o que es un máximo. El texto dice que es un mínimo y que se computa «en el conjunto del Estado».
Texto del artículo 55 de la Ley Orgánica 2/2023 (LOSU)
1. Las Administraciones Públicas dotarán a las universidades de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera que les permita dar cumplimiento a lo establecido en esta ley orgánica y asegurar la consecución de los objetivos en ella previstos. 2. En el marco del plan de incremento del gasto público para 2030 previsto en el artículo 155.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, permitiendo así la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley orgánica. Para alcanzar ese objetivo de carácter plurianual, se establecerán en los Presupuestos de las Comunidades Autónomas, en los del conjunto de universidades y en los Presupuestos Generales del Estado, las correspondientes aportaciones, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
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