Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario
Artículo 93. Retribuciones
Título IX. Régimen específico de las universidades públicas›Capítulo V. Personal técnico, de gestión y de administración y servicios de las universidades públicas
En pocas palabras
El personal técnico, de gestión y de administración y servicios (funcionario y laboral) se retribuye con cargo a los presupuestos de su universidad. Su régimen retributivo se fija conforme al artículo 89.3, dentro de los límites máximos que determine la Comunidad Autónoma, mediante negociación colectiva y en el marco de las bases del Estado. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades pueden crear programas de incentivos por méritos individuales. Su asignación debe garantizar publicidad, objetividad e imparcialidad del órgano evaluador y transparencia retributiva.
Explicación sencilla
El artículo fija quién paga a este personal (cada universidad), cómo se fija su retribución y quién puede establecer incentivos. Reparte los papeles: la Comunidad Autónoma pone los límites máximos, el Estado fija las bases y la negociación colectiva concreta el régimen. Remite al artículo 89.3 para la determinación del régimen retributivo.
Regla mnemotécnica
Paga la universidad; tope la Comunidad Autónoma; bases el Estado; negocia la negociación colectiva; incentivos, los tres: Gobierno, Comunidades Autónomas y universidades.
Trampa típica de examen
Atribuir al Estado la fijación de los límites máximos retributivos. Según el texto, los límites máximos los determina la Comunidad Autónoma; al Estado solo le corresponde fijar las bases.
Texto del artículo 93 de la Ley Orgánica 2/2023 (LOSU)
1. El personal técnico, de gestión y de administración y servicios, funcionario y laboral, será retribuido con cargo a los presupuestos de sus respectivas universidades. 2. El régimen retributivo del personal funcionario y laboral se determinará conforme a lo previsto en el artículo 89.3, dentro de los límites máximos que determine la Comunidad Autónoma, mediante negociación colectiva y en el marco de las bases que fije el Estado. 3. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades podrán establecer programas de incentivos para este personal vinculados a sus méritos individuales y a su contribución en la mejora de la actividad que desempeña en relación con la docencia, la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento o la gestión y prestación de servicios especializados. En todo caso, los incentivos económicos se asignarán mediante un procedimiento que garantice su publicidad, y de acuerdo con los principios de objetividad e imparcialidad del órgano evaluador, y de transparencia retributiva.
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