Tema 5 del temario de Auxiliar Administrativo del SAS 2026

Artículo 1. Objeto

La ley regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la transparencia en su doble vertiente: publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. La concibe como instrumento para facilitar que la ciudadanía conozca la actividad de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública, promoviendo el ejercicio responsable de esa actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena.

Artículo 2. Definiciones

Define cuatro conceptos. Información pública: contenidos o documentos, en cualquier formato o soporte, que obren en poder de las personas y entidades del título y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Publicidad activa: obligación de hacer pública por propia iniciativa la información pública de relevancia. Acceso a la información pública: posibilidad de acceder a ella con seguridad sobre su veracidad. Portal de la Junta de Andalucía: dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Administración de la Junta, totalmente gratuita.

Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación

Se aplica a la Administración de la Junta, a los Consejos Consultivo, Económico y Social y Audiovisual, a las agencias, a la Administración local y sus entes instrumentales, a las universidades públicas, a las corporaciones de derecho público en sus actividades sujetas al Derecho administrativo, a las sociedades mercantiles con participación superior al 50 por ciento y a fundaciones, asociaciones y fondos. Parlamento, Defensor del Pueblo Andaluz y Cámara de Cuentas se sujetan en sus funciones de carácter administrativo. Son administraciones públicas andaluzas las de las letras a) a g).

Artículo 4. Obligación de suministrar información

Quienes presten servicios públicos o ejerzan funciones delegadas de control u otras funciones administrativas deben suministrar a la entidad del artículo 3.1 a la que estén vinculados, previo requerimiento y en quince días, la información necesaria. La obligación alcanza a adjudicatarios de contratos y a beneficiarios de subvenciones. Si no se atiende, caben multas coercitivas, previo apercibimiento y audiencia: de 100 a 1.000 euros, reiteradas por períodos de quince días, sin exceder del 5% del importe del contrato, subvención o instrumento, o de 3.000 euros si no figura cuantía concreta.

Artículo 5. Otros sujetos obligados

Partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, en todo caso, y las entidades religiosas inscritas, corporaciones, asociaciones y otras entidades que perciban en un año ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros, o cuando al menos el 40 por ciento de sus ingresos anuales sean ayuda o subvención pública y alcancen como mínimo 5.000 euros, deben cumplir las obligaciones de transparencia de la legislación básica. Las entidades privadas concertadas y las empresas de servicios públicos locales en gestión indirecta asumen obligaciones de publicidad activa.

Artículo 6. Principios básicos

Enumera once principios básicos para interpretar y aplicar la ley: transparencia, libre acceso a la información pública, responsabilidad, no discriminación tecnológica, veracidad, utilidad, gratuidad, facilidad y comprensión, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. Cada uno lleva su definición; así, gratuidad (acceso y solicitudes gratuitos, sin perjuicio de exacciones por copias, soportes o transposición a un formato diferente al original) e interoperabilidad (publicación conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad).

Artículo 7. Derechos

Reconoce cuatro derechos. Publicidad activa: que los poderes públicos publiquen, de forma periódica y actualizada, la información veraz relevante para garantizar la transparencia. Acceso a la información pública: acceder a los contenidos o documentos que obren en poder de las personas y entidades sujetas. Resolución motivada: que se motiven las resoluciones que inadmitan, denieguen, concedan el acceso parcial o por modalidad distinta, o lo permitan con oposición de tercero. Uso de la información obtenida: sin autorización previa y sin más limitaciones que las de esta u otras leyes.

Artículo 8. Obligaciones

Quien accede a información pública debe: ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho; realizar el acceso sin afectar a la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretando lo más precisamente posible la petición (la Administración colaborará con la persona solicitante); respetar las obligaciones de la normativa básica para la reutilización de la información; y cumplir las condiciones y requisitos materiales señalados en la resolución cuando el acceso sea presencial en un archivo o dependencia pública.

Artículo 9. Normas generales

Los sujetos del artículo 3 publicarán de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada la información relevante. Las obligaciones del título son mínimas y generales. Con datos especialmente protegidos, la publicidad exige previa disociación. La información estará en sedes electrónicas, portales o páginas web; las entidades sin ánimo de lucro de fines exclusivamente sociales o culturales con presupuesto inferior a 50.000 euros podrán usar los medios electrónicos de la Administración de la que provenga la mayor parte de sus ayudas. Se publica y actualiza, con carácter general, trimestralmente.

Artículo 10. Información institucional y organizativa

Las entidades sujetas publicarán, en lo que les sea aplicable: funciones, normativa, estructura organizativa con organigrama actualizado, delegaciones de competencias vigentes, relaciones de puestos de trabajo con retribuciones anuales, resoluciones de compatibilidad, convenios colectivos, oferta pública de empleo, representantes del personal y agendas institucionales. La Junta añade el inventario de entes, el Inventario General de Bienes y Derechos y el plan e informe anual de la Inspección General de Servicios; las entidades locales, las actas de las sesiones plenarias.

Artículo 11. Información sobre altos cargos y personas que ejerzan la máxima responsabilidad de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley

Las entidades del artículo 3 harán públicas: la identificación de los altos cargos; las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por los altos cargos y por quienes ejerzan la máxima responsabilidad; las indemnizaciones por cese; las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos de la Junta y las resoluciones de autorización de actividades durante el cargo o tras el cese; y las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, omitiendo en todo caso la localización concreta de los bienes inmuebles.

Artículo 12. Información sobre planificación y evaluación

Las administraciones públicas, las sociedades mercantiles y las fundaciones públicas andaluzas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto. Su grado de cumplimiento y resultados se evaluarán y publicarán periódicamente con los indicadores de medida y valoración. Los planes y programas se publican tan pronto sean aprobados y, en todo caso, en el plazo máximo de 20 días, y permanecen publicados mientras estén vigentes, sin perjuicio de plazos más breves de las entidades locales.

Artículo 13. Información de relevancia jurídica

Las administraciones públicas andaluzas publican: directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas que interpreten el Derecho o tengan efectos jurídicos; los anteproyectos de ley cuando sean conocidos por el Consejo de Gobierno y al pedirse dictámenes; los proyectos de ley tras su aprobación por el Consejo de Gobierno; los proyectos de reglamentos al someterse a audiencia o información pública; la Memoria de Análisis de Impacto Normativo; y la relación de normas en curso. En las entidades locales se publica la versión inicial tras la aprobación inicial por el Pleno.

Artículo 14. Información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana

Las administraciones públicas andaluzas publicarán: a) el catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con su objeto, trámites y plazos y, en su caso, los formularios asociados, indicando específicamente los que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica; b) las cartas de servicios, los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos y la información disponible que permita valorarlos; c) una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras estén en trámite.

Artículo 15. Información sobre contratos, convenios y subvenciones

Las entidades del ámbito de la ley deben publicar: a) todos los contratos (objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento, número de licitadores, adjudicatario, modificaciones, prórrogas, desiertos, resoluciones, desistimientos, renuncias y subcontrataciones); los contratos menores podrán publicarse trimestralmente y se darán datos estadísticos del porcentaje en volumen presupuestario adjudicado por cada procedimiento; b) los convenios suscritos y las encomiendas de gestión; c) las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con su importe, finalidad y beneficiarios.

Artículo 16. Información económica, financiera y presupuestaria

Las personas y entidades del ámbito de la ley deberán, en su caso, publicar como mínimo: a) los presupuestos, con sus principales partidas, su estado de ejecución, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y las actuaciones de control; b) las cuentas anuales y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización de los órganos de control externo; c) la financiación de la Comunidad Autónoma; d) la Deuda Pública, con su evolución, el endeudamiento por habitante y el relativo; e) el gasto en campañas de publicidad institucional.

Artículo 17. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa

Se fomentará la inclusión de cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía, y deberá incluirse aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. Además, la Administración de la Junta de Andalucía publicará, en la medida en que las posibilidades técnicas y jurídicas lo permitan, toda la información facilitada en el ejercicio del derecho de acceso. El Consejo de Gobierno y las entidades locales, en su ámbito competencial y de autonomía, podrán ampliar reglamentariamente las obligaciones de publicación del título.

Artículo 18. Acceso a la publicidad activa

La información pública objeto de publicidad activa, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, estará disponible a través del Portal de la Junta de Andalucía. Además, la Administración de la Junta de Andalucía podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del título; esa colaboración podrá instrumentarse mediante la suscripción de convenios interadministrativos.

Artículo 19. Reutilización de la información

La información a la que se refieren los artículos anteriores se podrá reutilizar dentro de los límites de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y demás normativa vigente. A estos efectos, la información de publicidad activa se ofrecerá, siempre que sea técnicamente posible, en formatos electrónicos que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento, y deberá utilizar estándares abiertos en los términos de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Artículo 20. Auxilio institucional

Los municipios de menor población o con insuficiente capacidad económica y de gestión podrán cumplir las obligaciones de publicidad activa del título acudiendo a la asistencia técnica de la provincia al municipio, prevista en el artículo 12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, o conforme al artículo 54 de esa misma ley, con respecto a la publicación en sede electrónica de la respectiva Diputación Provincial. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.2.

Artículo 21. Publicidad de los plenos de las entidades locales

Cuando las entidades locales celebren sesiones plenarias, facilitarán su acceso a través de Internet, bien transmitiendo la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado una vez celebrada, salvo que concurran causas justificadas de imposibilidad técnica o económica. En todo caso, las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios, respetando el funcionamiento ordinario de la institución.

Artículo 22. Transparencia del funcionamiento de los gobiernos

El Consejo de Gobierno y los órganos colegiados de gobierno de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de municipios, sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones, harán públicos antes de sus reuniones el orden del día y, una vez celebradas, los acuerdos aprobados y la información del expediente, según se establezca reglamentariamente. Las consejerías proponentes determinarán, al remitir el expediente al Consejo de Gobierno, la información que deba reservarse; la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras fijará los criterios de coordinación.

Artículo 23. Control

Sin perjuicio del control interno que establezca cada entidad o Administración de acuerdo con sus propias normas organizativas, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía podrá efectuar requerimientos para la subsanación de los incumplimientos que pudieran producirse de las obligaciones establecidas en el título. Podrá hacerlo por iniciativa propia o como consecuencia de denuncia.

Artículo 24. Derecho de acceso a la información pública

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública veraz, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución española y su legislación de desarrollo y en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley.

Artículo 25. Límites al derecho de acceso a la información pública

El derecho de acceso solo podrá restringirse o denegarse en los términos de la legislación básica. Las limitaciones solo se aplican durante el período determinado por las leyes o mientras se mantenga la razón que las justifique, valorando la posibilidad de acceso parcial. Su aplicación será justificada y proporcionada y atenderá al caso concreto, especialmente a un interés público o privado superior que justifique el acceso. Las resoluciones que restrinjan o denieguen el acceso se publicarán, previa disociación de los datos personales.

Artículo 26. Protección de datos personales

Para resolver las solicitudes de acceso a la información pública que contengan datos personales, ya sean de la propia persona solicitante o de terceras personas, se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de conformidad con lo previsto en la legislación básica de acceso a la información pública.

Artículo 27. Acceso parcial

Si a la información solicitada le resulta de aplicación alguno de los límites a que se refiere el artículo 25 de la ley, se otorgará el acceso parcial a la información pública, siempre que sea posible, y de conformidad con lo previsto en la Ley básica de acceso a la información pública.

Artículo 28. Procedimiento de acceso

El procedimiento de acceso se rige por la legislación básica en materia de transparencia y por esta ley. Lo resuelve el órgano o la entidad competente en la materia a la que se refiera la información solicitada. Si la persona interesada conoce la ubicación concreta de un documento o información en un archivo determinado, podrá dirigirse al órgano responsable de ese archivo, en los términos previstos en la legislación en materia de archivos.

Artículo 29. Fomento de la tramitación electrónica

Las personas o entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley promoverán que las solicitudes se presenten por vía telemática, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6.d). En todo caso tendrán disponibles en sus sedes electrónicas, portales o páginas web, al menos, los modelos normalizados de solicitud. En la Administración de la Junta de Andalucía, la presentación electrónica de las solicitudes de acceso se hará en el Portal de la Junta de Andalucía.

Artículo 30. Reglas especiales relativas a las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso

Tres reglas sobre las causas de inadmisión de la legislación básica: a) si se inadmite porque la información está en curso de elaboración o publicación general, la denegación debe especificar el órgano que la elabora y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición; b) los informes preceptivos no pueden considerarse información auxiliar o de apoyo para inadmitir; c) no es reelaboración que justifique inadmitir la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.

Artículo 31. Deber de auxilio y colaboración

Las entidades sujetas a la ley establecerán, en sus plataformas de información y guías de orientación, la orientación necesaria para localizar la información que se solicita y los órganos que la posean. Su personal está obligado a ayudar e informar a quienes lo requieran sobre la forma y el lugar en que pueden presentar sus solicitudes de acceso. En ambos deberes se atenderá especialmente a las necesidades de las personas con discapacidad o con otras circunstancias personales que les dificulten el acceso a la información o a los medios electrónicos.

Artículo 32. Plazo de resolución y notificación

Las solicitudes deben resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En todo caso, en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período si el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiere. La ampliación se notificará a la persona solicitante.

Artículo 33. Reclamaciones frente a las resoluciones

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso cabe reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa. Las resoluciones de las instituciones y entidades del artículo 3.1.b) y 3.2 solo son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las resoluciones del Consejo se publican por medios electrónicos, previa disociación de datos personales y una vez notificadas; la persona titular de su Dirección comunica al Defensor del Pueblo Andaluz las que dicte.

Artículo 34. Materialización del acceso a la información pública

La información se entrega en la forma y formato elegidos por la persona solicitante, salvo pérdida o deterioro del soporte original, falta de equipo técnico para la copia en ese formato, afectación a la propiedad intelectual o que exista una forma o formato más sencilla o económica para el erario público. Si es electrónica, en estándar abierto o, en su defecto, legible con aplicaciones sin licencia comercial de uso. Son gratuitos el examen en el sitio y la entrega por medios electrónicos. Se publicará el listado de tasas y precios públicos; no poder pagarlos no puede impedir el acceso pleno.

Artículo 35. Integración de la transparencia en la gestión

Las entidades a las que se refiere el artículo 3.1 de la ley establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en el funcionamiento de su organización interna. Además, establecerán medidas para facilitar la transversalidad de la transparencia en la actividad general de la organización.

Artículo 36. Conservación de la información

Las entidades del artículo 3.1 conservarán la información pública que obre en su poder o en el de otras personas o entidades en su nombre, en los términos establecidos en la normativa vigente. Sin perjuicio de ello, esa información se conservará en estándares abiertos que garanticen su longevidad y manteniendo la capacidad de transformarlos automáticamente a formatos de fácil reproducción y acceso, siempre que sea técnicamente posible.

Artículo 37. Fomento de iniciativas de interoperabilidad

La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la interoperabilidad de la información entre administraciones públicas. Lo hará propiciando iniciativas conjuntas de intercambio de información entre las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley.

Artículo 38. Formación

Las administraciones públicas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley establecerán los oportunos instrumentos para facilitar la formación y cualificación profesional de las personas empleadas públicas, en especial de las que deban atender las funciones de información en el ámbito de la transparencia, tanto en lo que afecte a la publicidad activa como en el caso de quienes deban atender las solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de acceso.

Artículo 39. Divulgación

Las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la ley contemplarán, dentro de sus actuaciones de divulgación y difusión institucional, actuaciones específicamente dirigidas a facilitar que la ciudadanía conozca la información que resulta accesible y los cauces disponibles para acceder a ella, especialmente en referencia a la accesibilidad que en cada caso esté disponible por medios electrónicos.

Artículo 1. Objeto de la ley

La ley orgánica tiene dos objetos: a) adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y completar sus disposiciones; b) garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato del artículo 18.4 de la Constitución. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por ese artículo 18.4, se ejerce con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 y a esta ley orgánica.

Artículo 2. Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94

Los Títulos I a IX y los artículos 89 a 94 se aplican a todo tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales y al no automatizado de datos contenidos o destinados a un fichero. La ley no se aplica a los tratamientos excluidos por el artículo 2.2 del Reglamento general, a los de personas fallecidas (sin perjuicio del artículo 3) ni a los de materias clasificadas. Régimen electoral, instituciones penitenciarias y Registro Civil, de la Propiedad y Mercantiles: legislación específica y, supletoriamente, Reglamento y ley. Órganos judiciales y Ministerio Fiscal: Reglamento y ley.

Artículo 3. Datos de las personas fallecidas

Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho y sus herederos pueden pedir al responsable o encargado el acceso a sus datos y, en su caso, su rectificación o supresión, salvo prohibición expresa del fallecido o de una ley; esa prohibición no afecta al acceso de los herederos a los datos patrimoniales. También pueden las personas o instituciones designadas expresamente (requisitos por real decreto). Menores: además, representantes legales o Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de interesado. Con discapacidad: además, los designados para funciones de apoyo.

Artículo 4. Exactitud de los datos

Los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. La inexactitud no es imputable al responsable, siempre que haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, cuando los datos inexactos: a) se obtuvieron directamente del afectado; b) se obtuvieron de un mediador o intermediario previsto por las normas del sector, que asume las responsabilidades si comunica datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado; c) se recibieron de otro responsable por el derecho a la portabilidad; d) se obtuvieron de un registro público.

Artículo 5. Deber de confidencialidad

Los responsables y encargados del tratamiento, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, están sujetos al deber de confidencialidad del artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. Esta obligación general es complementaria de los deberes de secreto profesional, de conformidad con su normativa aplicable. Ambas obligaciones se mantienen aun cuando haya finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado

El consentimiento del afectado es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que acepta, mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de sus datos. Si el tratamiento se funda en el consentimiento para una pluralidad de finalidades, debe constar de manera específica e inequívoca que se otorga para todas ellas. No puede supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta tratamientos para finalidades sin relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad

El tratamiento de los datos de un menor de edad solo puede fundarse en su propio consentimiento cuando sea mayor de catorce años, salvo que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para celebrar el acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento. Para los menores de catorce años, el tratamiento fundado en el consentimiento solo es lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen esos titulares.

Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos

El tratamiento solo puede considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable cuando lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento, los tipos de datos y las cesiones que procedan, e imponer condiciones especiales como medidas adicionales de seguridad. Solo puede considerarse fundado en una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

Artículo 9. Categorías especiales de datos

A fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no basta para levantar la prohibición de tratar datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico; sí cabe tratarlos al amparo de los restantes supuestos del artículo 9.2 del Reglamento. Los tratamientos de sus letras g), h) e i) fundados en el Derecho español deben ampararse en una norma con rango de ley, que puede añadir requisitos de seguridad y confidencialidad y amparar tratamientos en el ámbito de la salud.

Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal

El tratamiento de datos de condenas e infracciones penales, y procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de la ejecución de sanciones penales, solo cabe si lo ampara una norma de Derecho de la Unión, esta ley orgánica u otras normas de rango legal. El registro completo puede hacerse conforme a la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Fuera de eso, solo abogados y procuradores, con la información de sus clientes.

Artículo 11. Transparencia e información al afectado

Si los datos se obtienen del afectado, el responsable puede cumplir el deber de información dando la información básica e indicando una dirección electrónica u otro medio de acceso sencillo e inmediato al resto. La información básica contiene, al menos: identidad del responsable y de su representante, finalidad y posibilidad de ejercer los derechos; si hay elaboración de perfiles, también esa circunstancia y el derecho a oponerse a decisiones individuales automatizadas. Si los datos no se obtienen del afectado, se añaden las categorías de datos y las fuentes de las que procedan.

Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos

Los derechos de los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 se ejercen directamente o por representante legal o voluntario. El responsable debe informar de los medios, que serán fácilmente accesibles, y no puede denegar el ejercicio solo porque el afectado opte por otro medio. El encargado puede tramitar las solicitudes si lo prevé el contrato o acto jurídico. La prueba de haber respondido recae en el responsable. Los titulares de la patria potestad pueden actuar por los menores de catorce años. Las actuaciones del responsable son gratuitas, con las salvedades que el artículo cita.

Artículo 13. Derecho de acceso

Si el responsable trata una gran cantidad de datos y el afectado no concreta, puede pedirle, antes de informar, que especifique los datos o actividades de tratamiento. El acceso se entiende otorgado con un sistema de acceso remoto, directo y seguro que garantice de modo permanente el acceso a la totalidad; basta comunicar cómo acceder. Puede considerarse repetitivo ejercerlo más de una vez en seis meses, salvo causa legítima. Si el afectado elige un medio distinto del ofrecido con coste desproporcionado, la solicitud es excesiva y él asume el exceso de costes.

Artículo 14. Derecho de rectificación

Al ejercer el derecho de rectificación, el afectado debe indicar en su solicitud dos cosas: a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Además, cuando sea preciso, debe acompañar la documentación que justifique la inexactitud o el carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

Artículo 15. Derecho de supresión

El derecho de supresión se ejerce conforme al artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. Regla propia: cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición del artículo 21.2 del Reglamento, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.

Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento

El derecho a la limitación del tratamiento se ejerce conforme al artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679. Regla propia: el hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable.

Artículo 17. Derecho a la portabilidad

Artículo 18. Derecho de oposición

El derecho de oposición y los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercen de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679. El artículo no añade ninguna regla propia: se limita a remitir.