Tema 10 del temario de Administrativo del Estado 2026

Artículo 140. Autonomía municipal

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a los Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes, por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones del régimen de concejo abierto.

Artículo 141. La provincia

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de sus límites debe aprobarse por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Su gobierno y administración autónoma se encomienda a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Pueden crearse agrupaciones de municipios distintas de la provincia, y en los archipiélagos las islas tendrán además administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142. Suficiencia financiera de las Haciendas locales

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 1

Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos; institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de sus colectividades. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan de idéntica autonomía para gestionar sus intereses respectivos.

Artículo 2

Para hacer efectiva la autonomía local, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas deben asegurar a Municipios, Provincias e Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles competencias según la actividad pública y su capacidad de gestión, conforme a los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Las Leyes básicas del Estado deben determinar las competencias locales en las materias que regulen.

Artículo 3

El artículo 3 distingue dos grupos. Son Entidades Locales territoriales el Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. Gozan también de la condición de Entidades Locales, sin ser territoriales, las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios (instituidas por las Comunidades Autónomas conforme a esta Ley y a sus Estatutos de Autonomía), las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.

Artículo 4

Municipios, provincias e islas tienen en todo caso, en su esfera competencial: reglamentaria y de autoorganización; tributaria y financiera; de programación o planificación; expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos; ejecución forzosa y sancionadora; revisión de oficio; prerrogativas de la Hacienda Pública e inembargabilidad de sus bienes y derechos. A otras entidades locales, las que concreten las leyes autonómicas; a las mancomunidades, las de sus Estatutos o, en su defecto, todas las precisas.

Artículo 5

Para cumplir sus fines y dentro de sus competencias, las Entidades locales tienen, de acuerdo con la Constitución y las leyes, plena capacidad jurídica para: adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes; celebrar contratos; establecer y explotar obras o servicios públicos; obligarse; interponer los recursos establecidos, y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Artículo 6

Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que tienen encomendados y actúan según los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El control de legalidad de sus acuerdos y actos lo ejercen los Tribunales.

Artículo 7

Las competencias locales son propias o atribuidas por delegación. Las propias solo las determina la Ley y se ejercen con autonomía y bajo la propia responsabilidad, coordinadas con las demás Administraciones. El Estado y las CCAA pueden delegar; lo delegado se ejerce según la disposición o acuerdo de delegación, con sujeción al artículo 27. Otras competencias distintas solo si no peligra la sostenibilidad financiera ni hay ejecución simultánea del mismo servicio, con informes previos necesarios y vinculantes.

Artículo 8

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, las Provincias y las islas pueden realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.

Artículo 9

Las normas que desarrollen la Ley 7/1985 y afecten a Municipios, Provincias, islas u otras entidades locales territoriales no pueden limitar su ámbito de aplicación a una o varias de esas entidades con carácter singular. Queda a salvo lo que la propia Ley dispone para los regímenes municipales o provinciales especiales.

Artículo 10

La Administración Local y las demás Administraciones se relacionan con cuatro deberes: información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. Procede coordinar las competencias locales cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio de la Entidad, incidan o condicionen relevantemente los de otras Administraciones o sean concurrentes o complementarios. En especial, la coordinación asegura el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y es compatible con la autonomía local.

Artículo 11

El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Sus elementos son tres: el territorio, la población y la organización.

Artículo 12

Artículo 13

Crear, suprimir o alterar municipios se rige por la ley autonómica, sin tocar límites provinciales; exigen audiencia de los municipios, dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico e informe de quien ejerza la tutela financiera. Crear municipios exige núcleos de al menos 4.000 habitantes. Los municipios colindantes de la misma provincia pueden fusionarse por convenio, aprobado por mayoría simple de cada pleno; no cabe segregarse hasta pasados diez años. Las Diputaciones, con la Comunidad Autónoma, coordinan y supervisan la integración de servicios.

Artículo 14

Un cambio de denominación de un Municipio solo tiene carácter oficial cuando, tras anotarse en el Registro creado por la Administración del Estado para inscribir todas las entidades de la Ley, se publica en el «Boletín Oficial del Estado». La denominación puede ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.

Artículo 15

Toda persona que viva en España debe inscribirse en el Padrón del municipio donde resida habitualmente; quien viva en varios, únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de inscritos en el Padrón constituye la población del municipio, y los inscritos son sus vecinos. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de la inscripción en el Padrón.

Artículo 16

El Padrón es el registro administrativo de los vecinos; sus datos prueban la residencia y el domicilio habitual, y sus certificaciones son documento público y fehaciente. La inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración y ajenos a la UE, al EEE o a Estados asimilados se renueva cada dos años; si no se renueva, caduca sin necesidad de audiencia previa. El artículo enumera los datos obligatorios, admite datos voluntarios (representante, teléfono, correo) y regula la cesión de los obligatorios; los voluntarios no se ceden en ningún caso.

Artículo 17

Formar, mantener, revisar y custodiar el Padrón corresponde al Ayuntamiento, que lo gestiona informáticamente; Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares la asumen en municipios sin capacidad. El INE coordina los Padrones y puede acudir a la ejecución sustitutoria; su Presidente resuelve discrepancias y propone al Gobierno las cifras oficiales. El Consejo de Empadronamiento, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda y presidido por el Presidente del INE, funciona en Pleno y Comisión. Los inscritos en el Padrón de españoles residentes en el extranjero son vecinos solo para el sufragio.

Artículo 18

Enumera los derechos y deberes de los vecinos: ser elector y elegible; participar en la gestión municipal; utilizar los servicios públicos y acceder a los aprovechamientos comunales; contribuir con prestaciones económicas y personales; ser informado previa petición razonada (art. 105 CE); pedir consulta popular; exigir el servicio si es competencia propia obligatoria; iniciativa popular (art. 70 bis) y los demás que fijen las leyes. El padrón no prueba la residencia legal del extranjero.

Artículo 19

El gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales, salvo en los municipios que legalmente funcionen en Concejo Abierto. Los Concejales se eligen por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; el Alcalde, por los Concejales o por los vecinos, según la legislación electoral general. Los municipios del título X se rigen por él y, en lo no previsto, por el régimen común de los artículos siguientes.

Artículo 20

En todos los ayuntamientos existen Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno. La Junta de Gobierno Local, en municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos si lo dispone el reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno. Con el mismo umbral, órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno, con participación proporcional de todos los grupos. La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, en los municipios del título X o si lo acuerda el Pleno por mayoría absoluta o lo dispone el reglamento. La Comisión Especial de Cuentas, en todos.

Artículo 21

El Alcalde preside la Corporación. Entre sus atribuciones: dirigir el gobierno y la administración municipal, convocar y presidir Pleno y Junta de Gobierno Local con voto de calidad, dictar bandos, jefatura superior del personal y de la Policía Municipal, otorgar licencias y concertar créditos previstos en el Presupuesto hasta el 10 % de los recursos ordinarios. Nombra a los Tenientes de Alcalde. No puede delegar convocar y presidir, voto de calidad, créditos, jefatura del personal, separación, despido ni las letras a), e), j), k), l) y m), aunque la j) sí en la Junta de Gobierno Local.

Artículo 22

Lo integran todos los Concejales y lo preside el Alcalde. Le corresponden en todo caso (y a la Asamblea vecinal en Concejo Abierto), entre otras: control y fiscalización de los órganos de gobierno, alteración del término municipal, aprobación inicial del planeamiento general, reglamento orgánico y ordenanzas, presupuestos y cuentas, lesividad y créditos que excedan del 10 % de los recursos ordinarios. Vota la moción de censura y la cuestión de confianza, públicas y por llamamiento nominal. Puede delegar en Alcalde y Junta de Gobierno Local, salvo 2.a) a i), l), p) y el apartado 3.

Artículo 23

La Junta de Gobierno Local la forman el Alcalde y Concejales en número no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por el Alcalde, dando cuenta al Pleno. Asiste al Alcalde y ejerce las atribuciones delegadas o legales. Los Tenientes de Alcalde lo sustituyen por orden de nombramiento en vacante, ausencia o enfermedad; los designa y remueve el Alcalde entre los miembros de la Junta o, si no existe, entre los Concejales. El Alcalde puede delegar en miembros de la Junta (o Tenientes) y hacer delegaciones especiales en cualquier Concejal.

Artículo 24

Los municipios pueden crear órganos territoriales de gestión desconcentrada para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorarla. Su organización, funciones y competencias son las que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo al asentamiento de la población en el término municipal y sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. En los municipios del artículo 121 se aplica el régimen de gestión desconcentrada del artículo 128.

Artículo 24 bis

Las leyes autonómicas de régimen local regulan los entes de ámbito territorial inferior al Municipio: carecen de personalidad jurídica y son una forma de organización desconcentrada del Municipio para administrar núcleos de población separados (caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos…). La iniciativa corresponde indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento, que debe ser oído en todo caso. Solo pueden crearse si resultan una opción más eficiente según la Ley Orgánica 2/2012.

Artículo 25

El Municipio puede promover actividades y prestar servicios públicos para la comunidad vecinal. El apartado 2 enumera, de la a) a la p), las materias en que ejercerá en todo caso competencias propias (urbanismo, medio ambiente urbano, agua, policía local, tráfico, cementerios, cultura, deporte, igualdad, energía…). Esas competencias se determinan por Ley, que irá con memoria económica, no puede suponer mayor gasto, debe evitar atribuciones simultáneas a otra Administración y exige ponderar antes la capacidad de gestión de la entidad local.

Artículo 26

Servicios obligatorios en todo caso. Todos: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable a domicilio, alcantarillado, acceso a los núcleos y pavimentación. Más de 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Más de 20.000: protección civil, necesidad y exclusión social, incendios e instalaciones deportivas de uso público. Más de 50.000: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Con menos de 20.000, la Diputación coordina seis servicios y el Ministerio decide la forma de prestación.

Artículo 27

El Estado y las CCAA pueden delegar competencias en los Municipios. La delegación debe mejorar la eficiencia, eliminar duplicidades y respetar la estabilidad presupuestaria; fija alcance, condiciones y duración (no inferior a cinco años), con memoria económica y sin mayor gasto. Exige aceptación del Municipio y financiación suficiente, siendo nula sin dotación. La delegante puede dar instrucciones, pedir información, revocar o ejecutar por sí misma. La renuncia la acuerda el Pleno.

Artículo 28

En municipios determinados de menos de 20.000 habitantes pueden establecerse sistemas de gestión colaborativa para garantizar recursos para sus competencias y una prestación de calidad y sostenible de los servicios mínimos obligatorios: racionalización organizativa, gestión común o asociativa, personal en común con otros municipios y fomento del desarrollo. Su aplicación requiere decisión de la Comunidad Autónoma, conformidad previa del municipio afectado e informe de las entidades locales afectadas.

Artículo 29

Funcionan en Concejo Abierto los municipios que tradicional y voluntariamente tengan ese régimen y aquellos en que lo aconsejen su localización geográfica, la mejor gestión u otras circunstancias; estos últimos requieren petición de la mayoría de los vecinos, mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación autonómica. Gobiernan un Alcalde y una asamblea vecinal de todos los electores. En municipios de menos de 100 residentes el alcalde puede convocar Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia.

Artículo 30

Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de la Ley 7/1985, pueden establecer regímenes especiales para los Municipios pequeños o de carácter rural y para los que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.

Artículo 31

La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Sus fines propios y específicos: garantizar la solidaridad y el equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y en particular asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial y participar en la coordinación de la Administración local con la autonómica y la del Estado. Su gobierno y administración autónoma: la Diputación u otras Corporaciones representativas.

Artículo 32

En todas las Diputaciones existen el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno, y también órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno y de seguimiento de la gestión, salvo que la legislación autonómica prevea otra forma organizativa. En ellos participan todos los grupos políticos en proporción a sus Diputados en el Pleno. Los demás órganos complementarios los regula cada Diputación, y las leyes autonómicas pueden prever una organización provincial complementaria.

Artículo 32 bis. Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares

El personal directivo que haya en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se nombra según criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional, de cuerpos o escalas del subgrupo A1. Excepción: el Reglamento Orgánico puede permitir que el titular no sea funcionario, en atención a las características específicas de las funciones de esos órganos directivos.

Artículo 33

El Pleno de la Diputación lo forman el Presidente y los Diputados. Le corresponden, entre otras: organización, ordenanzas, presupuestos, planes provinciales, control de los órganos de gobierno, plantilla y RPT, dominio público, conflictos de competencias, acciones judiciales, lesividad, créditos por encima del 10 % de los recursos ordinarios y las de mayoría especial. Vota la moción de censura y la cuestión de confianza, de forma pública y por llamamiento nominal. Puede delegar en el Presidente y la Comisión de Gobierno, salvo las letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ) y el número 3.

Artículo 34

El Presidente de la Diputación dirige el gobierno y la administración de la provincia, la representa, convoca y preside el Pleno y la Junta de Gobierno y decide los empates con voto de calidad. Concierta créditos previstos en el Presupuesto hasta el 10 % de los recursos ordinarios (tesorería, hasta el 15 % de los ingresos corrientes liquidados), aprueba la oferta de empleo público, ostenta la jefatura del personal y nombra a los Vicepresidentes. No puede delegar, entre otras, convocar y presidir, el voto de calidad, los créditos, la jefatura de personal y las letras a), i) y j).

Artículo 35

La Junta de Gobierno la forman el Presidente y Diputados en número no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por el Presidente, dando cuenta al Pleno. Le corresponde asistir al Presidente y ejercer lo que este le delegue o le atribuyan las leyes. El Presidente puede delegar en sus miembros y hacer delegaciones especiales en cualquier Diputado. Los Vicepresidentes, designados por el Presidente entre miembros de la Junta, le sustituyen por orden de nombramiento en vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 36

Competencias propias de la Diputación: las atribuidas por leyes estatales y autonómicas y, en todo caso: coordinar los servicios municipales; asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica (garantiza secretaría e intervención en menos de 1.000 habitantes); servicios supramunicipales (asume tratamiento de residuos en menos de 5.000 y prevención y extinción de incendios en menos de 20.000, si no los prestan); recaudación, apoyo financiero, administración electrónica y contratación centralizada en menos de 20.000; y seguimiento de costes efectivos. Aprueba cada año el plan provincial.

Artículo 37

Las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las Diputaciones y encomendarles la gestión ordinaria de servicios propios según sus Estatutos; en la encomienda, las Diputaciones actúan con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. El Estado puede delegar en ellas competencias de mera ejecución, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo. El ejercicio de lo delegado se acomoda al artículo 27.

Artículo 38

Cláusula de extensión: las previsiones que este Capítulo y los restantes de la Ley 7/1985 establecen para la Diputación se aplican también a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.

Artículo 39

Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Ley 7/1985 no se les aplica de forma directa, sino con carácter supletorio.

Artículo 40

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Comunidad Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que en el régimen ordinario corresponden a las Diputaciones Provinciales. Queda exceptuada la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en los términos de su propio Estatuto.

Artículo 41

Los Cabildos Insulares Canarios, órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen por la disposición adicional decimocuarta y, supletoriamente, por las normas de las Diputaciones provinciales, cuyas competencias asumen. Subsisten en Canarias las mancomunidades provinciales interinsulares solo como órganos de representación y expresión de intereses provinciales: las integran los Presidentes de los Cabildos y las preside el del Cabildo de la isla donde está la capital. A los Consejos Insulares de Baleares se les aplican las normas de las Diputaciones.

Artículo 42

Las Comunidades Autónomas, según sus Estatutos, pueden crear comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios; la iniciativa puede partir de estos. No se crea si se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que representen al menos la mitad del censo electoral. Si abarca más de una Provincia, se exige informe favorable de las Diputaciones. Las leyes autonómicas fijan ámbito, órganos (representativos de los Ayuntamientos), competencias y recursos. Los Municipios conservan los servicios del artículo 26 y alguna intervención en las materias del 25.2.

Artículo 43

Las Comunidades Autónomas pueden crear, modificar y suprimir áreas metropolitanas mediante Ley, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, conforme a sus Estatutos. Son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas con vinculaciones económicas y sociales que exigen planificación conjunta y coordinación de servicios y obras. La ley autonómica fija sus órganos (con todos los Municipios representados), su régimen económico y de funcionamiento y los servicios y obras metropolitanos.

Artículo 44

Los municipios pueden asociarse en mancomunidades para ejecutar obras y servicios determinados de su competencia. Tienen personalidad y capacidad jurídicas y se rigen por sus Estatutos (ámbito, objeto, órganos, recursos, duración…); sus órganos de gobierno representan a los ayuntamientos mancomunados. Estatutos: los elaboran los concejales de los municipios promotores en asamblea, informa la Diputación y los aprueban todos los Plenos; procedimiento similar para modificar o suprimir. Caben municipios de distintas comunidades si sus normativas lo permiten.

Artículo 45