Tema 11 del temario de Administrativo del Estado 2026

Artículo 13

La Unión dispone de un marco institucional para promover sus valores, perseguir sus objetivos y defender sus intereses. Sus instituciones son siete: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas. Cada una actúa dentro de sus atribuciones y mantienen entre sí una cooperación leal. Parlamento, Consejo y Comisión están asistidos por el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, con funciones consultivas.

Artículo 14

El Parlamento Europeo ejerce con el Consejo la función legislativa y la presupuestaria, además de control político y consultivas, y elige al Presidente de la Comisión. Lo componen representantes de los ciudadanos: no más de setecientos cincuenta, más el Presidente, con representación decrecientemente proporcional, mínimo seis y máximo noventa y seis escaños por Estado. Su composición la fija el Consejo Europeo por unanimidad, a iniciativa del Parlamento y con su aprobación. Mandato de cinco años por sufragio universal directo, libre y secreto.

Artículo 15

El Consejo Europeo da a la Unión los impulsos necesarios y define sus orientaciones y prioridades políticas generales; no ejerce función legislativa. Lo componen los Jefes de Estado o de Gobierno, su Presidente y el Presidente de la Comisión; participa el Alto Representante. Se reúne dos veces por semestre, convocado por su Presidente, y decide por consenso salvo otra previsión de los Tratados. Elige a su Presidente por mayoría cualificada para dos años y medio, renovable una sola vez; el Presidente no puede ejercer mandato nacional.

Artículo 16

El Consejo ejerce con el Parlamento la función legislativa y la presupuestaria, y define políticas y coordina. Lo compone un representante de rango ministerial de cada Estado. Decide por mayoría cualificada salvo otra previsión. Desde el 1 de noviembre de 2014, esa mayoría es al menos el 55 % de los miembros del Consejo, con un mínimo de quince, que representen al menos el 65 % de la población; la minoría de bloqueo exige al menos cuatro miembros. Se reúne en formaciones; en público cuando delibera y vota proyectos legislativos; el COREPER prepara sus trabajos.

Artículo 17

La Comisión promueve el interés general, vela por la aplicación de los Tratados, ejecuta el presupuesto y, salvo la PESC y otros casos, representa exteriormente a la Unión. Los actos legislativos solo se adoptan a propuesta suya, salvo otra previsión. Su mandato es de cinco años y actúa con plena independencia. Desde el 1 de noviembre de 2014 tiene un número de miembros igual a los dos tercios del de Estados, salvo que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificarlo. El Parlamento elige al Presidente y aprueba el colegio, que nombra el Consejo Europeo por mayoría cualificada.

Artículo 18

El Consejo Europeo nombra por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión, al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y puede cesarlo por el mismo procedimiento. El Alto Representante dirige la PESC y la ejecuta como mandatario del Consejo, preside el Consejo de Asuntos Exteriores y es uno de los Vicepresidentes de la Comisión, encargado en ella de las relaciones exteriores.

Artículo 19

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprende el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados, y garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. El Tribunal de Justicia tiene un juez por Estado, asistido por abogados generales; el Tribunal General, al menos un juez por Estado. Jueces y abogados generales son nombrados de común acuerdo por los Gobiernos para seis años, renovables. Resuelve recursos, cuestiones prejudiciales y los demás casos previstos.

Artículo 223

El Parlamento Europeo elabora un proyecto para elegir a sus miembros por sufragio universal directo, con procedimiento uniforme o principios comunes. El Consejo lo establece por unanimidad, con procedimiento legislativo especial y previa aprobación del Parlamento por mayoría de sus miembros; rige cuando lo aprueben los Estados según sus normas constitucionales. El Parlamento fija por reglamentos de propia iniciativa el estatuto de sus miembros, previo dictamen de la Comisión y con aprobación del Consejo; el régimen fiscal de miembros y antiguos miembros lo decide el Consejo por unanimidad.

Artículo 224

El Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario, establecen mediante reglamentos el estatuto de los partidos políticos a escala europea (los del artículo 10.4 del Tratado de la Unión Europea) y, en particular, las normas sobre su financiación.

Artículo 225

Por decisión de la mayoría de los miembros que lo componen, el Parlamento Europeo puede pedir a la Comisión que presente propuestas sobre cualquier asunto que, a su juicio, requiera un acto de la Unión para aplicar los Tratados. Si la Comisión no presenta ninguna, debe comunicar las razones al Parlamento.

Artículo 226

A petición de la cuarta parte de sus miembros, el Parlamento Europeo puede crear una comisión temporal de investigación para examinar alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión, salvo que un órgano jurisdiccional esté conociendo de los hechos y mientras dure ese procedimiento. La comisión termina con la presentación de su informe. Las modalidades del derecho de investigación las fija el Parlamento por reglamentos de propia iniciativa, con procedimiento legislativo especial y previa aprobación del Consejo y de la Comisión.

Artículo 227

Tiene derecho de petición ante el Parlamento Europeo cualquier ciudadano de la Unión y cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. Puede ejercerlo individualmente o asociado con otros, sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente.

Artículo 228

El Parlamento Europeo elige al Defensor del Pueblo Europeo, que recibe reclamaciones de ciudadanos y residentes por mala administración de instituciones, órganos u organismos de la Unión (salvo el Tribunal de Justicia en su función jurisdiccional). Si comprueba un caso, la institución tiene tres meses para exponer su posición; luego informa al Parlamento. Presenta un informe anual. Se elige tras cada elección parlamentaria para la legislatura, con mandato renovable; el Tribunal de Justicia puede destituirlo a petición del Parlamento. Actúa con independencia y sin otra actividad profesional.

Artículo 229

El Parlamento Europeo celebra cada año un período de sesiones y se reúne sin necesidad de convocatoria el segundo martes de marzo. Puede reunirse en período parcial de sesiones extraordinario a petición de la mayoría de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión.

Artículo 230

La Comisión puede asistir a todas las sesiones del Parlamento Europeo y comparece ante él si este lo solicita. Además, contesta oralmente o por escrito a todas las preguntas que le formulen el Parlamento o sus miembros. El Consejo Europeo y el Consejo comparecen ante el Parlamento en las condiciones de sus respectivos reglamentos internos.

Artículo 231

Como regla general, salvo que los Tratados dispongan otra cosa, el Parlamento Europeo decide por mayoría de los votos emitidos. El quórum no lo fija el Tratado, sino el reglamento interno del Parlamento.

Artículo 232

El Parlamento Europeo aprueba su propio reglamento interno por mayoría de los miembros que lo componen. Sus documentos se publican en la forma prevista en los Tratados y en ese reglamento interno.

Artículo 233

Artículo 234

El Parlamento Europeo solo puede votar una moción de censura sobre la gestión de la Comisión pasados al menos tres días desde su presentación y en votación pública. Si se aprueba por dos tercios de los votos emitidos que sean, además, mayoría de los diputados, los miembros de la Comisión dimiten colectivamente y el Alto Representante dimite de su cargo en la Comisión. Siguen en funciones, con los asuntos de administración ordinaria, hasta ser sustituidos, y el mandato de los sustitutos acaba cuando habría acabado el de los dimitidos.

Artículo 235

En las votaciones del Consejo Europeo, cada miembro puede representar a uno solo de los demás. Cuando decide por mayoría cualificada se aplican el artículo 16.4 TUE y el 238.2 TFUE, y no votan su Presidente ni el de la Comisión. Las abstenciones no impiden la unanimidad. Puede invitar al Presidente del Parlamento Europeo a comparecer, decide por mayoría simple en cuestiones de procedimiento y para aprobar su reglamento interno, y le asiste la Secretaría General del Consejo.

Artículo 236

El Consejo Europeo adopta por mayoría cualificada dos decisiones: la que fija la lista de formaciones del Consejo distintas de Asuntos Generales y Asuntos Exteriores (artículo 16.6 TUE) y la relativa a la presidencia de las formaciones del Consejo, salvo la de Asuntos Exteriores (artículo 16.9 TUE).

Artículo 237

Artículo 238

Para la mayoría simple, el Consejo decide por mayoría de sus miembros. Desde el 1 de noviembre de 2014, si no actúa a propuesta de la Comisión o del Alto Representante, la mayoría cualificada es el 72 % de los miembros que representen el 65 % de la población. Si no votan todos: 55 % de los miembros participantes con el 65 % de su población (72 % sin propuesta de Comisión o Alto Representante); la minoría de bloqueo exige los miembros que representen más del 35 % de la población más uno. Las abstenciones no impiden la unanimidad.

Artículo 239

Artículo 240

El Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos prepara los trabajos del Consejo y realiza las tareas que este le confíe; puede adoptar decisiones de procedimiento en los casos del reglamento interno del Consejo. Al Consejo le asiste una Secretaría General, bajo la responsabilidad de un Secretario General nombrado por el Consejo, que decide su organización por mayoría simple. El Consejo también decide por mayoría simple las cuestiones de procedimiento y la aprobación de su reglamento interno.

Artículo 241

El Consejo, por mayoría simple, puede pedir a la Comisión que realice los estudios que considere oportunos para alcanzar los objetivos comunes y que le presente las propuestas pertinentes. Si la Comisión no presenta ninguna propuesta, debe comunicar sus razones al Consejo.

Artículo 242

Artículo 243

El Consejo fija los sueldos, dietas y pensiones del Presidente del Consejo Europeo, del Presidente de la Comisión, del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de los miembros de la Comisión, de los Presidentes, miembros y secretarios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Secretario General del Consejo. También fija cualesquiera otros emolumentos de carácter retributivo.

Artículo 244

Los miembros de la Comisión se eligen mediante un sistema de rotación que establece el Consejo Europeo por unanimidad, conforme al artículo 17.5 TUE. Principios: rigurosa igualdad entre Estados en el orden de turno y en el período de permanencia de sus nacionales, de modo que la diferencia de mandatos entre nacionales de dos Estados nunca supere uno; y, con esa condición, cada Comisión debe reflejar de forma satisfactoria la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de los Estados.

Artículo 245

Los miembros de la Comisión deben abstenerse de actos incompatibles con sus funciones, y los Estados respetan su independencia. Durante su mandato no pueden ejercer otra actividad profesional, retribuida o no, y al asumir el cargo se comprometen a respetar, también después, los deberes de honestidad y discreción. Si incumplen, el Tribunal de Justicia, a instancia del Consejo (por mayoría simple) o de la Comisión, puede declarar su cese según el artículo 247 o privarles de la pensión u otro beneficio sustitutivo.

Artículo 246

Además de por renovación periódica o fallecimiento, el mandato de un comisario termina por dimisión voluntaria o cese. Le sustituye, por el resto del mandato, un nuevo miembro de la misma nacionalidad nombrado por el Consejo de común acuerdo con el Presidente de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo. El Consejo, por unanimidad y a propuesta del Presidente, puede decidir no sustituirlo. El Presidente y el Alto Representante también se sustituyen por el resto del mandato. Si dimite toda la Comisión, sigue despachando asuntos ordinarios hasta su sustitución.

Artículo 247

Un miembro de la Comisión puede ser cesado por el Tribunal de Justicia si deja de reunir las condiciones necesarias para ejercer sus funciones o si ha cometido una falta grave. El Tribunal actúa a instancia del Consejo, que decide por mayoría simple, o de la Comisión.

Artículo 248

Sin perjuicio del artículo 18.4 TUE y conforme al 17.6 TUE, el Presidente de la Comisión estructura y reparte entre los miembros las responsabilidades que incumben a la Comisión. Puede reorganizar ese reparto durante su mandato, y los miembros ejercen las funciones que les atribuya bajo su autoridad.

Artículo 249

La Comisión establece su reglamento interno para asegurar su funcionamiento y el de sus servicios, y lo publica. Además, publica todos los años, al menos un mes antes de que se abra el período de sesiones del Parlamento Europeo, un informe general sobre las actividades de la Unión.

Artículo 250

Artículo 251

El Tribunal de Justicia actúa en Salas o en Gran Sala, conforme a las normas del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando el Estatuto así lo disponga, también puede actuar en Pleno.

Artículo 252

El Tribunal de Justicia está asistido por ocho abogados generales. Si el Tribunal lo solicita, el Consejo, por unanimidad, puede aumentar su número. El abogado general presenta públicamente, con total imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas en los asuntos que, según el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención.

Artículo 253

Jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades independientes aptas para las más altas funciones jurisdiccionales o jurisconsultos de reconocida competencia, son designados de común acuerdo por los Gobiernos por seis años, tras consultar al comité del artículo 255. Cada tres años hay renovación parcial y pueden ser nuevamente designados. Los jueces eligen al Presidente por tres años, renovables. El Tribunal nombra a su secretario y fija su Reglamento de Procedimiento, que requiere aprobación del Consejo.

Artículo 254

El número de jueces del Tribunal General lo fija el Estatuto, que puede prever abogados generales. Sus miembros, independientes y capacitados para altas funciones jurisdiccionales, son designados de común acuerdo por los Gobiernos por seis años, tras consultar al comité del artículo 255, con renovación parcial cada tres años y posible nueva designación. Los jueces eligen al Presidente por tres años renovables. El Tribunal General nombra a su secretario y fija su Reglamento de Procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia, con aprobación del Consejo.

Artículo 255

Un comité se pronuncia sobre la idoneidad de los candidatos a juez y abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal General antes de que los Gobiernos los nombren. Lo componen siete personalidades elegidas entre antiguos miembros de ambos Tribunales, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, una de ellas propuesta por el Parlamento Europeo. El Consejo, por iniciativa del Presidente del Tribunal de Justicia, fija sus normas de funcionamiento y designa a sus miembros.

Artículo 256

El Tribunal General conoce en primera instancia de los recursos de los artículos 263, 265, 268, 270 y 272, salvo los atribuidos a un tribunal especializado o reservados por el Estatuto al Tribunal de Justicia; el Estatuto puede ampliarle categorías. Contra esas resoluciones cabe casación ante el Tribunal de Justicia, solo por cuestiones de Derecho. También ve recursos contra resoluciones de tribunales especializados y prejudiciales en materias del Estatuto; estas solo se reexaminan, con carácter excepcional, si hay riesgo grave para la unidad o coherencia del Derecho de la Unión.

Artículo 257

El Parlamento Europeo y el Consejo, por procedimiento legislativo ordinario y mediante reglamentos (a propuesta de la Comisión con consulta al Tribunal de Justicia, o a instancia de este con consulta a la Comisión), pueden crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General. Contra sus resoluciones cabe casación ante el Tribunal General (solo Derecho) o, si el reglamento lo prevé, apelación también sobre hechos. Sus miembros los designa el Consejo por unanimidad. Su Reglamento de Procedimiento se fija de acuerdo con el Tribunal de Justicia y lo aprueba el Consejo.

Artículo 258

Si la Comisión estima que un Estado miembro ha incumplido una obligación derivada de los Tratados, emite un dictamen motivado, tras ofrecer al Estado la posibilidad de presentar observaciones. Si el Estado no se atiene al dictamen en el plazo que la propia Comisión determine, la Comisión puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 259

Un Estado miembro puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si estima que otro Estado ha incumplido los Tratados, pero antes debe someter el asunto a la Comisión. Esta emite un dictamen motivado, tras oír a los Estados interesados por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio. Si la Comisión no emite el dictamen en tres meses desde la solicitud, su falta no impide recurrir al Tribunal.

Artículo 260

El Estado condenado por incumplimiento debe adoptar las medidas para ejecutar la sentencia. Si la Comisión estima que no lo ha hecho, puede volver a llevarlo al Tribunal tras oírlo, indicando el importe de la suma a tanto alzado o multa coercitiva; el Tribunal puede imponer su pago. Si la Comisión recurre por no informar de la transposición de una directiva legislativa, puede indicar ya el importe, y el Tribunal puede imponerlo dentro de ese límite, con efecto en la fecha que fije la sentencia.

Artículo 261

Los reglamentos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, y los adoptados por el Consejo, en virtud de los Tratados, pueden atribuir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una competencia jurisdiccional plena sobre las sanciones que esos mismos reglamentos prevean.

Artículo 262

El Consejo, por unanimidad, por procedimiento legislativo especial y previa consulta al Parlamento Europeo, puede atribuir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la medida que el propio Consejo determine, competencia sobre litigios relativos a la aplicación de los actos que crean títulos europeos de propiedad intelectual o industrial. Esas disposiciones entran en vigor cuando las aprueben los Estados miembros conforme a sus normas constitucionales.

Artículo 263

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea controla la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, la Comisión y el BCE que no sean recomendaciones o dictámenes, y de otros actos destinados a producir efectos frente a terceros. Motivos: incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de normas de ejecución y desviación de poder. Recurren Estados, Parlamento, Consejo y Comisión; Tribunal de Cuentas, BCE y Comité de las Regiones, para salvaguardar sus prerrogativas; los particulares, con requisitos. Plazo: dos meses.

Artículo 264

Si el recurso es fundado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado. No obstante, si lo estima necesario, el Tribunal indicará qué efectos del acto declarado nulo deben considerarse definitivos.

Artículo 265

Si el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión o el BCE, o los órganos y organismos de la Unión, se abstienen de pronunciarse violando los Tratados, los Estados miembros y las demás instituciones pueden recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Requisito: requerimiento previo; si en dos meses no definen su posición, hay un nuevo plazo de dos meses para recurrir. Los particulares pueden recurrir en queja si no se les dirigió un acto distinto de una recomendación o dictamen.

Artículo 266

La institución, órgano u organismo autor del acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria a los Tratados, está obligado a adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta obligación se entiende sin perjuicio de la que pueda resultar del párrafo segundo del artículo 340.

Artículo 267

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve con carácter prejudicial sobre la interpretación de los Tratados y sobre la validez e interpretación de los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Un órgano jurisdiccional nacional puede plantear la cuestión si la estima necesaria para su fallo; si sus decisiones no admiten ulterior recurso interno, está obligado a plantearla. Si afecta a una persona privada de libertad, el Tribunal se pronuncia con la mayor brevedad.

Artículo 268

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para conocer de los litigios sobre la indemnización por daños a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 340. El artículo atribuye esa competencia sin fijar otros requisitos: la materia es la indemnización por daños de esos párrafos.

Artículo 269

El Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre la legalidad de un acto del Consejo Europeo o del Consejo adoptado en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea solo a petición del Estado miembro objeto de la constatación y solo respecto de las normas de procedimiento de ese artículo. La petición se presenta en un mes desde la constatación, y el Tribunal resuelve en un mes desde la petición.

Artículo 270

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y sus agentes, dentro de los límites y en las condiciones que establezcan el Estatuto de los funcionarios de la Unión y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión.

Artículo 271

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea conoce de litigios sobre: a) obligaciones de los Estados derivadas de los Estatutos del BEI (el Consejo de Administración del Banco tiene las competencias del artículo 258 de la Comisión); b) acuerdos del Consejo de Gobernadores del BEI (recurren Estados, Comisión y Consejo de Administración); c) acuerdos del Consejo de Administración del BEI (solo Estados o Comisión y solo por vicio de forma); d) obligaciones de los bancos centrales nacionales (el Consejo de Gobierno del BCE tiene los poderes de la Comisión).

Artículo 272

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria incluida en un contrato, tanto de Derecho público como de Derecho privado, celebrado por la Unión o por cuenta de la Unión.

Artículo 273

El Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre cualquier controversia entre Estados miembros relacionada con el objeto de los Tratados, pero solo si se le somete en virtud de un compromiso. Sin ese compromiso, el artículo no le atribuye la controversia.

Artículo 274

Sin perjuicio de las competencias que los Tratados dan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los litigios en que la Unión sea parte no pueden quedar fuera de la competencia de las jurisdicciones nacionales por el solo hecho de que la Unión sea parte.

Artículo 275

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente sobre las disposiciones de la política exterior y de seguridad común ni sobre los actos basados en ellas. Excepciones: controlar el respeto del artículo 40 del Tratado de la Unión Europea y resolver recursos (párrafo cuarto del artículo 263) sobre la legalidad de decisiones del Consejo que establezcan medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas.

Artículo 276

En materia de espacio de libertad, seguridad y justicia (capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones de la policía u otros servicios coercitivos de un Estado miembro, ni para pronunciarse sobre las responsabilidades de los Estados en el mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.

Artículo 277

Aunque haya expirado el plazo de recurso del párrafo sexto del artículo 263, cualquier parte de un litigio en que se cuestione un acto de alcance general de una institución, órgano u organismo de la Unión puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la inaplicabilidad de ese acto, por los motivos del párrafo segundo del artículo 263.

Artículo 278

Los recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tienen efecto suspensivo: el acto impugnado se sigue ejecutando. No obstante, el Tribunal puede ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado si estima que las circunstancias así lo exigen.

Artículo 279

Artículo 280

Artículo 281

El Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea figura en un protocolo independiente. El Parlamento Europeo y el Consejo, por procedimiento legislativo ordinario, pueden modificarlo salvo su título I y su artículo 64, bien a petición del Tribunal de Justicia y previa consulta a la Comisión, bien a propuesta de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia.

El Tratado de Lisboa: estructura, competencias y naturaleza de la Unión

El Tratado de Lisboa (13-12-2007, en vigor el 1-12-2009) tiene 37 protocolos y 65 declaraciones y da lugar al TUE y al TFUE. Codifica tres tipos de competencias: exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento. Novedades: personalidad jurídica de la Unión, retirada (art. 50 TUE, dos años prorrogables), primacía en la Declaración 17, Carta vinculante, iniciativa ciudadana (un millón de ciudadanos de al menos siete Estados), Consejo Europeo como institución con presidente elegido por treinta meses renovable una vez y procedimiento legislativo ordinario ampliado de 40 a 85 ámbitos.

Las comunidades autónomas y las instituciones europeas

Las comunidades autónomas participan en los asuntos europeos sobre todo a través de la CARUE (primera reunión en 1989; antes CARCE, nombre cambiado el 15-4-2010). El Acuerdo de 1994 abrió la «fase ascendente» (formación de la voluntad estatal), pues hasta entonces solo intervenían en la «fase descendente» (ejecución). La Ley 2/1997 dio rango de ley a la Conferencia. Los Acuerdos de 9-12-2004 abrieron cuatro formaciones del Consejo y una Consejería autonómica en la REPER. Un consejero autonómico se integra en la delegación española y representa a todas, por un semestre como mínimo.

Artículo 93. Tratados que atribuyen competencias a organizaciones internacionales

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Artículo 94. Tratados que exigen autorización previa de las Cortes

La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en cinco casos: tratados de carácter político; de carácter militar; los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I; los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública; y los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados.

Artículo 95. Tratados contrarios a la Constitución

La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 96. Los tratados internacionales en el ordenamiento interno

Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Para la denuncia de los tratados se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

La autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión: Van Gend & Loos y Costa/ENEL

El Tribunal de Justicia afirmó la autonomía del Derecho de la Unión resolviendo cuestiones prejudiciales. Van Gend & Loos (5-2-1963, asunto 26/62, Tariefcommissie neerlandesa): la Comunidad es un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional cuyos sujetos son los Estados y también sus nacionales; crea obligaciones y derechos para los particulares. Costa/ENEL (15-7-1964, asunto 6/64, Giudice Conciliatore de Milán): el Tratado CEE creó un ordenamiento jurídico propio, integrado en el de los Estados, nacido de una fuente autónoma.

La primacía del Derecho de la Unión

Costa/ENEL (1964, asunto 6/64) estableció la primacía: los Estados no pueden oponer una medida unilateral posterior al ordenamiento comunitario, cuya fuerza no varía de un Estado a otro; la transferencia supone «una limitación definitiva de su soberanía». Alcance: todos los actos vinculantes de la UE frente a todos los actos nacionales, incluso posteriores (Simmenthal, 1978) y constitucionales (Internationale Handelsgesellschaft, 1970; Wünsche, 1984). No está en los Tratados: la recuerda la Declaración n.º 17 (Lisboa). La norma nacional contraria no se anula: se inaplica.

La sentencia Simmenthal: el juez nacional inaplica la ley contraria

Simmenthal (9-3-1978, asunto 106/77), cuestión prejudicial de la Pretura di Susa: el juez nacional debe aplicar íntegramente el Derecho comunitario y dejar sin aplicación toda disposición nacional contraria, «ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria» (ap. 21). Es incompatible negarle la facultad de descartarla en el momento de su aplicación (ap. 22). El fallo: la inaplica por su propia iniciativa, aunque sea posterior, sin solicitar ni esperar su derogación legislativa o por otro procedimiento constitucional. Francovich (1991) la cita como jurisprudencia reiterada.

El efecto directo: la sentencia Van Gend & Loos

Van Gend & Loos (5-2-1963, 26/62): la Tariefcommissie neerlandesa preguntó si el artículo 12 del Tratado CEE tenía «efecto interno» (arancel del 8 % a urea-formaldehído importada de Alemania). El Tribunal declaró que produce efectos directos y genera derechos individuales que los jueces nacionales deben proteger. Condiciones para el Derecho primario: obligaciones precisas, claras, incondicionales y sin medidas complementarias. Becker: sin efecto directo si hay margen de discrecionalidad, por mínimo que sea. Aspectos: vertical (frente al Estado) y horizontal (frente a otro particular).

La aplicabilidad directa del reglamento y el efecto directo de los demás actos

Actos del art. 288 TFUE: reglamento, directiva, decisión, recomendación y dictamen. El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable desde su entrada en vigor (la fecha que fije o, si no, el vigésimo día tras su publicación en el DOUE), sin transposición; tiene efecto directo si es claro, preciso y pertinente (Politi). Decisiones dirigidas a un Estado: solo efecto vertical (Hansa Fleisch). Acuerdos internacionales: criterios de Van Gend & Loos (Demirel). Dictámenes y recomendaciones: no vinculantes, sin efecto directo.

El efecto directo de las directivas

La directiva obliga al Estado destinatario en cuanto al resultado y deja la forma y los medios; exige transposición en plazo, con cooperación leal (art. 4.3 TUE). No es directamente aplicable, pero excepcionalmente tiene efecto directo si no se ha transpuesto o se transpuso mal, es incondicional, clara y precisa, y confiere derechos a los individuos; con las dos primeras, las autoridades deben tenerla en cuenta. Según EUR-Lex, lo estableció Van Duyn (1974). Solo vertical: ni el Estado la invoca contra un particular (Ratti) ni un particular contra otro (Faccini Dori).

La responsabilidad del Estado por incumplimiento: la sentencia Francovich

Francovich (19-11-1991, C-6/90 y C-9/90): Italia no había adaptado a tiempo su Derecho a la Directiva 80/987/CEE (trabajadores ante la insolvencia del empresario). Los trabajadores no podían invocarla contra el Estado, porque no precisaba quién prestaba la garantía, pero el Estado debe reparar los daños: su responsabilidad «es inherente al sistema del Tratado». Requisitos: derechos para particulares, identificables en la directiva, y causalidad. Se repara según el Derecho nacional, en condiciones no menos favorables. Para el Parlamento Europeo no hace falta probar falta.

Las comunidades autónomas y la aplicación del Derecho de la Unión

Según el preámbulo del RD 515/2013, la adhesión de 1986 integró el Derecho comunitario en nuestras fuentes, y la primacía, el efecto directo y la colaboración leal vinculan a todas las Administraciones. Ante las instituciones europeas responde el Reino de España; internamente, cada Administración según sus competencias, y la AGE puede repercutirle la responsabilidad. Base legal: LO 2/2012 (art. 8 y disposición adicional segunda), desarrollada por el RD 515/2013. La Junta desarrolla y ejecuta el Derecho de la Unión en sus materias (art. 235 del Estatuto).