SistemaUE
El Derecho de la Unión y sus políticas
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Crear cuenta gratisResumen
El Tribunal de Justicia afirmó la autonomía del Derecho de la Unión resolviendo cuestiones prejudiciales. Van Gend & Loos (5-2-1963, asunto 26/62, Tariefcommissie neerlandesa): la Comunidad es un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional cuyos sujetos son los Estados y también sus nacionales; crea obligaciones y derechos para los particulares. Costa/ENEL (15-7-1964, asunto 6/64, Giudice Conciliatore de Milán): el Tratado CEE creó un ordenamiento jurídico propio, integrado en el de los Estados, nacido de una fuente autónoma.
Explicación sencilla
Estas dos sentencias son la base de todo el sistema: de la idea de un ordenamiento propio y autónomo, integrado en el de los Estados y con los particulares como sujetos, el Tribunal deriva después los derechos que los nacionales pueden hacer valer ante sus jueces y la vinculación de los órganos jurisdiccionales nacionales.
Regla mnemotécnica
Primero Holanda, luego Italia: 1963 Van Gend & Loos (26/62, Tariefcommissie neerlandesa) y 1964 Costa/ENEL (6/64, Giudice Conciliatore de Milán). El tulipán florece antes que el risotto.
⚠️ Truco / trampa típica
Confundir las dos sentencias: la petición de la Tariefcommissie neerlandesa dio lugar a Van Gend & Loos (1963, asunto 26/62), mientras que Costa/ENEL (1964, asunto 6/64) respondió al Giudice Conciliatore de Milán.
La autonomía del Derecho de la Unión fue afirmada por el Tribunal de Justicia en sus primeras grandes sentencias, dictadas en respuesta a peticiones de decisión prejudicial de jueces nacionales. En la sentencia de 5 de febrero de 1963, Van Gend & Loos (asunto 26/62), a petición de la Tariefcommissie neerlandesa, el Tribunal concluyó que «la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional, a favor del cual los Estados miembros han limitado su soberanía, si bien en un ámbito restringido, y cuyos sujetos son, no sólo los Estados miembros, sino también sus nacionales». Añadió que el Derecho comunitario, «autónomo respecto a la legislación de los Estados miembros», crea obligaciones a cargo de los particulares y está destinado también a generar derechos que se incorporan a su patrimonio jurídico; esos derechos nacen no solo cuando el Tratado los atribuye de modo explícito, sino también en razón de obligaciones que impone de manera perfectamente definida. En la sentencia de 15 de julio de 1964, Costa/ENEL (asunto 6/64), a petición del Giudice Conciliatore de Milán, el Tribunal afirmó que, «a diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, el Tratado de la CEE creó un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros desde la entrada en vigor del Tratado, y que vincula a sus órganos jurisdiccionales». Al instituir una Comunidad de duración indefinida, dotada de instituciones propias, de personalidad, de capacidad jurídica, de capacidad de representación internacional y de poderes reales derivados de una limitación de competencia o de una transferencia de atribuciones, los Estados limitaron su soberanía, aunque en materias específicas. Calificó ese Derecho como «nacido de una fuente autónoma». (Tribunal de Justicia, sentencias de 5-2-1963, Van Gend & Loos, 26/62, y de 15-7-1964, Costa/ENEL, 6/64, fundamentos de Derecho, EUR-Lex.)
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Resumen
Costa/ENEL (1964, asunto 6/64) estableció la primacía: los Estados no pueden oponer una medida unilateral posterior al ordenamiento comunitario, cuya fuerza no varía de un Estado a otro; la transferencia supone «una limitación definitiva de su soberanía». Alcance: todos los actos vinculantes de la UE frente a todos los actos nacionales, incluso posteriores (Simmenthal, 1978) y constitucionales (Internationale Handelsgesellschaft, 1970; Wünsche, 1984). No está en los Tratados: la recuerda la Declaración n.º 17 (Lisboa). La norma nacional contraria no se anula: se inaplica.
Explicación sencilla
La primacía resuelve los conflictos entre la norma de la Unión y la nacional y garantiza la aplicación uniforme del Derecho de la UE: no se anula la disposición nacional contraria, sino que autoridades y jueces nacionales deben negarse a aplicarla, sea cual sea su rango.
Regla mnemotécnica
Primacía, sin artículo en los Tratados: la recuerda la Declaración n.º 17 (Lisboa). Alcance en tres sentencias: Simmenthal 1978 (actos nacionales posteriores), Internationale Handelsgesellschaft 1970 y Wünsche 1984 (constituciones nacionales).
⚠️ Truco / trampa típica
Creer que la primacía está recogida expresamente en los Tratados: no lo está; la recuerda como principio fundamental la Declaración n.º 17, aneja al Acta Final de la Conferencia que adoptó el Tratado de Lisboa.
En Costa/ENEL (sentencia de 15 de julio de 1964, asunto 6/64) el Tribunal de Justicia razonó que la integración en el Derecho de cada Estado de disposiciones de fuente comunitaria impide que los Estados hagan prevalecer, contra un ordenamiento aceptado sobre una base de reciprocidad, una medida unilateral posterior; que la fuerza vinculante de ese Derecho no puede variar de un Estado a otro en razón de legislaciones internas ulteriores, y que la transferencia de derechos y obligaciones al ordenamiento comunitario entraña «una limitación definitiva de su soberanía». Vio confirmada la primacía en el artículo 189 del Tratado CEE, según el cual los reglamentos son obligatorios y directamente aplicables en cada Estado miembro. Según la síntesis de EUR-Lex, esta sentencia estableció el principio general de la precedencia (también denominada «primacía» o «supremacía») del Derecho de la Unión. La jurisprudencia posterior precisó su alcance: - se aplica a todos los actos de la UE con efecto vinculante, de Derecho primario o derivado; - afecta a todos los actos nacionales, cualquiera que sea su carácter y aunque los dicte el poder ejecutivo o el legislativo, incluso si se adoptaron después del acto de la UE (sentencia Simmenthal, de 1978); - incluye las disposiciones de una constitución nacional que contradicen el Derecho de la Unión (sentencias Internationale Handelsgesellschaft, de 1970, y Wünsche, de 1984). La primacía no está incluida en los Tratados: la Declaración relativa a la primacía (n.º 17), aneja al Acta Final de la Conferencia que adoptó el Tratado de Lisboa, la recuerda como principio fundamental. El glosario de EUR-Lex precisa que las disposiciones nacionales contrarias «no se anulan o invalidan automáticamente», sino que las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales deben negarse a aplicarlas, y que la primacía pretende garantizar la aplicación uniforme del Derecho de la UE. (Tribunal de Justicia, sentencia Costa/ENEL, 6/64; EUR-Lex, síntesis «Primacía del Derecho europeo», 2021, y glosario «Primacía del Derecho de la Unión», 2026.)
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Resumen
Simmenthal (9-3-1978, asunto 106/77), cuestión prejudicial de la Pretura di Susa: el juez nacional debe aplicar íntegramente el Derecho comunitario y dejar sin aplicación toda disposición nacional contraria, «ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria» (ap. 21). Es incompatible negarle la facultad de descartarla en el momento de su aplicación (ap. 22). El fallo: la inaplica por su propia iniciativa, aunque sea posterior, sin solicitar ni esperar su legislativa o por otro procedimiento constitucional. Francovich (1991) la cita como jurisprudencia reiterada.
Explicación sencilla
Simmenthal concreta la primacía en el trabajo diario del juez: no necesita que el legislador derogue la ley contraria ni que un órgano constitucional la declare inconstitucional; la deja sin aplicar él mismo, en el asunto concreto, para garantizar la plena eficacia de la norma comunitaria.
Regla mnemotécnica
Simmenthal = Sin esperar: el juez inaplica por su propia iniciativa la ley contraria, anterior o posterior (1978, asunto 106/77, Pretura di Susa).
⚠️ Truco / trampa típica
Pensar que la inaplicación solo alcanza a las leyes nacionales posteriores (o solo a las anteriores) a la norma comunitaria: el 21 la extiende a toda disposición nacional contraria, sea anterior o posterior.
La sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 1978, Amministrazione delle Finanze dello Stato/Simmenthal (asunto 106/77), resolvió una petición de decisión prejudicial de la Pretura di Susa (Italia). El juez italiano preguntaba si las disposiciones nacionales posteriores contrarias a normas comunitarias directamente aplicables debían considerarse inaplicables sin esperar a su eliminación por el legislador (derogación) o por otros órganos constitucionales (declaración de inconstitucionalidad). El Tribunal razonó que los jueces nacionales que conocen de un asunto en el marco de su competencia están obligados a aplicar íntegramente el Derecho comunitario y a proteger los derechos que confiere a los particulares, dejando sin aplicación toda disposición de la ley nacional contraria, «ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria» (apartado 21). Son incompatibles con la naturaleza del Derecho comunitario las disposiciones nacionales y las prácticas legislativas, administrativas o judiciales que disminuyan su eficacia negando al juez competente la facultad de descartar, en el momento mismo de su aplicación, las disposiciones nacionales que obstaculicen la plena eficacia de las normas comunitarias (apartado 22). El fallo declara: «Los Jueces nacionales encargados de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, están obligados a garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si procede, inaplicadas, por su propia iniciativa, cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación nacional, aunque sean posteriores, sin que estén obligados a solicitar o a esperar la derogación previa de éstas por vía legislativa o mediante otro procedimiento constitucional.» La sentencia Francovich (1991) cita Simmenthal como jurisprudencia reiterada sobre la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de garantizar la plena eficacia de las normas comunitarias. (Tribunal de Justicia, sentencia de 9-3-1978, Simmenthal, 106/77, apartados 21 y 22 y fallo; sentencia Francovich, C-6/90 y C-9/90, apartado 32, EUR-Lex.)
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Resumen
Van Gend & Loos (5-2-1963, 26/62): la Tariefcommissie neerlandesa preguntó si el artículo 12 del Tratado CEE tenía «efecto interno» (arancel del 8 % a urea-formaldehído importada de Alemania). El Tribunal declaró que produce efectos directos y genera derechos individuales que los jueces nacionales deben proteger. Condiciones para el Derecho primario: obligaciones precisas, claras, incondicionales y sin medidas complementarias. Becker: sin efecto directo si hay margen de discrecionalidad, por mínimo que sea. Aspectos: vertical (frente al Estado) y horizontal (frente a otro particular).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEn el asunto Van Gend & Loos (26/62), la Tariefcommissie neerlandesa preguntó si el artículo 12 del Tratado CEE tenía «efecto interno», es decir, si los justiciables podían invocar con base en él derechos individuales que el juez debiera proteger; el litigio versaba sobre un derecho arancelario del 8 % aplicado a la importación en los Países Bajos de urea-formaldehído procedente de Alemania. La sentencia de 5 de febrero de 1963 declaró: «El artículo 12 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea produce efectos directos y genera en favor de los justiciables derechos individuales que los órganos jurisdiccionales nacionales deben proteger.» Según la síntesis de EUR-Lex, con esta sentencia el Tribunal consagra el efecto directo: el Derecho de la UE no solo genera obligaciones para los Estados miembros, sino también derechos para los particulares, que pueden invocarlo directamente ante los tribunales nacionales y europeos. Para el Derecho primario fijó como condición que las obligaciones sean precisas, claras, incondicionales y no requieran medidas complementarias, de carácter nacional o europeo. En la sentencia Becker el Tribunal rechazó el efecto directo cuando los países tienen un margen de discrecionalidad en la aplicación de la disposición, por mínimo que sea. El efecto directo tiene dos aspectos: - vertical: en las relaciones entre los particulares y el Estado; el particular puede acogerse a la norma de la UE frente al Estado; - horizontal: en las relaciones entre particulares; el particular puede acogerse a ella frente a otro particular. Según el tipo de acto, el Tribunal admite el efecto directo completo (horizontal y vertical) o el parcial, limitado al vertical. Junto con la primacía (también denominada «prioridad»), el efecto directo es un principio básico del Derecho de la UE. (Tribunal de Justicia, sentencia de 5-2-1963, Van Gend & Loos, 26/62, fallo, EUR-Lex; EUR-Lex, síntesis «El efecto directo del Derecho de la Unión Europea», 2022.)
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Resumen
Actos del art. 288 TFUE: reglamento, directiva, decisión, recomendación y dictamen. El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable desde su (la fecha que fije o, si no, el vigésimo día tras su publicación en el DOUE), sin transposición; tiene efecto directo si es claro, preciso y pertinente (Politi). Decisiones dirigidas a un Estado: solo efecto vertical (Hansa Fleisch). Acuerdos internacionales: criterios de Van Gend & Loos (Demirel). Dictámenes y recomendaciones: no vinculantes, sin efecto directo.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLos actos jurídicos de la Unión se enumeran en el artículo 288 del TFUE: el reglamento, la directiva, la decisión, la recomendación y el dictamen. El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable; sus destinatarios (personas, Estados miembros e instituciones de la Unión) deben acatarlo íntegramente. Es de aplicación directa en todos los Estados miembros desde su entrada en vigor (en la fecha que el propio reglamento fije o, en su defecto, el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea), sin que sea necesario un acto nacional de transposición. Garantiza la aplicación uniforme del Derecho de la Unión y excluye la aplicación de normas nacionales incompatibles con sus disposiciones sustantivas. Según EUR-Lex, por ser directamente aplicables los reglamentos tienen efecto directo, a condición de que sus normas sean suficientemente claras, precisas y pertinentes para la situación del litigante (sentencia Politi). En cuanto a los demás actos: - las decisiones pueden tener efecto directo si designan como destinatario a un Estado miembro, pero solo vertical (sentencia Hansa Fleisch); el Parlamento Europeo añade que un particular solo puede hacer valer los derechos conferidos por una decisión dirigida a un Estado si este ha adoptado un acto de transposición; - los acuerdos internacionales pueden tenerlo según los criterios de Van Gend & Loos (sentencia Demirel); - los dictámenes y las recomendaciones no tienen fuerza jurídica vinculante y, por tanto, no tienen efecto directo; no crean derechos ni obligaciones, aunque pueden orientar sobre la interpretación del Derecho de la Unión. La aplicación del Derecho de la Unión compete en general a los Estados miembros: según el artículo 291.1 del TFUE, «los Estados miembros adoptarán todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión». (Parlamento Europeo, ficha temática «Las fuentes y el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea», 2026, apartado B; EUR-Lex, síntesis «El efecto directo del Derecho de la Unión Europea», 2022.)
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Resumen
La directiva obliga al Estado destinatario en cuanto al resultado y deja la forma y los medios; exige transposición en plazo, con cooperación leal (art. 4.3 TUE). No es directamente aplicable, pero excepcionalmente tiene efecto directo si no se ha transpuesto o se transpuso mal, es incondicional, clara y precisa, y confiere derechos a los individuos; con las dos primeras, las autoridades deben tenerla en cuenta. Según EUR-Lex, lo estableció Van Duyn (1974). Solo vertical: ni el Estado la invoca contra un particular (Ratti) ni un particular contra otro (Faccini Dori).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa directiva es obligatoria para los Estados miembros destinatarios (uno, varios o todos) en cuanto al resultado que debe conseguirse, pero deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. El legislador nacional debe adoptar un acto de transposición, también denominado «medida nacional de ejecución», en el plazo fijado por la directiva; al hacerlo, los Estados deben garantizar la eficacia del Derecho de la Unión conforme al principio de cooperación leal del artículo 4.3 del TUE. En principio, las directivas no son directamente aplicables. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha considerado que, de forma excepcional, determinadas disposiciones de una directiva pueden tener efectos directos sin acto de transposición previo, siempre que: - a) la directiva no haya sido transpuesta o lo haya sido de forma incorrecta; - b) sus disposiciones sean incondicionales y suficientemente claras y precisas, y - c) sus disposiciones confieran derechos a los individuos. Si se reúnen estas condiciones, el particular puede hacer valer la directiva ante cualquier autoridad pública. Aunque solo se cumplan las dos primeras, las autoridades del Estado tienen la obligación de tener en cuenta la directiva no transpuesta. Esta jurisprudencia se justifica en los principios de eficacia, sanción de conductas contrarias al Tratado y tutela judicial. Según EUR-Lex, el Tribunal lo estableció en la sentencia Van Duyn contra Home Office (1974). El efecto directo de las directivas solo es vertical: las directivas no pueden ser invocadas por un Estado miembro contra un particular (sentencia Ratti), y un particular no puede invocar una directiva no transpuesta frente a otro particular, lo que confirma la ausencia de efecto horizontal directo (sentencia Faccini Dori/Recreb, asunto C-91/92, apartado 25). (Parlamento Europeo, ficha temática «Las fuentes y el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea», 2026, apartado B.3.b; EUR-Lex, síntesis «El efecto directo del Derecho de la Unión Europea», 2022.)
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Resumen
Francovich (19-11-1991, C-6/90 y C-9/90): Italia no había adaptado a tiempo su Derecho a la Directiva 80/987/CEE (trabajadores ante la insolvencia del empresario). Los trabajadores no podían invocarla contra el Estado, porque no precisaba quién prestaba la garantía, pero el Estado debe reparar los daños: su responsabilidad «es inherente al sistema del Tratado». Requisitos: derechos para particulares, identificables en la directiva, y causalidad. Se repara según el Derecho nacional, en condiciones no menos favorables. Para el Parlamento Europeo no hace falta probar falta.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90), resolvió dos peticiones prejudiciales italianas. Italia no había adaptado su Derecho, en el plazo señalado, a la Directiva 80/987/CEE, sobre la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario,. El Tribunal declaró, en primer lugar, que esos trabajadores no podían invocar los derechos de la Directiva contra el Estado ante los jueces nacionales a falta de medidas de aplicación, porque la Directiva no precisaba quién era el obligado a prestar la garantía. Y, en segundo lugar, que «un Estado miembro está obligado a reparar los daños que resultan para los particulares de la no adaptación del Derecho nacional a la Directiva 80/987/CEE». El Tribunal afirmó que el principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho comunitario que le son imputables «es inherente al sistema del Tratado», y lo apoyó también en el artículo 5 del Tratado. Cuando un Estado incumple la obligación de adoptar las medidas necesarias para conseguir el resultado prescrito por una directiva, existe derecho a indemnización si concurren tres requisitos: - que el resultado prescrito por la directiva implique la atribución de derechos a favor de particulares; - que el contenido de esos derechos pueda identificarse con las disposiciones de la directiva; - que exista relación de causalidad entre el incumplimiento del Estado y el daño sufrido. La reparación se hace en el marco del Derecho nacional de responsabilidad, cuyas condiciones no pueden ser menos favorables que las de reclamaciones internas semejantes ni hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil la indemnización. Según el Parlamento Europeo, el Estado incurre en responsabilidad sin que sea necesario demostrar una falta que le sea imputable. (Tribunal de Justicia, sentencia Francovich, C-6/90 y C-9/90, apartados 26 a 46 y fallo, EUR-Lex; Parlamento Europeo, ficha «Las fuentes y el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea», 2026.)
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Resumen
Según el del RD 515/2013, la adhesión de 1986 integró el Derecho comunitario en nuestras fuentes, y la primacía, el efecto directo y la colaboración leal vinculan a todas las Administraciones. Ante las instituciones europeas responde el Reino de España; internamente, cada Administración según sus competencias, y la AGE puede repercutirle la responsabilidad. Base legal: LO 2/2012 (art. 8 y segunda), desarrollada por el RD 515/2013. La Junta desarrolla y ejecuta el Derecho de la Unión en sus materias (art. 235 del Estatuto).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún el preámbulo del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, la adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986 integró las normas del Derecho comunitario en nuestro sistema de fuentes, y España quedó obligada a aplicar el Derecho de la Unión de acuerdo con los principios de primacía y efecto directo y el de colaboración leal, entre otros. Como Estado territorialmente descentralizado, estos principios vinculan al conjunto de las Administraciones públicas. No obstante, es el Reino de España, como establecen los Tratados, el responsable ante las instituciones europeas por el incumplimiento del Derecho de la Unión. De acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias, cada Administración es responsable de cumplir internamente con las obligaciones europeas, como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que permite a la Administración General del Estado repercutir a la Administración que corresponda la responsabilidad derivada del incumplimiento. La base legal de esa repercusión está en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: su artículo 8 y su disposición adicional segunda disponen que las Administraciones públicas que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen. El Real Decreto 515/2013 desarrolla esa disposición adicional segunda. En el caso de Andalucía, el Estatuto de Autonomía (artículo 235) establece que la Junta desarrolla y ejecuta el Derecho de la Unión en las materias de su competencia, de acuerdo con lo que establezca una ley del Parlamento de Andalucía, y que, si la Unión establece una legislación que sustituya a la normativa básica del Estado, la Junta podrá adoptar la legislación de desarrollo a partir de las normas europeas. (Real Decreto 515/2013, BOE núm. 161, de 6-7-2013, preámbulo y artículo 1, págs. 50508 y 50510; Ley Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo 235, BOE.)
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Resumen
El RD 515/2013 regula la repercusión de responsabilidades por incumplir el Derecho de la UE; es «una gran novedad» y no es sancionador. Asume la responsabilidad, en la parte imputable, quien con su acción u omisión cause que España sea sancionada (multas del art. 260 TFUE, correcciones financieras, minoración de fondos…). Supuestos: transposición tardía o incorrecta, normas contrarias, falta de ejecución de sentencias… Incumplimiento conjunto: mancomunada en porcentaje o, si no cabe, por partes iguales. Siempre ; pago en dos meses; a los cuatro años.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, regula los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Según su preámbulo, el procedimiento general que regula es «una gran novedad», pues hasta entonces solo había regulaciones dispersas y sectoriales, y no tiene naturaleza sancionadora: se limita a derivar responsabilidades. Se aplica a todos los sujetos del artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012. Las Administraciones o entidades que, en el ejercicio de sus competencias, incumplan por acción u omisión el Derecho de la Unión, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado con carácter ejecutivo, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades (artículo 3.1). Se considera sanción la multa a tanto alzado o la multa coercitiva del artículo 260 TFUE, las correcciones financieras de la Comisión, la minoración de transferencias o fondos de la Unión y otros actos europeos con responsabilidades financieras para el Estado. Hay incumplimiento, entre otros supuestos, en: - a) la transposición tardía de directivas; - b) la transposición incorrecta de directivas; - c) la adecuación tardía o incorrecta de la normativa autonómica a la legislación básica estatal dictada en cumplimiento del Derecho de la Unión; - d) el mantenimiento en vigor o la aprobación de normas contrarias al Derecho de la Unión; - e) la falta de ejecución o la ejecución incorrecta de sentencias, actos o decisiones de las instituciones europeas. Si el incumplimiento es conjunto, los sujetos responden de manera mancomunada, con el grado de responsabilidad expresado en porcentaje, ponderando la competencia, la intensidad de la intervención, la participación en la financiación y la reiteración; si no es posible, por partes iguales. El procedimiento se inicia siempre de oficio; en el texto original lo inicia e instruye la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local y lo resuelve el Consejo de Ministros mediante acuerdo; cuando se trata de fondos de la Unión, la iniciación y la instrucción corresponden a los órganos de la Administración General del Estado competentes para coordinar cada fondo. El plazo general de pago es de dos meses y la deuda prescribe a los cuatro años. (Real Decreto 515/2013, BOE de 6-7-2013, preámbulo y artículos 1, 3, 5, 7 y 8, págs. 50508-50512.)
Contrastada con: mptmd.gob.es
Resumen
La PAC 2023-2027 se basa en tres Reglamentos de 2-12-2021: 2021/2115 (planes estratégicos), 2021/2116 (horizontal: financiación, gestión y seguimiento) y 2021/2117 (modifica la OCM). El 2021/2115 se aplica desde el 1-1-2023; lo modificaron los Reglamentos 2024/1468 y 2025/2649. Novedad: un único plan estratégico por Estado que combina los dos pilares (28 planes; Bélgica tiene dos) y pasa del cumplimiento a los resultados. Según el Ministerio: 3 objetivos generales, 9 específicos y uno transversal; el 40 % del , pertinente para el clima.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa PAC 2023-2027 se basa en tres Reglamentos de 2 de diciembre de 2021: - el Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC, Reglamento (UE) 2021/2115, que deroga los Reglamentos (UE) 1305/2013 (desarrollo rural) y 1307/2013 (pagos directos); - el Reglamento horizontal de la PAC, Reglamento (UE) 2021/2116, sobre financiación, gestión y seguimiento, que deroga el Reglamento (UE) 1306/2013; - el Reglamento (UE) 2021/2117, que modifica, entre otros, el Reglamento (UE) 1308/2013 (organización común de mercados). El Reglamento 2021/2115 se aplica desde el 1 de enero de 2023, fecha desde la que se ejecutan los planes estratégicos en todos los Estados. Lo modificaron el Reglamento (UE) 2024/1468, respuesta a las protestas de los agricultores, y el Reglamento (UE) 2025/2649, segundo paquete de simplificación, en vigor desde el 1 de enero de 2026. La novedad principal es el nuevo modelo de aplicación: cada Estado elabora un único plan estratégico de la PAC que combina las intervenciones de los dos pilares (veintiocho planes: uno por Estado, salvo Bélgica, que tiene dos). La Comisión lo describió como un cambio fundamental, que pasa del cumplimiento a los resultados y el rendimiento, con un nuevo reparto de responsabilidades entre la Unión y los Estados y un conjunto común de indicadores de realización, resultados e impacto. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la PAC 2023-2027 se vincula a tres objetivos generales: un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria; la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la acción por el clima, y el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. Se desglosan en nueve objetivos específicos, más un objetivo transversal de modernizar el sector a través del conocimiento, la innovación y la digitalización. El 40 % del presupuesto de la PAC debe ser pertinente para el clima. (Parlamento Europeo, ficha «El Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC», 2026; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, «La PAC 2023-2027 y el Plan Estratégico»; EUR-Lex, síntesis del Reglamento (UE) 2021/2115.)
Contrastada con: europarl.europa.eu · mapa.gob.es · eur-lex.europa.eu
Resumen
Primer pilar: FEAGA (pagos directos, intervenciones sectoriales y apoyo al mercado; antes, solo de la Unión). Segundo pilar: FEADER (desarrollo rural, cofinanciado por la Unión y los Estados). 2021-2027: 387 000 millones EUR (291 100 FEAGA; 95 500 FEADER, con 8 100 de NextGenerationEU). Gestión compartida con cuatro organismos: autoridad competente, organismos pagadores, organismo de coordinación (si hay más de un pagador) y de certificación. El Reglamento 2025/2649 suprimió la liquidación anual del rendimiento. Reserva agrícola: mínimo 450 millones al año.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa PAC 2023-2027 mantiene la estructura de dos pilares, cada uno con su fondo: - primer pilar, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA): ayudas a la renta de los agricultores (pagos directos) e intervenciones sectoriales y medidas de apoyo al mercado agrícola; - segundo pilar, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): intervenciones de desarrollo rural, cofinanciadas por la Unión y los Estados miembros. En la estructura de dos pilares, el primero se financiaba únicamente con cargo al presupuesto de la Unión. Según la síntesis del Reglamento (UE) 2021/2116, para 2021-2027 se asignan a la PAC 387 000 millones EUR: 291 100 millones (a precios corrientes) para el FEAGA y 95 500 millones para el FEADER, incluidos 8 100 millones de NextGenerationEU. El Reglamento horizontal mantiene la gestión compartida y obliga a los Estados a designar cuatro organismos de gobernanza: - la autoridad competente, de nivel ministerial, que concede, revisa y retira la autorización de los demás organismos; - los organismos pagadores, responsables de la gestión y el control de los gastos; su número se limita a uno nacional o, si procede, uno por región; - el organismo de coordinación, único y público, obligatorio cuando se autoriza más de un organismo pagador; - el organismo de certificación, que dictamina sobre la imagen fiel de las cuentas, el funcionamiento de los sistemas de gobernanza y la información del rendimiento. En el diseño de 2021, la liquidación pasaba de un enfoque basado en el cumplimiento a uno centrado en el rendimiento, con un informe anual del rendimiento a más tardar el 15 de febrero; el Reglamento (UE) 2025/2649 suprimió esa liquidación anual del rendimiento y el seguimiento pasó a un examen bienal. La reserva agrícola, para crisis, asciende a un mínimo de 450 millones EUR al año, y se mantiene la disciplina financiera, que no se aplica a pagos inferiores a 2 000 EUR. (Parlamento Europeo, fichas «El Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC» y «La normativa relativa a la gestión financiera de la PAC», 2026; EUR-Lex, síntesis del Reglamento (UE) 2021/2116.)
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Resumen
Primer pilar (FEAGA): pagos directos e intervenciones sectoriales. Pagos disociados: ayuda básica a la renta (por hectárea admisible de un agricultor activo; pequeñas explotaciones hasta 3 000 EUR, antes 1 250), ayuda redistributiva (mínimo 10 % de los pagos directos, para pequeñas y medianas), ayuda a jóvenes agricultores (hasta cinco años; al menos 3 %) y ecorregímenes (voluntarios; mínimo 25 %). Asociados: ayuda por hectárea o animal y pago al algodón. Sectoriales: frutas y hortalizas, apícolas, vino, lúpulo, aceite… La condicionalidad (y la social, desde 2025) penaliza incumplimientos.
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Crea tu cuenta gratis para verlasLas intervenciones del primer pilar, financiadas por el FEAGA, son de dos clases: pagos directos e intervenciones sectoriales. Pagos directos disociados: - la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, pago anual por hectárea admisible declarada por un agricultor activo; la ayuda a pequeñas explotaciones puede ser un importe a tanto alzado o por hectárea, sin exceder de 3 000 EUR anuales (antes 1 250 EUR, subida introducida por el Reglamento (UE) 2025/2649); - la ayuda redistributiva complementaria a la renta: como mínimo el 10 % de los pagos directos, para las explotaciones pequeñas y medianas; - la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores, durante cinco años como máximo; al menos el 3 % del presupuesto de pagos directos debe destinarse a jóvenes agricultores; - los ecorregímenes, para prácticas en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal, voluntarios para el agricultor: como mínimo el 25 % del presupuesto de pagos directos. Pagos directos asociados: la ayuda a la renta asociada, por hectárea o por animal, en sectores de importancia socioeconómica o medioambiental, y un pago específico al cultivo del algodón en Bulgaria, Grecia, España y Portugal. Intervenciones sectoriales: frutas y hortalizas, productos apícolas, vino, lúpulo, aceites de oliva y aceitunas de mesa y otros sectores. La condicionalidad penaliza a quienes reciben pagos directos y ciertas ayudas de desarrollo rural si no cumplen los requisitos legales de gestión o las normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM), sobre clima y medio ambiente, salud pública y fitosanidad, y bienestar animal. La condicionalidad social vincula los pagos a normas laborales de la Unión, con sanciones administrativas a más tardar desde el 1 de enero de 2025. Cada Estado define el «agricultor activo», y determinadas ayudas solo se conceden a agricultores activos. (EUR-Lex, síntesis del Reglamento (UE) 2021/2115, actualizada en 2026; Parlamento Europeo, ficha «El Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC», 2026.)
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El desarrollo rural es el segundo pilar de la PAC y refuerza el primero (renta y mercado). Tres objetivos a largo plazo: competitividad de agricultura y silvicultura; gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima; desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. Intervenciones en los artículos 69 a 78 del Reglamento 2021/2115 (nueve tipos; EUR-Lex añade un décimo). Del FEADER: al menos 35 % para clima y medio ambiente, al menos 5 % para Leader, como máximo 4 % de asistencia técnica. Contribución: 85, 80, 60 o 43 % según la región. Compromisos de cinco a siete años.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl desarrollo rural forma el «segundo pilar» de la PAC, que refuerza el «primer pilar» de ayuda a la renta y medidas de mercado. Persigue tres objetivos a largo plazo: fomentar la competitividad de la agricultura y la silvicultura; garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima, y lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales. Sus intervenciones se rigen por los artículos 69 a 78 del Reglamento (UE) 2021/2115 y la ficha del Parlamento Europeo enumera nueve tipos (la síntesis de EUR-Lex añade un décimo, el apoyo a los agricultores por el aumento del precio de los fertilizantes, del Reglamento (UE) 2026/1768): - compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión (artículo 70); - zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (artículo 71); - zonas con desventajas específicas resultantes de requisitos obligatorios, como las Directivas de aves, hábitats y marco del agua (artículo 72); - inversiones (artículo 73), incluidas las de infraestructuras de riego (artículo 74); - establecimiento de jóvenes y nuevos agricultores, nuevas empresas rurales y desarrollo de pequeñas explotaciones (artículo 75); - instrumentos de gestión de riesgos (artículo 76); - cooperación, incluidos Leader y la Asociación Europea para la Innovación (artículo 77); - intercambio de conocimientos y difusión de información (artículo 78); - pagos por situaciones de crisis tras desastres naturales, fenómenos climáticos adversos o catástrofes (artículo 78 bis, añadido por el Reglamento (UE) 2025/2649). Asignaciones obligatorias de la contribución del FEADER a cada plan: al menos el 35 % para clima, medio ambiente y bienestar animal; al menos el 5 % para Leader, y como máximo el 4 % para asistencia técnica. El porcentaje de contribución del FEADER es del 85 % en las regiones menos desarrolladas, el 80 % en las ultraperiféricas y las islas menores del mar Egeo, el 60 % en las de transición y el 43 % en las demás; la ayuda del FEADER debe ser al menos el 20 % del gasto público subvencionable. Los compromisos de los beneficiarios se suscriben por cinco a siete años. (Parlamento Europeo, ficha «El desarrollo rural y la PAC», 2026; EUR-Lex, síntesis del Reglamento (UE) 2021/2115.)
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Cada Estado debe tener un Plan Estratégico de la PAC: por primera vez, una estrategia única para todas las intervenciones. El de España (PEPAC) lo aprobó la Comisión el 31-8-2022; la cuarta modificación, en vigor, es de 12-12-2025. Su programación empezó en 2018, en dos fases. Lo elaboró el Ministerio con las comunidades autónomas, que aplican la PAC en su territorio y diseñan las intervenciones territoriales. Gobernanza: RD 1046/2022; el Comité de seguimiento se reúne al menos una vez al año y se constituyó el 15-2-2023.
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Crea tu cuenta gratis para verlasUna de las principales novedades de la PAC 2023-2027 es que todos los Estados miembros deben contar con un Plan Estratégico de la PAC, que recoge las intervenciones con las que se pretenden alcanzar los objetivos de la PAC y la ambición del Pacto Verde Europeo. Por primera vez hay una estrategia única que abarca todas las intervenciones de la PAC. El Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027 (PEPAC) fue aprobado por la Comisión Europea el 31 de agosto de 2022, mediante Decisión de Ejecución, para la ayuda de la Unión financiada por el FEAGA y el FEADER; España fue uno de los primeros Estados en lograr la aprobación. El 12 de diciembre de 2025 la Comisión aprobó la cuarta modificación del Plan, versión en vigor. El Plan incluye el diagnóstico y análisis de necesidades del sector agrario y del medio rural, la estrategia de intervención, la planificación de metas y la planificación financiera, y la descripción del sistema de gestión, control y seguimiento. Su programación comenzó en 2018 y tuvo dos fases: en la primera se elaboraron los documentos de partida, los análisis DAFO y de necesidades; en la segunda, la priorización de necesidades y la selección y el diseño de las intervenciones. En paralelo se hicieron una evaluación ex ante y una evaluación ambiental estratégica. Lo elaboró el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las comunidades autónomas y otros actores. Las comunidades autónomas son las responsables directas de aplicar la PAC en sus territorios y del diseño específico de las intervenciones de carácter territorial. La gobernanza se regula en el Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre. Su artículo 5, conforme al artículo 124 del Reglamento (UE) 2021/2115, crea el Comité de seguimiento del Plan Estratégico, que se reúne al menos una vez al año y celebró su sesión constitutiva el 15 de febrero de 2023, sin perjuicio de los comités de seguimiento regionales. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, páginas «La PAC 2023-2027 y el Plan Estratégico», «Plan Estratégico de la PAC» y «Coordinación y gobernanza del Plan», consultadas en 2026.)
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La pesca entró en el Derecho de la Unión en 1958 como parte de la PAC. En 1970: mercado común, intervención estructural e igualdad de acceso (aguas de doce millas); en 1977, zona económica exclusiva de doscientas millas. En 1983 (Reglamentos 170/83 y 171/83) nació la conservación y gestión: TAC anuales del Consejo, repartidos en cuotas por «estabilidad relativa». Reformas: 1992 (esfuerzo pesquero, licencias), 2002 (planes plurianuales, consejos consultivos) y 2013 (rendimiento máximo sostenible, desembarque, regionalización).
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa política pesquera se introdujo en el Derecho de la Unión en 1958 con el Tratado de Roma, solo como parte de la política agrícola común. Los primeros elementos de una política pesquera diferenciada llegaron en 1970, con una organización común del mercado de los productos de la pesca, una intervención estructural y el principio de igualdad de acceso de los Estados a los recursos pesqueros en sus aguas, que entonces llegaban a doce millas náuticas. En 1977 los Estados declararon una zona económica exclusiva de doscientas millas en el Atlántico y el mar del Norte. En 1983 el Consejo adoptó el Reglamento (CEE) n.º 170/83, de principios para la gestión de los recursos comunes, y el Reglamento (CEE) n.º 171/83, de medidas técnicas de conservación, con los que nació el ámbito central de la PPC: la conservación y gestión de las pesquerías comunes. Se basaba en los «totales admisibles de capturas» (TAC), fijados anualmente por el Consejo y repartidos en cuotas entre los Estados con porcentajes fijos, la llamada «estabilidad relativa». La excepción a la igualdad de acceso en las doce millas permite reservar las primeras seis millas a los nacionales y se ha prorrogado cada diez años. La PPC se ha reformado tres veces: - 1992: regulación del esfuerzo pesquero, gestión plurianual y un sistema de licencias; - 2002: planes de recuperación y de gestión plurianuales, consejos consultivos regionales y supresión de las ayudas a la construcción de buques; - 2013: objetivo de explotar todas las poblaciones a niveles de rendimiento máximo sostenible, obligación de desembarque y regionalización. Con el Tratado de Lisboa la PPC pasó al procedimiento legislativo ordinario (artículo 43.2 TFUE), salvo la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca (TAC y cuotas), que siguen correspondiendo al Consejo (artículo 43.3 TFUE); los acuerdos de pesca con terceros países requieren la aprobación del Parlamento (artículo 218 TFUE). (Parlamento Europeo, ficha «La política pesquera común: orígenes y evolución», 2026.)
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El Reglamento (UE) n.º 1380/2013, en vigor desde el 1-1-2014, busca una pesca y acuicultura sostenibles, con criterio de precaución y enfoque ecosistémico. Según EUR-Lex, cuatro pilares: gestión de la pesca, política internacional, mercado y política comercial, y ayuda financiera (FEMPA). Elementos: rendimiento máximo sostenible; TAC anuales según el CIEM y el CCTEP, por estabilidad relativa; obligación de desembarque (2015-2019); planes plurianuales; regionalización. Acceso restringible hasta 12 millas (100 en ultraperiféricas), hasta finales de 2032.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl Reglamento (UE) n.º 1380/2013, de 11 de diciembre de 2013 («Reglamento de base» o «Reglamento PPC»), está en vigor desde el 1 de enero de 2014 y es fruto de la reforma de 2013. Junto a él se adoptó el Reglamento (UE) n.º 1379/2013, de la organización común de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura. Su objetivo es que las actividades de pesca y acuicultura sean sostenibles a largo plazo desde el punto de vista medioambiental, económico y social; aplica a la gestión de la pesca el criterio de precaución y un enfoque ecosistémico. Según EUR-Lex, la PPC se basa en cuatro pilares: la gestión de la pesca; la política internacional; el mercado y la política comercial, y la ayuda financiera (el FEMPA). Elementos principales: - rendimiento máximo sostenible: la máxima cantidad de peces que puede extraerse de una población sin afectar a su reproducción; los niveles de pesca debían ajustarse a él en 2015 si era posible, a más tardar en 2020 y en algunos casos en 2025; - posibilidades de pesca: la Unión fija cada año los TAC de la mayoría de las especies comerciales, sobre la base de las evaluaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP), y los reparte por el principio de estabilidad relativa; - obligación de desembarque de todas las capturas de especies comerciales reguladas, para acabar con los descartes; se aplicó gradualmente entre 2015 y 2019; - planes plurianuales, instrumento de conservación prioritario; - regionalización, con consejos consultivos por zonas geográficas; - acuerdos de colaboración de pesca sostenible con terceros países, negociados por la Comisión. Todos los buques de la Unión tienen igualdad de acceso a las aguas y recursos, con excepciones temporales que expiran a finales de 2032: los Estados pueden restringir el acceso en una zona de hasta doce millas y, en las regiones ultraperiféricas, hasta cien millas. (EUR-Lex, síntesis «La política pesquera común de la Unión Europea», 2025; Parlamento Europeo, fichas «La política pesquera común: orígenes y evolución» y «La gestión de la pesca en la Unión Europea», 2026.)
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El FEMPA (Reglamento 2021/1139, 2021-2027) apoya la PPC, la política marítima y la gobernanza de los océanos. Antecedentes: FEOGA (1970), IFOP (1994, introdujo la gestión compartida), FEP (2007-2013) y FEMP (2014-2020). : 6 108 millones EUR; 5 311 (87 %) en gestión compartida, con un programa nacional por Estado, y 797 (13 %) en gestión directa e indirecta. Cuatro prioridades: pesca sostenible, acuicultura, economía azul y gobernanza de los océanos. Al menos el 15 % para control y datos científicos.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl FEMPA se establece por el Reglamento (UE) 2021/1139, de 7 de julio de 2021, para el período del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2027, coincidente con el marco financiero plurianual (figura en su rúbrica 3, recursos naturales y medio ambiente). Apoya la política pesquera común, la política marítima de la Unión y la agenda de gobernanza internacional de los océanos. Le son aplicables las normas generales del Reglamento de disposiciones comunes, Reglamento (UE) 2021/1060. Antecedentes: el apoyo estructural a la pesca nació en 1970 dentro del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola; en 1994 se creó el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), que introdujo la gestión compartida; siguieron el Fondo Europeo de Pesca (2007-2013) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, FEMP (2014-2020), que integró la pesca en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. El presupuesto del FEMPA es de 6 108 millones EUR (precios de 2021): - gestión compartida: 5 311 millones (el 87 %), mediante programas nacionales cofinanciados; cada Estado prepara un único programa nacional que aprueba la Comisión; - gestión directa e indirecta por la Comisión: 797 millones (el 13 %). Tiene cuatro prioridades: fomentar la pesca sostenible y la conservación de los recursos biológicos acuáticos; fomentar la acuicultura sostenible y la transformación y comercialización de sus productos; facilitar una economía azul sostenible en zonas costeras, insulares e interiores y el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas, y reforzar la gobernanza internacional de los océanos. Al menos el 15 % de la asignación de cada Estado debe dedicarse al control de la pesca y a la recopilación de datos científicos. Algunas medidas se reservan a buques de menos de 24 metros de eslora. Para las regiones ultraperiféricas hay mínimos: 102 millones para Azores y Madeira, 82 millones para Canarias (el 7,3 % del presupuesto de España) y 131 millones para las francesas. Cada Estado evaluará su programa a más tardar el 30 de junio de 2029. (EUR-Lex, síntesis del Reglamento (UE) 2021/1139, 2021; Parlamento Europeo, ficha «Las ayudas estructurales a la pesca», 2026.)
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El Reglamento (UE) 2021/1060, en vigor desde el 1-7-2021, fija normas financieras para ocho fondos y disposiciones adicionales para cinco: FEDER, FSE+, Fondo de Cohesión, FTJ y FEMPA (los otros tres: asilo y migración, seguridad interior, y fronteras y visados). FEDER, FSE+, Cohesión y FEMPA apoyan cinco objetivos políticos. Clima: 30 % del gasto de la UE. Principios: gestión compartida, asociación y gobernanza multinivel, y principios horizontales. Acuerdo de asociación y programas en tres meses.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl Reglamento (UE) 2021/1060, conocido como reglamento sobre disposiciones comunes, está en vigor desde el 1 de julio de 2021. Establece normas financieras comunes para ocho fondos, y disposiciones comunes adicionales para cinco de ellos: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de Cohesión, el Fondo de Transición Justa (FTJ) y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). Los otros tres son el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y los Visados. El FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión y el FEMPA apoyan cinco objetivos políticos: una Europa más competitiva e inteligente; más verde, baja en carbono y resiliente; más conectada; más social e inclusiva, y más próxima a sus ciudadanos. Los fondos deben contribuir al objetivo general de destinar el 30 % del gasto del presupuesto de la UE a objetivos climáticos. Principios fundamentales: - gestión compartida: los Estados ejecutan las medidas y reembolsan a los beneficiarios; la Comisión supervisa, reembolsa a los Estados y es responsable en última instancia del presupuesto; - asociación y gobernanza multinivel: cada Estado organiza una asociación con, como mínimo, autoridades regionales, locales y urbanas, interlocutores sociales y económicos, sociedad civil y organizaciones de investigación y universidades; - principios horizontales: respeto de los derechos fundamentales y de la Carta, igualdad entre hombres y mujeres, accesibilidad y no discriminación. Cada Estado elabora un acuerdo de asociación sobre el uso del FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión, el FTJ y el FEMPA, y presenta sus programas a la Comisión a más tardar tres meses después del acuerdo. El desarrollo territorial integrado se apoya en inversiones territoriales integradas, en el desarrollo local participativo o en otros instrumentos territoriales del Estado. El Parlamento y el Consejo deben revisar el Reglamento a más tardar el 31 de diciembre de 2027. (EUR-Lex, síntesis «Normas comunes sobre los fondos de la Unión Europea (2021-2027)», 2024.)
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El Reglamento (UE) 2021/1060 regula también la gestión y el control de los fondos. Rendimiento: indicadores, hitos para finales de 2024 y metas para finales de 2029. Seguimiento: comité creado en tres meses desde la aprobación del programa, que se reúne al menos una vez al año. Evaluación: expertos independientes; impacto antes del 30-6-2029; la Comisión evalúa en 2024 y a más tardar el 31-12-2031. Auditoría de la Comisión en tres años. Sin reconocimiento de la ayuda, cancelación de hasta el 3 %. REPowerEU: hasta el 7,5 %.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl Reglamento (UE) 2021/1060 regula también cómo se gestionan y controlan los fondos de la política de cohesión en 2021-2027. Rendimiento: cada Estado establece un sistema de seguimiento con indicadores de realización y de resultados vinculados a los objetivos específicos, hitos que deben alcanzarse antes de que finalice 2024 (indicadores de realización) y metas para antes de que finalice 2029 (de realización y de resultados). Seguimiento: cada Estado crea un comité de seguimiento en un plazo de tres meses desde la aprobación del programa; se reúne al menos una vez al año, cada miembro tiene un voto y los representantes de la Comisión participan a título consultivo y de seguimiento. Hay además reuniones de revisión entre la Comisión y cada Estado. Evaluación: los Estados o sus autoridades de gestión evalúan los programas mediante expertos funcionalmente independientes, y antes del 30 de junio de 2029 evalúan el impacto de cada programa; la Comisión hace una evaluación intermedia de cada fondo antes de que finalice 2024 y una retrospectiva a más tardar el 31 de diciembre de 2031, con los criterios de eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y beneficio para la UE. Gestión y control: las autoridades de gestión seleccionan las operaciones, gestionan el programa, apoyan al comité de seguimiento y supervisan a los organismos intermedios; las autoridades de auditoría nacionales auditan las operaciones. La Comisión puede auditar en un plazo de tres años desde la aceptación de las cuentas, salvo sospecha de fraude. Visibilidad: un portal web único por Estado; si un beneficiario no reconoce la ayuda, puede cancelarse hasta el 3 % de la ayuda a la operación. No son subvencionables, entre otros, los intereses de deuda, la compra de terrenos por más del 10 % del gasto subvencionable (15 % en zonas abandonadas o de pasado industrial) y el IVA, salvo en operaciones inferiores a 5 millones EUR o cuando no sea recuperable. Tras la invasión de Ucrania y con REPowerEU, los Estados pueden usar hasta el 7,5 % de la asignación de cohesión para los objetivos de REPowerEU. (EUR-Lex, síntesis «Normas comunes sobre los fondos de la Unión Europea (2021-2027)», 2024.)
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El Fondo Social Europeo fue el primer fondo estructural. En 2021-2027 lo integra el FSE+ (Reglamento 2021/1057), junto con la Iniciativa de Empleo Juvenil, el fondo para las personas más desfavorecidas y el programa EaSI. Dos capítulos: gestión compartida y EaSI (gestión directa e indirecta). Objetivos: empleo elevado, protección social justa e inclusión, e igualdad de oportunidades. Mínimos en gestión compartida: 25 % inclusión social, 3 % más desfavorecidos, 5 % pobreza infantil y 12,5 % empleo juvenil (estos dos, según la tasa de 2017-2019).
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl Fondo Social Europeo fue el primer fondo estructural europeo. Para 2021-2027 lo integra el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), establecido por el Reglamento (UE) 2021/1057, de 24 de junio de 2021, en vigor parcialmente (capítulo EaSI) desde el 1 de enero de 2021 y plenamente desde el 1 de julio de 2021. Las normas comunes de gestión están en el Reglamento (UE) 2021/1060. El FSE+ integra el anterior Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas y el Programa de la UE para el Empleo y la Innovación Social. Tiene dos capítulos: uno en régimen de gestión compartida y el de Empleo e Innovación Social (EaSI), en gestión directa e indirecta. Sus dos objetivos generales son ayudar a los Estados y regiones a lograr elevados niveles de empleo, protecciones sociales justas y una mano de obra capacitada y resiliente, con sociedades inclusivas conforme al pilar europeo de derechos sociales, y apoyar las políticas de los Estados para garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado laboral, unas condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social. Asignaciones mínimas de los recursos en gestión compartida: - al menos el 25 % para la inclusión social; - al menos el 3 % para las personas más desfavorecidas; - al menos el 5 % para combatir la pobreza infantil, en los Estados con una tasa media de niños en riesgo de pobreza o exclusión social superior a la media de la UE en 2017-2019; - al menos el 12,5 % para el empleo juvenil, en los Estados con una tasa media de jóvenes de 15 a 29 años sin empleo, educación ni formación superior a la media de la UE en 2017-2019. Presupuesto: algo menos de 88 000 millones EUR (precios de 2018), de los que 87 300 millones corresponden a la gestión compartida y unos 676 millones al capítulo EaSI, gestionado directamente por la Comisión; 175 millones se destinan a la cooperación transnacional. (EUR-Lex, síntesis «Fondo Social Europeo Plus: FSE+ (2021-2027)», 2024; Parlamento Europeo, ficha «Fondo Social Europeo Plus», 2026.)
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El Fondo de Transición Justa (Reglamento 2021/1056, art. 175 TFUE) apoya a los territorios que se transforman hacia una Unión climáticamente neutra; objetivo específico único: afrontar las repercusiones de la transición hacia 2030 y la neutralidad en 2050. Es el primer pilar del Mecanismo para una Transición Justa (los otros: InvestEU y préstamos al sector público con el BEI). Da sobre todo subvenciones; excluye nuclear, tabaco, fósiles y empresas en crisis. Gestión compartida con planes territoriales. Sin compromiso de neutralidad, 50 % de la asignación. Cofinanciación: 85, 70 o 50 %.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl Fondo de Transición Justa (FTJ) se establece por el Reglamento (UE) 2021/1056, de 24 de junio de 2021, en vigor desde el 1 de julio de 2021, con base jurídica en el artículo 175 del TFUE. Apoya a la población, la economía y el medio ambiente de los territorios que afrontan una transformación económica y social en la transición hacia una Unión climáticamente neutra. Contribuye a un objetivo específico único: hacer posible que las regiones y las personas afronten las repercusiones sociales, laborales, económicas y medioambientales de la transición hacia los objetivos de 2030 en energía y clima y hacia una economía climáticamente neutra de aquí a 2050. Es el primer pilar del Mecanismo para una Transición Justa, del Pacto Verde Europeo; los otros dos son un régimen específico de InvestEU y un mecanismo de préstamo al sector público con el Banco Europeo de Inversiones. El FTJ concede principalmente subvenciones. Apoya, entre otras, inversiones en pymes, investigación e innovación, energías renovables, conectividad digital y reciclaje profesional de trabajadores. Excluye el desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares, los productos del tabaco, las inversiones en combustibles fósiles y las empresas en crisis. Se ejecuta en gestión compartida: para acceder a él, los Estados presentan planes territoriales de transición justa. Los Estados que no se hayan comprometido a la neutralidad climática en 2050 solo reciben el 50 % de su asignación. La cofinanciación máxima de la Unión es del 85 % en las regiones menos desarrolladas, el 70 % en las de transición y el 50 % en las más desarrolladas. Si los recursos aumentan después del 31 de diciembre de 2024, se aplica un «mecanismo de recompensa ecológica». Recursos: según EUR-Lex, 8 400 millones EUR a precios actuales del marco financiero plurianual más 10 800 millones de NextGenerationEU; según el Parlamento Europeo, 17 500 millones (7 500 del marco financiero y 10 000 de NextGenerationEU). Admite transferencias voluntarias del FEDER y del FSE+. (EUR-Lex, síntesis «El Fondo de Transición Justa», 2024; Parlamento Europeo, ficha «Fondo de Transición Justa», 2026.)
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El MRR (Reglamento 2021/241, en vigor desde el 19-2-2021) es la pieza central de NextGenerationEU. Promueve la cohesión y financia medidas que «no causen un perjuicio significativo» al medio ambiente en seis pilares. : 648 000 millones EUR (357 000 en subvenciones y 291 000 en préstamos); el máximo inicial era de 723 000. Respeta la adicionalidad. Planes nacionales con reformas e inversiones hasta el 31-12-2026: al menos 37 % ecológico y 20 % digital. Se basa en el rendimiento: se paga al cumplir hitos y objetivos, con solicitudes hasta dos veces al año.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se establece por el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, en vigor desde el 19 de febrero de 2021. Es la pieza central del paquete de estímulo NextGenerationEU, que permite a la Comisión recaudar fondos para reparar los daños económicos y sociales de la pandemia de COVID-19. Su objetivo es promover la cohesión económica, social y territorial de la Unión. Financia medidas que «no causen un perjuicio significativo» al medio ambiente en seis ámbitos (pilares): la transición ecológica; la transformación digital; el crecimiento inteligente, sostenible e integrador; la cohesión social y territorial; la salud y la resiliencia económica, social e institucional, y las políticas para la próxima generación, como la educación y el desarrollo de capacidades. Su presupuesto es de 648 000 millones EUR (precios de 2022): 357 000 millones en subvenciones y 291 000 millones en préstamos. No sustituye el gasto presupuestario nacional ordinario y respeta el principio de adicionalidad. El importe máximo inicial era de 723 000 millones (338 000 en subvenciones y 385 000 en préstamos). Para recibir apoyo, los Estados presentaron planes nacionales de recuperación y resiliencia, con reformas e inversiones desde febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2026 e hitos y objetivos claros. Los planes debían asignar como mínimo el 37 % de su presupuesto a medidas ecológicas y el 20 % a medidas digitales, y ser coherentes con el Semestre Europeo, los programas nacionales de reformas, los planes nacionales de energía y clima, los planes territoriales de transición justa y la Garantía Juvenil. La Comisión evalúa los planes y propone su aprobación al Consejo. El MRR se basa en el rendimiento: la Comisión solo paga cuando el Estado ha alcanzado los hitos y objetivos acordados, y los Estados pueden solicitar los pagos hasta dos veces al año. El Reglamento (UE) 2023/435 permitió añadir a los planes capítulos REPowerEU. (EUR-Lex, síntesis «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea», 2024.)
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Resumen
Según la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, el Consejo Europeo creó en 2020 Next Generation EU, el mayor estímulo jamás financiado por la Unión. Se financia con deuda: la Comisión se endeuda en los mercados en nombre de la Unión, y el endeudamiento neto nuevo cesa a más tardar al final de 2026. Dos instrumentos: el MRR y REACT-UE (ejecutado a través del FEDER, el FSE y el fondo para las personas más desfavorecidas); aportó también al FTJ y al FEADER. Reparto por países: 70 % con indicadores previos a la pandemia y 30 % decidido en 2022.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía explica que el Consejo Europeo aprobó en 2020 la creación del programa Next Generation EU, que califica como el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión, en respuesta a la crisis del coronavirus. Se financia con deuda: la Comisión Europea contrae empréstitos en los mercados de capitales en nombre de la Unión, y el endeudamiento neto nuevo se detendrá, a más tardar, al finalizar el ejercicio 2026. En el marco de Next Generation EU se crearon dos instrumentos: - el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021), que según esta fuente se dotó con 672 500 millones de euros (312 500 millones en subvenciones y 360 000 millones en préstamos) para reformas e inversiones de los Estados desde febrero de 2020; - la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), con 47 500 millones de euros, ejecutados a través del FEDER, el FSE y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas. Next Generation EU aportó además fondos a otros programas, entre ellos el Fondo de Transición Justa (10 000 millones) y el FEADER (7 500 millones). La asignación a cada país se calculó con indicadores demográficos, el PIB per cápita, la tasa de desempleo media de los últimos cinco años y la caída económica por la pandemia, en dos tramos: un 70 % según indicadores anteriores a la emergencia sanitaria y el 30 % restante decidido en 2022. Según la misma fuente, España recibiría unos 140 000 millones de Next Generation EU, una parte en transferencias no reembolsables: 59 168 millones del MRR y 12 436 millones de REACT-EU. (Junta de Andalucía, Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, «Next Generation EU y Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia», consultada en 2026.)
Contrastada con: juntadeandalucia.es