Tema 43 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Artículo 55. Principios rectores

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Las Administraciones, entidades y organismos del artículo 2 seleccionan a su personal funcionario y laboral garantizando esos principios y estos: publicidad de las convocatorias y de sus bases; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en su actuación; adecuación entre el contenido de los procesos y las funciones o tareas; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad.

Artículo 56. Requisitos generales

Para participar en procesos selectivos hay que reunir cinco requisitos: nacionalidad española (sin perjuicio del artículo siguiente), capacidad funcional, dieciséis años cumplidos sin exceder la edad máxima de jubilación forzosa (otra edad máxima, solo por ley), no estar separado por expediente disciplinario ni inhabilitado por resolución judicial, y la titulación exigida. Caben otros requisitos específicos con relación objetiva y proporcionada con funciones y tareas, establecidos de manera abstracta y general.

Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados

Los nacionales de Estados miembros de la UE acceden como funcionarios en igualdad con los españoles, salvo a empleos que impliquen participar en el ejercicio del poder público o salvaguardar intereses del Estado o de las Administraciones. Se aplica al cónyuge no separado de derecho y a descendientes menores de veintiún años o mayores dependientes, y a personas incluidas en Tratados de la UE ratificados por España con libre circulación de trabajadores. Los extranjeros con residencia legal acceden como personal laboral. Eximir de la nacionalidad: solo por ley.

Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales

Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para que accedan a ellas los funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de las pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para su puesto en el organismo internacional.

Artículo 59. Personas con discapacidad

En las ofertas de empleo público se reserva un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con las tareas, hasta alcanzar progresivamente el dos por ciento de los efectivos totales de cada Administración. Al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas es para discapacidad intelectual y el resto para cualquier otro tipo. Cada Administración adopta adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso y, superado este, en el puesto.

Artículo 60. Órganos de selección

Los órganos de selección son colegiados; su composición se ajusta a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tiende a la paridad entre mujer y hombre. No pueden formar parte de ellos el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual. La pertenencia es siempre a título individual: no cabe ostentarla en representación o por cuenta de nadie.

Artículo 61. Sistemas selectivos

Procesos abiertos y de libre concurrencia, sin perjuicio de la promoción interna y la discriminación positiva. Si se valoran méritos, su puntuación será proporcionada y no determinará por sí misma el resultado. Funcionarios de carrera: oposición y concurso-oposición; concurso solo por ley y con carácter excepcional. Laboral fijo: oposición, concurso-oposición o concurso. No pueden proponerse más aprobados que plazas, salvo que lo prevea la convocatoria; ante renuncias, el órgano convocante puede pedir al de selección una relación complementaria.

Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera

La condición de funcionario de carrera se adquiere cumpliendo sucesivamente cuatro requisitos: superar el proceso selectivo; nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente; acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del resto del Ordenamiento Jurídico; y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Quien, superado el proceso, no acredite reunir los requisitos de la convocatoria no podrá ser funcionario y sus actuaciones quedarán sin efecto.

Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación

La planificación de recursos humanos busca la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos económicos, mediante la dimensión adecuada de los efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. Las Administraciones podrán aprobar Planes de ordenación con medidas como: análisis de disponibilidades y necesidades de personal, previsiones sobre organización del trabajo y estructuras de puestos, movilidad, promoción interna, formación y movilidad forzosa, e incorporaciones por Oferta de empleo público.

Artículo 70. Oferta de empleo público

Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban cubrirse con personal de nuevo ingreso son objeto de la Oferta de empleo público o instrumento similar. Ello obliga a convocar los procesos selectivos de las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo de convocatoria. La ejecución debe desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años. Se aprueba anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, debe publicarse en el Diario oficial correspondiente y puede contener medidas de planificación.

Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos

Cada Administración Pública constituirá un Registro con los datos del personal de los artículos 2 y 5 del Estatuto, atendiendo a las peculiaridades de determinados colectivos. Los Registros podrán disponer también de información agregada sobre los restantes recursos humanos de su sector público. Por convenio de Conferencia Sectorial se fijan los contenidos mínimos comunes y los criterios de intercambio homogéneo de información, con respeto a la protección de datos. Si una Entidad Local carece de capacidad financiera o técnica, cooperan el Estado y las Comunidades Autónomas.

Artículo 1. Ambito de aplicación

Se aplica al ingreso del personal de la Administración General del Estado y sus Organismos autónomos, y a la provisión, promoción interna y carrera de sus funcionarios incluidos en la Ley 30/1984. El personal docente, investigador, sanitario, postal y de telecomunicación se rige por él en lo no previsto por sus normas específicas; los puestos en el extranjero, por su regulación; los de Defensa y de Justicia e Interior ligados a la Seguridad y Defensa Nacional, por normas especiales. Es supletorio para los demás funcionarios civiles del Estado y los de otras Administraciones públicas.

Artículo 2. Planificación de Recursos Humanos

Los Planes de Empleo, departamentales o interdepartamentales, pueden ser Integrales (instrumento básico de planificación global) u Operativos (movilidad, redistribución de efectivos y asignación de puestos). Las necesidades de personal se cubren por selección externa, promoción interna o provisión. Los aprueba el Secretario de Estado para la Administración Pública con informe favorable de Economía y Hacienda, previa negociación sindical. La iniciativa es del Ministerio u Organismo afectado o, conjuntamente, de Administraciones Públicas y Economía y Hacienda.

Artículo 3. Régimen aplicable

El ingreso en los Cuerpos y Escalas de funcionarios se hace siempre mediante convocatoria pública y se rige por las bases de la convocatoria respectiva. Esas bases deben ajustarse en todo caso a lo que dispone este Reglamento y a las normas específicas de aplicación a cada Cuerpo o Escala.

Artículo 4. Sistemas selectivos

El ingreso de funcionarios se hace por oposición, concurso-oposición o concurso libres, garantizando igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La oposición es el sistema ordinario; el concurso-oposición se usa cuando la naturaleza de las funciones lo haga más adecuado y el concurso, excepcionalmente. Oposición: una o más pruebas de capacidad y aptitud que fijan el orden de prelación. Concurso: comprobación y calificación de méritos. Concurso-oposición: sucesión de ambos.

Artículo 5. Características de las pruebas selectivas

Los procedimientos de selección deben ser adecuados al conjunto de puestos que pueden desempeñar los funcionarios del Cuerpo o Escala. Han de consistir en pruebas de conocimientos generales o específicos y pueden incluir «test» psicotécnicos, entrevistas y otros sistemas que aseguren objetividad y racionalidad. Si el procedimiento tiene varios ejercicios, al menos uno debe ser práctico, salvo excepciones debidamente justificadas.

Artículo 6. Descentralización de las pruebas

Son las convocatorias las que pueden disponer que, en los procesos selectivos en que concurran circunstancias especiales, se celebren de forma descentralizada todas las pruebas o solo parte de ellas. Es una posibilidad, no una obligación.

Artículo 7. Objeto

Van a la oferta de empleo público las necesidades de recursos humanos que no puedan cubrirse con los efectivos de personal ya existentes, con dos condiciones: que haya crédito presupuestario y que se considere conveniente cubrirlas durante el ejercicio.

Artículo 8. Aprobación

La oferta de empleo público la aprueba, en su caso, el Gobierno, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y con informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, en el primer trimestre de cada año. Excepcionalmente, si hay necesidades urgentes de incorporación de personal, el Gobierno puede aprobar ofertas para ámbitos administrativos específicos.

Artículo 9. Competencia para convocar

Una vez aprobada la oferta de empleo público, convocan los procedimientos selectivos para las vacantes previstas los Departamentos a los que estén adscritos los Cuerpos y Escalas correspondientes. Antes de convocar necesitan el informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.

Artículo 10. Clases

Artículo 11. Tribunales

Los Tribunales se nombran en cada orden de convocatoria, salvo excepción justificada, y les corresponde desarrollar y calificar las pruebas. Se componen de un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a cinco, con igual número de suplentes, velando por el principio de especialidad. Todos los miembros deben tener titulación igual o superior a la exigida para ingresar en el Cuerpo o Escala.

Artículo 12. Comisiones Permanentes de Selección

Las Comisiones Permanentes de Selección desarrollan y califican las pruebas de acceso a Cuerpos y Escalas en que lo aconsejen el elevado número de aspirantes y el nivel de titulación o especialización exigidos. Se establecen por Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas, previo acuerdo, en su caso, con el Departamento de adscripción. Tienen número impar de miembros, funcionarios de carrera con titulación igual o superior, designados libremente según la Orden de creación. En procesos descentralizados, la convocatoria puede incorporarles temporalmente funcionarios colaboradores.

Artículo 13. Reglas adicionales sobre su composición y funcionamiento

Los órganos de selección no pueden estar formados mayoritariamente por funcionarios del mismo Cuerpo o Escala objeto de selección, salvo las peculiaridades de las normas específicas del artículo 1.2. No pueden formar parte de ellos quienes hayan preparado aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. Tribunales y Comisiones pueden incorporar asesores especialistas, que colaboran solo en sus especialidades técnicas. Los miembros deben abstenerse en las circunstancias del artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico, y los aspirantes pueden recusarlos.

Artículo 14. Revisión e impugnación

Las resoluciones de Tribunales y Comisiones Permanentes de Selección vinculan a la Administración, que puede revisarlas conforme a los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección, y contra sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, cabe recurso ordinario ante la autoridad que haya nombrado a su presidente.

Artículo 15. Convocatorias

Las convocatorias y sus bases se publican en el «Boletín Oficial del Estado». Pueden ser unitarias o para Cuerpos o Escalas determinados. El Departamento convocante puede aprobar, con informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, bases generales (sistema, pruebas, programas y calificación) para sucesivas convocatorias. Las bases vinculan a la Administración, a los órganos de selección y a los participantes. Una vez publicadas, solo pueden modificarse con sujeción estricta a la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 16. Contenido de las convocatorias

Contenido mínimo de las convocatorias: número y características de las plazas; declaración de que no se aprobará a más aspirantes que plazas; órgano al que dirigir las solicitudes; requisitos; sistema selectivo; pruebas y méritos; Tribunal o Comisión Permanente; sistema de calificación; programa; duración máxima de los ejercicios, con un mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales entre el fin de uno y el comienzo del siguiente; orden de actuación por sorteo, y, en su caso, régimen de las prácticas o curso selectivo.

Artículo 17. Orden de actuación de los aspirantes

Antes de que empiecen los ejercicios, la Secretaría de Estado para la Administración Pública fija el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso del año mediante un único sorteo público, anunciado previamente en el «Boletín Oficial del Estado». El resultado del sorteo también se publica en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 18. Solicitudes

La solicitud, en el modelo oficial aprobado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, se presenta en veinte días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Para ser admitido basta manifestar en la solicitud que se reúnen todas las condiciones, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación. La autoridad convocante, por sí o a propuesta del Presidente del órgano de selección, debe comunicar a los órganos competentes las inexactitudes o falsedades de los aspirantes.

Artículo 19

Artículo 20. Listas de admitidos y excluidos

Expirado el plazo de solicitudes, la autoridad convocante dicta en un mes como máximo la resolución que aprueba la lista de admitidos y excluidos. Se publica en el «Boletín Oficial del Estado» e indica dónde están expuestas las listas completas, un plazo de diez días hábiles para subsanar y el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios. Si el procedimiento lo permite y la convocatoria lo dice, no hace falta exponer las listas de admitidos: la resolución recoge entonces los excluidos, sus causas y el plazo de subsanación. La publicación en el BOE determina los plazos de impugnación.

Artículo 21. Anuncios de celebración de las pruebas

Comenzado el proceso selectivo, no es obligatorio publicar en el «Boletín Oficial del Estado» los anuncios de las pruebas restantes. En ese caso, el órgano de selección los hace públicos en los locales donde se celebró la prueba anterior, con al menos doce horas de antelación si se trata del mismo ejercicio, o veinticuatro horas si es un ejercicio nuevo.

Artículo 22. Relación de aprobados

Terminada la calificación, Tribunales o Comisiones Permanentes publican la relación de aprobados por orden de puntuación en los locales de la última prueba y la elevan a la autoridad competente, que la publica en el «Boletín Oficial del Estado». Los actos que ponen fin al procedimiento deben motivarse; si derivan de la discrecionalidad técnica de valoración, la motivación se refiere al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases. El proceso puede incluir curso selectivo o período de prácticas, y solo con curso selectivo pueden aprobar las pruebas más aspirantes que plazas.

Artículo 23. Aportación de documentación

Los aspirantes propuestos aportan los documentos de capacidad y requisitos en veinte días naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las relaciones definitivas de aprobados. Quien no los presente, salvo fuerza mayor, o no reúna algún requisito, no puede ser nombrado y quedan anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de su responsabilidad por falsedad. Los que ya sean funcionarios públicos no justifican lo ya acreditado: presentan solo certificación del Ministerio u organismo del que dependan sobre su condición y su expediente.

Artículo 24. Período de prácticas y curso selectivo

Si la convocatoria prevé período de prácticas o curso selectivo, la autoridad convocante nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos. Quienes no superen el curso selectivo pierden el derecho al nombramiento como funcionarios de carrera por resolución motivada de la autoridad convocante, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso. Quien no pueda hacer el curso o las prácticas por servicio militar o prestación social sustitutoria, o por fuerza mayor justificada y apreciada por la Administración, puede hacerlos después, intercalándose según su puntuación.

Artículo 25. Nombramientos

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hayan superado son nombrados funcionarios de carrera por el Secretario de Estado para la Administración Pública. Su número no puede exceder en ningún caso del de plazas convocadas, y cualquier resolución que lo contravenga es nula de pleno derecho. Los nombramientos se publican en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 26. Asignación inicial de puestos de trabajo

Artículo 27. Selección y nombramiento

Los funcionarios interinos los nombra, según los principios de mérito y capacidad, el Subsecretario del Departamento de adscripción del Cuerpo o Escala, o el Director general de la Función Pública si el Cuerpo o Escala depende de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. El procedimiento debe permitir la máxima agilidad, por la urgencia de cubrir transitoriamente los puestos. Los interinos han de reunir la titulación y demás condiciones exigidas a los de carrera, y las normas de selección de estos se les aplican supletoriamente en lo adecuado.

Artículo 28. Régimen aplicable

Los Departamentos ministeriales convocan, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública y conforme a la oferta de empleo público, los procesos para cubrir sus vacantes con personal laboral fijo de nuevo ingreso. La promoción interna o la cobertura de vacantes del personal laboral que no sea de nuevo ingreso se rige por sus convenios colectivos o normativa específica, y sus convocatorias también necesitan informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.

Artículo 29. Convocatorias y sistemas selectivos

Las convocatorias de personal laboral se someten al título I del Reglamento y a los criterios generales de selección que fije el Ministerio para las Administraciones Públicas. En el «Boletín Oficial del Estado» se anuncian, como mínimo, el número de plazas por categorías y el lugar en que estén expuestas las bases. Los sistemas selectivos son la oposición, el concurso-oposición y el concurso.

Artículo 30. Organos de selección

En la selección del personal laboral, los órganos de selección se constituyen en cada convocatoria, con un número impar de miembros, y al menos uno de ellos se designa a propuesta de la representación de los trabajadores.

Artículo 31. Solicitudes y anuncio de las pruebas

Los aspirantes a plazas de personal laboral presentan su solicitud en el modelo oficial aprobado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública. En el plazo máximo de un mes desde que termina el plazo de presentación de instancias, se publica en el «Boletín Oficial del Estado» la fecha, lugar y hora de las pruebas, indicando dónde están expuestas las listas de admitidos.

Artículo 32. Propuesta de aprobados

Al terminar las pruebas de selección del personal laboral, se eleva al órgano competente la propuesta de candidatos para formalizar los contratos. Esa propuesta no puede superar en ningún caso el número de plazas convocadas; si lo hace, es nula de pleno derecho.

Artículo 33. Adquisición de la condición de personal laboral fijo

El órgano competente formaliza los contratos una vez justificadas las condiciones de capacidad y los requisitos de la convocatoria. Hasta que se formalicen los contratos y los aspirantes se incorporen a sus puestos, no tienen derecho a percepción económica alguna. Superado satisfactoriamente el período de prueba fijado en cada convocatoria, se adquiere la condición de personal laboral fijo.

Artículo 34

Artículo 35. Contratación de personal laboral no permanente

Los Departamentos ministeriales pueden contratar personal laboral no permanente para trabajos que no pueda atender el personal laboral fijo, previo informe favorable de los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. Los contratos respetan mérito y capacidad, las normas generales de contratación de este personal y los criterios del Ministerio para las Administraciones Públicas. Cada Departamento tiene un Registro de Personal laboral no permanente, cuyas inscripciones y anotaciones se comunican siempre al Registro Central de Personal.

Artículo 1

El artículo 1 fija el objeto del Real Decreto: las competencias en materia de administración del personal de la Administración del Estado, a que se refiere el artículo 1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se ejercerán de acuerdo con lo establecido en este Real Decreto.

Artículo 2

El Gobierno dirige la política de personal y tiene la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en función pública del Estado. En particular: fija directrices; da instrucciones a sus representantes en la negociación con los sindicatos de funcionarios y valida los acuerdos con aprobación expresa y formal (y fija las condiciones si no hay acuerdo); instruye la negociación con el personal laboral; fija anualmente las normas retributivas; aprueba la oferta de empleo del Estado, la estructura en grados y, previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, criterios de coordinación.

Artículo 3

El Ministro de la Presidencia propone al Gobierno, en relación con el personal funcionario, 22 materias: normas generales de función pública, la Oferta de Empleo Público, la estructura en grados, el Registro Central de Personal, la separación del servicio (previo expediente disciplinario y a iniciativa del Departamento), la unificación de Cuerpos y Escalas de igual grupo con funciones sustancialmente coincidentes, su declaración a extinguir y las pruebas y concursos unitarios, entre otras. Vigencia: los nombres de los órganos son los de 1984.

Artículo 4

Competencias propias del Ministro de la Presidencia: desarrollo general, coordinación y control de la política de personal del Gobierno; planes para mejorar el rendimiento del personal; velar por el cumplimiento de las normas generales e inspeccionar al personal de su dependencia orgánica; aprobar las relaciones de puestos de trabajo, a propuesta de los Ministerios correspondientes; fijar requisitos y pruebas de acceso a grupo superior; gestionar los regímenes especiales de Seguridad Social de los funcionarios. Vigencia: los nombres de los órganos son los de 1984.

Artículo 5

Al Ministro de Economía y Hacienda le corresponden dos cosas: proponer al Gobierno, en el marco de la política general económica y presupuestaria, las directrices a que deberán ajustarse los gastos de personal de la Administración del Estado, y autorizar cualquier medida relativa al personal que pueda suponer modificaciones en el gasto. Vigencia: los nombres de los órganos son los de 1984.

Artículo 6

Al Secretario de Estado para la Administración Pública le corresponden, respecto del personal funcionario: impulsar y dirigir el régimen jurídico e inspección de la Función Pública; nombrar a los funcionarios de carrera y expedir sus títulos administrativos; aprobar las bases de los concursos de provisión de puestos; desarrollar y ejecutar los acuerdos del Gobierno sobre racionalización de Cuerpos y Escalas; dirigir los cursos de selección, formación y perfeccionamiento. Los apartados 2, 7 y 8 están derogados. Vigencia: los nombres de los órganos son los de 1984.

Artículo 7

Al Director general de la Función Pública le corresponde el control de las propuestas de inscripciones en el Registro Central de Personal y, además, cuantas otras competencias le correspondan según la legislación vigente y todos los actos de gestión y administración no atribuidos a los Departamentos ministeriales. Los apartados 2 y 3 están derogados. Vigencia: los nombres de los órganos son los de 1984.

Artículo 8

A los Departamentos ministeriales, respecto de los funcionarios de los Cuerpos o Escalas adscritos a ellos, les corresponde informar la adscripción concreta de los Cuerpos o Escalas que estén bajo su dependencia (apartados 2 a 4 derogados). Esa competencia la ejerce el Subsecretario de cada Departamento y, para los Cuerpos y Escalas del Ministerio de la Presidencia dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, el Director general de la Función Pública. Vigencia: los nombres de los órganos son los de 1984. Vigencia: el último párrafo está derogado en cuanto se oponga al Real Decreto 1084/1990.

Artículo 9

Los Ministros (respecto de los funcionarios de su Departamento) y los Secretarios de Estado (respecto de los destinados en sus Unidades) tienen seis competencias: proveer los puestos de libre designación, previa convocatoria pública; convocar y resolver los concursos de provisión con las bases aprobadas según el artículo 6.4; ejercer la potestad disciplinaria salvo la separación del servicio; proponer la relación de puestos de trabajo; otorgar premios o recompensas, y designar a los representantes del Departamento en las Comisiones de análisis de los programas alternativos de gasto.

Artículo 10

Los Subsecretarios, como superiores directores de todos los funcionarios de su Ministerio, ejercen la jefatura e inspección de personal; reconocen la adquisición y cambio de grados personales; declaran las situaciones de servicios especiales y de servicio en Comunidades Autónomas; acuerdan la comisión de servicios que suponga cambio de localidad; autorizan la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento, y realizan todos los actos de administración y gestión ordinaria del personal no atribuidos a otros órganos en el Real Decreto.

Artículo 11

Los Subsecretarios (servicios centrales del Ministerio, sus Organismos Autónomos y entidades dependientes), los Delegados del Gobierno (periféricos regionales) y los Gobernadores civiles (periféricos provinciales) acuerdan: comisiones de servicios de menos de seis meses sin cambio de Ministerio ni localidad; posesión y cese; jubilaciones forzosas y por incapacidad física; propuesta e informe de compatibilidades; permisos y licencias; trienios; excedencias voluntarias no por interés particular, y desempeño provisional (en Servicios Centrales de Organismos Autónomos, sus Directores).

Artículo 12

Sobre el personal laboral, el Ministerio de la Presidencia ejerce la coordinación y el control de carácter general; propone al Gobierno la oferta de empleo público y las medidas de racionalización de plantillas; establece los criterios generales de selección, y determina qué puestos de las relaciones de puestos de trabajo debe desempeñar personal laboral. Todas las demás competencias las ejercen los Subsecretarios de los Departamentos en que presta servicios ese personal. Vigencia: los apartados 3 y 4 están derogados parcialmente por el Real Decreto 1275/1990.

Artículo 13

El nombramiento y el cese del personal eventual corresponden a los Ministros y a los Secretarios de Estado. El artículo no reparte ninguna otra competencia sobre este personal: solo fija quién lo nombra y quién lo cesa, y atribuye ambas decisiones a los mismos dos órganos, sin intervención de los Subsecretarios ni de otros órganos.

Artículo 18. La oferta de empleo público

Las Administraciones Públicas pueden elaborar Planes de Empleo, para personal funcionario y laboral. Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan cubrirse con los efectivos existentes son objeto de Oferta de Empleo Público. Tribunales y Comisiones de Selección no pueden declarar que han superado el proceso más aspirantes que plazas convocadas: la propuesta contraria es nula de pleno derecho. En la Administración General del Estado, la Oferta la aprueba el Gobierno a propuesta del Ministerio para las Administraciones Públicas.

Artículo 19. Selección del personal

Las Administraciones seleccionan su personal, funcionario o laboral, según su oferta de empleo público, con convocatoria pública, por concurso, oposición o concurso-oposición libre, con igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El Gobierno regula los órganos de selección, que no pueden formarse mayoritariamente con funcionarios del Cuerpo que se selecciona, salvo las peculiaridades del personal docente e investigador. El Instituto Nacional de Administración Pública coordina, controla y, en su caso, realiza los cursos de selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios estatales.