Tema 18 del temario de Auxiliar Administrativo del Estado 2026

Artículo 1. Titulares del derecho de petición

Artículo 2. Destinatarios

El derecho de petición puede ejercerse ante cualquier institución pública, administración o autoridad, y también ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones públicas. Siempre respecto de las materias de su competencia, sea cual sea el ámbito territorial o funcional de esta.

Artículo 3. Objeto de las peticiones

Las peticiones pueden versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, afecten solo al peticionario o sean de interés colectivo o general. Quedan fuera de este derecho las solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en esta Ley.

Artículo 4. Formalización

Las peticiones se formulan por escrito, por cualquier medio, incluso electrónico, que permita acreditar su autenticidad. Deben incluir la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para notificaciones, el objeto y el destinatario. Las colectivas, además, las firman todos los peticionarios, con el nombre y apellidos de cada uno junto a su firma. Puede remitirse copia a otra institución u órgano solo para su conocimiento, y los peticionarios pueden exigir la confidencialidad de sus datos.

Artículo 5. Utilización de lenguas cooficiales

En las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos establezcan la cooficialidad lingüística, las peticiones a la Administración General del Estado o a sus organismos públicos pueden formularse en cualquiera de las lenguas oficiales, con respuesta en la lengua que elija el peticionario. Ante instituciones autonómicas y entidades locales rige la legislación autonómica. Se traducen al castellano los documentos que deban surtir efectos fuera de la Comunidad y los dirigidos a interesados que lo pidan expresamente; no es precisa si surten efectos en otra Comunidad donde sea cooficial esa misma lengua.

Artículo 6. Presentación de escritos

El escrito de petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones pueden presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida por la legislación reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La administración, institución pública o autoridad que reciba la petición acusa recibo y lo comunica al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción; lo hace el órgano correspondiente según la norma organizativa de cada entidad.

Artículo 7. Tramitación de peticiones. Subsanación

Recibido el escrito, la autoridad u órgano comprueba su adecuación a los requisitos de la Ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramientos que estime pertinentes, y declara la inadmisión o tramita la petición. Si faltan los requisitos del artículo 4 o los datos no están claros, requiere la subsanación en quince días, con apercibimiento de tenerlo por desistido y archivo notificado con expresión de la causa. También puede pedir datos o documentos complementarios estrictamente imprescindibles; no aportarlos no determina por sí solo la inadmisibilidad.

Artículo 8. Inadmisión de peticiones

No se admiten las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, ni aquellas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al de esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial. Tampoco las que versen sobre un objeto con procedimiento parlamentario, administrativo o proceso judicial ya iniciado, mientras no haya recaído acuerdo o resolución firme.

Artículo 9. Declaración de inadmisibilidad. Plazo

La declaración de inadmisibilidad es siempre motivada y debe acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición. Si la inadmisión se debe a que existen otros procedimientos específicos para satisfacer el objeto de la petición, debe indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse y el órgano competente. En otro caso, la petición se entiende admitida a trámite.

Artículo 10. Decisiones sobre competencia

Si la inadmisibilidad se basa en la falta de competencia del destinatario, este remite la petición a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de diez días y lo comunica así al peticionario; los plazos se computan entonces desde la recepción del escrito, aplicándose el artículo 6.2. Si el órgano o autoridad que se estima incompetente y el que considera competente pertenecen a la misma institución, administración u organismo, le remite directamente las actuaciones.

Artículo 11. Tramitación y contestación de peticiones admitidas

Admitida a trámite la petición, la autoridad u órgano competente debe contestar y notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su presentación, y puede convocar a los peticionarios en audiencia especial. Si la estima fundada, debe atenderla y adoptar las medidas oportunas, incluido el impulso de una disposición de carácter general. La contestación recoge, al menos, los términos en que se ha tomado en consideración y las razones para acceder o no. Puede insertarse en el diario oficial que corresponda. Anualmente se confecciona una memoria de actividades.

Artículo 12. Protección jurisdiccional

El derecho de petición es susceptible de tutela judicial por las vías del artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de otras acciones que el peticionario estime procedentes. Pueden ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona: la declaración de inadmisibilidad de la petición, la omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido y la ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 14. Definición

Cada órgano u organismo del ámbito del real decreto determina una unidad responsable de las quejas y sugerencias. Esta recoge y tramita tanto las manifestaciones de insatisfacción de los usuarios con los servicios como las iniciativas para mejorar su calidad, y además responde a los ciudadanos, les informa de las actuaciones realizadas y, en su caso, de las medidas adoptadas.

Artículo 15. Presentación y tramitación de las quejas y sugerencias

La unidad de quejas y sugerencias estará señalizada de forma visible y será la más accesible. Se presentan presencialmente, por correo postal o por medios telemáticos; las enviadas por correo electrónico o Internet deben llevar la firma electrónica del interesado. En persona, el usuario cumplimenta y firma el formulario del órgano (cuyo contenido mínimo define la Secretaría General para la Administración Pública) y puede pedir ayuda a los funcionarios. Recibe constancia por el medio que indique, y las quejas se clasifican según la estructura de códigos que se determine.

Artículo 16. Contestación

Recibida la queja o sugerencia, la unidad del artículo 14 informa al interesado de las actuaciones realizadas en 20 días hábiles. Ese plazo puede suspenderse si hay que requerir al interesado para que, en 10 días hábiles, haga las aclaraciones necesarias. Si pasa el plazo sin respuesta, el ciudadano puede dirigirse a la Inspección General de Servicios del departamento para conocer los motivos y para que proponga, en su caso, medidas a los órganos competentes.

Artículo 17. Actuaciones de las unidades responsables

La Inspección General de Servicios de cada departamento sigue las quejas y sugerencias de sus órganos, unidades y organismos, centrales y periféricos. Las de los servicios periféricos integrados en Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno las sigue la Inspección General de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas. La unidad del artículo 14 envía a la Inspección de su ministerio, en enero de cada año, un informe global de las quejas y sugerencias del año anterior, clasificado según el artículo 15.5 y con copia de las contestaciones.

Artículo 18. Seguimiento

La información de seguimiento de las quejas y sugerencias recibidas, y de las respuestas y medidas adoptadas en su caso, no va en un informe aparte: se incorpora al informe conjunto al que se refiere el artículo 3.4.

Artículo 19. Efectos

Las quejas del real decreto no tienen en ningún caso la calificación de recurso administrativo y su presentación no interrumpe los plazos de la normativa vigente. Tampoco condicionan el ejercicio de las demás acciones o derechos que puedan ejercer los interesados en el procedimiento según su normativa reguladora.

Artículo 1. La información administrativa

Define la información administrativa como un cauce adecuado para que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones y puedan utilizar los bienes y servicios públicos. La información que prestan las unidades y oficinas del capítulo II del Real Decreto puede ser de dos clases: general o particular.

Artículo 2. La información general

La información general versa sobre la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades; los requisitos jurídicos o técnicos de proyectos y solicitudes; la tramitación de procedimientos, los servicios públicos y prestaciones. Se facilita obligatoriamente, sin exigir acreditar legitimación alguna; si conviene más difusión, debe ofrecerse a grupos sociales o instituciones interesados, potenciando los medios de información a distancia.

Artículo 3. La información particular

La información particular se refiere al estado o contenido de los procedimientos en tramitación y a la identidad de las autoridades y personal bajo cuya responsabilidad se tramitan. Solo puede darse a los interesados en cada procedimiento o a sus representantes legales. Puede referirse también a datos personales, reservados a las personas a que se refieran. La aportan las unidades de gestión de la AGE, que pueden estar conectadas con las oficinas de información, las cuales colaborarán con ellas cuando así se establezca.

Artículo 4. Las funciones de atención al ciudadano

La atención personalizada comprende seis funciones: a) recepción y acogida (orientación inicial y localización de dependencias y funcionarios); b) orientación e información (aclaraciones prácticas sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación, sin interpretación normativa ni consideración jurídica o económica); c) gestión; d) recepción de iniciativas o sugerencias; e) recepción de quejas y reclamaciones; f) asistencia en el derecho de petición, elevando a los órganos competentes las peticiones sin destinatario o con destinatario erróneo.

Artículo 5. Unidades departamentales de información administrativa

En cada Ministerio, la jefatura de la unidad departamental de información administrativa corresponde al titular de la Subdirección General competente en información administrativa. La unidad se relaciona de forma permanente con centros directivos y organismos, que le transmiten las variaciones de sus datos. Entre sus funciones: dirigir las oficinas del Departamento, mantener su base de datos y representarlo. Realiza además cometidos internos de obtención, difusión, catalogación (con informe preceptivo, no vinculante, sobre impresos y publicaciones) y publicidad.

Artículo 6. Centro de Información Administrativa

El Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas está adscrito a la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a través de la Inspección General de Servicios, con nivel de Subdirección General. Además de las funciones de las unidades departamentales, mantiene y distribuye las bases de datos de la AGE, sostiene un sistema de información eminentemente telefónico, coopera con las oficinas de otros Departamentos y organiza cursos de capacitación en colaboración con el INAP.

Artículo 7. Funciones y cometidos

Todas las oficinas de información y atención al ciudadano realizan las funciones del capítulo I del Real Decreto. Además, asumen los cometidos de gestión interna de tratamiento y difusión de la información que expresamente les delegue o encomiende el Centro de Información Administrativa o su unidad de información administrativa, en la medida en que sus recursos humanos y materiales lo vayan permitiendo. Las oficinas que forman la red informativa general son las de los artículos siguientes.

Artículo 8. Oficinas de información y atención al ciudadano en los servicios centrales

En los servicios centrales hay dos tipos de oficinas de información y atención: a) las oficinas centrales, que radican en la sede de cada Departamento ministerial salvo que circunstancias singulares aconsejen otro emplazamiento, y que pueden tener oficinas delegadas o puntos de información en otros edificios; b) las de entidades de derecho público, centros directivos y demás servicios cuya entidad y especialidad justifiquen oficinas de información especializada o sectorial.

Artículo 9. Oficinas de información y atención al ciudadano de los órganos territoriales de la Administración General del Estado

Son oficinas centrales las dependientes de las Delegaciones del Gobierno, Gobiernos Civiles y Delegaciones Insulares; puede haber oficinas sectoriales en servicios provinciales si el volumen y la especialidad de la demanda lo justifican. Las centrales coordinan, apoyan y tutelan a las demás de su territorio. Todas comunican sus variaciones de datos al Centro de Información Administrativa, que actúa como coordinador territorial y dirige grupos de trabajo cuyos representantes designan los Delegados del Gobierno; los provinciales, los Gobernadores civiles.

Artículo 10. Colaboración entre Administraciones públicas

Mediante convenio de colaboración suscrito por distintas Administraciones públicas puede acordarse que, desde las oficinas de información y atención de cualquiera de ellas, se ofrezca a los ciudadanos la información administrativa de las otras, con los mecanismos de comunicación necesarios para intercambiar información. También puede acordarse así la creación de oficinas integradas de información con participación de varias Administraciones.

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14. Normas de funcionamiento de los órganos colegiados de información administrativa

Todos los órganos colegiados de información administrativa deben ajustar su régimen jurídico y su actuación a lo que dispone la propia sección 3.ª del capítulo II del Real Decreto y a lo dispuesto en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No añade reglas propias de funcionamiento: remite a esas dos fuentes.