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C1.1000 · Área jurídico administrativa general

Tema 9 del temario de Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos administrativos: La motivación, la notificación y la publicación. Régimen jurídico del silencio administrativo. Eficacia, validez y revisión de oficio de los actos administrativos.

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Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

En este tema: arts. 1–24. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto

    La ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional.

  2. Artículo 2. Ámbito Subjetivo

    La ley se aplica al sector público: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades locales y sector público institucional. Este se integra por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, sujetas a lo que específicamente se refiera a ellas —en particular a los principios del artículo 3— y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas; y las Universidades públicas, regidas por su normativa específica y supletoriamente por esta ley. Son Administraciones Públicas las tres territoriales y los organismos y entidades de derecho público de la letra a).

  3. Artículo 3. Principios generales

    Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

  4. Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad

    Cuando establezcan medidas que limiten derechos o exijan requisitos para desarrollar una actividad, las Administraciones deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público y justificar su adecuación a los fines perseguidos, sin producir diferencias de trato discriminatorias, y deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. Para velar por el cumplimiento de la legislación aplicable pueden comprobar, verificar, investigar e inspeccionar, con los límites de la normativa de protección de datos.

  5. Artículo 5. Órganos administrativos

    Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

  6. Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio

    Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Se publicarán en el boletín oficial cuando una disposición lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

  7. Artículo 7. Órganos consultivos

    La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional respecto de la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En este segundo caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, orgánica o funcional, ni recibir instrucciones o indicaciones de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, y actuarán de forma colegiada.

  8. Artículo 8. Competencia

    La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo delegación o avocación. La delegación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio. La titularidad y el ejercicio pueden ser desconcentrados en órganos jerárquicamente dependientes. Si una disposición atribuye la competencia a una Administración sin especificar órgano, se entenderá que instruir y resolver corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de materia y territorio y, de haber varios, al superior jerárquico común.

  9. Artículo 9. Delegación de competencias

    Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.

  10. Artículo 10. Avocación

    Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos dependientes, cuando circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales lo hagan conveniente. En los casos de delegación en órganos no dependientes jerárquicamente, solo puede avocar el órgano delegante. La avocación se realiza mediante acuerdo motivado, notificado a los interesados antes o simultáneamente a la resolución final. Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque puede impugnarse en el que se interponga contra la resolución del procedimiento.

  11. Artículo 11. Encomiendas de gestión

    La realización de actividades de carácter material o técnico podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o por no poseer los medios técnicos idóneos. No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos del sector público. La encomienda no supone cesión de la titularidad ni de los elementos sustantivos del ejercicio: los actos o resoluciones jurídicas los dicta el órgano encomendante. La entidad encomendada tiene la condición de encargado del tratamiento de los datos personales.

  12. Artículo 12. Delegación de firma

    Los titulares de los órganos podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos en los titulares de los órganos o unidades que de ellos dependan, dentro de los límites del artículo 9. La delegación de firma no altera la competencia del delegante y para su validez no será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos firmados por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

  13. Artículo 13. Suplencia

    Los titulares de los órganos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, y también cuando se haya declarado su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia se ejercerá por quien designe el órgano inmediato superior de quien dependa. La suplencia no implica alteración de la competencia y para su validez no es necesaria su publicación. En la Administración General del Estado el suplente puede designarse en los reales decretos de estructura orgánica o por el órgano competente para nombrar al titular. En las resoluciones dictadas mediante suplencia se hará constar esta circunstancia.

  14. Artículo 14. Decisiones sobre competencia

    El órgano que se estime incompetente remitirá directamente las actuaciones al que considere competente, notificándolo a los interesados. Los interesados que sean parte pueden dirigirse al órgano que conoce del asunto para que decline su competencia, o al que estimen competente para que requiera de inhibición al que conoce. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto de asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento.

  15. Artículo 15. Régimen

    El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas de esta sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.

  16. Artículo 16. Secretario

    Los órganos colegiados tendrán un Secretario, que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. Le corresponde velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano, certificar esas actuaciones y garantizar que se respetan los procedimientos y las reglas de constitución y adopción de acuerdos. Si un Secretario que no es miembro resulta suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conserva todos sus derechos como tal.

  17. Artículo 17. Convocatorias y sesiones

    Los órganos colegiados podrán constituirse, convocar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno indique lo contrario. Los miembros que voten en contra o se abstengan quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

  18. Artículo 18. Actas

    De cada sesión levantará acta el Secretario, especificando necesariamente los asistentes, el orden del día, las circunstancias de lugar y tiempo, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos. Las sesiones podrán grabarse: el fichero, con certificación del Secretario sobre su autenticidad e integridad, puede acompañar al acta sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. El acta podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario la elabora con el visto bueno del Presidente y la remite por medios electrónicos a los miembros, que pueden manifestar por esos mismos medios su conformidad o reparos.

  19. Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella

    Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Entidades de Derecho Público se rigen por este artículo y por las previsiones de la Ley 39/2015. Corresponde al Presidente: ostentar la representación del órgano; acordar la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden del día, teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros formuladas con antelación suficiente; presidir las sesiones, moderar los debates y suspenderlos por causas justificadas; dirimir con su voto los empates —salvo en los órganos del artículo 15.2, donde el voto será dirimente solo si lo establecen sus normas—; asegurar el cumplimiento de las leyes; y visar las actas y certificaciones de los acuerdos.

  20. Artículo 20. Requisitos para constituir órganos colegiados

    Son órganos colegiados los que se creen formalmente, estén integrados por tres o más personas, tengan atribuidas funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control y actúen integrados en la Administración General del Estado o en alguno de sus Organismos públicos. Su constitución tiene como presupuesto indispensable que la norma de creación —o el convenio con otras Administraciones— determine: sus fines u objetivos; su integración administrativa o dependencia jerárquica; la composición y los criterios de designación del Presidente y de los demás miembros; las funciones atribuidas; y la dotación de los créditos necesarios para su funcionamiento.

  21. Artículo 21. Clasificación y composición de los órganos colegiados

    Por su composición, los órganos colegiados de la Administración General del Estado se clasifican en interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios, y ministeriales, si proceden de los órganos de un solo Ministerio. En ambos puede haber representantes de otras Administraciones cuando estas lo acepten voluntariamente, cuando lo establezca un convenio o cuando lo determine una norma aplicable a las Administraciones afectadas. También pueden participar organizaciones representativas de intereses sociales y personas designadas por sus especiales condiciones de experiencia o conocimientos.

  22. Artículo 22. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados

    La creación de órganos colegiados solo requerirá norma específica, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», cuando se les atribuyan competencias decisorias, de propuesta o emisión de informes preceptivos que sirvan de base a decisiones de otros órganos, o de seguimiento o control de la actuación de otros órganos. En esos casos la norma revestirá forma de Real Decreto para los interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general; Orden ministerial conjunta para los demás interministeriales; y Orden ministerial para los ministeriales. En los supuestos no comprendidos en el apartado 1, los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán crearse por acuerdo de los órganos competentes, sin las formalidades anteriores.

  23. Artículo 23. Abstención

    Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes concurran motivos como interés personal en el asunto, parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta con los interesados, se abstendrán de intervenir y lo comunicarán a su superior inmediato.

  24. Artículo 24. Recusación

    En los casos previstos en el artículo anterior, los interesados podrán promover recusación por escrito, indicando la causa en que se funda. El superior inmediato resolverá en el plazo de tres días.

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 21–25, 34–52 y 106–111. Ver la norma

  1. Artículo 21. Obligación de resolver

    La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. El plazo máximo será el fijado por la norma reguladora del procedimiento; cuando no lo fije, será de tres meses.

  2. Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver

    Recoge dos listas distintas. El apartado 1 enumera los casos en que el plazo máximo para resolver se podrá suspender: requerimiento de subsanación al interesado, pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, procedimiento europeo pendiente que condicione la resolución, solicitud de informes preceptivos a otro órgano —con un tope de tres meses—, pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los interesados, negociaciones para un pacto o convenio, y pronunciamiento previo de un órgano jurisdiccional. El apartado 2 enumera aquellos en que se suspenderá: requerimiento entre Administraciones del artículo 39.5, actuaciones complementarias del artículo 87 y recusación.

  3. Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar

    Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales a los que se refiere el artículo 21.5, el órgano competente para resolver puede acordar de forma motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación. Esa ampliación no puede ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo, que debe notificarse a los interesados, no cabe recurso alguno.

  4. Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado

    En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, vencido el plazo máximo sin notificar resolución expresa, la regla general es que el silencio es estimatorio, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o internacional disponga lo contrario. Es desestimatorio en el derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, en los procedimientos cuya estimación transfiriera facultades sobre el dominio público o el servicio público, en los que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los de responsabilidad patrimonial; también en la impugnación de actos y disposiciones y en la revisión de oficio a solicitud del interesado. La estimación por silencio es un acto administrativo que finaliza el procedimiento; la desestimación solo permite recurrir. El certificado del silencio se expide de oficio en quince días.

  5. Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio

    En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa produce: si pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, silencio desestimatorio; si la Administración ejercita potestades sancionadoras o de intervención desfavorables, caducidad del procedimiento.

  6. Artículo 34. Producción y contenido

    Los actos administrativos se producirán por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido, bien de oficio o a instancia del interesado. Su contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines del acto.

  7. Artículo 35. Motivación

    Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros: los actos que limiten derechos, los de revisión de oficio, los que se separen del criterio en actuaciones precedentes, y los que pongan fin a procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

  8. Artículo 36. Forma

    Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

  9. Artículo 37. Inderogabilidad singular

    Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición. Son nulas las resoluciones que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como las que incurran en alguna de las causas del artículo 47.

  10. Artículo 38. Ejecutividad

    Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

  11. Artículo 39. Efectos

    Los actos sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que dispongan otra cosa. La eficacia se demora cuando lo exija el contenido del acto o esté supeditada a notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente cabe eficacia retroactiva: cuando el acto sustituye a otro anulado, o cuando produce efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho ya existieran y no se lesionen derechos de terceros.

  12. Artículo 40. Notificación

    Se notifica a los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados. La notificación debe cursarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se dictó el acto, y contener el texto íntegro de la resolución, si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo. Si falta alguno de esos requisitos pero está el texto íntegro, surte efecto desde que el interesado actúe demostrando que conoce el contenido o interponga cualquier recurso.

  13. Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones

    Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos, y siempre que el interesado esté obligado a esa vía. Solo caben en papel dos supuestos: la comparecencia espontánea del interesado que pide la notificación personal en ese momento, y la entrega directa por un empleado público cuando sea necesaria para asegurar la eficacia de la actuación. Sea cual sea el medio, la notificación vale si permite acreditar el envío o puesta a disposición, la recepción o acceso, las fechas y horas, el contenido íntegro y la identidad de remitente y destinatario. Nunca se practican electrónicamente las que lleven elementos no convertibles a formato electrónico ni las que contengan medios de pago como cheques. Si el interesado es notificado por varios cauces, vale la fecha de la primera.

  14. Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel

    Toda notificación en papel se pone además a disposición del interesado en la sede electrónica, para que pueda acceder voluntariamente. Practicada en el domicilio, si el interesado no está puede hacerse cargo cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre allí y acredite su identidad. Si nadie se hace cargo, se hace constar el día y la hora y se repite el intento una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes: si el primero fue antes de las quince horas el segundo ha de ser después, y al revés, dejando al menos tres horas de diferencia. Si el segundo intento también falla, se acude al artículo 44.

  15. Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos

    Las notificaciones electrónicas se practican por comparecencia en la sede electrónica, a través de la dirección electrónica habilitada única, o por ambos sistemas. Se entienden practicadas en el momento en que se accede a su contenido. Cuando la notificación electrónica sea obligatoria o el interesado la haya elegido expresamente, se entiende rechazada si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a ella. Los interesados pueden acceder a sus notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico.

  16. Artículo 44. Notificación infructuosa

    Cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o, intentada, no se haya podido practicar, la notificación se hace mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Previamente y con carácter facultativo, las Administraciones pueden publicar un anuncio en el boletín de la Comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio o en el consulado correspondiente. Cualquier otra forma complementaria de difusión no excluye la obligación de publicar en el BOE.

  17. Artículo 45. Publicación

    Los actos se publican cuando lo establezcan las normas de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público. En todo caso se publican, y la publicación surte los efectos de la notificación, en dos supuestos: cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas —o cuando la Administración estime insuficiente la notificación individual, en cuyo caso la publicación es adicional—, y cuando se trate de actos de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, donde la convocatoria debe indicar el medio de las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las realizadas en lugar distinto. La publicación se hace en el diario oficial que corresponda a la Administración de la que proceda el acto.

  18. Artículo 46. Indicación de notificaciones y publicaciones

    Si el órgano competente aprecia que la notificación por anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limita a publicar en el diario oficial una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados pueden comparecer, en el plazo que se establezca, para conocer el contenido íntegro y dejar constancia de ese conocimiento. Las formas complementarias de difusión no excluyen la publicación en el diario oficial.

  19. Artículo 47. Nulidad de pleno derecho

    Los actos son nulos de pleno derecho, entre otros casos: cuando lesionan derechos susceptibles de amparo constitucional, cuando los dicta un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, o cuando tienen contenido imposible.

  20. Artículo 48. Anulabilidad

    Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Y realizar actuaciones fuera del tiempo establecido solo implica anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

  21. Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos

    La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los actos sucesivos del procedimiento que sean independientes del primero. Y la nulidad o anulabilidad de parte de un acto no arrastra a las partes independientes de la viciada, salvo que esa parte sea de tal importancia que sin ella el acto no se hubiera dictado.

  22. Artículo 50. Conversión de actos viciados

    Los actos nulos o anulables que, pese a su vicio, contengan los elementos constitutivos de otro acto distinto producirán los efectos de este último.

  23. Artículo 51. Conservación de actos y trámites

    El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

  24. Artículo 52. Convalidación

    La Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación produce efecto desde su fecha, salvo la retroactividad que permite el artículo 39.3. Si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación la realiza el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto. Y si consiste en la falta de una autorización, se convalida otorgándola el órgano competente.

  25. Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos

    Las Administraciones, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, declararán de oficio la nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del artículo 47.1. Con el mismo dictamen podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del artículo 47.2. El órgano competente puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados, sin dictamen, cuando no se basen en alguna causa de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento. Iniciado de oficio, el transcurso de seis meses sin resolución produce la caducidad; iniciado a solicitud, el silencio es desestimatorio.

  26. Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables

    Las Administraciones podrán impugnar ante el orden contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al artículo 48, previa declaración de lesividad para el interés público. La declaración no podrá adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto y exige audiencia previa de los interesados. No es susceptible de recurso, aunque puede notificarse a efectos informativos. Transcurridos seis meses desde la iniciación sin declararse la lesividad, el procedimiento caduca.

  27. Artículo 108. Suspensión

    Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

  28. Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores

    Las Administraciones podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Podrán asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos.

  29. Artículo 110. Límites de la revisión

    Las facultades de revisión del Capítulo no podrán ser ejercidas cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

  30. Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado

    En el ámbito estatal son competentes para la revisión de oficio: el Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los dictados por los Ministros; los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado; los Secretarios de Estado, respecto de los órganos directivos que de ellos dependan; y en los organismos públicos y entidades de derecho público, los órganos a los que estén adscritos respecto de los actos de su máximo órgano rector, y los máximos órganos rectores respecto de los demás.

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