Tema 6 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Artículo 97. Función del Gobierno

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Artículo 98. Composición del Gobierno

El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

Artículo 99. Investidura del Presidente

El Rey propone un candidato a Presidente del Gobierno, que expone su programa ante el Congreso. Si el Congreso otorga su confianza por mayoría absoluta, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después, y la confianza se entenderá otorgada si obtiene mayoría simple. Si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato hubiere obtenido la confianza, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones.

Artículo 100. Nombramiento y separación de los miembros del Gobierno

Los demás miembros del Gobierno —es decir, todos salvo el Presidente— son nombrados y separados por el Rey, siempre a propuesta del Presidente del Gobierno.

Artículo 101. Cese del Gobierno y Gobierno en funciones

El Gobierno cesa en cuatro supuestos: tras la celebración de elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria en los casos previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.

Artículo 102. Responsabilidad penal del Presidente y de los miembros del Gobierno

La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, solo puede plantearla la cuarta parte de los miembros del Congreso y necesita la aprobación de su mayoría absoluta. La prerrogativa real de gracia no se aplica a ninguno de estos supuestos.

Artículo 103. Principios de actuación de la Administración pública

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a cinco principios —eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación— con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Los órganos de la Administración del Estado se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley. Y la ley regulará el estatuto de los funcionarios, el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad.

Artículo 104. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica determinará sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos.

Artículo 105. Audiencia al ciudadano, acceso a archivos y procedimiento

La ley regulará tres materias: la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de organizaciones y asociaciones, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten; el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas; y el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado.

Artículo 106. Control judicial de la Administración y responsabilidad patrimonial

Los Tribunales controlan tres cosas: la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esa actuación a los fines que la justifican. Además, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.

Artículo 107. El Consejo de Estado

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

Artículo 108. Responsabilidad política del Gobierno

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Artículo 109. Derecho de información de las Cámaras

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 110. Comparecencia del Gobierno ante las Cámaras

Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. A su vez, los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y pueden solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

Artículo 111. Interpelaciones y preguntas

El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las Cámaras, y para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Artículo 112. La cuestión de confianza

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los Diputados.

Artículo 113. Moción de censura

El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, que deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados e incluirá un candidato a la Presidencia del Gobierno. La moción no podrá votarse hasta transcurridos cinco días desde su presentación.

Artículo 114. Efectos de la pérdida de confianza y de la moción de censura

Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey y se procederá a designar Presidente según el artículo 99. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión y el candidato incluido en la moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara, nombrándole el Rey Presidente del Gobierno.

Artículo 115. Disolución de las Cámaras por el Presidente

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey, y el decreto fijará la fecha de las elecciones. La propuesta no puede presentarse cuando esté en trámite una moción de censura, y no procede nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo previsto en el artículo 99.5.

Artículo 116. Estados de alarma, excepción y sitio

Una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio. El de alarma lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no podrá prorrogarse. El de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso, con una duración máxima de treinta días prorrogables por otros treinta. El de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Durante su vigencia no puede disolverse el Congreso, y si estuviera disuelto sus competencias las asume la Diputación Permanente. La declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.

Artículo 1. Del Gobierno

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros. Sus miembros se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.

Artículo 2. Del Presidente del Gobierno

El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina a los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros. Entre otras funciones: representa al Gobierno; fija su programa político; propone al Rey la disolución de las Cámaras y plantea la cuestión de confianza, previa deliberación del Consejo de Ministros; propone el referéndum consultivo, previa autorización del Congreso; convoca y preside el Consejo de Ministros; crea por Real Decreto Ministerios y Secretarías de Estado; y propone al Rey Vicepresidentes y Ministros.

Artículo 3. Del Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno

Al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les corresponde ejercer las funciones que les encomiende el Presidente. El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial ostenta, además, la condición de Ministro.

Artículo 4. De los Ministros

Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación. Les corresponde desarrollar la acción del Gobierno en su Departamento, conforme a los acuerdos del Consejo de Ministros o a las directrices del Presidente; ejercer la potestad reglamentaria en las materias de su Departamento; refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia, y las demás competencias que se les atribuyan. Podrán existir Ministros sin cartera; por Real Decreto se fijan sus competencias, estructura y medios.

Artículo 5. Del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley, el de Presupuestos Generales del Estado, los Reales Decretos-leyes y Legislativos y los reglamentos de desarrollo de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado. Acuerda la negociación y firma de Tratados; declara los estados de alarma y excepción y propone al Congreso el de sitio; emite Deuda Pública si una Ley lo autoriza, y crea, modifica y suprime los órganos directivos de los Ministerios. Pueden asistir, si son convocados, los Secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos. Sus deliberaciones son secretas.

Artículo 6. De las Comisiones Delegadas del Gobierno

Las Comisiones Delegadas se crean, modifican y suprimen por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente. El Real Decreto de creación especifica quién la preside, los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran, sus funciones, a quién corresponde la Secretaría y el régimen interno. Pueden convocarse titulares de otros órganos superiores y directivos. Examinan cuestiones generales, estudian asuntos que requieran propuesta conjunta y resuelven los que no deban elevarse al Consejo de Ministros. Sus deliberaciones son secretas.

Artículo 7. De los Secretarios de Estado

Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan o, si están adscritos a la Presidencia del Gobierno, bajo la dirección del Presidente. Sus competencias son las que determina la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios

La Comisión General la integran los titulares de las Secretarías de Estado y los Subsecretarios; asiste también el Abogado General del Estado. La preside un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, el Ministro de la Presidencia. La Secretaría la ejerce el Subsecretario de la Presidencia y, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Director del Secretariado del Gobierno. Sus deliberaciones son reservadas y no puede adoptar decisiones por delegación del Gobierno. Examina los asuntos que van al Consejo de Ministros, con excepciones.

Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno

El Secretariado del Gobierno apoya al Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: asiste al Ministro-Secretario, remite convocatorias, custodia actas y vela por la buena regulación y la publicación de las normas. Como asistencia al Ministro de la Presidencia tramita la sanción y promulgación de las leyes y los actos del Rey que refrenda el Presidente. Se integra en el Ministerio de la Presidencia y propone a su Ministro las instrucciones de tramitación; su Director ejerce la secretaría adjunta de la Comisión General.

Artículo 10. De los Gabinetes

Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de Estado. Sus miembros realizan tareas de confianza y asesoramiento especial y no pueden adoptar actos o resoluciones que correspondan a los órganos de la Administración General del Estado, aunque los directores pueden dictar los actos propios de la jefatura de su unidad. El Gabinete de la Presidencia se regula por Real Decreto del Presidente; el resto, por esta Ley. El nivel orgánico de los Directores se fija reglamentariamente; las retribuciones, por el Consejo de Ministros.

Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Artículo 12. Del nombramiento y cese

El Presidente es nombrado y cesa en los términos de la Constitución. Los Vicepresidentes y Ministros son nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente; el nombramiento conlleva el cese en el puesto anterior, salvo el Vicepresidente que sea Ministro y conserve su Departamento. En esos nombramientos cada sexo ha de suponer como mínimo el cuarenta por ciento en su conjunto. La separación de Ministros sin cartera extingue el órgano; la de Vicepresidentes también, salvo que simultáneamente se designe otro en sustitución. El estatuto tras el cese del Presidente: por Real Decreto.

Artículo 13. De la suplencia

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno las asumen los Vicepresidentes, según su orden de prelación, y, en su defecto, los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario, se determina por Real Decreto del Presidente del Gobierno, que expresa entre otras cuestiones su causa y carácter, y recae en todo caso en otro miembro del Gobierno. La interrupción transitoria de la asistencia a una reunión no es ausencia: ejerce las funciones la siguiente autoridad en rango presente.

Artículo 14. Del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno

Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Se les aplica, asimismo, el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Artículo 15. Del nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de Estado

Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. La suplencia entre los del mismo Departamento sigue el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio; los que dependen directamente de la Presidencia del Gobierno son suplidos por quien designe el Presidente. Se les aplica el régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Administración General del Estado.

Artículo 16. Del nombramiento y cese de los Directores de los Gabinetes

Los Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros se nombran y separan por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros; los de los Secretarios de Estado, por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros. Cesan automáticamente cuando cesa el titular del cargo del que dependen; con Gobierno en funciones continúan hasta la formación del nuevo Gobierno. Los funcionarios que se incorporen pasan a servicios especiales, salvo que opten por el servicio activo en origen; el personal no funcionario tiene reserva de puesto y antigüedad.

Artículo 17. De las normas aplicables al funcionamiento del Gobierno

El Gobierno se rige, en su organización y funcionamiento, por la propia Ley 50/1997 y además por: a) los Reales Decretos del Presidente del Gobierno sobre la composición y organización del Gobierno, así como de sus órganos de colaboración y apoyo; y b) las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuación emanadas del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros.

Artículo 18. Del funcionamiento del Consejo de Ministros

El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros y fija su orden del día; actúa como Secretario el Ministro de la Presidencia. Las reuniones pueden tener carácter decisorio o deliberante. De las sesiones se levanta acta en la que figuran, exclusivamente, las circunstancias de tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

Artículo 19. De las actas de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios

A las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios se les aplica lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 50/1997 en relación con las actas de dichos órganos colegiados. El artículo no regula por sí mismo el contenido de esas actas: se remite al artículo 18.

Artículo 20. Delegación y avocación de competencias

Pueden delegar competencias propias el Presidente del Gobierno (en Vicepresidentes y Ministros) y los Ministros (en Secretarios de Estado y Subsecretarios dependientes de ellos, Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y demás órganos directivos del Ministerio). A propuesta del Presidente, las funciones administrativas del Consejo de Ministros son delegables en las Comisiones Delegadas. El apartado 3 enumera las competencias no delegables en ningún caso. El Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente, puede avocar asuntos de las Comisiones Delegadas por acuerdo motivado.

Artículo 21. Del Gobierno en funciones

El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, por pérdida de confianza parlamentaria en los casos previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El cesante sigue en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno y limita su gestión al despacho ordinario, salvo urgencia debidamente acreditada o interés general. Su Presidente no puede proponer la disolución de las Cámaras, plantear la cuestión de confianza ni proponer un referéndum consultivo; el Gobierno no puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos ni presentar proyectos de ley.

Artículo 1

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional, para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes. Tiene su sede en el Palacio de los Consejos de Madrid y goza de los honores que según la tradición le corresponden.

Artículo 2

El Consejo vela por la Constitución y el ordenamiento; valora oportunidad y conveniencia si lo exige el asunto o lo pide la autoridad consultante. Dictamina lo que le consulten el Gobierno o sus miembros. Consulta preceptiva si una ley lo establece, facultativa en lo demás; dictámenes no vinculantes salvo que la ley disponga lo contrario. Lo dictaminado por el Pleno no va a ningún otro órgano; lo de la Comisión Permanente, solo al Pleno. Si el Ministro disiente en consulta preceptiva, resuelve el Consejo de Ministros. Fórmulas: «de acuerdo con» u «oído» el Consejo de Estado.

Artículo 3

El Consejo de Estado actúa en tres formaciones: en Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de Estudios. Además, también podrá actuar en secciones, con arreglo a lo que disponga su Reglamento orgánico.

Artículo 4

Integran el Consejo de Estado en Pleno: el Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos, los Consejeros electivos y el Secretario general. El Presidente y los demás Miembros del Gobierno pueden asistir a las sesiones del Pleno e informar en él cuando lo consideren conveniente.

Artículo 5

La Comisión Permanente la componen el Presidente, los Consejeros permanentes y el Secretario general. La Comisión de Estudios la preside el Presidente del Consejo y la integran dos Consejeros permanentes, dos natos y dos electivos (designados por el Pleno a propuesta del Presidente) y el Secretario General, por el plazo que fije el reglamento orgánico, renovable. La asiste al menos un Letrado Mayor y los Letrados necesarios, y puede recabar funcionarios de otros cuerpos.

Artículo 6

El Presidente del Consejo de Estado es nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. En vacantes, ausencias y enfermedades le sustituye el Consejero permanente a quien corresponda según el orden de las Secciones.

Artículo 7

Los Consejeros Permanentes son tantos como Secciones tiene el Consejo y se nombran sin límite de tiempo por Real Decreto entre quienes estén o hayan estado en alguna de diez categorías: Ministro, Presidente o miembro de Consejos Ejecutivos autonómicos, Consejero de Estado, miembros de consultivos autonómicos, Letrado Mayor, Académico de número, Profesor numerario con quince años, Oficial general de Cuerpos Jurídicos de las Fuerzas Armadas, funcionarios con quince años en cuerpos de título universitario y ex Gobernadores del Banco de España. Cada sexo, al menos el cuarenta por ciento.

Artículo 8

Quienes hayan sido Presidente del Gobierno son Consejeros natos con carácter vitalicio y pueden manifestar en cualquier momento al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse; forman parte del Pleno y su estatuto es el de los Consejeros permanentes. Son también Consejeros natos, entre otros, el Director de la RAE, el Presidente del Consejo Económico y Social, el Fiscal General del Estado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Gobernador del Banco de España.

Artículo 9

Hay diez Consejeros electivos, nombrados por Real Decreto por cuatro años entre quienes hayan sido, entre otros, Diputado o Senador, Magistrado del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Ministro o Secretario de Estado, Embajador de carrera, Alcalde de capital de provincia o Rector. De los diez, dos deben haber sido Presidente del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma al menos ocho años, y su mandato es de ocho años. Cada sexo, al menos el cuarenta por ciento.

Artículo 10

El Secretario general del Consejo de Estado se nombra por Real Decreto entre los Letrados Mayores, a propuesta de la Comisión Permanente aprobada por el Pleno. Asiste con voz pero sin voto a las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios.

Artículo 11

Los Consejeros Permanentes son inamovibles. Los natos conservan su condición mientras ostenten el cargo que la determinó. Permanentes y electivos (estos durante su mandato) solo cesan por renuncia o por delito, incapacidad permanente o incumplimiento de su función, apreciada en Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del interesado e informe favorable del Pleno. El Gobierno, previo dictamen favorable de la Comisión Permanente, puede designar Consejeros para cometidos especiales.

Artículo 12

El Presidente y los Consejeros permanentes tienen las incompatibilidades generales de los altos cargos de la Administración del Estado, y sus cargos son además incompatibles con los mandatos de Diputado, Senador o miembro de una Asamblea autonómica. Tres Consejeros Permanentes, designados cada año por el Pleno a propuesta de la Comisión Permanente, se integran en el Tribunal de Conflictos previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 6/1985.

Artículo 13

El Consejo tiene ocho Secciones como mínimo; su número puede ampliarse reglamentariamente, a propuesta de la Comisión Permanente, cuando el volumen de consultas lo exija. Cada Sección: un Consejero permanente que la preside, un Letrado Mayor y los Letrados necesarios. La adscripción del Consejero permanente se fija en su Real Decreto de nombramiento. El Presidente, oída la Comisión Permanente, puede crear ponencias especiales; oída la Comisión de Estudios, puede encargar estudios y crear grupos de trabajo.

Artículo 14

Los Letrados del Consejo de Estado estudian, preparan y redactan los proyectos de dictamen de los asuntos sometidos a consulta, y ejercen las demás funciones adecuadas a su carácter que fije el reglamento. El Presidente del Consejo, a petición del Gobierno, puede designar individualmente a un Letrado para cometidos especiales y comisiones de estudio sobre cuestiones de singular relevancia o interés público, si son adecuadas a su formación.

Artículo 15

Las plazas vacantes del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado se cubren por oposición entre Licenciados en Derecho. El ascenso a Letrado Mayor se hace entre Letrados por riguroso orden de antigüedad en el Cuerpo. Los Letrados tienen las incompatibilidades generales de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, salvo las funciones docentes, compatibles si no perjudican al buen servicio del Consejo y siempre con autorización previa del Presidente.

Artículo 15 bis

La selección y la provisión de todos los puestos de trabajo del Consejo de Estado, no solo los de Letrado, deben realizarse teniendo en especial consideración dos principios: el mérito y la capacidad. El artículo no añade otros principios ni distingue entre clases de puestos: la regla alcanza a todos ellos.

Artículo 16

Para deliberar y acordar, el Pleno y la Comisión Permanente necesitan la presencia del Presidente (o quien haga sus veces), de al menos la mitad de sus Consejeros y del Secretario general (o su sustituto). Presidente y Consejeros deben inhibirse en asuntos en que intervinieron o que interesen a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración participaron ellos o familiares hasta el segundo grado civil. Acuerdos por mayoría absoluta de votos de los asistentes; empate: voto de calidad del que presida. Cabe voto particular por escrito en el plazo reglamentario.

Artículo 17

En los asuntos del Pleno, la ponencia corresponde a la Comisión Permanente o a la Comisión de Estudios, según sus competencias. Las Secciones preparan el despacho de los asuntos de la Comisión Permanente. El reparto de asuntos entre las Secciones, por ministerio de procedencia o por naturaleza, lo fija una resolución del Presidente del Consejo de Estado a propuesta de la Comisión Permanente. La Comisión de Estudios actúa según lo que disponga el reglamento orgánico.

Artículo 18

Los directamente interesados pueden ser oídos ante el Consejo; la audiencia la acuerda el Presidente, a petición de ellos o de oficio, y se concede en todo caso cuando una Comunidad Autónoma esté directamente interesada y así lo manifieste. Pueden ser invitados a informar, por escrito o de palabra, organismos o personas de notoria competencia técnica. El Consejo, por conducto de su Presidente y a propuesta del Pleno, Comisión Permanente o Sección, puede pedir al órgano consultante que complete el expediente.

Artículo 19

Si la orden de remisión del expediente hace constar la urgencia del dictamen, el plazo máximo para despacharlo es de quince días, salvo que el Gobierno o su Presidente fijen uno inferior. Si el plazo fijado es inferior a diez días, despacha la consulta la Comisión Permanente aunque sea competencia del Pleno, y el Gobierno puede después requerir el dictamen del Pleno.

Artículo 20

El Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión Permanente, puede elevar al Gobierno las propuestas que juzgue oportunas sobre cualquier asunto que le sugieran la práctica y experiencia de sus funciones. Además, el Pleno eleva anualmente al Gobierno una memoria con la actividad del período anterior, las observaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulten de los asuntos consultados y sugerencias de disposiciones generales y medidas para mejorar la Administración.

Artículo 21

El Pleno debe ser consultado en: anteproyectos de reforma constitucional no elaborados por el propio Consejo; anteproyectos de leyes de ejecución de tratados y derecho comunitario; proyectos de Decretos legislativos; dudas sobre tratados en que España sea parte; actos de organizaciones internacionales; protección diplomática y controversias internacionales; normas sobre organización o funcionamiento del Consejo; transacciones y arbitrajes sobre derechos de la Hacienda Pública; separación de Consejeros permanentes; asuntos de Estado de especial trascendencia; y lo que una Ley le reserve.

Artículo 22

La Comisión Permanente debe ser consultada, entre otros asuntos, en: necesidad de autorización de las Cortes para tratados; reglamentos de ejecución de tratados, derecho comunitario o Leyes; anteproyectos de Ley Orgánica de transferencias o delegación a Comunidades Autónomas; impugnación de actos autonómicos ante el Constitucional; conflictos de atribuciones entre Ministerios; recursos de revisión; revisión de oficio; contratos y concesiones con oposición; indemnizaciones por daños; créditos extraordinarios; y todo asunto en que una Ley exija consultar al Consejo sin decir que sea al Pleno.

Artículo 23

La Comisión de Estudios ordena, dirige y supervisa los estudios, informes o memorias que encarga el Gobierno y, al terminarlos, juzga si son suficientes y adecuados al encargo. También elabora las propuestas legislativas o de reforma constitucional que el Gobierno encomiende al Consejo y las somete al Pleno, que se pronuncia por mayoría simple. Los discrepantes pueden formular votos particulares en el plazo reglamentario, que se remiten al Gobierno con el texto aprobado.

Artículo 24

Las comunidades autónomas pueden pedir dictamen al Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión Permanente, por conducto de sus Presidentes, en los asuntos en que lo estimen conveniente por su especial competencia o experiencia. Para las comunidades sin órgano consultivo propio el dictamen es preceptivo en los mismos casos que la ley orgánica prevé para el Estado, cuando hayan asumido las competencias correspondientes.

Artículo 25

El Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído en cualquier asunto en que la consulta no sea obligatoria si el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo estima conveniente. Además, el Pleno dictamina asuntos que corresponden a la Comisión Permanente cuando lo solicite el Presidente del Gobierno o lo acuerde el Presidente del Consejo.

Artículo 26

El Presidente del Consejo de Estado fija el orden del día del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios y preside sus sesiones; ostenta la jefatura de todas las dependencias y la representación del Consejo. De conformidad con la Comisión Permanente, desarrolla la estructura presupuestaria del Consejo. Aprueba los gastos de sus servicios, autoriza su compromiso y liquidación e interesa del Ministro de Hacienda la ordenación de los pagos.

Artículo 27