Tema 18 del temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz 2026

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 75–105. Ver la norma

1. Artículo 75. Actos de instrucción

   Los actos de instrucción necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos se realizan de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramita el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer actuaciones. Las aplicaciones utilizadas deben garantizar el control de tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada. Los actos que requieran la intervención del interesado se practicarán del modo que le resulte más conveniente y compatible con sus obligaciones laborales o profesionales.

2. Artículo 76. Alegaciones

   Los interesados pueden, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que el órgano competente tendrá en cuenta al redactar la propuesta de resolución. En todo momento pueden alegar defectos de tramitación, en especial los que supongan paralización, infracción de plazos preceptivos u omisión de trámites subsanables antes de la resolución definitiva; esas alegaciones pueden dar lugar a responsabilidad disciplinaria.

3. Artículo 77. Medios y período de prueba

   Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, valorado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor abrirá un período de prueba no superior a treinta días ni inferior a diez. Podrá además abrir, a petición de los interesados y si lo considera necesario, un período extraordinario de prueba no superior a diez días. El instructor solo puede rechazar las pruebas propuestas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

4. Artículo 78. Práctica de prueba

   La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para practicar las pruebas admitidas. En la notificación se consignará lugar, fecha y hora, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos que le asistan. Si las pruebas se practican a petición del interesado e implican gastos que no deba soportar la Administración, esta puede exigir su anticipo, a reserva de la liquidación definitiva.

5. Artículo 79. Petición

   Se solicitarán los informes que sean preceptivos por las disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver, citando el precepto que los exija o fundamentando la conveniencia de reclamarlos. En la petición se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita.

6. Artículo 80. Emisión de informes

   Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. Se emitirán a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos del artículo 26, en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de plazos permita o exija otro mayor o menor. De no emitirse en plazo, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver. Si el informe debiera ser emitido por una Administración distinta y no se recibe en plazo, se podrán proseguir las actuaciones, y el informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la resolución.

7. Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

   En responsabilidad patrimonial es preceptivo pedir informe al servicio cuyo funcionamiento causó la presunta lesión, que no puede tardar más de diez días. Si la indemnización reclamada es igual o superior a 50.000 euros —o a la cuantía que fije la legislación autonómica— es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma; el instructor remite la propuesta en diez días desde el fin de la audiencia y el dictamen se emite en dos meses. Si se trata del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el informe preceptivo es el del Consejo General del Poder Judicial, también con dos meses de plazo.

8. Artículo 82. Trámite de audiencia

   Instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados. La audiencia es anterior a la solicitud del informe del órgano de asesoramiento jurídico o del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, cuando formen parte del procedimiento. Los interesados dispondrán de un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para alegar y presentar documentos. Si antes del vencimiento manifiestan su decisión de no alegar ni aportar nada, se tiene por realizado el trámite. Se podrá prescindir de la audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni se tengan en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

9. Artículo 83. Información pública

   El órgano competente para resolver, cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, podrá acordar un período de información pública. Se publicará anuncio en el diario oficial para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente o la parte que se acuerde, señalando lugar de exhibición y plazo para alegaciones, que en ningún caso será inferior a veinte días. La incomparecencia no impide recurrir después. La comparecencia no otorga por sí misma la condición de interesado, pero quien presente alegaciones tiene derecho a una respuesta razonada, que puede ser común para las que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

10. Artículo 84. Terminación

    Ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud —cuando no esté prohibida— y la declaración de caducidad. También lo termina la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, y en ese caso la resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

11. Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores

    En los procedimientos sancionadores, si el infractor reconoce su responsabilidad se podrá resolver con la imposición de la sanción que proceda. Cuando la sanción sea únicamente pecuniaria, el pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución implica la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada y a la indemnización de daños. En ambos casos se aplicarán reducciones de al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí, que deben constar en la notificación de iniciación y cuya efectividad queda condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

12. Artículo 86. Terminación convencional

    Las Administraciones pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas de Derecho público o privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento, no versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público encomendado. Pueden ser finalizadores del procedimiento o insertarse en él con carácter previo, vinculante o no, a la resolución. Su contenido mínimo es la identificación de las partes, el ámbito personal, funcional y territorial y el plazo de vigencia. Requieren aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano autonómico equivalente los acuerdos sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. No suponen alteración de las competencias atribuidas a los órganos.

13. Artículo 87. Actuaciones complementarias

    Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver puede acordar motivadamente la realización de actuaciones complementarias indispensables. No tienen esa consideración los informes que preceden inmediatamente a la resolución final. El acuerdo se notifica a los interesados, concediéndoles siete días para alegar tras la finalización de las actuaciones. Estas deben practicarse en un plazo no superior a quince días, y el plazo para resolver queda suspendido hasta su terminación.

14. Artículo 88. Contenido

    La resolución decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del procedimiento. Sobre cuestiones conexas no planteadas el órgano puede pronunciarse, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a quince días para alegar y proponer prueba. En los procedimientos a solicitud del interesado la resolución será congruente con sus peticiones, sin que pueda agravar su situación inicial, y sin perjuicio de que la Administración incoe de oficio un nuevo procedimiento. La resolución expresará los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo, sin perjuicio de que los interesados ejerciten cualquier otro. En ningún caso puede la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos aplicables.

15. Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador

    En los procedimientos sancionadores, el órgano instructor resolverá la finalización con archivo de actuaciones, sin necesidad de propuesta de resolución, cuando concurra alguna de estas circunstancias: inexistencia de los hechos; hechos no acreditados; hechos probados que no constituyan de modo manifiesto infracción; inexistencia o falta de identificación de responsables, o responsables exentos; o prescripción de la infracción. Fuera de esos casos, concluida la instrucción formulará propuesta de resolución notificada a los interesados, con puesta de manifiesto del procedimiento y plazo para alegar.

16. Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores

    La resolución sancionadora incluirá, además del contenido general, la valoración de las pruebas practicadas, la fijación de los hechos y de los responsables, las infracciones cometidas y las sanciones que se imponen, o la declaración de que no existe infracción o responsabilidad. No se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su distinta valoración jurídica. Si el órgano competente considera que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta, lo notificará al inculpado para que alegue en quince días. La resolución será ejecutiva cuando no quepa contra ella recurso ordinario en vía administrativa.

17. Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial

    Recibido el dictamen del artículo 81.2 —o terminado el trámite de audiencia cuando no sea preceptivo— el órgano competente resuelve o somete la propuesta de acuerdo para su formalización. La resolución debe pronunciarse sobre si existe o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión y, en su caso, sobre la valoración del daño, la cuantía y el modo de la indemnización. Transcurridos seis meses desde el inicio sin resolución expresa notificada, puede entenderse que la resolución es contraria a la indemnización.

18. Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    En la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial los resuelve el Ministro respectivo, o el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley 40/2015 o cuando una ley lo disponga. En el ámbito autonómico y local resuelven los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales. En las Entidades de Derecho Público, sus normas de régimen jurídico pueden designar el órgano competente y, en su defecto, se aplican las reglas de este artículo.

19. Artículo 93. Desistimiento por la Administración

    En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes.

20. Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados

    Todo interesado puede desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos cuando la renuncia no esté prohibida. Si el escrito lo formularon varios interesados, el desistimiento o la renuncia solo afecta a quienes lo hicieron. Pueden hacerse por cualquier medio que permita su constancia. La Administración los acepta de plano y declara concluso el procedimiento, salvo que terceros interesados personados insten su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados. Si el asunto entraña interés general, la Administración puede limitar los efectos al interesado y seguir el procedimiento.

21. Artículo 95. Requisitos y efectos

    En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad. Consumido el plazo sin que reanude la tramitación, se acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo. Contra la resolución que declare la caducidad proceden los recursos pertinentes. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad en la cumplimentación de trámites que no sean indispensables para resolver: esa inactividad solo produce la pérdida del derecho al trámite. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción.

22. Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

    Cuando razones de interés público o la falta de complejidad lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada. En cualquier momento anterior a la resolución puede acordarse continuar por la vía ordinaria. Si la simplificada se acuerda de oficio, debe notificarse a los interesados, y si alguno manifiesta oposición expresa se seguirá la ordinaria. Si la solicita el interesado y no concurren las razones, el órgano puede desestimarla en cinco días, y transcurrido ese plazo se entenderá desestimada. Los procedimientos simplificados deberán resolverse en treinta días, y constarán únicamente de los trámites que el artículo enumera.

23. Artículo 97. Título

    Las Administraciones no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. El órgano que ordene un acto de ejecución material está obligado a notificar al interesado la resolución que autoriza la actuación.

24. Artículo 98. Ejecutoriedad

    Los actos sujetos al Derecho Administrativo son inmediatamente ejecutivos, salvo cuatro excepciones: que se suspenda la ejecución; que se trate de una resolución sancionadora contra la que quepa recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición; que una disposición establezca lo contrario; o que se necesite aprobación o autorización superior. Cuando de la resolución nazca una obligación de pago a la Hacienda pública, se efectuará preferentemente por medios electrónicos: tarjeta, transferencia, domiciliación o cualquier otro autorizado.

25. Artículo 99. Ejecución forzosa

    Las Administraciones, a través de sus órganos competentes, podrán proceder previo apercibimiento a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución conforme a la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

26. Artículo 100. Medios de ejecución forzosa

    La ejecución forzosa se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por estos medios: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Si fueran admisibles varios, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en lugares que requieran autorización de su titular, habrá que obtener su consentimiento o, en su defecto, la autorización judicial.

27. Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio

    Si en virtud de un acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida, se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. En cualquier caso, no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.

28. Artículo 102. Ejecución subsidiaria

    Cabe la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. La Administración realizará el acto, por sí o a través de las personas que determine, a costa del obligado. El importe de gastos, daños y perjuicios se exige por la vía de apremio del artículo anterior, y podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

29. Artículo 103. Multa coercitiva

    Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que estas determinen, las Administraciones pueden imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado, en tres supuestos: actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa; actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente; y actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse y compatible con ellas.

30. Artículo 104. Compulsión sobre las personas

    Los actos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ejecutarse por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y siempre dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. Si se trata de obligaciones personalísimas de hacer y no se realiza la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, cuya liquidación y cobro se hacen en vía administrativa.

31. Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias

    No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.