Tema 17 del temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz 2026

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 54–74. Ver la norma

1. Artículo 54. Clases de iniciación

   Una sola frase: los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.

2. Artículo 55. Información y actuaciones previas

   Antes de iniciar el procedimiento, el órgano competente puede abrir un período de información o actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso y la conveniencia o no de iniciarlo. En los procedimientos sancionadores esas actuaciones se orientan a determinar con la mayor precisión posible los hechos que puedan motivar la incoación, la identificación de los posibles responsables y las circunstancias relevantes. Las realizan los órganos con funciones de investigación, averiguación e inspección y, a falta de ellos, quien determine el órgano competente para iniciar o resolver.

3. Artículo 56. Medidas provisionales

   Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar de forma motivada las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia de la resolución, con arreglo a los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Antes de iniciarlo, en casos de urgencia inaplazable, puede adoptarlas el órgano competente para iniciar o instruir, pero deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, que ha de dictarse dentro de los quince días siguientes. No caben medidas que causen perjuicio de difícil o imposible reparación ni que violen derechos amparados por las leyes.

4. Artículo 57. Acumulación

   El órgano que inicie o tramite un procedimiento puede acordar, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitarlos y resolverlos. Contra el acuerdo de acumulación no procede recurso alguno.

5. Artículo 58. Iniciación de oficio

   Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

6. Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa

   Define la propia iniciativa como la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.

7. Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior

   La orden superior es la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para iniciar. En los procedimientos sancionadores, la orden expresará en la medida de lo posible las personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción y su tipificación, y el lugar y fecha o período en que se produjeron.

8. Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos

   La petición razonada es la propuesta de iniciación formulada por cualquier órgano que no tiene competencia para iniciar y que ha tenido conocimiento de los hechos, ocasionalmente o por tener funciones de inspección, averiguación o investigación. No vincula al órgano competente, pero este deberá comunicar al que la formuló los motivos por los que, en su caso, no procede iniciar. En los procedimientos sancionadores la petición precisará responsables, hechos, tipificación, lugar y fechas; en los de responsabilidad patrimonial, individualizará la lesión, su relación de causalidad, su evaluación económica y el momento en que se produjo.

9. Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia

   La denuncia es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio. Debe expresar la identidad del denunciante y el relato de los hechos; si pudieran ser infracción, la fecha de comisión y, si es posible, los presuntos responsables. Cuando la denuncia invoque un perjuicio al patrimonio de las Administraciones, la no iniciación deberá ser motivada y se notificará al denunciante la decisión de iniciar o no. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado.

10. Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora

    Los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos. En ningún caso puede imponerse una sanción sin haber tramitado el oportuno procedimiento. Y no cabe iniciar nuevos procedimientos sancionadores por conductas en cuya comisión el infractor persista de forma continuada mientras no haya recaído una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo.

11. Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora

    El acuerdo de iniciación se comunica al instructor con traslado de las actuaciones, y se notifica a los interesados, entendiendo por tal en todo caso al inculpado. Debe contener al menos: identificación de los presuntos responsables; los hechos que motivan la incoación, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder; identificación del instructor y, en su caso, del secretario, con indicación del régimen de recusación; el órgano competente para resolver y la norma que le atribuye la competencia, indicando la posibilidad de reconocimiento voluntario de responsabilidad con los efectos del artículo 85; y las medidas provisionales acordadas, en su caso.

12. Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    Para iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial es necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado del artículo 67. El acuerdo de iniciación se notifica a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles diez días para aportar alegaciones, documentos o información y proponer pruebas. El procedimiento se instruirá aunque no se personen en ese plazo.

13. Artículo 66. Solicitudes de iniciación

    Las solicitudes deberán contener: nombre y apellidos del interesado, identificación del medio electrónico o lugar físico a efectos de notificaciones, hechos y petición, lugar y fecha, firma, y órgano al que se dirige.

14. Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    Solo se puede pedir el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial si no ha prescrito el derecho a reclamar, que prescribe al año de producido el hecho o de manifestarse su efecto lesivo. En daños físicos o psíquicos el año se cuenta desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas. Si la indemnización procede por anulación de un acto o disposición, el año corre desde la notificación de la resolución o sentencia. La solicitud debe especificar las lesiones, la relación de causalidad, la evaluación económica si es posible y el momento en que se produjo la lesión.

15. Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud

    Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su petición.

16. Artículo 69. Declaración responsable y comunicación

    Declaración responsable es el documento en que el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple los requisitos, que dispone de la documentación que lo acredita y que la mantendrá. Comunicación es el documento por el que pone en conocimiento de la Administración sus datos o cualquier dato relevante. Ambas permiten ejercer el derecho o iniciar la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación. La inexactitud, falsedad u omisión esencial impide continuar con la actividad desde que la Administración tenga constancia. Solo puede exigirse una de las dos, nunca ambas a la vez.

17. Artículo 70. Expediente Administrativo

    El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Tiene formato electrónico y se forma agregando ordenadamente documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias, con un índice numerado cuando se remita, y debe constar en él copia electrónica certificada de la resolución. Al remitirlo se envía completo, foliado, autentificado y con índice también autentificado. No forma parte del expediente la información de carácter auxiliar o de apoyo —notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos— ni los juicios de valor.

18. Artículo 71. Impulso

    El procedimiento está sometido al principio de celeridad y se impulsa de oficio en todos sus trámites y por medios electrónicos, respetando la transparencia y la publicidad. En el despacho se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo orden motivada en contrario del titular de la unidad de la que quede constancia; incumplirlo da lugar a responsabilidad disciplinaria y puede ser causa de remoción del puesto. El instructor o el titular de la unidad con esa función son responsables directos de la tramitación y, en especial, del cumplimiento de los plazos.

19. Artículo 72. Concentración de trámites

    Por el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza admitan impulso simultáneo y cuyo cumplimiento sucesivo no sea obligado. Al solicitar trámites que deban cumplir otros órganos, hay que consignar en la comunicación el plazo legal establecido al efecto.

20. Artículo 73. Cumplimiento de trámites

    Los trámites que deban cumplimentar los interesados se realizarán en el plazo de diez días desde el siguiente al de la notificación, salvo que la norma fije otro. Si la Administración considera que algún acto del interesado no reúne los requisitos, se lo comunicará concediéndole diez días para cumplimentarlo. A quien no cumpla se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite; no obstante, se admitirá su actuación y producirá efectos si se realiza antes o dentro del día en que se notifique la resolución que tiene por transcurrido el plazo.

21. Artículo 74. Cuestiones incidentales

    Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación, salvo la recusación.