Tema 20 del temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz 2026

Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

En este tema: arts. 12–27, 34–37, 188–213 y DA 2.ª–3.ª. Ver la norma

1. Artículo 12. Calificación de los contratos

   Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se califican de acuerdo con las normas de la propia sección. Los restantes contratos del sector público se califican según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.

2. Artículo 13. Contrato de obras

   Es contrato de obras el que tiene por objeto ejecutar una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, realizar trabajos del Anexo I, o realizar por cualquier medio una obra con los requisitos fijados por la entidad contratante que ejerza una influencia decisiva en su tipo o proyecto. «Obra» es el resultado de trabajos de construcción o de ingeniería civil sobre un bien inmueble, y también modificar la forma o sustancia del terreno o su vuelo o mejorar el medio físico o natural. El contrato se refiere a una obra completa, salvo partes de utilización independiente con autorización.

3. Artículo 14. Contrato de concesión de obras

   La concesión de obras tiene por objeto que el concesionario realice prestaciones del contrato de obras, incluidas la restauración y reparación de construcciones existentes y la conservación y mantenimiento de lo construido. La contraprestación es o bien únicamente el derecho a explotar la obra, o bien ese derecho acompañado del de percibir un precio. La explotación debe transferir al concesionario un riesgo operacional, de demanda, de suministro o ambos: no está garantizado que recupere las inversiones ni que cubra los costes.

4. Artículo 15. Contrato de concesión de servicios

   En la concesión de servicios uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia. La contrapartida es bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato, bien ese derecho acompañado del de percibir un precio. El derecho de explotación implica transferir al concesionario el riesgo operacional, en los términos del apartado cuarto del artículo anterior.

5. Artículo 16. Contrato de suministro

   Son contratos de suministro los de adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. No lo son los relativos a propiedades incorporales o valores negociables. Lo son en todo caso: las entregas sucesivas por precio unitario sin cuantía total exacta; los equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas (salvo los programas de ordenador a medida, que son servicios); los de fabricación; y la adquisición de energía primaria o transformada.

6. Artículo 17. Contrato de servicios

   Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro. Se incluyen aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No pueden ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

7. Artículo 18. Contratos mixtos

   Contrato mixto es el que contiene prestaciones de otro u otros de distinta clase. Entre obras, suministros o servicios se atiende al carácter de la prestación principal; entre servicios y suministros, o servicios especiales del anexo IV y otros servicios, al mayor de los valores estimados. Con concesiones o con contratos ajenos a la Ley, si las prestaciones no son separables se atiende a la prestación principal. Si un elemento es una obra que supera los 50.000 euros debe elaborarse un proyecto; si hay elementos de concesión, estudio de viabilidad.

8. Artículo 19. Delimitación general

   Son contratos sujetos a regulación armonizada los de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios cuyo valor estimado, calculado conforme al artículo 101, sea igual o superior a las cuantías de los artículos siguientes, siempre que la entidad contratante sea poder adjudicador; también los subvencionados del artículo 23. Cualquiera que sea su valor estimado quedan fuera, entre otros, los de programas audiovisuales o radiofónicos, los del sector de la defensa, los secretos o reservados, ciertos servicios jurídicos y el transporte de viajeros por ferrocarril o en metro.

9. Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos a una regulación armonizada: Umbral

   Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.404.000 euros. Si la obra se adjudica por lotes separados y el valor acumulado de los lotes iguala o supera esa cantidad, las normas de la regulación armonizada se aplican a la adjudicación de cada lote. Los órganos de contratación pueden exceptuar los lotes de valor estimado inferior a un millón de euros, siempre que el importe acumulado de los exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor acumulado de todos.

10. Artículo 21. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: Umbral

    Los contratos de suministro están sujetos a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a 140.000 euros cuando los adjudican la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (en el sector de la defensa, solo para los productos del anexo II), o a 216.000 euros en los demás suministros. Por lotes cuenta el valor acumulado; pueden exceptuarse los lotes de menos de 80.000 euros si lo exceptuado no sobrepasa el 20 por 100 del total.

11. Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral

    Los contratos de servicios están sujetos a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a: 140.000 euros si adjudica la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; 216.000 euros si adjudican otras entidades del sector público; 750.000 euros en servicios sociales y otros servicios específicos del anexo IV. Por lotes cuenta el valor acumulado; pueden exceptuarse los lotes de menos de 80.000 euros si lo exceptuado no sobrepasa el 20 por 100 del total.

12. Artículo 23. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada

    Son contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada los de obras y de servicios subvencionados de forma directa y en más de un 50 por 100 de su importe por poderes adjudicadores, si son: a) obras de ingeniería civil o de construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y de uso administrativo, de valor estimado igual o superior a 5.404.000 euros; b) servicios vinculados a esas obras, de valor estimado igual o superior a 216.000 euros.

13. Artículo 24. Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público

14. Artículo 25. Contratos administrativos

    Son administrativos, si los celebra una Administración Pública: a) los de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios, salvo —que son privados— los de servicios financieros, creación e interpretación artística y literaria y espectáculos con los CPV indicados, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos; b) los declarados así por una Ley y los administrativos especiales. Se rigen por esta Ley y su desarrollo; supletoriamente, por el derecho administrativo y, en su defecto, el privado.

15. Artículo 26. Contratos privados

    Son contratos privados: a) los de las Administraciones Públicas con objeto distinto de los del artículo 25.1 a) y b); b) los de poderes adjudicadores que no son Administración Pública; c) los de entidades del sector público que no son poder adjudicador. Los primeros se rigen en preparación y adjudicación por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo, y en efectos, modificación y extinción por el derecho privado. Los de la letra b), por el Título I del Libro Tercero; los de la c), por los artículos 321 y 322.

16. Artículo 27. Jurisdicción competente

    Contencioso-administrativo: preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos; preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas, de los poderes adjudicadores que no son Administración Pública y de las entidades que no son poder adjudicador; recursos contra las resoluciones de los órganos del artículo 44 y del 321.5; y contratos subvencionados del artículo 23. Civil: efectos y extinción de los contratos privados y financiación privada de las concesiones.

17. Artículo 34. Libertad de pactos

    En los contratos del sector público pueden incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. Las prestaciones de diferentes contratos solo pueden fusionarse en un contrato mixto cuando estén directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan tratarlas como una unidad funcional, dirigida a satisfacer una determinada necesidad o a conseguir un fin institucional propio de la entidad contratante.

18. Artículo 35. Contenido mínimo del contrato

    Los documentos de formalización deben incluir necesariamente, salvo que ya estén en los pliegos, las menciones de las letras a) a n): partes, capacidad de los firmantes, objeto y tipo, legislación aplicable con mención a la normativa de protección de datos, documentos que integran el contrato, precio cierto o modo de determinarlo, duración y prórrogas, condiciones de recepción y de pago, supuestos de modificación y resolución, crédito presupuestario, confidencialidad y cumplimiento del convenio colectivo. No puede añadir derechos y obligaciones distintos de los previstos en los pliegos.

19. Artículo 36. Perfección de los contratos

    Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición; estos dos últimos se perfeccionan con su adjudicación. Los contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada se perfeccionan conforme a la legislación por la que se rijan, y su formalización se notifica al órgano que otorgó la subvención. Salvo que el clausulado indique otra cosa, se entienden celebrados en la sede del órgano de contratación.

20. Artículo 37. Carácter formal de la contratación del sector público

    Las entidades del sector público no pueden contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia conforme al artículo 120.1. Los contratos de las Administraciones Públicas se formalizan de acuerdo con el artículo 153, sin perjuicio de lo señalado para los contratos menores en el artículo 118. Los contratos de los poderes adjudicadores que no sean Administraciones Públicas, cuando sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, deben formalizarse en los plazos del artículo 153.

21. Artículo 188. Régimen jurídico

    Los efectos de los contratos administrativos se rigen por dos fuentes: las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25 y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, tanto generales como particulares, o el documento descriptivo que los sustituya.

22. Artículo 189. Vinculación al contenido contractual

    Los contratos deben cumplirse a tenor de sus cláusulas. La regla se establece sin perjuicio de las prerrogativas que la legislación establece en favor de las Administraciones Públicas.

23. Artículo 190. Enumeración

    Dentro de los límites de la Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas de su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista, suspender la ejecución, acordar la resolución y determinar sus efectos. Tiene además facultades de inspección de las actividades del contratista, sin derecho general a inspeccionar sus instalaciones, salvo que estas y sus condiciones técnicas sean determinantes para las prestaciones.

24. Artículo 191. Procedimiento de ejercicio

    Para ejercer las prerrogativas debe darse audiencia al contratista. En el sector público estatal se exige informe previo del Servicio Jurídico, salvo en los artículos 109 y 195. Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico en: interpretación, nulidad y resolución con oposición del contratista; modificaciones no previstas en el pliego superiores al 20 por ciento del precio inicial, IVA excluido, con precio igual o superior a 6.000.000 de euros; y reclamaciones de 50.000 euros o más. Los acuerdos ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos.

25. Artículo 192. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

    Los pliegos o el documento descriptivo pueden prever penalidades por cumplimiento defectuoso o por incumplir compromisos o condiciones especiales de ejecución. Deben ser proporcionales a la gravedad: cada una no puede superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total el 50 por cien. Ante un incumplimiento parcial imputable al contratista, la Administración puede optar por la resolución o por las penalidades determinadas en el pliego o documento descriptivo. Los pliegos de los acuerdos marco también pueden preverlas.

26. Artículo 193. Demora en la ejecución

    El contratista debe cumplir el plazo total y los parciales. La mora no precisa intimación previa. Ante demora imputable en el plazo total, la Administración opta entre resolver o imponer penalidades diarias de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio, IVA excluido; el pliego puede fijar otras si se justifica en el expediente. Cada múltiplo del 5 por 100 del precio, IVA excluido, faculta al órgano de contratación para resolver o continuar con nuevas penalidades. Igual para los plazos parciales si lo prevé el pliego o se presume razonablemente imposible cumplir el plazo total.

27. Artículo 194. Daños y perjuicios e imposición de penalidades

    Si hay incumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso o demora y no está prevista penalidad, o la prevista no cubre los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. Las penalidades se imponen por acuerdo del órgano de contratación, a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado; el acuerdo es inmediatamente ejecutivo y se hacen efectivas deduciéndolas de los pagos totales o parciales al contratista o, cuando no puedan deducirse de ellos, sobre la garantía constituida.

28. Artículo 195. Resolución por demora y ampliación del plazo de ejecución de los contratos

    La resolución por demora la acuerda el órgano de contratación o el que tenga atribuida esa competencia en las Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, si este formula oposición, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente. Si el retraso no es imputable al contratista y este ofrece cumplir si se amplía el plazo inicial, el órgano de contratación se lo concederá por un plazo, por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que pida otro menor. El responsable del contrato informa sobre si el retraso le fue imputable.

29. Artículo 196. Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros

    El contratista indemniza los daños y perjuicios causados a terceros por las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Responde la Administración, dentro de los límites señalados en las leyes, si son consecuencia inmediata y directa de una orden suya, y también por los vicios del proyecto en el contrato de obras (pudiendo repetir contra el redactor del proyecto) o en el de suministro de fabricación. Los terceros pueden requerir al órgano de contratación, dentro del año siguiente al hecho, para que, oído el contratista, informe a quién corresponde la responsabilidad; ello interrumpe la prescripción.

30. Artículo 197. Principio de riesgo y ventura

    La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, no de la Administración. El propio artículo deja a salvo una única reserva: lo establecido para el contrato de obras en el artículo 239.

31. Artículo 198. Pago del precio

    El pago puede ser total o parcial, con abonos a cuenta (también por operaciones preparatorias, con garantía). La Administración aprueba la conformidad en treinta días desde la entrega y paga en los treinta días siguientes a esa aprobación; si se demora, abona intereses y costes de cobro. La factura se presenta en treinta días. Demora superior a cuatro meses: suspensión, avisando con un mes de antelación; superior a seis: resolución. Los abonos a cuenta solo se embargan por salarios y cuotas sociales o por deudas con subcontratistas y suministradores. Las Comunidades Autónomas pueden reducir los plazos.

32. Artículo 199. Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas

    Transcurrido el plazo del artículo 198.4, los contratistas pueden reclamar por escrito a la Administración contratante el pago y, en su caso, los intereses de demora. Si pasa un mes sin contestación, se entiende reconocido el vencimiento del plazo de pago y cabe recurso contencioso-administrativo contra la inactividad, con solicitud de pago inmediato como medida cautelar. El órgano judicial la adopta salvo que la Administración acredite que no procede el pago o que la cuantía no es la exigible, caso en que se limita a esta. Hay condena en costas si la estimación es total.

33. Artículo 200. Transmisión de los derechos de cobro

    El contratista puede ceder conforme a derecho su derecho de cobro frente a la Administración. Para que la cesión sea efectiva frente a ella es requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo, también en las segundas y sucesivas cesiones. Conocida la cesión, el mandamiento de pago se expide a favor del cesionario; antes, los mandamientos a nombre del contratista o del cedente surten efectos liberatorios. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica no producen efectos frente a la Administración, que puede oponer al cesionario todas las excepciones causales.

34. Artículo 201. Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral

    Los órganos de contratación tomarán medidas para garantizar que, en la ejecución, los contratistas cumplen las obligaciones medioambientales, sociales o laborales del derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o el derecho internacional que vincule al Estado, en particular las del anexo V. Pueden además comprobarlo durante la licitación respecto de candidatos y licitadores. El incumplimiento, en especial los impagos o retrasos reiterados de salarios o la aplicación grave y dolosa de condiciones salariales inferiores a convenio, da lugar a penalidades.

35. Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden

    Los órganos de contratación pueden establecer condiciones especiales de ejecución vinculadas al objeto del contrato, no discriminatorias, compatibles con el Derecho de la Unión Europea e indicadas en el anuncio de licitación y en los pliegos. Es obligatoria al menos una de las del apartado 2 (económicas, de innovación, medioambientales o sociales), la de protección de datos si hay cesión de datos y la de desperdicio alimentario en servicios de alimentación en instituciones públicas. Los pliegos pueden prever penalidades o darles carácter de obligación esencial. Se exigen a todos los subcontratistas.

36. Artículo 203. Potestad de modificación del contrato

    Los contratos administrativos solo pueden modificarse por razones de interés público, por el procedimiento del artículo 191 con las particularidades del 207. Quedan aparte la sucesión del contratista, la cesión, la revisión de precios y la ampliación del plazo. Durante su vigencia solo caben dos supuestos: modificación prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 204) y, excepcionalmente, no prevista (art. 205). Fuera de ellos procede resolver y celebrar otro contrato. Se formalizan (art. 153) y se publican (arts. 207 y 63).

37. Artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

    Los contratos de las Administraciones Públicas pueden modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial si el pliego de cláusulas administrativas particulares lo advirtió expresamente. La cláusula debe ser clara, precisa e inequívoca y detallar alcance, límites y naturaleza, condiciones verificables de forma objetiva y procedimiento; no puede suponer nuevos precios unitarios no previstos. El pliego no puede prever modificaciones que alteren la naturaleza global del contrato; sustituir alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual no la altera.

38. Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales

    Las modificaciones no previstas en el pliego exigen un supuesto del apartado 2 y limitarse a lo estrictamente indispensable. Supuestos: a) prestaciones adicionales, si el cambio de contratista no es posible y la cuantía no excede del 50 por ciento del precio inicial, IVA excluido; b) circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, sin alterar la naturaleza global y con el mismo 50 por ciento; c) modificaciones no sustanciales. Es sustancial, entre otros casos, la que excede del 15 por ciento en obras o del 10 por ciento en los demás contratos.

39. Artículo 206. Obligatoriedad de las modificaciones del contrato

    En las modificaciones del artículo 205, las acordadas por el órgano de contratación son obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Si la modificación no resulta obligatoria, solo se acuerda previa conformidad por escrito del contratista; en caso contrario, el contrato se resuelve conforme a la letra g) del apartado 1 del artículo 211.

40. Artículo 207. Especialidades procedimentales

    Las modificaciones del artículo 204 se acuerdan en la forma especificada en los pliegos. Antes de las del artículo 205 se da audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si los preparó un tercero ajeno al órgano de contratación por un contrato de servicios, por plazo no inferior a tres días. Los contratos sujetos a regulación armonizada, salvo los del anexo IV, publican anuncio en el «Diario Oficial de la Unión Europea» en los casos de las letras a) y b) del artículo 205.2. En todo caso, anuncio en el perfil de contratante en 5 días desde la aprobación.

41. Artículo 208. Suspensión de los contratos

    Si la Administración acuerda la suspensión o esta tiene lugar por el artículo 198.5, se extiende un acta, de oficio o a solicitud del contratista, con las circunstancias que la motivan y la situación de hecho. La Administración abona los daños y perjuicios efectivamente sufridos; salvo que el pliego diga otra cosa, solo: mantenimiento de la garantía definitiva, indemnizaciones laborales, gastos salariales del personal adscrito, alquileres o mantenimiento de maquinaria y pólizas de seguro. Solo se indemnizan períodos documentados en el acta. El derecho a reclamar prescribe en un año.

42. Artículo 209. Extinción de los contratos

43. Artículo 210. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación

    El contrato se entiende cumplido cuando el contratista realiza la totalidad de la prestación, según sus términos y a satisfacción de la Administración. Exige un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización, o en el plazo del pliego; se comunica a la Intervención cuando sea preceptivo. Se fija un plazo de garantía desde la recepción, salvo que no resulte necesario. Excepto en obras, la liquidación se acuerda, notifica y abona dentro de treinta días desde el acta de recepción o conformidad.

44. Artículo 211. Causas de resolución

    Causas de resolución: muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o extinción de la personalidad jurídica; declaración de concurso o de insolvencia; mutuo acuerdo; demora del contratista; demora en el pago de la Administración; incumplimiento de la obligación principal y de las esenciales calificadas en los pliegos; imposibilidad de ejecutar la prestación o modificaciones superiores al 20 por ciento del precio inicial; las específicas de cada categoría de contrato, e impago de salarios o incumplimiento de Convenios colectivos. Si concurren varias, rige la primera en el tiempo.

45. Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución

    La resolución la acuerda el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. Por impago de salarios, a instancia de los representantes de los trabajadores, salvo subrogación y deuda superior al 5 por ciento del precio de adjudicación. La insolvencia y las modificaciones fuera de los artículos 204 y 205 dan siempre lugar a resolución. Por muerte del contratista individual cabe continuar con herederos o sucesores. En concurso, la Administración puede continuar con garantías adicionales: complementaria de al menos un 5 por 100. Plazo máximo de los expedientes: ocho meses.

46. Artículo 213. Efectos de la resolución

    Por mutuo acuerdo, los derechos se acomodan a lo estipulado. El incumplimiento de la Administración determina el pago de daños y perjuicios al contratista. Por incumplimiento culpable del contratista se incauta la garantía y se indemniza lo que exceda de ella. Por la letra g) del artículo 211, indemnización del 3 por ciento de la prestación dejada de realizar. El acuerdo se pronuncia sobre la garantía. Puede iniciarse la nueva adjudicación, con tramitación de urgencia; hasta el nuevo contrato, el contratista adopta las medidas necesarias; su impugnación se resuelve en quince días hábiles.

47. Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales

    Alcaldes y Presidentes son órgano de contratación en obras, suministros, servicios, concesiones y administrativos especiales si el valor estimado no supera el 10 % de los recursos ordinarios ni seis millones de euros (plurianuales de hasta cuatro años incluidos); por encima, el Pleno, que además aprueba los pliegos de cláusulas administrativas generales. En municipios de gran población, la Junta de Gobierno Local. En contratos privados y patrimoniales el límite del Alcalde es el 10 % y tres millones. En la Mesa, los miembros electos no pueden suponer más de un tercio del total.

48. Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales

    Especialidades locales: tramitación anticipada de contratos que empiezan en el ejercicio siguiente o dependen de financiación externa, con adjudicación bajo condición suspensiva; fiscalización por el Interventor; en municipios de menos de 5.000 habitantes, certificación de existencia de crédito en lugar de aprobación del gasto; informes jurídicos del Secretario; aplazamiento de hasta cuatro años en la adquisición de inmuebles; y en municipios de menos de 20.000 habitantes, concesiones de varios servicios si la anualidad media no supera 200.000 euros.