Tema 13 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 137. Organización territorial del Estado

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138. Solidaridad y equilibrio entre territorios

El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad del artículo 2, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139. Igualdad de derechos y libre circulación de bienes

Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas ni la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Artículo 140. Autonomía municipal

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a los Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes, por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones del régimen de concejo abierto.

Artículo 141. La provincia

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de sus límites debe aprobarse por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Su gobierno y administración autónoma se encomienda a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Pueden crearse agrupaciones de municipios distintas de la provincia, y en los archipiélagos las islas tendrán además administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142. Suficiencia financiera de las Haciendas locales

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 1

Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos; institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de sus colectividades. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan de idéntica autonomía para gestionar sus intereses respectivos.

Artículo 2

Para hacer efectiva la autonomía local, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas deben asegurar a Municipios, Provincias e Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles competencias según la actividad pública y su capacidad de gestión, conforme a los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Las Leyes básicas del Estado deben determinar las competencias locales en las materias que regulen.

Artículo 3

El artículo 3 distingue dos grupos. Son Entidades Locales territoriales el Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. Gozan también de la condición de Entidades Locales, sin ser territoriales, las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios (instituidas por las Comunidades Autónomas conforme a esta Ley y a sus Estatutos de Autonomía), las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.

Artículo 4

Municipios, provincias e islas tienen en todo caso, en su esfera competencial: reglamentaria y de autoorganización; tributaria y financiera; de programación o planificación; expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos; ejecución forzosa y sancionadora; revisión de oficio; prerrogativas de la Hacienda Pública e inembargabilidad de sus bienes y derechos. A otras entidades locales, las que concreten las leyes autonómicas; a las mancomunidades, las de sus Estatutos o, en su defecto, todas las precisas.

Artículo 5

Para cumplir sus fines y dentro de sus competencias, las Entidades locales tienen, de acuerdo con la Constitución y las leyes, plena capacidad jurídica para: adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes; celebrar contratos; establecer y explotar obras o servicios públicos; obligarse; interponer los recursos establecidos, y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Artículo 6

Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que tienen encomendados y actúan según los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El control de legalidad de sus acuerdos y actos lo ejercen los Tribunales.

Artículo 7

Las competencias locales son propias o atribuidas por delegación. Las propias solo las determina la Ley y se ejercen con autonomía y bajo la propia responsabilidad, coordinadas con las demás Administraciones. El Estado y las CCAA pueden delegar; lo delegado se ejerce según la disposición o acuerdo de delegación, con sujeción al artículo 27. Otras competencias distintas solo si no peligra la sostenibilidad financiera ni hay ejecución simultánea del mismo servicio, con informes previos necesarios y vinculantes.

Artículo 8

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, las Provincias y las islas pueden realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.

Artículo 9

Las normas que desarrollen la Ley 7/1985 y afecten a Municipios, Provincias, islas u otras entidades locales territoriales no pueden limitar su ámbito de aplicación a una o varias de esas entidades con carácter singular. Queda a salvo lo que la propia Ley dispone para los regímenes municipales o provinciales especiales.

Artículo 10

La Administración Local y las demás Administraciones se relacionan con cuatro deberes: información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. Procede coordinar las competencias locales cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio de la Entidad, incidan o condicionen relevantemente los de otras Administraciones o sean concurrentes o complementarios. En especial, la coordinación asegura el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y es compatible con la autonomía local.

Artículo 1. Carácter de la ley

La Ley 5/2010 se dicta en desarrollo de las previsiones estatutarias sobre organización territorial de Andalucía y se aprueba con las prescripciones establecidas en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esas mismas prescripciones estatutarias condicionan también las modificaciones que afecten al régimen jurídico que la ley establece.

Artículo 2. Objeto de la ley

La ley determina las competencias y potestades de los municipios y demás entes locales y las reglas de las eventuales transferencias y delegaciones de competencias de la Comunidad Autónoma. Regula las relaciones entre las entidades locales y las instituciones de la Junta, la concertación y las técnicas de cooperación y colaboración. Contiene el régimen de los bienes, las modalidades de prestación de los servicios locales de interés general y la iniciativa económica, así como la demarcación territorial municipal y la organización administrativa de su territorio.

Artículo 3. Organización territorial de Andalucía

Municipios y provincias, en su relación con la Comunidad Autónoma, integran un único nivel de gobierno. El municipio es la entidad territorial básica de Andalucía, instancia de representación política y cauce inmediato de participación ciudadana. La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, cuya principal función es garantizar el ejercicio de las competencias municipales y facilitar las relaciones de los municipios entre sí y con la Comunidad Autónoma. Por ley, o de acuerdo con esta ley, podrán crearse otras entidades locales complementarias.

Artículo 4. Autonomía local

Municipios y provincias gozan de autonomía para la ordenación y gestión de los asuntos de interés público en el marco de las leyes; actúan bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas de su comunidad. La autonomía comprende, en todo caso, sus intereses públicos, órganos de gobierno y administración, territorio, servicios locales, iniciativa económica, personal, patrimonio y recursos de sus haciendas. Cada entidad local podrá definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas. Municipios y provincias tienen plena personalidad jurídica.

Artículo 5. Potestad de autoorganización

Las entidades locales definen por sí mismas sus estructuras administrativas internas, para adaptarlas a sus necesidades específicas y permitir una gestión eficaz. Municipios y provincias han de contar con los órganos necesarios previstos en la legislación básica sobre régimen local; su funcionamiento, régimen de acuerdos y estatuto de sus miembros se ajustan a esa legislación, garantizándose en todo caso la acción de gobierno y la representación proporcional en los órganos asamblearios. El resto de los órganos complementarios se ajusta a los estatutos de cada entidad local.

Artículo 62. Tipología

La cooperación territorial se lleva a cabo a través de entidades e instrumentos. Son entidades de cooperación territorial las mancomunidades de municipios, los consorcios y cualquier otra modalidad de cooperación interadministrativa que dé lugar a la creación de un ente con personalidad jurídica. Son instrumentos los convenios de cooperación, las redes de cooperación y cualquier otra modalidad que no dé lugar a un ente con personalidad jurídica. En ambas cláusulas abiertas la modalidad debe ajustarse a los fines y principios de la ley.

Artículo 113. Tipología de entidades descentralizadas

Las entidades de gestión descentralizada tienen en todo caso personalidad jurídica y se sujetan al Derecho Administrativo. Pueden ser entidad vecinal o entidad local autónoma, según el alcance de la descentralización. Las entidades vecinales gestionan servicios locales de interés general y ejecutan obras de competencia municipal que asumen por delegación del ayuntamiento. Las entidades locales autónomas se crean para el gobierno y administración de sus propios intereses diferenciados de los generales del municipio, con competencias propias y las que el ayuntamiento les transfiera.

Artículo 1

Es la cláusula de compromiso de la Carta: las partes contratantes se obligan a considerarse vinculadas por los artículos que la siguen, pero no de cualquier manera, sino de la forma y en las condiciones que prescribe el artículo 12 de la propia Carta. Para saber cómo queda obligada cada parte hay que acudir, por tanto, a ese artículo 12.

Artículo 2. Fundamento constitucional y legal de la autonomía local

Artículo 3. Concepto de la autonomía local

La autonomía local es el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. Se ejerce por Asambleas o Consejos elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal, que pueden disponer de órganos ejecutivos responsables ante ellos. Esto no perjudica, donde la Ley lo permita, a las asambleas de vecinos, el referéndum u otra participación directa.

Artículo 4. Alcance de la autonomía local

Las competencias básicas locales las fija la Constitución o la Ley, que puede atribuir otras para fines específicos. Dentro de la Ley hay libertad plena de iniciativa en toda materia no excluida ni atribuida a otra autoridad. Las competencias deben incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. Deben ser normalmente plenas y completas, limitables solo dentro de la Ley; las delegadas, adaptables en lo posible a las condiciones locales. Las Entidades deben ser consultadas en lo que les afecte directamente.

Artículo 5. Protección de los límites territoriales de las Entidades locales

Antes de cualquier modificación de los límites territoriales locales, las colectividades locales afectadas deben ser consultadas. La consulta es previa y, llegado el caso, puede hacerse por vía de referéndum, pero solo allá donde la legislación lo permita.

Artículo 6. Adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las Entidades locales

Sin perjuicio de las disposiciones más generales de la Ley, las Entidades locales deben poder definir por sí mismas sus estructuras administrativas internas, para adaptarlas a sus necesidades específicas y permitir una gestión eficaz. El Estatuto de su personal debe permitir una selección de calidad basada en los principios de mérito y capacidad, y para ello reunir condiciones adecuadas de formación, remuneración y perspectivas de carrera.

Artículo 7. Condiciones del ejercicio de las responsabilidades a nivel local

El Estatuto de los representantes locales debe asegurar el libre ejercicio de su mandato y permitir una compensación financiera adecuada a los gastos que ese ejercicio les cause; llegado el caso, también la compensación de los beneficios perdidos o una remuneración del trabajo desempeñado, con la cobertura social correspondiente. Las funciones y actividades incompatibles con el mandato solo pueden fijarse por Ley o por principios jurídicos fundamentales.

Artículo 8. Control administrativo de los actos de las Entidades locales

El control administrativo sobre las Entidades locales solo cabe en las formas y casos previstos por la Constitución o por Ley. Normalmente solo debe asegurar el respeto a la legalidad y a los principios constitucionales; pero, respecto de las competencias cuya ejecución se haya delegado en ellas, puede extenderse a un control de oportunidad, ejercido por autoridades de nivel superior. Además, la amplitud de la intervención debe ser proporcional a la importancia de los intereses que pretende salvaguardar.

Artículo 9. Los recursos financieros de las Entidades locales

Las Entidades locales tienen derecho, en el marco de la política económica nacional, a recursos propios suficientes, de libre disposición y proporcionales a sus competencias. Una parte al menos debe venir de ingresos patrimoniales y tributos locales cuya cuota o tipo fijen dentro de la Ley. Las más débiles se protegen con compensación financiera, sin reducir su libertad de opción. Deben ser consultadas sobre el reparto de recursos redistribuidos; en lo posible, sin subvenciones finalistas; y para invertir, acceso al mercado nacional de capitales.

Artículo 10. El derecho de asociación de las Entidades locales

Las Entidades locales pueden, en el ejercicio de sus competencias, cooperar y, en el ámbito de la Ley, asociarse con otras Entidades locales para tareas de interés común. Cada Estado debe reconocerles el derecho a integrarse en una asociación para proteger y promover sus intereses comunes y en una asociación internacional de Entidades locales. También pueden cooperar con Entidades de otros Estados, en las condiciones que eventualmente prevea la ley.

Artículo 11. Protección legal de la autonomía local

Las Entidades locales deben contar con una vía de recurso jurisdiccional. Su objeto es doble: asegurar el libre ejercicio de sus competencias y el respeto a los principios de autonomía local consagrados en la Constitución o en la legislación interna.

Artículo 12. Compromisos

Cada parte contratante se vincula al menos a veinte apartados de la Parte I, y al menos diez han de elegirse de esta lista: art. 2; art. 3.1 y 3.2; art. 4.1, 4.2 y 4.4; art. 5; art. 7.1; art. 8.2; art. 9.1, 9.2 y 9.3; art. 10.1; y art. 11. Al depositar la ratificación, aceptación o aprobación, cada Estado notifica los párrafos elegidos al Secretario general del Consejo de Europa. Después puede vincularse a otros por notificación, con efectos desde el día primero del mes siguiente al término del trimestre posterior a su recepción.

Artículo 13. Entidades a las cuales se aplica la Carta

Los principios de autonomía local de la Carta se aplican a todas las categorías de Entidades locales existentes en el territorio de la parte contratante. Al depositar la ratificación, aceptación o aprobación, cada parte puede designar categorías de Entidades locales y regionales a las que limitar su aplicación o que excluir. También puede incluir otras categorías de Entidades locales o regionales por comunicación posterior escrita al Secretario general del Consejo de Europa.

Artículo 14. Comunicación de información

Cada parte contratante debe transmitir al Secretario general del Consejo de Europa toda la información apropiada sobre las disposiciones legislativas y demás medidas que haya tomado para adaptarse a los términos de la Carta. La obligación recae sobre cada parte y el destinatario es el Secretario general.

Artículo 15. Firma, ratificación y entrada en vigor

La Carta está abierta a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa y debe ser ratificada, aceptada o aprobada; los instrumentos se presentan ante el Secretario general. Entra en vigor el día 1 del mes siguiente al trimestre posterior a la fecha en que cuatro Estados miembros hayan consentido quedar vinculados. Para los Estados que se sumen después, rige igual regla contada desde el depósito de su instrumento.

Artículo 16. Cláusula territorial

Al firmar o al depositar su instrumento, todo Estado puede designar los territorios a los que se aplica la Carta. Después, por declaración al Secretario general, puede extenderla a otro territorio: allí entra en vigor el día 1 del mes siguiente al trimestre posterior a la recepción. Esas declaraciones pueden retirarse por notificación al Secretario general, con efecto el día 1 del mes siguiente al semestre posterior a su recepción.

Artículo 17. Denuncia

Ninguna parte puede denunciar la Carta antes de que pasen cinco años desde su entrada en vigor para ella, y la denuncia se notifica con seis meses de antelación al Secretario general. No afecta a las demás partes si siguen siendo al menos cuatro. También cabe denunciar apartados de la primera parte, siempre que se sigan cumpliendo las exigencias del artículo 12.1; si no, se entiende denunciada la Carta entera.

Artículo 18. Notificación

El Secretario general del Consejo de Europa notifica a los Estados miembros del Consejo: cualquier firma; el depósito de instrumentos de ratificación, aceptación y aprobación; cualquier fecha de entrada en vigor conforme al artículo 15; las notificaciones recibidas según el artículo 12, apartados 2 y 3, y según el artículo 13, y cualquier otro acto, notificación o comunicación relativos a la Carta.

Artículo 1

Para sus fines tienen plena capacidad jurídica los Ayuntamientos (por los Municipios), las Diputaciones u otras Corporaciones representativas (de las Provincias) y los Consejos y Cabildos (de las Islas): adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer recursos y ejercitar acciones. Igual capacidad tienen los órganos de las Entidades de ámbito inferior al municipal. Las Entidades locales territoriales están exentas de impuestos estatales y autonómicos, en los términos de la Ley.