A1.1100 · Grupo I · Derecho constitucional
Tema 12 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026
La organización territorial del Estado en la Constitución Española. El Estado Autonómico: naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.
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- Constitución Española · arts. 2 y 137–158
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En este tema: arts. 2 y 137–158. Ver la norma
Artículo 2. Unidad y autonomía
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Artículo 137. Organización territorial del Estado
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Artículo 138. Solidaridad y equilibrio entre territorios
El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad del artículo 2, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Artículo 139. Igualdad de derechos y libre circulación de bienes
Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas ni la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
Artículo 140. Autonomía municipal
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a los Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes, por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones del régimen de concejo abierto.
Artículo 141. La provincia
La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de sus límites debe aprobarse por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Su gobierno y administración autónoma se encomienda a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Pueden crearse agrupaciones de municipios distintas de la provincia, y en los archipiélagos las islas tendrán además administración propia en forma de Cabildos o Consejos.
Artículo 142. Suficiencia financiera de las Haciendas locales
Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Artículo 143. Acceso a la autonomía por la vía ordinaria
Podrán acceder al autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. La iniciativa corresponde a todas las Diputaciones interesadas —o al órgano interinsular— y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, y debe cumplirse en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo. Si la iniciativa no prospera, solo podrá reiterarse pasados cinco años.
Artículo 144. Autorización de las Cortes para constituir Comunidades Autónomas
Las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, podrán autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuyo ámbito no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del artículo 143.1; autorizar o acordar un Estatuto de autonomía para territorios no integrados en la organización provincial; y sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales del artículo 143.2.
Artículo 145. Prohibición de federación y convenios entre Comunidades
En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre Comunidades necesitarán la autorización de las Cortes Generales.
Artículo 146. Elaboración del proyecto de Estatuto
El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.
Artículo 147. Los Estatutos de Autonomía
Los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Deben contener la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de sus instituciones propias, y las competencias asumidas junto con las bases para el traspaso de los servicios correspondientes. Su reforma se ajustará al procedimiento que ellos mismos establezcan y requerirá en todo caso la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
Artículo 148. Competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas
Enumera en veintidós apartados las materias que las Comunidades Autónomas podrán asumir: organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas de interés autonómico, ferrocarriles y carreteras internos, agricultura y ganadería, montes, gestión de la protección del medio ambiente, pesca en aguas interiores, turismo, asistencia social, sanidad e higiene y vigilancia de sus edificios, entre otras. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del artículo 149.
Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado
Enumera en 32 apartados las materias reservadas en exclusiva al Estado: relaciones internacionales, defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, procesal, civil y laboral, Hacienda general, seguridad pública… El apartado 3 cierra el sistema: lo que la Constitución no atribuye al Estado puede asumirlo una Comunidad Autónoma por su Estatuto; lo que ninguna asuma queda para el Estado; y el derecho estatal es en todo caso supletorio del autonómico.
Artículo 150. Leyes marco, de transferencia y de armonización
Recoge tres instrumentos distintos. Las Cortes pueden atribuir a todas o a algunas Comunidades la facultad de dictar normas legislativas propias en el marco de principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, estableciendo la modalidad de control (leyes marco). El Estado puede transferir o delegar mediante ley orgánica facultades de titularidad estatal susceptibles de ello, previendo la transferencia de medios financieros y las formas de control. Y puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades cuando lo exija el interés general, cuya necesidad aprecian las Cortes por mayoría absoluta de cada Cámara.
Artículo 151. Acceso a la autonomía por la vía especial
Permite saltarse el plazo de cinco años del artículo 148.2 cuando la iniciativa la acuerdan, además de las Diputaciones u órganos interinsulares, las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una, y esa iniciativa se ratifica en referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia. El Estatuto lo elabora una Asamblea de Parlamentarios por mayoría absoluta, lo examina la Comisión Constitucional del Congreso en dos meses, se somete a referéndum del cuerpo electoral y se ratifica por los plenos de ambas Cámaras antes de que el Rey lo sancione y promulgue como ley.
Artículo 152. Organización institucional de las Comunidades Autónomas
En los Estatutos aprobados por la vía del artículo 151, la organización institucional se basa en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde dirigir el Consejo, la suprema representación de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella. Presidente y Consejo responden políticamente ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el territorio, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo.
Artículo 153. Control de la actividad de las Comunidades Autónomas
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejerce por el Tribunal Constitucional en cuanto a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, en cuanto al ejercicio de funciones delegadas del artículo 150.2; por la jurisdicción contencioso-administrativa en cuanto a la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y por el Tribunal de Cuentas en lo económico y presupuestario.
Artículo 154. El Delegado del Gobierno
Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
Artículo 155. Medidas de cumplimiento forzoso
Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso o para proteger el interés general. Para ejecutarlas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Artículo 156. Autonomía financiera de las Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para desarrollar y ejecutar sus competencias, pero con dos límites expresos: coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. Además pueden actuar como delegados o colaboradores del Estado para recaudar, gestionar y liquidar los recursos tributarios estatales.
Artículo 157. Recursos de las Comunidades Autónomas
Los recursos de las Comunidades Autónomas están constituidos por impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; transferencias del Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; rendimientos de su patrimonio e ingresos de derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito. No podrán adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio ni que obstaculicen la libre circulación de mercancías o servicios. Por ley orgánica podrá regularse el ejercicio de estas competencias financieras.
Artículo 158. Asignaciones presupuestarias y Fondo de Compensación Interterritorial
En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Y para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos distribuirán las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias.
La Constitución de 1978 y el Estado autonómico
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Antecedentes: la Ley para la Reforma Política
La transición partió de la legalidad anterior: las Cortes Españolas aprobaron la Ley para la Reforma Política el 18 de noviembre de 1976; se ratificó en referéndum el 15 de diciembre de 1976 (más del 94 % de votos afirmativos, con más del 77 % del electorado votando) y se publicó en el BOE el 5 de enero de 1977. Bases: soberanía popular y supremacía de la ley; Cortes bicamerales por sufragio universal, directo y secreto, proporcional en el Congreso y mayoritario en el Senado; 350 diputados y 207 senadores electos más 41 de designación real; procedimiento de reforma constitucional.
Las elecciones de 15 de junio de 1977 y las Cortes Constituyentes
Antes de las elecciones, el Real Decreto-ley 12/1977 reguló la asociación política y el Real Decreto-ley 20/1977 aprobó las normas electorales. Convocadas por el Real Decreto 679/1977, se celebraron el 15 de junio de 1977 (586 candidaturas, participación del 79 %). Congreso: UCD 165 escaños y PSOE 103. Senado: UCD 106 y PSOE 35. Las Cámaras se reunieron por primera vez el 13 de julio (Junta Preparatoria), pero la Legislatura Constituyente comenzó oficialmente el 22 de julio de 1977, en sesión conjunta ante los Reyes.
El proceso constituyente en el Congreso: Ponencia, Comisión y Pleno
El 26 de julio de 1977 el Pleno del Congreso creó una Comisión Constitucional, constituida el 1 de agosto, que designó una Ponencia de siete diputados, los «Padres de la Constitución»: Cisneros, Herrero de Miñón y Pérez-Llorca (UCD), Peces-Barba (Socialista), Fraga (AP), Solé Tura (Comunista) y Roca (Minoría Catalana). Celebró 29 sesiones reservadas; el anteproyecto se publicó el 5 de enero de 1978 y recibió más de 3.000 enmiendas. El Pleno aprobó el texto el 21 de julio de 1978 (258 a favor, 2 en contra, 14 abstenciones).
El proceso constituyente en el Senado y la Comisión Mixta
En el Senado el plazo de enmiendas acabó el 7 de agosto de 1978 (1.254 escritos); la Comisión de Constitución debatió en diecisiete sesiones y el Pleno aprobó las «Modificaciones» el 5 de octubre. Como había discrepancias, se constituyó una Comisión Mixta presidida por Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes; sus sesiones fueron secretas y su Dictamen se publicó el 28 de octubre. Ambas Cámaras lo votaron el 31 de octubre de 1978: Congreso 325 a favor; Senado 226 a favor.
Referéndum, sanción y publicación de la Constitución
El referéndum, convocado por el Real Decreto 2550/1978, se celebró el 6 de diciembre de 1978: aprobación por el 87,78 % de los votantes (58,97 % del censo). El Rey sancionó la Constitución el 27 de diciembre de 1978 en sesión conjunta solemne de Congreso y Senado en el Palacio de las Cortes; el BOE la publicó el 29 de diciembre (núm. 311), junto con las versiones en las restantes lenguas de España. Cronología: 21-7 Pleno del Congreso, 5-10 Pleno del Senado, 31-10 Comisión Mixta.
Características generales: la «Constitución del consenso»
Rasgos según el Portal de la Constitución: nace de una reforma desde la legalidad anterior; es «la constitución del consenso»; proclama la soberanía del pueblo español; ninguna confesión es estatal; posición transaccional en libertad de enseñanza y de empresa; Monarquía parlamentaria; primera Constitución que menciona a los partidos; reconocimiento pleno de las Comunidades Autónomas. Cuatro reformas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135), 2024 (art. 49) y 2026 (art. 69.3).
Valor normativo y supremacía de la Constitución
El artículo 9.1 sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento y garantiza, según García de Enterría, su supremacía normativa y su carácter de «vinculación más fuerte». La fórmula «el resto del ordenamiento jurídico» la introdujo el Senado. Consecuencias de la supremacía: inconstitucionalidad de las normas contrarias, procedimiento especial de reforma e interpretación conforme. El TC la llama «norma suprema» (STC 16/1982) y «norma fundamental y fundamentadora» (STC 9/1981).
Alcance de la vinculación a la Constitución: poderes públicos, ciudadanos, jueces, valores
La vinculación a la Constitución no es igual para todos (STC 101/1983): los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de vulnerarla (sin perjuicio de deberes positivos como los de los arts. 30 y 31); los poderes públicos, además, un deber general positivo de actuar conforme a ella. El juez ordinario no puede inaplicar la ley, pero sí cuestionarla ante el TC (STC 17/1981). García de Enterría y Aragón defienden el valor jurídico directo de principios y valores; Sánchez Agesta, su eficacia solo interpretativa.
La fórmula del artículo 1.1 y el Estado de Derecho
El artículo 1.1 define a España como «Estado social y democrático de Derecho». Sus principios son supraprincipios o principios de principios (Santamaría). Para Garrorena, la fórmula es histórica e integradora; el orden histórico es Estado de Derecho, Estado democrático y Estado social. Principios del Estado de Derecho: legalidad (9.1, 9.3 y 103.1), división de poderes, reserva de ley, tutela judicial (24) y responsabilidad administrativa (106). El TC ha basado en esta cláusula el cumplimiento y la motivación de las sentencias.
Los principios del artículo 9.3 en la jurisprudencia constitucional
Los principios del artículo 9.3 no son compartimentos estancos (STC 27/1981). Legalidad: «dogma básico de todo sistema democrático». Jerarquía: la Constitución en la cúspide. Publicidad: consecuencia ineluctable del Estado de derecho. Irretroactividad de lo sancionador desfavorable, que a contrario garantiza la retroactividad penal favorable. Seguridad jurídica: «suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad». Responsabilidad: excepto el Rey. Interdicción de la arbitrariedad.
El Estado democrático y la soberanía nacional
El Estado democrático se concreta en la participación del artículo 23. Indirecta: elegir representantes en elecciones periódicas por sufragio universal. Directa, con tres instrumentos: iniciativa legislativa popular (87.3), referéndum consultivo (92) y participación en la Administración de Justicia (125). También mediante partidos, sindicatos, asociaciones empresariales, colegios profesionales y organizaciones de consumidores y profesionales. El 1.2 es una fórmula de compromiso entre soberanía nacional y popular; solo el pueblo español es soberano (STC 42/2014).
El Estado social y la igualdad material
El Estado social busca la «procura existencial» (Forsthoff): condiciones económicas y sociales mínimas promovidas por el intervencionismo estatal, que defendió Heller desde los años 20. Se manifiesta en el 9.2 (promover libertad e igualdad reales y efectivas, remover obstáculos, facilitar la participación), en el capítulo III del título I y en el título VII. Precedentes: arts. 46-48 de la Constitución de 1931 y 3.2 de la italiana. El 14 recoge la igualdad formal y el 9.2 la material; no discrimina favorecer a colectivos preteridos (STC 216/1991).
La Constitución económica: concepto, rasgos y unidad del orden económico
Incluir la economía en la Constitución fue una novedad en el constitucionalismo español. W. Eucken define la Constitución económica como «el conjunto de decisiones políticas o constitucionales sobre temas económicos». El TC la mencionó por primera vez en la STC 1/1982, que exige principios del orden económico de aplicación unitaria. Rasgos: abundancia de preceptos, flexibilidad e indeterminación, y dualismo interpretativo. Marco amplio y flexible, desde la economía de mercado, que admite desde una economía mixta de preponderancia pública a una de preponderancia privada.
Libertad de empresa y economía de mercado en la doctrina del Tribunal Constitucional
La libertad de empresa (art. 38) se ejerce en el marco de la economía de mercado y garantiza la libre empresa junto a la defensa de la productividad. Según la jurisprudencia: la defensa de la competencia es presupuesto y límite, no mera restricción; se relaciona con la unidad de mercado, sin exigir condiciones idénticas en todo el territorio; no es absoluta, con doble garantía (reserva de ley y contenido esencial); subjetivamente, es el derecho a iniciar y sostener una actividad empresarial «en libertad». El artículo 128 no contradice el 38.
Iniciativa pública, reserva de servicios esenciales e intervención de empresas (art. 128)
El artículo 128.1 subordina toda la riqueza del país al interés general. El 128.2 recoge: iniciativa pública económica, que rompió con la subsidiariedad anterior a 1978 (economía mixta, Parejo Alfonso); reserva al sector público, mediante ley, de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, que no equivale a demanialización y admite gestión privada por concesión; e intervención de empresas cuando lo exija el interés general: la titularidad sigue en manos de los propietarios y un órgano público dirige la gestión (STC 111/1983, RUMASA).
Naturaleza jurídica: el Estado autonómico como Estado regional
El Estado se distingue de sus entidades territoriales por la soberanía; estas tienen autonomía. Garrorena distingue Estados unitarios, compuestos (federales y confederales) y, en medio, descentralizados o regionales, categoría del Estado de las autonomías. Notas: entidades creadas en el marco de la Constitución pero no directamente por ella, no necesariamente homogéneas, sistema competencial abierto, sin Poder Judicial propio. Se inspira en el modelo italiano de 1947 y en el «Estado integral» de 1931. Para Santamaría Pastor hay un solo ordenamiento con subsistemas.
Fundamento constitucional: el principio de unidad
El artículo 2 contiene tres principios: unidad, autonomía y solidaridad; con el artículo 1 integra los supraprincipios del ordenamiento (Santamaría). La unidad de la Nación española se refuerza con «indisoluble», «común» e «indivisible», añadidos en el debate en la Comisión Constitucional del Congreso. Consecuencias según Sánchez Agesta y Goig Martínez: unidad constituyente, internacional, del ordenamiento, fiscal y del territorio. Para el TC el Estado ocupa una posición de superioridad (SSTC 4/1982 y 76/1983) y no hay otra Nación que la española (STC 31/2010).
El principio de autonomía: autonomía política y no soberanía
Según Biscaretti, la descentralización puede ser administrativa (gestión de asuntos propios sin autogobierno) o política (poder legislativo y ejecutivo, pero sin Constitución ni poder judicial propios). La autonomía política tiene dimensiones normativa, financiera, organizativa y administrativa (Sánchez Agesta y Goig Martínez). Es un derecho garantizado por el TC. «Autonomía no es soberanía» y no puede oponerse a la unidad (STC 4/1981); la de las Comunidades es «cualitativamente superior» a la de los entes locales (STC 25/1981).
El principio de solidaridad
La solidaridad es el punto de equilibrio entre unidad y autonomía. Alonso de Antonio: «corresponsabilidad de todas las partes [...] en los fines colectivos», y del conjunto hacia los intereses de los miembros. Ejemplo: la financiación autonómica (157 y 158); la recogen los artículos 138, 156 y 158.2. Dos dimensiones: económica y organizativa y competencial. Solozábal la asocia a la Constitución de la integración. TC: «corolario de la autonomía» (25/1981), «deber de auxilio recíproco» (18/1982), «recíproco apoyo y mutua lealtad» (96/1986).
Antecedentes del autonomismo andaluz
El preámbulo del Estatuto de 2007 sitúa las raíces del autonomismo en: la Constitución Federal Andaluza de Antequera (1883), primer texto que plasma la voluntad de autogobierno; la Asamblea de Ronda (1918), que aprobó bandera y escudo; el Manifiesto de Córdoba (1919), que describió a Andalucía como realidad nacional; y 1933, con el himno y un proyecto de Estatuto que la Guerra Civil frustró. Blas Infante fue reconocido Padre de la Patria Andaluza en abril de 1983. Hitos: 4 de diciembre de 1977 y referéndum de 28 de febrero de 1980.
La preautonomía y la vía del artículo 151
Según el Parlamento de Andalucía, el impulso inicial fue el 4 de diciembre de 1977 (cerca de millón y medio de manifestantes). Dos caminos: el «Pacto de Antequera» de 4 de diciembre de 1978 y el Decreto Ley 11/1978, de 27 de abril, que creó la Junta preautonómica, presidida por Plácido Fernández Viagas. La Junta de Rafael Escuredo acordó en Granada, el 21 de junio de 1979, seguir la vía del artículo 151; borrador en Carmona. En el referéndum de 28 de febrero de 1980 no se alcanzaron las mayorías exigidas, aunque el sí ganó en todas las provincias salvo Almería.
El desbloqueo de 1981 y el Estatuto de Autonomía de 1981
Tras el referéndum de iniciativa, el proceso solo podía seguir con una negociación política: los Acuerdos Autonómicos de 1981 (UCD y PSOE), que impusieron una organización institucional homogénea y la equiparación final de competencias. Se modificó la Ley de Referéndum para suplir la carencia de Almería con una ley orgánica pedida por sus diputados y senadores. El Estatuto, aprobado en Córdoba, se votó en referéndum el 20 de octubre de 1981. Elecciones el 23 de mayo de 1982 (109 diputados); Escuredo, primer presidente de la Junta.
La reforma del Estatuto de 2007: gestación y aprobación en el Parlamento de Andalucía
Manuel Chaves propuso la reforma el 28 de junio de 2001 para una «segunda modernización». En el Parlamento: el 29 de junio de 2004 se creó la Ponencia de Reforma (11 parlamentarios); el 2 de febrero de 2006 la Comisión de Desarrollo Estatutario aprobó el Dictamen; el 16 de febrero, toma en consideración (abstención de andalucistas y populares); el 2 de mayo de 2006 el Pleno aprobó la Proposición con mayoría de 3/5, por 67 votos a favor y 41 en contra, y la remitió al Congreso. Novedades: Derechos Sociales, Organización Territorial, Medio Ambiente, Medios de Comunicación.
La reforma del Estatuto de 2007: tramitación en las Cortes Generales
El 5 de mayo de 2006 la presidenta del Parlamento andaluz presentó en el Congreso la Propuesta de Reforma (246 artículos, 11 títulos). Congreso: toma en consideración el 23 de mayo (187 a favor); 285 enmiendas; Ponencia de 11 diputados y 11 parlamentarios andaluces; dictamen de la Comisión Constitucional el 25 de octubre; Pleno el 2 de noviembre (306 a favor de 308 presentes). Senado: ponencia el 27 de noviembre, Comisión General de las Comunidades Autónomas el 30 de noviembre y Pleno el 20 de diciembre de 2006 (242 a favor de 243 emitidos).
El referéndum de 18 de febrero de 2007 y la entrada en vigor del Estatuto
El referéndum de ratificación se celebró el domingo 18 de febrero de 2007, convocado por la Junta por delegación del Consejo de Ministros. Resultados: 87,4 % a favor, 9,4 % en contra, 3 % en blanco; participación del 36,2 % (Jaén la más alta, Cádiz la más baja). El Rey lo rubricó el 19 de marzo de 2007 y entró en vigor el 20 de marzo, al publicarse en el BOE. Tiene preámbulo, 11 títulos y 250 artículos. Lema: «Igualdad no significa uniformidad»; renueva el compromiso del 28-F de 1980.
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