Tema 13 del temario de Auxiliar Administrativo del SAS 2026

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 1–12, 21–25 y 29–52. Ver la norma

1. Artículo 1. Objeto de la Ley

   La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos y el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas.

2. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

   La ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y el sector público institucional. Este último se integra por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, sujetas solo a las normas de esta ley que se refieran específicamente a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas; y las Universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta ley. Tienen la consideración de Administraciones Públicas las tres territoriales y los organismos y entidades de derecho público de la letra a).

3. Artículo 3. Capacidad de obrar

   Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuyo ejercicio les esté permitido sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

4. Artículo 4. Concepto de interesado

   Enumera tres clases de interesado. Primera: quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Segunda: los que, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión. Tercera: aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento mientras no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. Y si la condición de interesado deriva de una relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucede en ella cualquiera que sea el estado del procedimiento.

5. Artículo 5. Representación

   Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, y con él se entienden las actuaciones salvo manifestación expresa en contra. Pueden representar las personas físicas con capacidad de obrar y las jurídicas cuando lo prevean sus estatutos. Hay que acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; para los actos de mero trámite se presume. La acreditación admite cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, y se entiende acreditada mediante apoderamiento apud acta presencial o electrónico, o por inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.

6. Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos

   La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deben inscribirse al menos los poderes de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente. Debe constar también el bastanteo del poder. Los registros generales no impiden que cada Organismo tenga registros particulares para trámites específicos. Todos los registros, generales y particulares, han de ser plenamente interoperables e interconectados entre sí.

7. Artículo 7. Pluralidad de interesados

   Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.

8. Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento

   Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad se advierte la existencia de personas titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectadas por la resolución, se les comunicará la tramitación del procedimiento.

9. Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento

   Las Administraciones están obligadas a verificar la identidad de los interesados comprobando su nombre y apellidos o razón social según consten en el DNI o documento equivalente. Los interesados pueden identificarse electrónicamente mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, en certificados cualificados de sello electrónico, o mediante cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, siempre que exista registro previo del usuario que garantice su identidad y previa comunicación al órgano estatal competente en administración digital.

10. Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas

    Los interesados pueden firmar por cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento y la integridad e inalterabilidad del documento. Si optan por relacionarse electrónicamente, son válidos a efectos de firma los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados cualificados de firma, los de sello electrónico cualificado y avanzado basados en certificados cualificados de sello, y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido con registro previo del usuario y previa comunicación al órgano estatal competente.

11. Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo

    Con carácter general, para cualquier actuación del procedimiento basta con que el interesado acredite previamente su identidad. Las Administraciones solo pueden exigir el uso de firma para cinco actuaciones: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

12. Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados

    Las Administraciones deben garantizar que los interesados puedan relacionarse electrónicamente, poniendo a su disposición los canales, sistemas y aplicaciones necesarios. Deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no obligados a relacionarse por esa vía que lo soliciten, especialmente en identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes en el registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Si alguno de ellos no dispone de los medios necesarios, su identificación o firma puede realizarla válidamente un funcionario público habilitado, previa identificación del interesado y su consentimiento expreso, del que debe quedar constancia.

13. Artículo 21. Obligación de resolver

    La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. El plazo máximo será el fijado por la norma reguladora del procedimiento; cuando no lo fije, será de tres meses.

14. Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver

    Recoge dos listas distintas. El apartado 1 enumera los casos en que el plazo máximo para resolver se podrá suspender: requerimiento de subsanación al interesado, pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, procedimiento europeo pendiente que condicione la resolución, solicitud de informes preceptivos a otro órgano —con un tope de tres meses—, pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los interesados, negociaciones para un pacto o convenio, y pronunciamiento previo de un órgano jurisdiccional. El apartado 2 enumera aquellos en que se suspenderá: requerimiento entre Administraciones del artículo 39.5, actuaciones complementarias del artículo 87 y recusación.

15. Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar

    Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales a los que se refiere el artículo 21.5, el órgano competente para resolver puede acordar de forma motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación. Esa ampliación no puede ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo, que debe notificarse a los interesados, no cabe recurso alguno.

16. Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado

    En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, vencido el plazo máximo sin notificar resolución expresa, la regla general es que el silencio es estimatorio, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o internacional disponga lo contrario. Es desestimatorio en el derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, en los procedimientos cuya estimación transfiriera facultades sobre el dominio público o el servicio público, en los que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los de responsabilidad patrimonial; también en la impugnación de actos y disposiciones y en la revisión de oficio a solicitud del interesado. La estimación por silencio es un acto administrativo que finaliza el procedimiento; la desestimación solo permite recurrir. El certificado del silencio se expide de oficio en quince días.

17. Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio

    En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa produce: si pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, silencio desestimatorio; si la Administración ejercita potestades sancionadoras o de intervención desfavorables, caducidad del procedimiento.

18. Artículo 29. Obligatoriedad de términos y plazos

    Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para tramitar los asuntos, y también a los interesados.

19. Artículo 30. Cómputo de plazos

    Si el plazo se señala por horas, son hábiles todas las del día hábil; se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde la notificación y no pueden superar veinticuatro horas, en cuyo caso se expresan en días. Si se señala por días, se entienden hábiles y se excluyen del cómputo sábados, domingos y festivos; los días se cuentan a partir del siguiente a la notificación, publicación o silencio. Si se fija en meses o años, se cuentan también desde el día siguiente, pero el plazo concluye el mismo día del mes o año de vencimiento, y si no existe día equivalente, el último del mes. Si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente. Y si un día es hábil en el municipio del interesado e inhábil en la sede del órgano, o al revés, se considera inhábil en todo caso.

20. Artículo 31. Cómputo de plazos en los registros

    El registro electrónico se rige, a efectos de cómputo, por la fecha y hora oficial de su sede electrónica. Permite presentar documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. A efectos de los plazos que cumple el interesado, lo presentado en día inhábil se entiende hecho en la primera hora del primer día hábil siguiente, y lo presentado en inhábil se reputa anterior a lo presentado ese primer día hábil. El plazo que debe cumplir la Administración arranca en la fecha y hora efectiva de presentación, que se comunica a quien presentó. El calendario de la sede es el único aplicable en los registros.

21. Artículo 32. Ampliación

    La Administración puede conceder, de oficio o a petición del interesado, una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de tercero. Se aplica siempre el máximo en los procedimientos de misiones diplomáticas y oficinas consulares y en los que exijan trámites en el extranjero o intervengan interesados residentes fuera de España. Tanto la petición como la decisión han de producirse antes del vencimiento: un plazo ya vencido no puede ampliarse. Contra el acuerdo de ampliación o su denegación no cabe recurso. También cabe ampliar los plazos no vencidos ante una incidencia técnica o un ciberincidente.

22. Artículo 33. Tramitación de urgencia

    Cuando razones de interés público lo aconsejen, se puede acordar de oficio o a petición del interesado la tramitación de urgencia, que reduce a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Contra el acuerdo que la declara no cabe recurso alguno, sin perjuicio del que proceda contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

23. Artículo 34. Producción y contenido

    Los actos administrativos se producirán por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido, bien de oficio o a instancia del interesado. Su contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines del acto.

24. Artículo 35. Motivación

    Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros: los actos que limiten derechos, los de revisión de oficio, los que se separen del criterio en actuaciones precedentes, y los que pongan fin a procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

25. Artículo 36. Forma

    Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

26. Artículo 37. Inderogabilidad singular

    Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición. Son nulas las resoluciones que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como las que incurran en alguna de las causas del artículo 47.

27. Artículo 38. Ejecutividad

    Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

28. Artículo 39. Efectos

    Los actos sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que dispongan otra cosa. La eficacia se demora cuando lo exija el contenido del acto o esté supeditada a notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente cabe eficacia retroactiva: cuando el acto sustituye a otro anulado, o cuando produce efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho ya existieran y no se lesionen derechos de terceros.

29. Artículo 40. Notificación

    Se notifica a los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados. La notificación debe cursarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se dictó el acto, y contener el texto íntegro de la resolución, si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo. Si falta alguno de esos requisitos pero está el texto íntegro, surte efecto desde que el interesado actúe demostrando que conoce el contenido o interponga cualquier recurso.

30. Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones

    Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos, y siempre que el interesado esté obligado a esa vía. Solo caben en papel dos supuestos: la comparecencia espontánea del interesado que pide la notificación personal en ese momento, y la entrega directa por un empleado público cuando sea necesaria para asegurar la eficacia de la actuación. Sea cual sea el medio, la notificación vale si permite acreditar el envío o puesta a disposición, la recepción o acceso, las fechas y horas, el contenido íntegro y la identidad de remitente y destinatario. Nunca se practican electrónicamente las que lleven elementos no convertibles a formato electrónico ni las que contengan medios de pago como cheques. Si el interesado es notificado por varios cauces, vale la fecha de la primera.

31. Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel

    Toda notificación en papel se pone además a disposición del interesado en la sede electrónica, para que pueda acceder voluntariamente. Practicada en el domicilio, si el interesado no está puede hacerse cargo cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre allí y acredite su identidad. Si nadie se hace cargo, se hace constar el día y la hora y se repite el intento una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes: si el primero fue antes de las quince horas el segundo ha de ser después, y al revés, dejando al menos tres horas de diferencia. Si el segundo intento también falla, se acude al artículo 44.

32. Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos

    Las notificaciones electrónicas se practican por comparecencia en la sede electrónica, a través de la dirección electrónica habilitada única, o por ambos sistemas. Se entienden practicadas en el momento en que se accede a su contenido. Cuando la notificación electrónica sea obligatoria o el interesado la haya elegido expresamente, se entiende rechazada si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a ella. Los interesados pueden acceder a sus notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico.

33. Artículo 44. Notificación infructuosa

    Cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o, intentada, no se haya podido practicar, la notificación se hace mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Previamente y con carácter facultativo, las Administraciones pueden publicar un anuncio en el boletín de la Comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio o en el consulado correspondiente. Cualquier otra forma complementaria de difusión no excluye la obligación de publicar en el BOE.

34. Artículo 45. Publicación

    Los actos se publican cuando lo establezcan las normas de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público. En todo caso se publican, y la publicación surte los efectos de la notificación, en dos supuestos: cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas —o cuando la Administración estime insuficiente la notificación individual, en cuyo caso la publicación es adicional—, y cuando se trate de actos de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, donde la convocatoria debe indicar el medio de las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las realizadas en lugar distinto. La publicación se hace en el diario oficial que corresponda a la Administración de la que proceda el acto.

35. Artículo 46. Indicación de notificaciones y publicaciones

    Si el órgano competente aprecia que la notificación por anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limita a publicar en el diario oficial una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados pueden comparecer, en el plazo que se establezca, para conocer el contenido íntegro y dejar constancia de ese conocimiento. Las formas complementarias de difusión no excluyen la publicación en el diario oficial.

36. Artículo 47. Nulidad de pleno derecho

    Los actos son nulos de pleno derecho, entre otros casos: cuando lesionan derechos susceptibles de amparo constitucional, cuando los dicta un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, o cuando tienen contenido imposible.

37. Artículo 48. Anulabilidad

    Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Y realizar actuaciones fuera del tiempo establecido solo implica anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

38. Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos

    La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los actos sucesivos del procedimiento que sean independientes del primero. Y la nulidad o anulabilidad de parte de un acto no arrastra a las partes independientes de la viciada, salvo que esa parte sea de tal importancia que sin ella el acto no se hubiera dictado.

39. Artículo 50. Conversión de actos viciados

    Los actos nulos o anulables que, pese a su vicio, contengan los elementos constitutivos de otro acto distinto producirán los efectos de este último.

40. Artículo 51. Conservación de actos y trámites

    El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

41. Artículo 52. Convalidación

    La Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación produce efecto desde su fecha, salvo la retroactividad que permite el artículo 39.3. Si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación la realiza el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto. Y si consiste en la falta de una autorización, se convalida otorgándola el órgano competente.