Tema 18 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1

La Unión Europea la constituyen entre sí las Altas Partes Contratantes, y los Estados miembros le atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes. Se fundamenta en el TUE y en el TFUE («los Tratados»), que tienen el mismo valor jurídico. La Unión sustituye y sucede a la Comunidad Europea. Las decisiones se tomarán de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible.

Artículo 2

La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías. Son valores comunes a los Estados miembros, en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 3

La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Ofrece un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores; establece un mercado interior y obra por un desarrollo sostenible basado en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social; establece una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro; y persigue sus objetivos por los medios apropiados, según las competencias atribuidas en los Tratados.

Artículo 4

Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. La Unión respeta la igualdad de los Estados ante los Tratados, su identidad nacional (también la autonomía local y regional) y sus funciones esenciales; la seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado. Por el principio de cooperación leal, Unión y Estados se respetan y asisten mutuamente, y los Estados adoptan las medidas para cumplir las obligaciones de los Tratados y se abstienen de poner en peligro los objetivos de la Unión.

Artículo 5

La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución; su ejercicio, por los de subsidiariedad y proporcionalidad. Por atribución, la Unión actúa dentro de las competencias que le atribuyen los Estados en los Tratados. Por subsidiariedad, fuera de su competencia exclusiva solo interviene si los objetivos no pueden alcanzarse suficientemente por los Estados y sí mejor a escala de la Unión. Por proporcionalidad, su acción no excede de lo necesario. Los Parlamentos nacionales velan por la subsidiariedad.

Artículo 6

La Unión reconoce los derechos, libertades y principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, sin ampliar las competencias de la Unión. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, sin modificar sus competencias. Esos derechos y los de las tradiciones constitucionales comunes forman parte del Derecho de la Unión como principios generales.

Artículo 7

A propuesta motivada de un tercio de los Estados, del Parlamento o de la Comisión, el Consejo, por cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento, puede constatar un riesgo claro de violación grave de los valores del artículo 2, oyendo antes al Estado. El Consejo Europeo, por unanimidad, a propuesta de un tercio de los Estados o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento, puede constatar una violación grave y persistente. Después, el Consejo, por mayoría cualificada, puede suspender derechos, incluido el voto; las obligaciones del Estado siguen vinculándole.

Artículo 8

La Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes para establecer un espacio de prosperidad y buena vecindad basado en sus valores y caracterizado por relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación. Para ello podrá celebrar con ellos acuerdos específicos, que pueden incluir derechos y obligaciones recíprocos y acciones en común; su aplicación será objeto de una concertación periódica.

Artículo 9

La Unión respetará en todas sus actividades el principio de igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Es ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la nacional sin sustituirla.

Artículo 10

El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. Los ciudadanos están directamente representados a través del Parlamento Europeo; los Estados miembros, en el Consejo Europeo por su Jefe de Estado o de Gobierno y en el Consejo por sus Gobiernos, democráticamente responsables ante sus Parlamentos nacionales o ante sus ciudadanos. Todo ciudadano puede participar en la vida democrática de la Unión, y los partidos políticos europeos contribuyen a formar la conciencia política europea.

Artículo 11

Las instituciones darán a ciudadanos y asociaciones representativas la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones, y mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con ellas y con la sociedad civil. La Comisión mantendrá amplias consultas con las partes interesadas. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, nacionales de un número significativo de Estados miembros, puede invitar a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico.

Artículo 12

Los Parlamentos nacionales contribuyen al buen funcionamiento de la Unión: son informados por las instituciones y reciben los proyectos de actos legislativos; velan por la subsidiariedad; participan en la evaluación de las políticas del espacio de libertad, seguridad y justicia y se asocian al control político de Europol y a la evaluación de Eurojust; participan en la revisión de los Tratados; son informados de las solicitudes de adhesión; y participan en la cooperación interparlamentaria.

Artículo 13

La Unión dispone de un marco institucional para promover sus valores, perseguir sus objetivos y defender sus intereses. Sus instituciones son siete: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas. Cada una actúa dentro de sus atribuciones y mantienen entre sí una cooperación leal. Parlamento, Consejo y Comisión están asistidos por el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, con funciones consultivas.

Artículo 14

El Parlamento Europeo ejerce con el Consejo la función legislativa y la presupuestaria, además de control político y consultivas, y elige al Presidente de la Comisión. Lo componen representantes de los ciudadanos: no más de setecientos cincuenta, más el Presidente, con representación decrecientemente proporcional, mínimo seis y máximo noventa y seis escaños por Estado. Su composición la fija el Consejo Europeo por unanimidad, a iniciativa del Parlamento y con su aprobación. Mandato de cinco años por sufragio universal directo, libre y secreto.

Artículo 15

El Consejo Europeo da a la Unión los impulsos necesarios y define sus orientaciones y prioridades políticas generales; no ejerce función legislativa. Lo componen los Jefes de Estado o de Gobierno, su Presidente y el Presidente de la Comisión; participa el Alto Representante. Se reúne dos veces por semestre, convocado por su Presidente, y decide por consenso salvo otra previsión de los Tratados. Elige a su Presidente por mayoría cualificada para dos años y medio, renovable una sola vez; el Presidente no puede ejercer mandato nacional.

Artículo 16

El Consejo ejerce con el Parlamento la función legislativa y la presupuestaria, y define políticas y coordina. Lo compone un representante de rango ministerial de cada Estado. Decide por mayoría cualificada salvo otra previsión. Desde el 1 de noviembre de 2014, esa mayoría es al menos el 55 % de los miembros del Consejo, con un mínimo de quince, que representen al menos el 65 % de la población; la minoría de bloqueo exige al menos cuatro miembros. Se reúne en formaciones; en público cuando delibera y vota proyectos legislativos; el COREPER prepara sus trabajos.

Artículo 17

La Comisión promueve el interés general, vela por la aplicación de los Tratados, ejecuta el presupuesto y, salvo la PESC y otros casos, representa exteriormente a la Unión. Los actos legislativos solo se adoptan a propuesta suya, salvo otra previsión. Su mandato es de cinco años y actúa con plena independencia. Desde el 1 de noviembre de 2014 tiene un número de miembros igual a los dos tercios del de Estados, salvo que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificarlo. El Parlamento elige al Presidente y aprueba el colegio, que nombra el Consejo Europeo por mayoría cualificada.

Artículo 18

El Consejo Europeo nombra por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión, al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y puede cesarlo por el mismo procedimiento. El Alto Representante dirige la PESC y la ejecuta como mandatario del Consejo, preside el Consejo de Asuntos Exteriores y es uno de los Vicepresidentes de la Comisión, encargado en ella de las relaciones exteriores.

Artículo 19

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprende el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados, y garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. El Tribunal de Justicia tiene un juez por Estado, asistido por abogados generales; el Tribunal General, al menos un juez por Estado. Jueces y abogados generales son nombrados de común acuerdo por los Gobiernos para seis años, renovables. Resuelve recursos, cuestiones prejudiciales y los demás casos previstos.

Artículo 20

Los Estados que quieran instaurar entre sí una cooperación reforzada en competencias no exclusivas de la Unión pueden usar sus instituciones. Estas cooperaciones están abiertas permanentemente a todos los Estados. El Consejo la autoriza como último recurso, si los objetivos no pueden alcanzarse en un plazo razonable por la Unión en su conjunto y participan al menos nueve Estados. Deliberan todos los miembros del Consejo, pero votan solo los participantes. Sus actos vinculan únicamente a los participantes y no son acervo para los candidatos a la adhesión.

Artículo 21

La acción exterior de la Unión se basa en la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la dignidad humana, la igualdad y solidaridad y el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional, y propicia soluciones multilaterales. Persigue, entre otros fines, defender sus valores y seguridad, mantener la paz, apoyar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo para erradicar la pobreza, integrar a todos los países en la economía mundial y ayudar ante catástrofes. El Consejo y la Comisión, asistidos por el Alto Representante, garantizan su coherencia.

Artículo 22

Basándose en los principios y objetivos del artículo 21, el Consejo Europeo determina los intereses y objetivos estratégicos de la Unión, en la PESC y en otros ámbitos de la acción exterior; sus decisiones pueden referirse a un país, a una región o a un tema, y definen su duración y medios. Se pronuncia por unanimidad, sobre una recomendación del Consejo. El Alto Representante (en la PESC) y la Comisión (en los demás ámbitos) pueden presentar propuestas conjuntas al Consejo.

Artículo 23

La acción de la Unión en la escena internacional prevista en este capítulo (política exterior y de seguridad común) se basará en los principios, perseguirá los objetivos y se realizará de conformidad con las disposiciones generales del capítulo 1. Es decir, la PESC queda sometida a los mismos principios y objetivos generales de toda la acción exterior.

Artículo 24

La competencia de la Unión en la PESC abarca toda la política exterior y la seguridad, incluida la definición progresiva de una política común de defensa que podrá conducir a una defensa común. La PESC tiene reglas propias: la definen y aplican el Consejo Europeo y el Consejo por unanimidad, salvo otra previsión; se excluyen los actos legislativos; la ejecutan el Alto Representante y los Estados; y el Tribunal de Justicia no tiene competencia salvo para el artículo 40 y ciertas decisiones. Los Estados apoyan la PESC con lealtad y solidaridad; el Consejo y el Alto Representante velan por ello.

Artículo 25

La Unión dirige la política exterior y de seguridad común de tres modos: definiendo sus orientaciones generales; adoptando decisiones que establezcan las acciones que va a realizar, las posiciones que va a adoptar y las modalidades de ejecución de esas decisiones; y fortaleciendo la cooperación sistemática entre los Estados miembros para llevar a cabo sus políticas.

Artículo 26

El Consejo Europeo determina los intereses estratégicos, fija los objetivos y define las orientaciones generales de la PESC, también en defensa, y adopta las decisiones necesarias. Si un acontecimiento internacional lo exige, su Presidente convoca una reunión extraordinaria para definir las líneas estratégicas. El Consejo elabora la PESC y adopta las decisiones para definirla y aplicarla. El Consejo y el Alto Representante velan por su unidad, coherencia y eficacia, y la ejecutan el Alto Representante y los Estados miembros.

Artículo 27

El Alto Representante preside el Consejo de Asuntos Exteriores, hace propuestas de PESC y ejecuta las decisiones del Consejo Europeo y del Consejo. Representa a la Unión en la PESC y dirige el diálogo político con terceros. Se apoya en un servicio europeo de acción exterior, formado por funcionarios de la Secretaría General del Consejo y de la Comisión y por personal de los servicios diplomáticos nacionales; su organización la fija una decisión del Consejo, a propuesta del Alto Representante, previa consulta al Parlamento y previa aprobación de la Comisión.

Artículo 28

Cuando una situación internacional exija una acción operativa, el Consejo adopta las decisiones necesarias (objetivos, alcance, medios, condiciones y, si procede, duración) y las revisa si cambian las circunstancias. Son vinculantes para los Estados. Un Estado que planee actuar en aplicación de ellas informará a tiempo para una concertación previa, salvo mera transposición. En caso de imperiosa necesidad los Estados pueden adoptar medidas urgentes e informar inmediatamente al Consejo. Si un Estado tiene dificultades importantes, pedirá al Consejo que delibere y busque soluciones.

Artículo 29

El Consejo adopta decisiones que definen el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático. Los Estados miembros deben velar por que sus políticas nacionales sean conformes con esas posiciones de la Unión.

Artículo 30

Cualquier Estado miembro, el Alto Representante o el Alto Representante con apoyo de la Comisión puede plantear al Consejo cuestiones de PESC y presentar, respectivamente, iniciativas o propuestas. Si se requiere una decisión rápida, el Alto Representante convoca, de oficio o a petición de un Estado, una reunión extraordinaria del Consejo en cuarenta y ocho horas o, en caso de necesidad absoluta, en un plazo más breve.

Artículo 31

En la PESC, el Consejo Europeo y el Consejo deciden por unanimidad, sin actos legislativos. Quien se abstiene con declaración formal no aplica la decisión, pero admite que vincula a la Unión; si los abstencionistas representan al menos un tercio de los Estados con un tercio de la población, no se adopta. Por excepción, el Consejo decide por mayoría cualificada en los casos del apartado 2, salvo oposición por motivos vitales de política nacional; el Consejo Europeo puede ampliarlos por unanimidad, nunca en lo militar o de defensa. Las cuestiones de procedimiento, por mayoría de miembros.

Artículo 32

Los Estados se consultan en el Consejo Europeo y en el Consejo sobre cuestiones de PESC de interés general para definir un enfoque común, y antes de actuar en la escena internacional o asumir compromisos que afecten a la Unión consultan a los demás. Establecido un enfoque común, el Alto Representante y los Ministros de Asuntos Exteriores coordinan su actuación en el Consejo. Las misiones diplomáticas de los Estados y las delegaciones de la Unión cooperan y contribuyen a formular y aplicar ese enfoque común.

Artículo 33

El Consejo puede designar, a propuesta del Alto Representante, un representante especial con mandato sobre cuestiones políticas concretas. Ese representante especial ejerce su mandato bajo la autoridad del Alto Representante.

Artículo 34

Los Estados coordinan su acción en organizaciones y conferencias internacionales y defienden allí las posiciones de la Unión; el Alto Representante organiza esa coordinación. Los que participen donde no estén todos mantienen informados a los demás y al Alto Representante. Los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se conciertan, informan a los demás y al Alto Representante y defienden las posiciones de la Unión; si la Unión tiene posición sobre un tema del orden del día, pedirán que se invite al Alto Representante a presentarla.

Artículo 35

Las misiones diplomáticas y consulares de los Estados, las delegaciones de la Unión en terceros países y conferencias internacionales, y sus representaciones ante organizaciones internacionales cooperan para garantizar el respeto y la ejecución de las decisiones PESC. Intensifican su cooperación intercambiando información y haciendo valoraciones comunes, y contribuyen a aplicar el derecho de los ciudadanos de la Unión a la protección en terceros países.

Artículo 36

El Alto Representante consulta periódicamente al Parlamento Europeo sobre los aspectos principales y opciones fundamentales de la PESC y de la política común de seguridad y defensa, le informa de su evolución y vela por que se tengan en cuenta sus opiniones. El Parlamento puede dirigir preguntas o recomendaciones al Consejo y al Alto Representante, y dos veces al año debate los progresos de la PESC, incluida la política común de seguridad y defensa.

Artículo 37

Artículo 38

El Comité Político y de Seguridad sigue la situación internacional en la PESC y contribuye a definirla con dictámenes dirigidos al Consejo, a instancia del Consejo, del Alto Representante o por propia iniciativa; supervisa la ejecución de las políticas acordadas, sin perjuicio de las competencias del Alto Representante. Bajo la responsabilidad del Consejo y del Alto Representante, ejerce el control político y la dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis del artículo 43, y el Consejo puede autorizarle a adoptar decisiones sobre ellas mientras dure la operación.

Artículo 39

De conformidad con el artículo 16 del TFUE, y no obstante lo dispuesto en su apartado 2, el Consejo adopta una decisión que fija las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos personales por los Estados miembros en las actividades del ámbito de la PESC, y sobre la libre circulación de esos datos. El respeto de esas normas queda sometido al control de autoridades independientes.

Artículo 40

Cláusula de no afectación recíproca. La ejecución de la PESC no afecta a la aplicación de los procedimientos ni al alcance de las atribuciones de las instituciones previstos en los Tratados para las competencias de la Unión de los artículos 3 a 6 del TFUE. Y, a la inversa, la ejecución de esas políticas no afecta a los procedimientos ni a las atribuciones previstos para las competencias de la Unión en virtud del capítulo de la PESC.

Artículo 41

Los gastos administrativos de la PESC van al presupuesto de la Unión; los operativos también, salvo los de operaciones con repercusiones militares o de defensa y lo que el Consejo decida por unanimidad. Si no van al presupuesto, los pagan los Estados según una clave basada en el PNB, salvo decisión unánime del Consejo; en lo militar, no están obligados quienes hicieron la declaración formal del artículo 31.1, párrafo segundo. Los preparativos no imputados al presupuesto se pagan con un fondo inicial, cuyas reglas fija el Consejo por mayoría cualificada a propuesta del Alto Representante.

Artículo 42

La PCSD forma parte de la PESC y da a la Unión capacidad operativa civil y militar para misiones fuera de la Unión, apoyada en capacidades de los Estados. Conducirá a una defensa común cuando el Consejo Europeo lo decida por unanimidad. Respeta la OTAN y la especificidad de algunos Estados. La Agencia Europea de Defensa determina necesidades operativas. El Consejo decide por unanimidad, a propuesta del Alto Representante o de un Estado miembro. Prevé misiones de grupos de Estados, la cooperación estructurada permanente y la ayuda a un Estado objeto de agresión armada.

Artículo 43

Las misiones del artículo 42.1, con medios civiles y militares, abarcan: desarme, misiones humanitarias y de rescate, asesoramiento y asistencia militar, prevención de conflictos y mantenimiento de la paz, y fuerzas de combate para gestión de crisis (incluido el restablecimiento de la paz y la estabilización tras conflictos). Todas pueden contribuir a la lucha contra el terrorismo. El Consejo decide sobre ellas y el Alto Representante, bajo su autoridad y en contacto con el Comité Político y de Seguridad, coordina sus aspectos civiles y militares.

Artículo 44

En el marco de las decisiones del artículo 43, el Consejo puede encomendar una misión a un grupo de Estados miembros que lo deseen y tengan las capacidades necesarias. Esos Estados acuerdan entre ellos la gestión de la misión, en asociación con el Alto Representante. Informan periódicamente al Consejo, por propia iniciativa o a petición de un Estado miembro, y le comunican de inmediato si la misión acarrea consecuencias importantes o exige modificar su objetivo, alcance o condiciones; entonces el Consejo adopta las decisiones necesarias.

Artículo 45

La Agencia Europea de Defensa está bajo la autoridad del Consejo. Su misión: contribuir a definir los objetivos de capacidades militares y evaluar los compromisos; armonizar necesidades operativas y métodos de adquisición; proponer proyectos multilaterales y coordinar programas; apoyar la investigación en tecnología de defensa; y reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa. Pueden participar todos los Estados que lo deseen. El Consejo fija por mayoría cualificada su estatuto, sede y funcionamiento. Dentro hay grupos específicos de Estados con proyectos conjuntos.

Artículo 46

Los Estados que quieran entrar en la cooperación estructurada permanente y cumplan el Protocolo lo notifican al Consejo y al Alto Representante. En tres meses desde la notificación, el Consejo la establece y fija la lista de participantes por mayoría cualificada, tras consultar al Alto Representante. Las incorporaciones posteriores y la suspensión se deciden también por mayoría cualificada, votando solo los participantes (en la suspensión, sin el afectado). Quien sale lo notifica al Consejo, que toma nota. Lo demás, por unanimidad de los participantes.

Artículo 47

Artículo 48

En el procedimiento ordinario, un Gobierno, el Parlamento Europeo o la Comisión presentan proyectos al Consejo; el Consejo Europeo decide por mayoría simple examinarlos y convoca una Convención (puede no hacerlo, con aprobación del Parlamento). Una Conferencia intergubernamental aprueba los cambios, que ratifican todos los Estados; si a los dos años de la firma han ratificado cuatro quintos y otros tienen dificultades, el Consejo Europeo examina la cuestión. En los simplificados decide el Consejo Europeo por unanimidad; la pasarela no se adopta si un Parlamento nacional se opone en seis meses.

Artículo 49

Cualquier Estado europeo que respete los valores del artículo 2 y se comprometa a promoverlos puede pedir el ingreso. Se informa al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales. La solicitud va al Consejo, que decide por unanimidad tras consultar a la Comisión y con aprobación previa del Parlamento Europeo por mayoría de sus miembros, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad del Consejo Europeo. Las condiciones de admisión se fijan en un acuerdo entre los Estados miembros y el solicitante, ratificado por todos los Estados contratantes.

Artículo 50

Todo Estado miembro puede retirarse de la Unión conforme a sus normas constitucionales. Notifica su intención al Consejo Europeo; la Unión negocia con él un acuerdo de retirada, que el Consejo celebra por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo. Los Tratados dejan de aplicarse desde la entrada en vigor del acuerdo o, en su defecto, a los dos años de la notificación, salvo prórroga unánime del Consejo Europeo de acuerdo con ese Estado. Si quiere volver, sigue el procedimiento del artículo 49.

Artículo 51

Artículo 52

El apartado 1 enumera, con su denominación oficial, los Estados a los que se aplican los Tratados: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, República Helénica, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido. El apartado 2 remite al artículo 355 del TFUE para el ámbito de aplicación territorial.

Artículo 53

Artículo 54

Las Altas Partes Contratantes ratifican el Tratado según sus normas constitucionales y depositan los instrumentos de ratificación ante el Gobierno de la República Italiana. El Tratado entra en vigor el 1 de enero de 1993 si para entonces se han depositado todos los instrumentos; si no, el primer día del mes siguiente al depósito del instrumento del último Estado signatario que lo haga.

Artículo 55

El Tratado se redacta en un ejemplar único en 24 lenguas (alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca), todas igualmente auténticas, y se deposita en los archivos del Gobierno de la República Italiana, que envía copia autenticada a los demás Gobiernos. Puede traducirse a otras lenguas oficiales en todo o parte del territorio de un Estado; ese Estado facilita copia certificada, que se deposita en los archivos del Consejo.

Los primeros Tratados: la CECA y los Tratados de Roma

El llamamiento de Robert Schuman (9 de mayo de 1950) es el punto de partida de la Europa comunitaria. El Tratado de París (firmado el 18-4-1951, en vigor el 23-7-1952) creó la CECA entre seis países, con Alta Autoridad, Asamblea Parlamentaria, Consejo de Ministros, Tribunal de Justicia y Comité Consultivo; duraba 50 años y expiró el 23-7-2002. La CED de René Pleven fracasó en 1954 y la Conferencia de Mesina (1955) relanzó el proceso. Los Tratados de Roma (25-3-1957, en vigor el 1-1-1958) crearon la CEE y el Euratom por tiempo indefinido.

Del Tratado de Fusión al Acta Única Europea

Primeras modificaciones: Tratado de Fusión (8-4-1965, en vigor en 1967), Consejo y Comisión únicos y unidad presupuestaria; Decisión de 21-4-1970, recursos propios; Tratado de Luxemburgo (22-4-1970), competencias presupuestarias al Parlamento; Tratado de Bruselas (22-7-1975), derecho a rechazar el presupuesto, aprobar la gestión de la Comisión y Tribunal de Cuentas; Acto de 1976, sufragio universal directo. Ampliaciones de 1973, 1981 y 1986. El Acta Única (firmada en febrero de 1986, en vigor el 1-7-1987) previó el mercado interior para el 1-1-1993.

Los Tratados de Maastricht y Ámsterdam

El TUE, firmado en Maastricht el 7-2-1992 y en vigor el 1-11-1993, fundó la Unión sobre las Comunidades, con marco institucional único, creó el Comité de las Regiones y dio paso al SEBC y al BCE. Tres pilares: Comunidades Europeas (1.º), PESC (2.º, título V) y JAI (3.º, título VI); el 2.º y el 3.º eran intergubernamentales. El Tratado de Ámsterdam (firmado el 2-10-1997, en vigor el 1-5-1999) coordinó el empleo, comunitarizó materias del tercer pilar e integró Schengen, amplió la codecisión, previó la cooperación reforzada y limitó el Parlamento a 700 diputados.

El Tratado de Niza y el Tratado constitucional

El Tratado de Niza (firmado el 26-2-2001, en vigor el 1-2-2003) resolvió los «restos de Ámsterdam» para preparar la ampliación: nueva ponderación de votos con «red de seguridad» del 62 % de la población, un comisario por Estado desde 2005, máximo de 732 diputados, Tribunal en Salas, Gran Sala o Pleno, cooperación reforzada en los tres pilares, «riesgo claro» del art. 7 TUE (cuatro quintos del Consejo) y Carta no vinculante. La Convención de Laeken (Giscard d'Estaing, 105 miembros) elaboró la Constitución, aprobada el 18-6-2004 y abandonada tras los «no» de Francia y Países Bajos en 2005.

El Tratado de Lisboa: estructura, competencias y naturaleza de la Unión

El Tratado de Lisboa (13-12-2007, en vigor el 1-12-2009) tiene 37 protocolos y 65 declaraciones y da lugar al TUE y al TFUE. Codifica tres tipos de competencias: exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento. Novedades: personalidad jurídica de la Unión, retirada (art. 50 TUE, dos años prorrogables), primacía en la Declaración 17, Carta vinculante, iniciativa ciudadana (un millón de ciudadanos de al menos siete Estados), Consejo Europeo como institución con presidente elegido por treinta meses renovable una vez y procedimiento legislativo ordinario ampliado de 40 a 85 ámbitos.

El proceso de ampliación y las ampliaciones sucesivas

Cualquier Estado europeo que respete los valores de la Unión puede pedir el ingreso. Criterios de Copenhague (1993): instituciones estables democráticas, economía de mercado viable y capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión. El Consejo Europeo da el estatuto de candidato por unanimidad; el tratado exige aprobación del Parlamento, unanimidad del Consejo y ratificación. Adhesiones: 1958 (seis fundadores), 1973 (Dinamarca, Irlanda, Reino Unido), 1981 (Grecia), 1986 (España, Portugal), 1995 (Austria, Finlandia, Suecia), 2004 (diez), 2007 (Bulgaria, Rumanía) y 2013 (Croacia).

El Comité Europeo de las Regiones

El Comité Europeo de las Regiones (1994) es un órgano consultivo de las entidades regionales y locales; sus miembros actúan sin mandato imperativo. Tiene 329 miembros y otros tantos suplentes (21 de España), nombrados por el Consejo por unanimidad, a propuesta de cada Estado, por cinco años renovables, con mandato electoral o responsabilidad ante una asamblea elegida. Presidente y Mesa por dos años y medio; seis comisiones. Consulta obligatoria o facultativa y dictámenes de iniciativa, no vinculantes; puede recurrir ante el Tribunal de Justicia. España: 17 miembros autonómicos y 4 locales.

La cooperación territorial europea y las AECT

La cooperación territorial europea es uno de los dos objetivos de la política de cohesión desde 1990 (art. 178 TFUE), regulada en 2021-2027 por el Reglamento Interreg y financiada por el FEDER. Capítulos: A transfronteriza (regiones NUTS 3 fronterizas), B transnacional, C interregional (paneuropea, buenas prácticas) y D regiones ultraperiféricas; unos 8 000 millones EUR. Las AECT reúnen miembros de al menos dos Estados, tienen personalidad jurídica, convenio unánime y al menos asamblea y director; no reciben competencias reguladoras. Andalucía forma la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

La nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)

La NUTS (Reglamento 1059/2003) es el marco de las estadísticas regionales de la Unión, elaborado con Eurostat. Es jerárquica, con tres niveles: NUTS 1 (entre 3 y 7 millones de habitantes), NUTS 2 (entre 800 000 y 3 millones) y NUTS 3 (entre 150 000 y 800 000). El primer criterio son las unidades administrativas existentes (en España, las comunidades y ciudades autónomas son NUTS 2); si no las hay del tamaño adecuado se agregan «unidades no administrativas». La NUTS 2021 tiene 92 regiones NUTS 1, 242 NUTS 2 y 1 166 NUTS 3, y solo puede modificarse una vez cada tres años.

Las comunidades autónomas y las instituciones europeas

Las comunidades autónomas participan en los asuntos europeos sobre todo a través de la CARUE (primera reunión en 1989; antes CARCE, nombre cambiado el 15-4-2010). El Acuerdo de 1994 abrió la «fase ascendente» (formación de la voluntad estatal), pues hasta entonces solo intervenían en la «fase descendente» (ejecución). La Ley 2/1997 dio rango de ley a la Conferencia. Los Acuerdos de 9-12-2004 abrieron cuatro formaciones del Consejo y una Consejería autonómica en la REPER. Un consejero autonómico se integra en la delegación española y representa a todas, por un semestre como mínimo.

La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea

El artículo 236 del Estatuto prevé una Delegación Permanente de la Junta en la Unión Europea; la de Bruselas se creó por el Decreto 164/1995. La Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea impulsa la Estrategia 2025-2030 y la participación en el Comité de las Regiones; de ella dependen la Dirección General de Unión Europea y la de Andalucía Global. La Delegación se adscribe a través de la Secretaría General de la Presidencia, y la agencia TRADE le provee medios personales y materiales.

El mercado interior y la política de competencia

El Acta Única definió el mercado interior como un espacio sin fronteras interiores con libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales; el mercado único se creó en 1993. Hitos: sentencias Dassonville (concepto amplio de medida restrictiva) y Cassis de Dijon (reconocimiento mutuo), Libro Blanco de 1985 y Espacio Económico Europeo (1994). Competencia: art. 101 (acuerdos y cárteles), art. 102 (abuso de posición dominante, que no es ilícita en sí), control de concentraciones y art. 107 (ayudas estatales). La aplica sobre todo la Comisión.

Otras políticas comunes: comercial, transportes, medio ambiente y social

La política comercial es competencia exclusiva, con el Parlamento como colegislador. La de transportes es compartida; su legislación común no se abrió hasta la sentencia de 22-5-1985. La medioambiental obtuvo su primera base jurídica con el Acta Única (1987), fue ámbito oficial con Maastricht, se integró en todas las políticas con Ámsterdam y Lisboa priorizó el clima; principios: precaución, prevención, corrección en la fuente y «quien contamina paga». La social: Roma (igualdad retributiva, FSE), Ámsterdam (Estrategia de Empleo) y pilar europeo de derechos sociales (2017).

El Sistema Monetario Europeo y las fases de la unión económica y monetaria

La Cumbre de La Haya (1969) fijó como objetivo la UEM; el plan Werner fracasó por el colapso de Bretton Woods y en 1972 se creó la «serpiente en el túnel». El SME (1978) usó tipos fijos pero ajustables. El informe Delors (1989) propuso tres etapas, que Maastricht fijó: fase 1 (1-7-1990 a 31-12-1993), libre circulación de capitales; fase 2 (1-1-1994 a 31-12-1998), convergencia e Instituto Monetario Europeo; fase 3 (desde 1-1-1999), política monetaria común y euro. Veintiuno de los veintisiete Estados usan el euro; Dinamarca tiene cláusula de excepción propia. El MEDE se creó en 2012.

El euro: criterios de convergencia e instituciones

Para adoptar el euro hay que adaptar la legislación y cumplir cuatro criterios (Maastricht, 1991): inflación no superior en más de 1,5 puntos a la de los tres mejores; no estar en procedimiento de déficit excesivo; tipo de interés a largo plazo no superior en más de dos puntos; y al menos dos años en el MTC II sin devaluación. El BCE (1-6-1998, Fráncfort) tiene Consejo de Gobierno (órgano supremo, formula la política monetaria), Comité Ejecutivo (seis miembros, ocho años no renovables, la ejecuta) y Consejo General. Objetivo principal: estabilidad de precios (2 % a medio plazo).

La política de cohesión y los fondos estructurales

La política de cohesión (arts. 174 a 178 TFUE) busca la cohesión económica, social y territorial y absorbe cerca de un tercio del presupuesto. Cronología: 1957, FSE y FEOGA (Tratado de Roma); 1975, FEDER; 1986, cohesión económica y social con el Acta Única; 1994, Fondo de Cohesión; Lisboa añade la cohesión territorial; 2020, Fondo de Transición Justa. Cuatro principios de asignación y dos objetivos. En 2021-2027 hay cinco objetivos estratégicos (más inteligente, más verde, más conectada, más social y más próxima) y 322 300 millones para crecimiento y empleo.

El FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE+ en 2021-2027

El FEDER (art. 176 TFUE, 1975; Reglamento 2021/1058) clasifica las regiones por PIB per cápita: más desarrolladas (más del 100 %, cofinanciación hasta el 50 %), en transición (75-100 %, hasta el 60 %) y menos desarrolladas (menos del 75 %, hasta el 85 %). Concentración: al menos 30 % al objetivo verde y 8 % al desarrollo urbano sostenible; no financia nucleares, aeropuertos (salvo ultraperiferia), vertederos ni tabaco. El Fondo de Cohesión (1994) es para países con RNB per cápita no superior al 90 % y cofinancia hasta el 85 %. Rige la adicionalidad.

El marco financiero plurianual

El MFP (art. 312 TFUE) es el plan de gasto a largo plazo: dura al menos cinco años y fija los límites anuales de créditos de compromiso por rúbricas y de créditos de pago. Nació con las perspectivas financieras de 1988 («paquete Delors I»). Desde Lisboa es un Reglamento del Consejo adoptado por unanimidad previa aprobación del Parlamento. Ha habido seis. El MFP 2021-2027 (Reglamento 2020/2093, revisado en 2024) tiene 1 074 300 millones y siete rúbricas, y lo complementa NextGenerationEU con 750 000 millones. Límite de recursos propios: 1,4 % de la RNB.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento: origen y vertiente preventiva

El PEC nació en la tercera fase de la UEM (1997) y se reforzó en 2011-2012. Tras la reforma de 2024 lo forman el Reglamento 2024/1263 (preventiva), el 1467/97 (correctora), el 1173/2011 y la Directiva 2011/85/UE. Cada Estado presenta un plan fiscal-estructural a medio plazo (ajuste de cuatro o cinco años, ampliable a siete) que aprueba el Consejo. Si supera el 60 % de deuda o el 3 % de déficit, la deuda debe bajar de media un punto al año si supera el 90 % y medio punto entre el 60 % y el 90 %; margen de resiliencia del 1,5 %. Indicador único: el gasto neto.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento: vertiente correctora y pacto presupuestario

El procedimiento de déficit excesivo (art. 126 TFUE) se activa si el déficit supera el 3 % del PIB, salvo que sea excepcional y temporal. Tras el informe de la Comisión y el dictamen del Comité Económico y Financiero, el Consejo decide si hay déficit excesivo y recomienda corregirlo en un máximo de seis meses. Sanciones: multa de hasta el 0,05 % del PIB cada seis meses, depósitos y multas del 0,2 %. El Tratado de 2012 impone la «regla de oro»: déficit estructural máximo del 0,5 % (1 % si la deuda es inferior al 60 %).

Artículo 223

El Parlamento Europeo elabora un proyecto para elegir a sus miembros por sufragio universal directo, con procedimiento uniforme o principios comunes. El Consejo lo establece por unanimidad, con procedimiento legislativo especial y previa aprobación del Parlamento por mayoría de sus miembros; rige cuando lo aprueben los Estados según sus normas constitucionales. El Parlamento fija por reglamentos de propia iniciativa el estatuto de sus miembros, previo dictamen de la Comisión y con aprobación del Consejo; el régimen fiscal de miembros y antiguos miembros lo decide el Consejo por unanimidad.

Artículo 224

El Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario, establecen mediante reglamentos el estatuto de los partidos políticos a escala europea (los del artículo 10.4 del Tratado de la Unión Europea) y, en particular, las normas sobre su financiación.

Artículo 225

Por decisión de la mayoría de los miembros que lo componen, el Parlamento Europeo puede pedir a la Comisión que presente propuestas sobre cualquier asunto que, a su juicio, requiera un acto de la Unión para aplicar los Tratados. Si la Comisión no presenta ninguna, debe comunicar las razones al Parlamento.

Artículo 226

A petición de la cuarta parte de sus miembros, el Parlamento Europeo puede crear una comisión temporal de investigación para examinar alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión, salvo que un órgano jurisdiccional esté conociendo de los hechos y mientras dure ese procedimiento. La comisión termina con la presentación de su informe. Las modalidades del derecho de investigación las fija el Parlamento por reglamentos de propia iniciativa, con procedimiento legislativo especial y previa aprobación del Consejo y de la Comisión.

Artículo 227

Tiene derecho de petición ante el Parlamento Europeo cualquier ciudadano de la Unión y cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. Puede ejercerlo individualmente o asociado con otros, sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente.

Artículo 228

El Parlamento Europeo elige al Defensor del Pueblo Europeo, que recibe reclamaciones de ciudadanos y residentes por mala administración de instituciones, órganos u organismos de la Unión (salvo el Tribunal de Justicia en su función jurisdiccional). Si comprueba un caso, la institución tiene tres meses para exponer su posición; luego informa al Parlamento. Presenta un informe anual. Se elige tras cada elección parlamentaria para la legislatura, con mandato renovable; el Tribunal de Justicia puede destituirlo a petición del Parlamento. Actúa con independencia y sin otra actividad profesional.

Artículo 229

El Parlamento Europeo celebra cada año un período de sesiones y se reúne sin necesidad de convocatoria el segundo martes de marzo. Puede reunirse en período parcial de sesiones extraordinario a petición de la mayoría de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión.

Artículo 230

La Comisión puede asistir a todas las sesiones del Parlamento Europeo y comparece ante él si este lo solicita. Además, contesta oralmente o por escrito a todas las preguntas que le formulen el Parlamento o sus miembros. El Consejo Europeo y el Consejo comparecen ante el Parlamento en las condiciones de sus respectivos reglamentos internos.

Artículo 231

Como regla general, salvo que los Tratados dispongan otra cosa, el Parlamento Europeo decide por mayoría de los votos emitidos. El quórum no lo fija el Tratado, sino el reglamento interno del Parlamento.

Artículo 232

El Parlamento Europeo aprueba su propio reglamento interno por mayoría de los miembros que lo componen. Sus documentos se publican en la forma prevista en los Tratados y en ese reglamento interno.

Artículo 233

Artículo 234

El Parlamento Europeo solo puede votar una moción de censura sobre la gestión de la Comisión pasados al menos tres días desde su presentación y en votación pública. Si se aprueba por dos tercios de los votos emitidos que sean, además, mayoría de los diputados, los miembros de la Comisión dimiten colectivamente y el Alto Representante dimite de su cargo en la Comisión. Siguen en funciones, con los asuntos de administración ordinaria, hasta ser sustituidos, y el mandato de los sustitutos acaba cuando habría acabado el de los dimitidos.

Artículo 235

En las votaciones del Consejo Europeo, cada miembro puede representar a uno solo de los demás. Cuando decide por mayoría cualificada se aplican el artículo 16.4 TUE y el 238.2 TFUE, y no votan su Presidente ni el de la Comisión. Las abstenciones no impiden la unanimidad. Puede invitar al Presidente del Parlamento Europeo a comparecer, decide por mayoría simple en cuestiones de procedimiento y para aprobar su reglamento interno, y le asiste la Secretaría General del Consejo.

Artículo 236

El Consejo Europeo adopta por mayoría cualificada dos decisiones: la que fija la lista de formaciones del Consejo distintas de Asuntos Generales y Asuntos Exteriores (artículo 16.6 TUE) y la relativa a la presidencia de las formaciones del Consejo, salvo la de Asuntos Exteriores (artículo 16.9 TUE).

Artículo 237

Artículo 238

Para la mayoría simple, el Consejo decide por mayoría de sus miembros. Desde el 1 de noviembre de 2014, si no actúa a propuesta de la Comisión o del Alto Representante, la mayoría cualificada es el 72 % de los miembros que representen el 65 % de la población. Si no votan todos: 55 % de los miembros participantes con el 65 % de su población (72 % sin propuesta de Comisión o Alto Representante); la minoría de bloqueo exige los miembros que representen más del 35 % de la población más uno. Las abstenciones no impiden la unanimidad.

Artículo 239

Artículo 240

El Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos prepara los trabajos del Consejo y realiza las tareas que este le confíe; puede adoptar decisiones de procedimiento en los casos del reglamento interno del Consejo. Al Consejo le asiste una Secretaría General, bajo la responsabilidad de un Secretario General nombrado por el Consejo, que decide su organización por mayoría simple. El Consejo también decide por mayoría simple las cuestiones de procedimiento y la aprobación de su reglamento interno.

Artículo 241

El Consejo, por mayoría simple, puede pedir a la Comisión que realice los estudios que considere oportunos para alcanzar los objetivos comunes y que le presente las propuestas pertinentes. Si la Comisión no presenta ninguna propuesta, debe comunicar sus razones al Consejo.

Artículo 242

Artículo 243

El Consejo fija los sueldos, dietas y pensiones del Presidente del Consejo Europeo, del Presidente de la Comisión, del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de los miembros de la Comisión, de los Presidentes, miembros y secretarios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Secretario General del Consejo. También fija cualesquiera otros emolumentos de carácter retributivo.

Artículo 244

Los miembros de la Comisión se eligen mediante un sistema de rotación que establece el Consejo Europeo por unanimidad, conforme al artículo 17.5 TUE. Principios: rigurosa igualdad entre Estados en el orden de turno y en el período de permanencia de sus nacionales, de modo que la diferencia de mandatos entre nacionales de dos Estados nunca supere uno; y, con esa condición, cada Comisión debe reflejar de forma satisfactoria la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de los Estados.

Artículo 245

Los miembros de la Comisión deben abstenerse de actos incompatibles con sus funciones, y los Estados respetan su independencia. Durante su mandato no pueden ejercer otra actividad profesional, retribuida o no, y al asumir el cargo se comprometen a respetar, también después, los deberes de honestidad y discreción. Si incumplen, el Tribunal de Justicia, a instancia del Consejo (por mayoría simple) o de la Comisión, puede declarar su cese según el artículo 247 o privarles de la pensión u otro beneficio sustitutivo.

Artículo 246

Además de por renovación periódica o fallecimiento, el mandato de un comisario termina por dimisión voluntaria o cese. Le sustituye, por el resto del mandato, un nuevo miembro de la misma nacionalidad nombrado por el Consejo de común acuerdo con el Presidente de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo. El Consejo, por unanimidad y a propuesta del Presidente, puede decidir no sustituirlo. El Presidente y el Alto Representante también se sustituyen por el resto del mandato. Si dimite toda la Comisión, sigue despachando asuntos ordinarios hasta su sustitución.

Artículo 247

Un miembro de la Comisión puede ser cesado por el Tribunal de Justicia si deja de reunir las condiciones necesarias para ejercer sus funciones o si ha cometido una falta grave. El Tribunal actúa a instancia del Consejo, que decide por mayoría simple, o de la Comisión.

Artículo 248

Sin perjuicio del artículo 18.4 TUE y conforme al 17.6 TUE, el Presidente de la Comisión estructura y reparte entre los miembros las responsabilidades que incumben a la Comisión. Puede reorganizar ese reparto durante su mandato, y los miembros ejercen las funciones que les atribuya bajo su autoridad.

Artículo 249

La Comisión establece su reglamento interno para asegurar su funcionamiento y el de sus servicios, y lo publica. Además, publica todos los años, al menos un mes antes de que se abra el período de sesiones del Parlamento Europeo, un informe general sobre las actividades de la Unión.

Artículo 250

Artículo 251

El Tribunal de Justicia actúa en Salas o en Gran Sala, conforme a las normas del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando el Estatuto así lo disponga, también puede actuar en Pleno.

Artículo 252

El Tribunal de Justicia está asistido por ocho abogados generales. Si el Tribunal lo solicita, el Consejo, por unanimidad, puede aumentar su número. El abogado general presenta públicamente, con total imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas en los asuntos que, según el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención.

Artículo 253

Jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades independientes aptas para las más altas funciones jurisdiccionales o jurisconsultos de reconocida competencia, son designados de común acuerdo por los Gobiernos por seis años, tras consultar al comité del artículo 255. Cada tres años hay renovación parcial y pueden ser nuevamente designados. Los jueces eligen al Presidente por tres años, renovables. El Tribunal nombra a su secretario y fija su Reglamento de Procedimiento, que requiere aprobación del Consejo.

Artículo 254

El número de jueces del Tribunal General lo fija el Estatuto, que puede prever abogados generales. Sus miembros, independientes y capacitados para altas funciones jurisdiccionales, son designados de común acuerdo por los Gobiernos por seis años, tras consultar al comité del artículo 255, con renovación parcial cada tres años y posible nueva designación. Los jueces eligen al Presidente por tres años renovables. El Tribunal General nombra a su secretario y fija su Reglamento de Procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia, con aprobación del Consejo.

Artículo 255

Un comité se pronuncia sobre la idoneidad de los candidatos a juez y abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal General antes de que los Gobiernos los nombren. Lo componen siete personalidades elegidas entre antiguos miembros de ambos Tribunales, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, una de ellas propuesta por el Parlamento Europeo. El Consejo, por iniciativa del Presidente del Tribunal de Justicia, fija sus normas de funcionamiento y designa a sus miembros.

Artículo 256

El Tribunal General conoce en primera instancia de los recursos de los artículos 263, 265, 268, 270 y 272, salvo los atribuidos a un tribunal especializado o reservados por el Estatuto al Tribunal de Justicia; el Estatuto puede ampliarle categorías. Contra esas resoluciones cabe casación ante el Tribunal de Justicia, solo por cuestiones de Derecho. También ve recursos contra resoluciones de tribunales especializados y prejudiciales en materias del Estatuto; estas solo se reexaminan, con carácter excepcional, si hay riesgo grave para la unidad o coherencia del Derecho de la Unión.

Artículo 257

El Parlamento Europeo y el Consejo, por procedimiento legislativo ordinario y mediante reglamentos (a propuesta de la Comisión con consulta al Tribunal de Justicia, o a instancia de este con consulta a la Comisión), pueden crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General. Contra sus resoluciones cabe casación ante el Tribunal General (solo Derecho) o, si el reglamento lo prevé, apelación también sobre hechos. Sus miembros los designa el Consejo por unanimidad. Su Reglamento de Procedimiento se fija de acuerdo con el Tribunal de Justicia y lo aprueba el Consejo.

Artículo 258

Si la Comisión estima que un Estado miembro ha incumplido una obligación derivada de los Tratados, emite un dictamen motivado, tras ofrecer al Estado la posibilidad de presentar observaciones. Si el Estado no se atiene al dictamen en el plazo que la propia Comisión determine, la Comisión puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 259

Un Estado miembro puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si estima que otro Estado ha incumplido los Tratados, pero antes debe someter el asunto a la Comisión. Esta emite un dictamen motivado, tras oír a los Estados interesados por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio. Si la Comisión no emite el dictamen en tres meses desde la solicitud, su falta no impide recurrir al Tribunal.

Artículo 260

El Estado condenado por incumplimiento debe adoptar las medidas para ejecutar la sentencia. Si la Comisión estima que no lo ha hecho, puede volver a llevarlo al Tribunal tras oírlo, indicando el importe de la suma a tanto alzado o multa coercitiva; el Tribunal puede imponer su pago. Si la Comisión recurre por no informar de la transposición de una directiva legislativa, puede indicar ya el importe, y el Tribunal puede imponerlo dentro de ese límite, con efecto en la fecha que fije la sentencia.

Artículo 261

Los reglamentos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, y los adoptados por el Consejo, en virtud de los Tratados, pueden atribuir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una competencia jurisdiccional plena sobre las sanciones que esos mismos reglamentos prevean.

Artículo 262

El Consejo, por unanimidad, por procedimiento legislativo especial y previa consulta al Parlamento Europeo, puede atribuir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la medida que el propio Consejo determine, competencia sobre litigios relativos a la aplicación de los actos que crean títulos europeos de propiedad intelectual o industrial. Esas disposiciones entran en vigor cuando las aprueben los Estados miembros conforme a sus normas constitucionales.

Artículo 263

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea controla la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, la Comisión y el BCE que no sean recomendaciones o dictámenes, y de otros actos destinados a producir efectos frente a terceros. Motivos: incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de normas de ejecución y desviación de poder. Recurren Estados, Parlamento, Consejo y Comisión; Tribunal de Cuentas, BCE y Comité de las Regiones, para salvaguardar sus prerrogativas; los particulares, con requisitos. Plazo: dos meses.

Artículo 264

Si el recurso es fundado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado. No obstante, si lo estima necesario, el Tribunal indicará qué efectos del acto declarado nulo deben considerarse definitivos.

Artículo 265

Si el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión o el BCE, o los órganos y organismos de la Unión, se abstienen de pronunciarse violando los Tratados, los Estados miembros y las demás instituciones pueden recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Requisito: requerimiento previo; si en dos meses no definen su posición, hay un nuevo plazo de dos meses para recurrir. Los particulares pueden recurrir en queja si no se les dirigió un acto distinto de una recomendación o dictamen.

Artículo 266

La institución, órgano u organismo autor del acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria a los Tratados, está obligado a adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta obligación se entiende sin perjuicio de la que pueda resultar del párrafo segundo del artículo 340.

Artículo 267

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve con carácter prejudicial sobre la interpretación de los Tratados y sobre la validez e interpretación de los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Un órgano jurisdiccional nacional puede plantear la cuestión si la estima necesaria para su fallo; si sus decisiones no admiten ulterior recurso interno, está obligado a plantearla. Si afecta a una persona privada de libertad, el Tribunal se pronuncia con la mayor brevedad.

Artículo 268

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para conocer de los litigios sobre la indemnización por daños a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 340. El artículo atribuye esa competencia sin fijar otros requisitos: la materia es la indemnización por daños de esos párrafos.

Artículo 269

El Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre la legalidad de un acto del Consejo Europeo o del Consejo adoptado en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea solo a petición del Estado miembro objeto de la constatación y solo respecto de las normas de procedimiento de ese artículo. La petición se presenta en un mes desde la constatación, y el Tribunal resuelve en un mes desde la petición.

Artículo 270

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y sus agentes, dentro de los límites y en las condiciones que establezcan el Estatuto de los funcionarios de la Unión y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión.

Artículo 271

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea conoce de litigios sobre: a) obligaciones de los Estados derivadas de los Estatutos del BEI (el Consejo de Administración del Banco tiene las competencias del artículo 258 de la Comisión); b) acuerdos del Consejo de Gobernadores del BEI (recurren Estados, Comisión y Consejo de Administración); c) acuerdos del Consejo de Administración del BEI (solo Estados o Comisión y solo por vicio de forma); d) obligaciones de los bancos centrales nacionales (el Consejo de Gobierno del BCE tiene los poderes de la Comisión).

Artículo 272

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria incluida en un contrato, tanto de Derecho público como de Derecho privado, celebrado por la Unión o por cuenta de la Unión.

Artículo 273

El Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre cualquier controversia entre Estados miembros relacionada con el objeto de los Tratados, pero solo si se le somete en virtud de un compromiso. Sin ese compromiso, el artículo no le atribuye la controversia.

Artículo 274

Sin perjuicio de las competencias que los Tratados dan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los litigios en que la Unión sea parte no pueden quedar fuera de la competencia de las jurisdicciones nacionales por el solo hecho de que la Unión sea parte.

Artículo 275

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente sobre las disposiciones de la política exterior y de seguridad común ni sobre los actos basados en ellas. Excepciones: controlar el respeto del artículo 40 del Tratado de la Unión Europea y resolver recursos (párrafo cuarto del artículo 263) sobre la legalidad de decisiones del Consejo que establezcan medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas.

Artículo 276

En materia de espacio de libertad, seguridad y justicia (capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones de la policía u otros servicios coercitivos de un Estado miembro, ni para pronunciarse sobre las responsabilidades de los Estados en el mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.

Artículo 277

Aunque haya expirado el plazo de recurso del párrafo sexto del artículo 263, cualquier parte de un litigio en que se cuestione un acto de alcance general de una institución, órgano u organismo de la Unión puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la inaplicabilidad de ese acto, por los motivos del párrafo segundo del artículo 263.

Artículo 278

Los recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tienen efecto suspensivo: el acto impugnado se sigue ejecutando. No obstante, el Tribunal puede ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado si estima que las circunstancias así lo exigen.

Artículo 279

Artículo 280

Artículo 281

El Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea figura en un protocolo independiente. El Parlamento Europeo y el Consejo, por procedimiento legislativo ordinario, pueden modificarlo salvo su título I y su artículo 64, bien a petición del Tribunal de Justicia y previa consulta a la Comisión, bien a propuesta de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia.

Artículo 282

El BCE y los bancos centrales nacionales forman el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC); el BCE y los bancos centrales de los Estados del euro forman el Eurosistema, que dirige la política monetaria de la Unión. El SEBC lo dirigen los órganos rectores del BCE y su objetivo principal es la estabilidad de precios. El BCE tiene personalidad jurídica, autoriza en exclusiva la emisión del euro y es independiente. Se le consulta sobre proyectos de actos de la Unión y de normativa nacional en sus ámbitos, y puede emitir dictámenes.

Artículo 283

El Consejo de Gobierno del BCE lo forman los miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales de los Estados del euro. El Comité Ejecutivo tiene presidente, vicepresidente y otros cuatro miembros, nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, por recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE. Mandato de ocho años, no renovable. Solo pueden ser miembros los nacionales de los Estados miembros.

Artículo 284

El Presidente del Consejo y un miembro de la Comisión pueden asistir, sin voto, al Consejo de Gobierno del BCE, y el Presidente del Consejo puede someterle una moción. Se invita al Presidente del BCE a las reuniones del Consejo sobre objetivos y funciones del SEBC. El BCE remite un informe anual (SEBC y política monetaria) al Parlamento, al Consejo, a la Comisión y al Consejo Europeo; su Presidente lo presenta al Consejo y al Parlamento, que puede debatirlo. Los miembros del Comité Ejecutivo pueden ser oídos por las comisiones del Parlamento.

Artículo 285

La fiscalización o control de cuentas de la Unión la efectúa el Tribunal de Cuentas. Está compuesto por un nacional de cada Estado miembro. Sus miembros ejercen sus funciones con plena independencia y en interés general de la Unión, no en el de su Estado de origen.

Artículo 286

Miembros del Tribunal de Cuentas: personas que pertenezcan o hayan pertenecido a instituciones de control externo o especialmente calificadas, con absolutas garantías de independencia. Mandato de seis años, renovable; el Consejo, previa consulta al Parlamento, adopta la lista según las propuestas de cada Estado. Eligen entre ellos al Presidente por tres años, renovable. No reciben instrucciones ni ejercen otra actividad profesional. Cese por dimisión o por decisión del Tribunal de Justicia a instancia del Tribunal de Cuentas.

Artículo 287

El Tribunal de Cuentas examina las cuentas de todos los ingresos y gastos de la Unión y de sus órganos y organismos (salvo exclusión en su acto constitutivo), y presenta al Parlamento y al Consejo una declaración de fiabilidad. Controla legalidad, regularidad y buena gestión financiera, sobre la documentación y, si es necesario, sobre el terreno. Tras cada ejercicio elabora un informe anual; puede emitir informes especiales y dictámenes. Los aprueba por mayoría de sus miembros. Su reglamento interno requiere la aprobación del Consejo.

Artículo 288

Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptan reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado, pero deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La decisión es obligatoria en todos sus elementos y, si designa destinatarios, solo para estos. Recomendaciones y dictámenes no son vinculantes.

Artículo 289

El procedimiento legislativo ordinario es la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión (se define en el artículo 294). Es especial cuando, en casos específicos previstos por los Tratados, adopta uno con la participación del otro. Lo adoptado por procedimiento legislativo es acto legislativo. En casos específicos cabe hacerlo por iniciativa de un grupo de Estados miembros o del Parlamento, por recomendación del Banco Central Europeo o a petición del Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones.

Artículo 290

Un acto legislativo puede delegar en la Comisión poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen elementos no esenciales del propio acto; los esenciales no se delegan. El acto legislativo delimita de forma expresa objetivos, contenido, alcance y duración, y fija las condiciones, que podrán ser la revocación por el Parlamento Europeo o el Consejo o que el acto no entre en vigor si alguno formula objeciones en el plazo fijado. El Parlamento decide por mayoría de sus miembros y el Consejo por mayoría cualificada. El título lleva «delegado» o «delegada».

Artículo 291

Los Estados miembros adoptan todas las medidas de Derecho interno necesarias para ejecutar los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Si se requieren condiciones uniformes de ejecución, esos actos confieren competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los de los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al Consejo. El Parlamento Europeo y el Consejo fijan previamente, por reglamentos adoptados por el procedimiento legislativo ordinario, cómo controlan los Estados miembros a la Comisión. El título lleva «de ejecución».

Artículo 292

El Consejo adopta recomendaciones. Lo hace a propuesta de la Comisión cuando los Tratados dispongan que adopte actos a propuesta de la Comisión, y por unanimidad en los ámbitos en que se requiera la unanimidad para adoptar un acto de la Unión. La Comisión también adopta recomendaciones, y el Banco Central Europeo solo en los casos específicos previstos por los Tratados.

Artículo 293

Cuando el Consejo actúa a propuesta de la Comisión, solo puede modificar esa propuesta por unanimidad, salvo en los casos de los apartados 10 y 13 del artículo 294, de los artículos 310, 312 y 314 y del párrafo segundo del artículo 315. Mientras el Consejo no se haya pronunciado, la Comisión puede modificar su propuesta a lo largo de los procedimientos que conduzcan a la adopción de un acto de la Unión.

Artículo 294

Procedimiento legislativo ordinario: la Comisión propone; el Parlamento fija su posición en primera lectura; si el Consejo la aprueba, se adopta el acto, y si no, el Consejo adopta la suya. El Parlamento tiene tres meses para aprobarla, rechazarla o enmendarla (por mayoría de sus miembros). El Consejo tiene tres meses para las enmiendas; si no las aprueba todas, se convoca el Comité de Conciliación en seis semanas, que dispone de otras seis para un texto conjunto, y luego seis más para adoptarlo. Los plazos pueden ampliarse un mes y dos semanas.

Artículo 295

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se consultan recíprocamente y organizan de común acuerdo cómo cooperan. Para ello, respetando los Tratados, pueden celebrar acuerdos interinstitucionales, que pueden tener carácter vinculante.

Artículo 296

Si los Tratados no fijan el tipo de acto, las instituciones lo deciden en cada caso según los procedimientos aplicables y el principio de proporcionalidad. Los actos jurídicos deben estar motivados y referirse a las propuestas, iniciativas, recomendaciones, peticiones o dictámenes previstos por los Tratados. Ante un proyecto de acto legislativo, el Parlamento Europeo y el Consejo no adoptarán actos no previstos por el procedimiento legislativo aplicable.

Artículo 297

Actos legislativos: los del procedimiento ordinario los firman los Presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo; los de un procedimiento especial, el Presidente de la institución que los adoptó. Se publican en el Diario Oficial y entran en vigor en la fecha que fijen o, en su defecto, a los veinte días de su publicación. Los actos no legislativos (reglamentos, directivas y decisiones sin destinatario) los firma el Presidente de la institución que los adoptó; las demás directivas y las decisiones con destinatario se notifican y surten efecto con la notificación.

Artículo 298

Las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyan, en el cumplimiento de sus funciones, en una administración europea abierta, eficaz e independiente. El Parlamento Europeo y el Consejo establecen las disposiciones correspondientes mediante reglamentos adoptados por el procedimiento legislativo ordinario, respetando el Estatuto y el régimen adoptados con arreglo al artículo 336.

Artículo 299

Los actos del Consejo, de la Comisión o del BCE que impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados son títulos ejecutivos. La ejecución forzosa se rige por las normas procesales civiles del Estado donde se haga; la orden de ejecución la consigna, comprobando solo la autenticidad del título, la autoridad nacional designada por cada Gobierno y comunicada a la Comisión y al Tribunal de Justicia. Solo el Tribunal de Justicia puede suspender la ejecución; el control de las medidas de ejecución corresponde a las jurisdicciones nacionales.

Artículo 300

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión están asistidos por dos comités con funciones consultivas: el Comité Económico y Social (representantes de empresarios, trabajadores y otros sectores de la sociedad civil) y el Comité de las Regiones (representantes de entes regionales y locales con mandato electoral o responsabilidad política ante una asamblea elegida). Sus miembros no tienen mandato imperativo y actúan con plena independencia. El Consejo, a propuesta de la Comisión, revisa periódicamente las normas sobre su composición.

Artículo 301

El Comité Económico y Social no puede tener más de trescientos cincuenta miembros. Su composición la fija el Consejo por unanimidad, a propuesta de la Comisión, mediante una decisión. El Consejo establece también las dietas de los miembros del Comité.

Artículo 302

Los miembros del Comité se nombran por cinco años y su mandato es renovable. El Consejo adopta la lista de miembros conforme a las propuestas de cada Estado miembro, previa consulta a la Comisión. Puede, además, recabar la opinión de las organizaciones europeas representativas de los sectores económicos y sociales y de la sociedad civil afectados por las actividades de la Unión.

Artículo 303

El Comité designa de entre sus miembros a su Presidente y a la Mesa por dos años y medio, y establece su propio reglamento interno. Lo convoca su Presidente a instancia del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, y también puede reunirse por propia iniciativa.

Artículo 304

El Comité es consultado por el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión en los casos previstos en los Tratados, y pueden consultarle cuando lo consideren oportuno; también puede emitir dictámenes por iniciativa propia. Si lo estiman necesario, le fijan un plazo para dictaminar no inferior a un mes desde la notificación al Presidente; pasado el plazo sin dictamen, puede prescindirse de él. El dictamen se remite al Parlamento, al Consejo y a la Comisión con el acta de las deliberaciones.

Artículo 305

El Comité de las Regiones no puede superar los trescientos cincuenta miembros; su composición la decide el Consejo por unanimidad a propuesta de la Comisión. Miembros y un número igual de suplentes se nombran por cinco años, renovables; el Consejo adopta la lista según las propuestas de cada Estado. Si termina el mandato regional o local por el que fueron propuestos, su mandato en el Comité concluye automáticamente y se les sustituye. Nadie puede ser a la vez miembro del Comité y del Parlamento Europeo.

Artículo 306

El Comité de las Regiones designa de entre sus miembros a su Presidente y a la Mesa por dos años y medio y establece su reglamento interno. Lo convoca su Presidente a instancia del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, y también puede reunirse por propia iniciativa.

Artículo 307

El Comité de las Regiones es consultado por el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión en los casos de los Tratados y en cualquier otro que estimen oportuno, en particular la cooperación transfronteriza. Pueden fijarle un plazo no inferior a un mes; pasado sin dictamen, se puede prescindir de él. Si se consulta al Comité Económico y Social conforme al artículo 304, se informa al Comité de las Regiones, que puede dictaminar si hay intereses regionales específicos. También dictamina por propia iniciativa.

Artículo 308

El Banco Europeo de Inversiones tiene personalidad jurídica y sus miembros son los Estados miembros. Sus Estatutos figuran en un protocolo anejo a los Tratados. Puede modificarlos el Consejo, por unanimidad y con arreglo a un procedimiento legislativo especial, a petición del Banco (previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión) o a propuesta de la Comisión (previa consulta al Parlamento Europeo y al Banco).

Artículo 309

El BEI contribuye al desarrollo equilibrado y estable del mercado interior en interés de la Unión, recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos. Concede préstamos y garantías, sin fines lucrativos, para financiar en todos los sectores: a) proyectos de desarrollo de las regiones más atrasadas; b) de modernización o reconversión de empresas o nuevas actividades ligadas al mercado interior, y c) de interés común a varios Estados; en b) y c), si no pueden financiarse enteramente con los medios de cada Estado. Combina su financiación con los fondos estructurales.

Artículo 230. Marco de relación

Las relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las instituciones de la Unión Europea se regirán por lo dispuesto en el presente Estatuto y en el marco de lo que establezca la legislación del Estado. Hay que retener a qué norma remite el artículo (el presente Estatuto) y qué legislación fija el marco (la del Estado).

Artículo 231. Participación en la voluntad del Estado

La Comunidad Autónoma participa en formar la posición del Estado ante la Unión Europea en asuntos relativos a las competencias o intereses de Andalucía. Participa de forma bilateral en los asuntos que le afectan exclusivamente y, en los demás, en procedimientos multilaterales. Su posición es determinante si afecta a sus competencias exclusivas y si de la propuesta europea pueden derivarse consecuencias financieras o administrativas de singular relevancia; si el Gobierno del Estado no la acoge, debe motivarlo ante la Comisión Junta de Andalucía-Estado. En los demás casos, el Estado debe oírla.

Artículo 232. Participación en las decisiones de la Unión Europea

Andalucía participará en los procesos de decisión en las instituciones de la Unión Europea. Lo hará directamente o a través de la representación del Estado, en los términos que legalmente se determinen. Hay que retener la alternativa «directamente o a través de la representación del Estado» y la remisión a los términos que legalmente se determinen.

Artículo 233. Información del Estado

El Estado informará a la Junta de Andalucía de las iniciativas, las propuestas y proyectos normativos y las decisiones de tramitación en la Unión Europea, y de los procedimientos que se sigan ante los órganos judiciales europeos en los que España sea parte, en lo que afecte al interés de Andalucía y conforme a lo establecido en la normativa estatal. La Junta de Andalucía podrá dirigir al Estado las observaciones y propuestas que estime convenientes.

Artículo 234. Participación y representación en las instituciones y organismos de la Unión Europea

La Junta de Andalucía participa en las delegaciones españolas ante las instituciones de la Unión Europea para defender y promover sus intereses. En especial, participa ante el Consejo de Ministros y en los procesos de consulta y preparación del Consejo y la Comisión cuando se traten asuntos de su competencia legislativa, en los términos de la legislación correspondiente. Si se trata de competencias exclusivas, esa participación permitirá, previo acuerdo y por delegación, ejercer la representación y la presidencia de estos órganos.

Artículo 235. Desarrollo y aplicación del derecho de la Unión Europea

La Junta de Andalucía desarrolla y ejecuta el derecho de la Unión Europea en las materias de su competencia, de acuerdo con lo que establezca una ley del Parlamento de Andalucía. Si la Unión Europea establece una legislación que sustituya a la normativa básica del Estado, la Junta de Andalucía podrá adoptar la legislación de desarrollo a partir de las normas europeas.

Artículo 236. Delegación Permanente de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía tendrá una Delegación Permanente en la Unión Europea. Es un órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses ante las instituciones y órganos de la Unión Europea, y sirve también para recabar información y establecer mecanismos de relación y coordinación con esas instituciones y órganos.

Artículo 237. Consulta al Parlamento de Andalucía

El Parlamento de Andalucía será consultado antes de que las Cortes Generales emitan su dictamen sobre las propuestas legislativas europeas. Esa consulta se enmarca en el procedimiento de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que establezca el Derecho Comunitario.

Artículo 238. Acciones ante el Tribunal de Justicia

La Junta de Andalucía interviene en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los términos establecidos por la legislación del Estado, y tendrá acceso, en su caso, a dicho Tribunal si así lo establece la legislación comunitaria. En el marco de la legislación vigente en la materia, la Junta de Andalucía podrá instar al Estado y a las instituciones legitimadas el inicio de acciones ante ese Tribunal en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.

Artículo 239. Relaciones con las regiones europeas

La Junta de Andalucía promoverá la cooperación, y establecerá las relaciones que considere convenientes para el interés general de Andalucía, con las regiones europeas con las que comparta objetivos e intereses (apartado 1). Los poderes públicos de Andalucía impulsarán la presencia de las regiones en la definición de las políticas de la Unión Europea (apartado 2).