A1.1100 · Grupo II · Derecho administrativo
Tema 50 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026
La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. La Ley autonómica: sus límites. Relación entre la Ley autonómica y la estatal. Supuestos de competencia compartida. Legislación autonómica y leyes de armonización. Supletoriedad del Derecho estatal. Las disposiciones normativas con fuerza de Ley en los ámbitos estatales y autonómicos.
Qué legislación entra en este tema
- Constitución Española · arts. 9, 81–92, 138–139 y 147–153
- Ley Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía · arts. 42–45 y 106–110
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En este tema: arts. 9, 81–92, 138–139 y 147–153. Ver la norma
Artículo 9. Principios del art. 9.3
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 81. Leyes orgánicas
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Artículo 82. Delegación legislativa y decretos legislativos
Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, nunca sobre las reservadas a ley orgánica. La delegación se otorga por ley de bases cuando se trata de formar un texto articulado, y por ley ordinaria cuando se trata de refundir varios textos en uno solo. Debe ser expresa, para materia concreta y con plazo fijado; se agota por el uso que haga de ella el Gobierno; no puede entenderse concedida de modo implícito ni por tiempo indeterminado; y no permite subdelegar en autoridades distintas del propio Gobierno.
Artículo 83. Límites de las leyes de bases
Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Artículo 84. Oposición del Gobierno a la tramitación contraria a una delegación
Cuando una proposición de ley o una enmienda sea contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto puede presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Artículo 85. Denominación de los decretos legislativos
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de Decretos Legislativos.
Artículo 86. Decretos-leyes
En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales con forma de Decreto-ley, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Deben someterse inmediatamente a debate y votación de totalidad del Congreso —convocado al efecto si no estuviera reunido— dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, y el Congreso ha de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación. Durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Artículo 87. Iniciativa legislativa
La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. Las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio de la iniciativa popular, que exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas, y no procederá en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, ni sobre la prerrogativa de gracia.
Artículo 88. Los proyectos de ley
Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros, que los somete al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos.
Artículo 89. Tramitación de las proposiciones de ley
La tramitación de las proposiciones de ley se regula por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos del artículo 87. Las proposiciones que tome en consideración el Senado se remiten al Congreso para que se tramiten allí como tal proposición.
Artículo 90. Intervención del Senado: veto y enmiendas
Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso, su Presidente da cuenta al Presidente del Senado, que lo somete a deliberación. El Senado dispone de dos meses desde la recepción para, mediante mensaje motivado, oponer su veto —que requiere mayoría absoluta— o introducir enmiendas. El proyecto no puede ir al Rey sin que el Congreso ratifique el texto inicial por mayoría absoluta en caso de veto, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su interposición, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo se reduce a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso.
Artículo 91. Sanción y promulgación de las leyes
El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
Artículo 92. El referéndum consultivo
Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución.
Artículo 138. Solidaridad y equilibrio entre territorios
El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad del artículo 2, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Artículo 139. Igualdad de derechos y libre circulación de bienes
Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas ni la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
Artículo 147. Los Estatutos de Autonomía
Los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Deben contener la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de sus instituciones propias, y las competencias asumidas junto con las bases para el traspaso de los servicios correspondientes. Su reforma se ajustará al procedimiento que ellos mismos establezcan y requerirá en todo caso la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
Artículo 148. Competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas
Enumera en veintidós apartados las materias que las Comunidades Autónomas podrán asumir: organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas de interés autonómico, ferrocarriles y carreteras internos, agricultura y ganadería, montes, gestión de la protección del medio ambiente, pesca en aguas interiores, turismo, asistencia social, sanidad e higiene y vigilancia de sus edificios, entre otras. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del artículo 149.
Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado
Enumera en 32 apartados las materias reservadas en exclusiva al Estado: relaciones internacionales, defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, procesal, civil y laboral, Hacienda general, seguridad pública… El apartado 3 cierra el sistema: lo que la Constitución no atribuye al Estado puede asumirlo una Comunidad Autónoma por su Estatuto; lo que ninguna asuma queda para el Estado; y el derecho estatal es en todo caso supletorio del autonómico.
Artículo 150. Leyes marco, de transferencia y de armonización
Recoge tres instrumentos distintos. Las Cortes pueden atribuir a todas o a algunas Comunidades la facultad de dictar normas legislativas propias en el marco de principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, estableciendo la modalidad de control (leyes marco). El Estado puede transferir o delegar mediante ley orgánica facultades de titularidad estatal susceptibles de ello, previendo la transferencia de medios financieros y las formas de control. Y puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades cuando lo exija el interés general, cuya necesidad aprecian las Cortes por mayoría absoluta de cada Cámara.
Artículo 151. Acceso a la autonomía por la vía especial
Permite saltarse el plazo de cinco años del artículo 148.2 cuando la iniciativa la acuerdan, además de las Diputaciones u órganos interinsulares, las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una, y esa iniciativa se ratifica en referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia. El Estatuto lo elabora una Asamblea de Parlamentarios por mayoría absoluta, lo examina la Comisión Constitucional del Congreso en dos meses, se somete a referéndum del cuerpo electoral y se ratifica por los plenos de ambas Cámaras antes de que el Rey lo sancione y promulgue como ley.
Artículo 152. Organización institucional de las Comunidades Autónomas
En los Estatutos aprobados por la vía del artículo 151, la organización institucional se basa en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde dirigir el Consejo, la suprema representación de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella. Presidente y Consejo responden políticamente ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el territorio, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo.
Artículo 153. Control de la actividad de las Comunidades Autónomas
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejerce por el Tribunal Constitucional en cuanto a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, en cuanto al ejercicio de funciones delegadas del artículo 150.2; por la jurisdicción contencioso-administrativa en cuanto a la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y por el Tribunal de Cuentas en lo económico y presupuestario.
Ley Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía
En este tema: arts. 42–45 y 106–110. Ver la norma
Artículo 42. Clasificación de las competencias
Andalucía tiene competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas. Exclusivas: potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva íntegramente; el derecho andaluz es preferente y el estatal supletorio. Compartidas: esas potestades en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley. Ejecutivas: función ejecutiva, organización propia y, cuando proceda, reglamentos de ejecución de normativa estatal. Además desarrolla y ejecuta la normativa de la UE, ejerce competencias transferidas o delegadas por el Estado y, si se acuerda con él, inspección y sanción en materias estatales.
Artículo 43. Alcance territorial y efectos de las competencias
Las competencias autonómicas despliegan su eficacia en el territorio de Andalucía, excepto en los supuestos a que se refieren expresamente el Estatuto y otras disposiciones legales del Estado que establecen la eficacia extraterritorial de disposiciones y actos de la Junta. Si el objeto de una competencia excede del territorio andaluz, la Comunidad la ejerce sobre la parte situada en su territorio, sin perjuicio de los instrumentos de colaboración con otros entes territoriales o, subsidiariamente, de la coordinación por el Estado de las Comunidades Autónomas afectadas.
Artículo 44. Principios de eficacia, proximidad y coordinación
El artículo 44 fija los principios que rigen todas las actuaciones de las Administraciones andaluzas en materia competencial. Son tres: eficacia, proximidad y coordinación. La coordinación es la que ha de darse entre las Administraciones responsables.
Artículo 45. Fomento
Con fondos propios, en sus materias, la Comunidad Autónoma otorga subvenciones y regula o desarrolla objetivos y requisitos. Subvenciones territorializables de la Administración central y de la UE: en competencias exclusivas especifica objetivos, regula condiciones y gestiona; en compartidas precisa objetivos, completa condiciones y asume toda la gestión; en ejecutivas, gestión (tramitación y concesión). En las no territorializables participa, en los términos que fije el Estado, en determinar ese carácter y en su gestión y tramitación.
Artículo 106. Funciones
Corresponde al Parlamento: potestad legislativa; orientar, impulsar y controlar la acción del Consejo de Gobierno; examinar, enmendar y aprobar los presupuestos; tributos, deuda y crédito; elegir al Presidente y apreciar, en su caso, su incapacidad; exigir responsabilidad política al Consejo de Gobierno; proposiciones de ley al Congreso; autorizar convenios con otras Comunidades; planes económicos; Cuenta General; ordenación básica de órganos y servicios; control de empresas públicas y medios dependientes; recursos de inconstitucionalidad; designar Senadores; y demás atribuciones.
Artículo 107. Presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones
El artículo 107 establece que en los nombramientos y designaciones de instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento de Andalucía regirá el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Retener el principio (presencia equilibrada entre hombres y mujeres) y su ámbito: los nombramientos y designaciones de instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento de Andalucía.
Artículo 108. Potestad legislativa
El Parlamento ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación de las leyes. Las leyes que afectan a la organización territorial, al régimen electoral o a la organización de las instituciones básicas requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto, salvo los supuestos para los que el Estatuto exija mayoría cualificada.
Artículo 109. Decretos legislativos
El Parlamento puede delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Quedan excluidas: reforma del Estatuto, presupuesto, leyes que requieran cualquier mayoría cualificada, desarrollo de derechos y deberes del Estatuto y otras que el Estatuto disponga. Textos articulados: ley de bases (objeto y alcance, principios y criterios, plazo). Refundición: ley ordinaria. La delegación se agota con la publicación de la norma y no cabe implícita ni por tiempo indeterminado.
Artículo 110. Decretos-leyes
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar decretos-leyes, medidas legislativas provisionales que no podrán afectar a los derechos establecidos en el Estatuto, al régimen electoral ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. Los presupuestos de Andalucía no podrán aprobarse así. Quedan derogados si en el plazo improrrogable de treinta días desde su promulgación el Parlamento no los convalida expresamente tras un debate y votación de totalidad. En ese plazo el Parlamento podrá tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
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