Tema 27 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 2

La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías. Son valores comunes a los Estados miembros, en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 3

La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Ofrece un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores; establece un mercado interior y obra por un desarrollo sostenible basado en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social; establece una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro; y persigue sus objetivos por los medios apropiados, según las competencias atribuidas en los Tratados.

Artículo 4

Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. La Unión respeta la igualdad de los Estados ante los Tratados, su identidad nacional (también la autonomía local y regional) y sus funciones esenciales; la seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado. Por el principio de cooperación leal, Unión y Estados se respetan y asisten mutuamente, y los Estados adoptan las medidas para cumplir las obligaciones de los Tratados y se abstienen de poner en peligro los objetivos de la Unión.

Artículo 5

La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución; su ejercicio, por los de subsidiariedad y proporcionalidad. Por atribución, la Unión actúa dentro de las competencias que le atribuyen los Estados en los Tratados. Por subsidiariedad, fuera de su competencia exclusiva solo interviene si los objetivos no pueden alcanzarse suficientemente por los Estados y sí mejor a escala de la Unión. Por proporcionalidad, su acción no excede de lo necesario. Los Parlamentos nacionales velan por la subsidiariedad.

Artículo 6

La Unión reconoce los derechos, libertades y principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, sin ampliar las competencias de la Unión. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, sin modificar sus competencias. Esos derechos y los de las tradiciones constitucionales comunes forman parte del Derecho de la Unión como principios generales.

Artículo 7

A propuesta motivada de un tercio de los Estados, del Parlamento o de la Comisión, el Consejo, por cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento, puede constatar un riesgo claro de violación grave de los valores del artículo 2, oyendo antes al Estado. El Consejo Europeo, por unanimidad, a propuesta de un tercio de los Estados o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento, puede constatar una violación grave y persistente. Después, el Consejo, por mayoría cualificada, puede suspender derechos, incluido el voto; las obligaciones del Estado siguen vinculándole.

Artículo 8

La Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes para establecer un espacio de prosperidad y buena vecindad basado en sus valores y caracterizado por relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación. Para ello podrá celebrar con ellos acuerdos específicos, que pueden incluir derechos y obligaciones recíprocos y acciones en común; su aplicación será objeto de una concertación periódica.

Artículo 9

La Unión respetará en todas sus actividades el principio de igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Es ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la nacional sin sustituirla.

Artículo 10

El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. Los ciudadanos están directamente representados a través del Parlamento Europeo; los Estados miembros, en el Consejo Europeo por su Jefe de Estado o de Gobierno y en el Consejo por sus Gobiernos, democráticamente responsables ante sus Parlamentos nacionales o ante sus ciudadanos. Todo ciudadano puede participar en la vida democrática de la Unión, y los partidos políticos europeos contribuyen a formar la conciencia política europea.

Artículo 11

Las instituciones darán a ciudadanos y asociaciones representativas la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones, y mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con ellas y con la sociedad civil. La Comisión mantendrá amplias consultas con las partes interesadas. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, nacionales de un número significativo de Estados miembros, puede invitar a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico.

Artículo 12

Los Parlamentos nacionales contribuyen al buen funcionamiento de la Unión: son informados por las instituciones y reciben los proyectos de actos legislativos; velan por la subsidiariedad; participan en la evaluación de las políticas del espacio de libertad, seguridad y justicia y se asocian al control político de Europol y a la evaluación de Eurojust; participan en la revisión de los Tratados; son informados de las solicitudes de adhesión; y participan en la cooperación interparlamentaria.

Artículo 18

En el ámbito de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de sus disposiciones particulares, se prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, pueden establecer la regulación necesaria para prohibir esas discriminaciones.

Artículo 19

Dentro de las competencias de la Unión, el Consejo, por unanimidad con procedimiento legislativo especial y previa aprobación del Parlamento Europeo, puede adoptar acciones contra la discriminación por sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. El Parlamento y el Consejo, por el procedimiento ordinario, pueden adoptar los principios básicos de medidas de estímulo para apoyar a los Estados, sin armonizar sus legislaciones.

Artículo 20

Es ciudadano de la Unión quien tenga la nacionalidad de un Estado miembro; la ciudadanía de la Unión se añade a la nacional sin sustituirla. Da, entre otros, derecho a circular y residir libremente; a votar y ser elegido en elecciones europeas y municipales del Estado de residencia; a la protección diplomática y consular de cualquier Estado miembro en un tercer país donde el propio no esté representado; y a peticionar al Parlamento, acudir al Defensor del Pueblo y dirigirse a las instituciones en una lengua de los Tratados.

Artículo 21

Todo ciudadano de la Unión puede circular y residir libremente en los Estados miembros, con las limitaciones y condiciones de los Tratados. Si hace falta una acción de la Unión, el Parlamento y el Consejo pueden adoptar, por el procedimiento ordinario, disposiciones para facilitar ese derecho. Para medidas de seguridad social o protección social, el Consejo actúa por procedimiento legislativo especial, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo.

Artículo 22

El ciudadano de la Unión que reside en un Estado miembro del que no es nacional puede ser elector y elegible en las elecciones municipales y en las del Parlamento Europeo de ese Estado, en las mismas condiciones que sus nacionales. Las modalidades las adopta el Consejo por unanimidad, con procedimiento legislativo especial y previa consulta al Parlamento, y pueden prever excepciones justificadas por problemas específicos de un Estado miembro.

Artículo 23

El ciudadano de la Unión puede acogerse, en un tercer país donde no esté representado su Estado, a la protección diplomática y consular de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que sus nacionales. Los Estados toman las disposiciones y negociaciones necesarias. El Consejo, por procedimiento legislativo especial y previa consulta al Parlamento, puede adoptar directivas con medidas de coordinación y cooperación para facilitarla.

Artículo 24

El Parlamento Europeo y el Consejo regulan mediante reglamentos, por el procedimiento legislativo ordinario, los procedimientos y condiciones de la iniciativa ciudadana, incluido el número mínimo de Estados de los que deben proceder los ciudadanos. Todo ciudadano tiene derecho de petición ante el Parlamento Europeo, puede dirigirse al Defensor del Pueblo y puede escribir a las instituciones u organismos en una de las lenguas de los Tratados y recibir contestación en esa misma lengua.

Artículo 25

Cada tres años la Comisión informa al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación de esta parte del Tratado, teniendo en cuenta el desarrollo de la Unión. Sobre esa base, el Consejo, por unanimidad con procedimiento legislativo especial y previa aprobación del Parlamento, puede adoptar disposiciones para completar los derechos del artículo 20.2, que entran en vigor cuando los aprueban los Estados según sus normas constitucionales.

Artículo 26

La Unión adopta las medidas para establecer el mercado interior o garantizar su funcionamiento. El mercado interior es un espacio sin fronteras interiores en el que está garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. El Consejo, a propuesta de la Comisión, define las orientaciones y condiciones para asegurar un progreso equilibrado en el conjunto de los sectores.

Artículo 27

Al proponer medidas para el mercado interior, la Comisión tiene en cuenta el esfuerzo que deberán hacer las economías con un nivel de desarrollo diferente y puede proponer disposiciones adecuadas. Si esas disposiciones son excepciones, deben ser temporales y perturbar lo menos posible el funcionamiento del mercado interior.

Artículo 28

La Unión comprende una unión aduanera que abarca todos los intercambios de mercancías. Implica prohibir entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y exportación y las exacciones de efecto equivalente, y adoptar un arancel aduanero común frente a terceros países. Las reglas del artículo 30 y del capítulo 3 del título se aplican a los productos originarios de los Estados y a los de terceros países en libre práctica.

Artículo 29

Están en libre práctica en un Estado miembro los productos de terceros países por los que, en ese Estado, se hayan cumplido las formalidades de importación y percibido los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente exigibles, siempre que no se hayan beneficiado de una devolución total o parcial de esos derechos.

Artículo 30

Entre los Estados miembros están prohibidos los derechos de aduana de importación y de exportación y las exacciones de efecto equivalente. La prohibición alcanza también a los derechos de aduana de carácter fiscal.

Artículo 31

Artículo 32

En sus funciones de este capítulo, la Comisión se guía por: a) promover los intercambios entre los Estados miembros y terceros países; b) la evolución de la competencia en la Unión, si incrementa la capacidad competitiva de las empresas; c) las necesidades de abastecimiento en materias primas y semielaborados, sin falsear entre Estados la competencia de los productos acabados; d) evitar perturbaciones graves en la economía de los Estados y garantizar un desarrollo racional de la producción y una expansión del consumo.

Artículo 33

Dentro del ámbito de aplicación de los Tratados, el Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario, adoptan medidas para fortalecer la cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión.

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Las prohibiciones de los artículos 34 y 35 no impiden restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por orden público, moralidad y seguridad públicas; salud y vida de personas y animales; preservación de los vegetales; patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional; o propiedad industrial y comercial. Pero esas restricciones no pueden ser un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre Estados.

Artículo 37

Los Estados adecuan sus monopolios nacionales de carácter comercial para excluir toda discriminación entre nacionales de los Estados en abastecimiento y mercado. Se aplica a cualquier organismo con el que un Estado controle, dirija o influya sensiblemente en los intercambios entre Estados, y a los monopolios cedidos a terceros. Los Estados se abstienen de nuevas medidas contrarias. Si el monopolio regula productos agrícolas, se aseguran garantías equivalentes para el empleo y el nivel de vida de los productores.

Artículo 38

La Unión define y aplica una política común de agricultura y pesca. El mercado interior abarca agricultura, pesca y comercio de productos agrícolas. Productos agrícolas son los de la tierra, la ganadería y la pesca, y los de primera transformación directamente relacionados; «agrícola» incluye la pesca. Salvo lo dispuesto en los artículos 39 a 44, las normas del mercado interior se aplican a los productos agrícolas; esos artículos rigen para los productos del anexo I. El mercado interior agrícola se acompaña de una política agrícola común.

Artículo 39

Objetivos de la PAC: a) incrementar la productividad agrícola (progreso técnico, desarrollo racional de la producción, empleo óptimo de factores, en particular de la mano de obra); b) garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial aumentando la renta individual; c) estabilizar los mercados; d) garantizar la seguridad de los abastecimientos; e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables. Al elaborarla se tienen en cuenta las características de la actividad agrícola, la necesidad de adaptaciones graduales y su vínculo con el conjunto de la economía.

Artículo 40

Para los objetivos del artículo 39 se crea una organización común de los mercados agrícolas que, según los productos, adopta una de tres formas: normas comunes sobre la competencia; coordinación obligatoria de las organizaciones nacionales de mercado; u organización europea del mercado. Puede incluir regulación de precios, subvenciones, almacenamiento y estabilización de intercambios; debe limitarse a esos objetivos y excluir toda discriminación. Los precios, con criterios comunes y métodos uniformes. Pueden crearse uno o más fondos de orientación y garantía agrícolas.

Artículo 41

Para alcanzar los objetivos del artículo 39 pueden preverse en la PAC medidas como: a) una eficaz coordinación de los esfuerzos en formación profesional, investigación y divulgación de conocimientos agronómicos, que puede comprender proyectos o instituciones financiados en común; b) acciones comunes para el desarrollo del consumo de determinados productos.

Artículo 42

Las normas sobre la competencia solo se aplican a la producción y comercio de productos agrícolas en la medida que determinen el Parlamento Europeo y el Consejo, conforme al procedimiento del artículo 43.2 y teniendo en cuenta los objetivos del artículo 39. El Consejo, a propuesta de la Comisión, puede autorizar ayudas para proteger explotaciones desfavorecidas por condiciones estructurales o naturales y en el marco de programas de desarrollo económico.

Artículo 43

La Comisión presenta propuestas sobre la PAC, incluida la sustitución de organizaciones nacionales por la organización común. El Parlamento y el Consejo, por procedimiento ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, establecen la organización común de mercados y las demás disposiciones necesarias. El Consejo, a propuesta de la Comisión, adopta medidas sobre precios, exacciones, ayudas, limitaciones cuantitativas y fijación y reparto de posibilidades de pesca. La sustitución exige garantías a los Estados que se opongan y condiciones análogas a un mercado nacional.

Artículo 44

Si en un Estado un producto está sujeto a una organización nacional de mercado o regulación de efecto equivalente que afecte a la competencia de una producción similar en otro Estado, los Estados aplican un gravamen compensatorio a la entrada del producto procedente de aquel Estado, salvo que este ya aplique uno a la salida. La Comisión fija el importe de los gravámenes en la medida necesaria para restablecer el equilibrio y puede autorizar otras medidas.

Artículo 45

Se asegura la libre circulación de los trabajadores en la Unión, que supone abolir toda discriminación por nacionalidad en empleo, retribución y demás condiciones de trabajo. Salvo limitaciones por orden público, seguridad y salud públicas, implica el derecho a responder a ofertas efectivas de trabajo, desplazarse libremente para ello, residir en un Estado para trabajar según las normas aplicables a sus nacionales y permanecer tras haber trabajado allí. No se aplica a los empleos en la administración pública.

Artículo 46

El Parlamento Europeo y el Consejo, por procedimiento ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptan mediante directivas o reglamentos las medidas para hacer efectiva la libre circulación de trabajadores, en especial: colaboración estrecha entre administraciones nacionales de trabajo; eliminación de procedimientos, prácticas y plazos de acceso al empleo que obstaculicen la movilidad; eliminación de plazos y restricciones que impongan condiciones distintas a los trabajadores de otros Estados; y mecanismos para equilibrar ofertas y demandas de empleo.

Artículo 47

Artículo 48

El Parlamento y el Consejo, por procedimiento ordinario, adoptan medidas de seguridad social para la libre circulación de trabajadores, garantizando a los migrantes y sus derechohabientes la acumulación de períodos y el pago de prestaciones. Si un miembro del Consejo declara que un proyecto perjudica aspectos importantes de su sistema, puede pedir que se remita al Consejo Europeo, que suspende el procedimiento; en cuatro meses este lo devuelve al Consejo, o no se pronuncia o pide nueva propuesta, y el acto se considera no adoptado.

Artículo 49

Se prohíben las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado en otro, también las relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales. La libertad de establecimiento comprende el acceso a actividades no asalariadas y su ejercicio, y la constitución y gestión de empresas y sociedades, en las condiciones que el país de establecimiento fija para sus propios nacionales, sin perjuicio del capítulo de capitales.

Artículo 50

Para alcanzar la libertad de establecimiento en una actividad, el Parlamento y el Consejo deciden mediante directivas, por procedimiento ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social. Parlamento, Consejo y Comisión actúan, en particular: priorizando actividades útiles; cooperando con las administraciones nacionales; eliminando procedimientos obstaculizadores; dejando a asalariados emprender actividad no asalariada; facilitando adquirir inmuebles; suprimiendo progresivamente restricciones; coordinando garantías societarias y evitando que ayudas estatales falseen el establecimiento.

Artículo 51

Las disposiciones del capítulo no se aplican, respecto del Estado interesado, a las actividades que en ese Estado estén relacionadas, aunque sea solo de manera ocasional, con el ejercicio del poder público. Además, el Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario, pueden excluir determinadas actividades de la aplicación del capítulo.

Artículo 52

Las normas del capítulo y las medidas adoptadas en su virtud no impiden aplicar disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que prevean un régimen especial para los extranjeros, siempre que estén justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas. El Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario, adoptarán directivas para coordinar esas disposiciones.

Artículo 53

Para facilitar el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, el Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario, adoptan directivas de reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos y de coordinación de las normas nacionales sobre actividades por cuenta propia. En las profesiones médicas, paramédicas y farmacéuticas, la supresión progresiva de restricciones depende de coordinar las condiciones de ejercicio en los Estados.

Artículo 54

Las sociedades constituidas conforme a la legislación de un Estado miembro y con sede social, administración central o centro de actividad principal dentro de la Unión se equiparan, a efectos del capítulo, a las personas físicas nacionales de los Estados miembros. Son sociedades las de Derecho civil o mercantil, incluidas las cooperativas, y las demás personas jurídicas de Derecho público o privado, salvo las que no persigan un fin lucrativo.

Artículo 55

Cada Estado miembro debe dar a los nacionales de los demás Estados miembros el trato de nacional en cuanto a su participación financiera en el capital de las sociedades definidas en el artículo 54. Esta regla se aplica sin perjuicio de las restantes disposiciones de los Tratados.

Artículo 56

Quedan prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado distinto del del destinatario. El Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario, pueden extender este régimen a prestadores nacionales de un tercer Estado establecidos en la Unión.

Artículo 57

Son servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las normas de libre circulación de mercancías, capitales y personas. Comprenden en particular actividades industriales, mercantiles, artesanales y propias de las profesiones liberales. Sin perjuicio del derecho de establecimiento, el prestador puede ejercer temporalmente su actividad en el Estado donde presta el servicio, en las mismas condiciones que este impone a sus nacionales.

Artículo 58

La libre prestación de servicios en materia de transportes se rige por las disposiciones del título relativo a los transportes. La liberalización de los servicios bancarios y de seguros vinculados a los movimientos de capitales se hará en armonía con la liberalización de la circulación de capitales.

Artículo 59

Para liberalizar un servicio determinado, el Parlamento Europeo y el Consejo deciden mediante directivas, por el procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social. Estas directivas se refieren en general, con prioridad, a los servicios que influyan directamente en los costes de producción o cuya liberalización facilite los intercambios de mercancías.

Artículo 60

Los Estados miembros se esforzarán por liberalizar los servicios más allá de lo que exigen las directivas del apartado 1 del artículo 59, si su situación económica general y la del sector afectado lo permiten. Con ese fin, la Comisión dirigirá recomendaciones a los Estados miembros interesados.

Artículo 61

Mientras no se supriman las restricciones a la libre prestación de servicios, cada Estado miembro debe aplicarlas sin distinción de nacionalidad o residencia a todos los prestadores a que se refiere el párrafo primero del artículo 56.

Artículo 62

Artículo 63

En el marco del capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. Con el mismo alcance, quedan prohibidas cualesquiera restricciones sobre los pagos.

Artículo 64

El artículo 63 no impide aplicar a terceros países las restricciones existentes el 31-12-1993 sobre capitales que supongan inversiones directas (incluidas inmobiliarias), establecimiento, servicios financieros o admisión de valores; para Bulgaria, Estonia y Hungría la fecha es el 31-12-1999 y para Croacia el 31-12-2002. El Parlamento Europeo y el Consejo, por procedimiento ordinario, adoptan medidas sobre esos movimientos; las que supongan un retroceso solo las adopta el Consejo, por procedimiento especial, unanimidad y previa consulta al Parlamento.

Artículo 65

La libertad de capitales no impide aplicar normas fiscales que distingan a los contribuyentes por residencia o lugar de inversión, impedir infracciones (sobre todo fiscales y prudenciales), exigir declaraciones de movimientos con fines informativos o estadísticos, o adoptar medidas por orden público o seguridad pública, ni restricciones al establecimiento compatibles con los Tratados. Nada de ello puede ser discriminación arbitraria ni restricción encubierta. Sobre medidas fiscales frente a terceros países decide la Comisión o, si no lo hace en tres meses, el Consejo por unanimidad.

Artículo 66

Si, en circunstancias excepcionales, los movimientos de capitales con terceros países causan o amenazan causar dificultades graves para el funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Banco Central Europeo, puede adoptar frente a terceros países medidas de salvaguardia estrictamente necesarias por un plazo no superior a seis meses.

Artículo 1. Dignidad humana

Artículo 2. Derecho a la vida

Artículo 3. Derecho a la integridad de la persona

Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular cuatro garantías: el consentimiento libre e informado de la persona, según las modalidades que fije la ley; la prohibición de las prácticas eugenésicas, en especial las que buscan seleccionar personas; la prohibición de que el cuerpo humano o sus partes, en cuanto tales, sean objeto de lucro, y la prohibición de la clonación reproductora de seres humanos.

Artículo 4. Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes

Artículo 5. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

El artículo contiene tres prohibiciones: nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre; nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio, y se prohíbe la trata de seres humanos. Conviene retener el verbo de cada apartado: «sometido» a esclavitud o servidumbre y «constreñido» a trabajo forzado u obligatorio.

Artículo 6. Derecho a la libertad y a la seguridad

Artículo 7. Respeto de la vida privada y familiar

Artículo 8. Protección de datos de carácter personal

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Los datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento del afectado o de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona puede acceder a los datos recogidos que le conciernan y obtener su rectificación. El respeto de estas normas lo controla una autoridad independiente.

Artículo 9. Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia

Artículo 10. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Incluye cambiar de religión o de convicciones y manifestarlas individual o colectivamente, en público o en privado, mediante el culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. Se reconoce la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

Artículo 11. Libertad de expresión y de información

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de opinión y la de recibir o comunicar informaciones o ideas sin injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Además, se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.

Artículo 12. Libertad de reunión y de asociación

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que incluye fundar sindicatos con otras personas y afiliarse a ellos para defender sus intereses. Los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión.

Artículo 13. Libertad de las artes y de las ciencias

Artículo 14. Derecho a la educación

Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. Este derecho incluye recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de crear centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos y el derecho de los padres a garantizar la educación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

Artículo 15. Libertad profesional y derecho a trabajar

Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada. Todo ciudadano de la Unión puede buscar empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro. Los nacionales de terceros países autorizados a trabajar en los Estados miembros tienen derecho a condiciones laborales equivalentes a las de los ciudadanos de la Unión.

Artículo 16. Libertad de empresa

Artículo 17. Derecho a la propiedad

Toda persona puede disfrutar, usar, disponer y legar los bienes que haya adquirido legalmente. Solo cabe privar de la propiedad por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. La ley puede regular el uso de los bienes en la medida necesaria para el interés general. Se protege la propiedad intelectual.

Artículo 18. Derecho de asilo

Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, y de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que el artículo denomina en lo sucesivo «los Tratados».

Artículo 19. Protección en caso de devolución, expulsión y extradición

Se prohíben las expulsiones colectivas. Además, nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

Artículo 20. Igualdad ante la ley

Artículo 21. No discriminación

Se prohíbe toda discriminación, en particular por sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. También se prohíbe la discriminación por nacionalidad en el ámbito de aplicación de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares.

Artículo 22. Diversidad cultural, religiosa y lingüística

Artículo 23. Igualdad entre mujeres y hombres

La igualdad entre mujeres y hombres debe garantizarse en todos los ámbitos, incluidos el empleo, el trabajo y la retribución. El principio de igualdad no impide mantener o adoptar medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado.

Artículo 24. Derechos del niño

Los niños tienen derecho a la protección y los cuidados necesarios para su bienestar, y pueden expresar libremente su opinión, que se tendrá en cuenta en los asuntos que les afecten en función de su edad y madurez. En todos los actos relativos a niños de autoridades públicas o instituciones privadas, su interés superior será una consideración primordial. Todo niño puede mantener periódicamente relaciones y contactos directos con su padre y su madre, salvo si es contrario a sus intereses.

Artículo 25. Derechos de las personas mayores

Artículo 26. Integración de las personas discapacitadas

La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen tres cosas: su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad.

Artículo 27. Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa

Debe garantizarse a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, la información y consulta con suficiente antelación, en los casos y condiciones previstos en el Derecho de la Unión y en las legislaciones y prácticas nacionales.

Artículo 28. Derecho de negociación y de acción colectiva

Trabajadores y empresarios, o sus organizaciones, tienen derecho, conforme al Derecho de la Unión y a las legislaciones y prácticas nacionales, a negociar y celebrar convenios colectivos en los niveles adecuados y, en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones colectivas para defender sus intereses, incluida la huelga.

Artículo 29. Derecho de acceso a los servicios de colocación

Artículo 30. Protección en caso de despido injustificado

Todo trabajador tiene derecho a protección en caso de despido injustificado. Esa protección se reconoce de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales. El artículo no distingue clases de trabajadores: el titular es todo trabajador.

Artículo 31. Condiciones de trabajo justas y equitativas

Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad. Además, tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo, a períodos de descanso diarios y semanales y a un período de vacaciones anuales retribuidas.

Artículo 32. Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo

Se prohíbe el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no puede ser inferior a la edad en que termina la escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas. Los jóvenes admitidos a trabajar deben tener condiciones adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación económica y contra trabajos perjudiciales para su seguridad, salud, desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pongan en peligro su educación.

Artículo 33. Vida familiar y vida profesional

Se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social. Para conciliar vida familiar y profesional, toda persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un niño.

Artículo 34. Seguridad social y ayuda social

La Unión reconoce y respeta el acceso a las prestaciones de seguridad social y servicios sociales que protegen en casos como maternidad, enfermedad, accidentes laborales, dependencia, vejez o pérdida de empleo. Quien resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de seguridad social y ventajas sociales. Para combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y de vivienda para quienes no dispongan de recursos suficientes. Todo ello, según el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales.

Artículo 35. Protección de la salud

Toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones que establezcan las legislaciones y prácticas nacionales. Además, al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana.

Artículo 36. Acceso a los servicios de interés económico general

La Unión reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico general tal como disponen las legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con los Tratados. Su finalidad declarada es promover la cohesión social y territorial de la Unión.

Artículo 37. Protección del medio ambiente

Las políticas de la Unión deben integrar y garantizar dos cosas: un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad. Ambas se integran conforme al principio de desarrollo sostenible. No basta un nivel mínimo: el artículo exige un nivel «elevado» y, además, mejorar la calidad ambiental.

Artículo 38. Protección de los consumidores

Artículo 39. Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo

Todo ciudadano de la Unión puede votar y ser candidato (sufragio activo y pasivo) en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado. Los diputados al Parlamento Europeo se eligen por sufragio universal libre, directo y secreto.

Artículo 40. Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo (votar) y pasivo (ser elegido) en las elecciones municipales del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado.

Artículo 41. Derecho a una buena administración

Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y en un plazo razonable. Incluye: ser oída antes de una medida individual desfavorable; acceder a su expediente, respetando la confidencialidad y el secreto profesional y comercial; y la obligación de la administración de motivar sus decisiones. Además, a que la Unión repare los daños causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones, y a dirigirse a las instituciones en una lengua de los Tratados y recibir respuesta en esa misma lengua.

Artículo 42. Derecho de acceso a los documentos

Tienen derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión: todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. El derecho alcanza a los documentos cualquiera que sea su soporte.

Artículo 43. El defensor del pueblo europeo

Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro puede someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración de las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Queda excluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Artículo 44. Derecho de petición

Tienen derecho de petición ante el Parlamento Europeo todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. El destinatario de la petición es el Parlamento Europeo.

Artículo 45. Libertad de circulación y de residencia

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. A los nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro «podrá concederse» esa libertad de circulación y residencia, de conformidad con lo dispuesto en los Tratados: para ellos no es un derecho reconocido directamente.

Artículo 46. Protección diplomática y consular

El ciudadano de la Unión que se encuentre en un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que es nacional puede acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado.

Artículo 47. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

Quien vea violados sus derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión tiene derecho a la tutela judicial efectiva. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente, en un plazo razonable, por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, y puede hacerse aconsejar, defender y representar. Se presta asistencia jurídica gratuita a quien no tenga recursos suficientes, siempre y cuando sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.

Artículo 48. Presunción de inocencia y derechos de la defensa

Todo acusado se presume inocente mientras su culpabilidad no haya sido declarada legalmente. Además, se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa.

Artículo 49. Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas

Nadie puede ser condenado por una acción u omisión que, cuando se cometió, no era infracción según el Derecho interno o el internacional, ni se le puede imponer una pena más grave que la aplicable en ese momento. Si después la ley prevé una pena más leve, debe aplicarse esta. Ello no impide juzgar y castigar actos que, al cometerse, eran delito según los principios generales reconocidos por el conjunto de las naciones. La intensidad de las penas no debe ser desproporcionada respecto de la infracción.

Artículo 50. Derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción

Nadie puede ser juzgado ni condenado penalmente por una infracción por la que ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley. Abarca tanto la absolución como la condena previas, y exige sentencia penal firme.

Artículo 51. Ámbito de aplicación

La Carta se dirige a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad, y a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Todos ellos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación según sus competencias y dentro de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión. La Carta no amplía el ámbito del Derecho de la Unión más allá de sus competencias, ni crea competencias o misiones nuevas, ni modifica las definidas en los Tratados.

Artículo 52. Alcance e interpretación de los derechos y principios

Las limitaciones de los derechos de la Carta deben establecerse por ley, respetar su contenido esencial y ser proporcionadas, necesarias y responder a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a proteger derechos ajenos. Los derechos coincidentes con el Convenio Europeo tienen igual sentido y alcance, aunque el Derecho de la Unión puede proteger más. Los que son disposiciones de los Tratados se ejercen en sus condiciones y límites. Los principios solo se alegan ante un juez para interpretar y controlar los actos que los aplican. Los jueces atenderán sus explicaciones.

Artículo 53. Nivel de protección

Ninguna disposición de la Carta puede interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional, los convenios internacionales de los que sean parte la Unión o todos los Estados miembros (en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales) y las constituciones de los Estados miembros.

Artículo 54. Prohibición del abuso de derecho

Ninguna disposición de la Carta puede interpretarse como si diera un derecho a realizar actividades o actos dirigidos a destruir los derechos o libertades que la Carta reconoce, o a limitarlos más de lo que la propia Carta prevé.