Tema 26 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 258

Si la Comisión estima que un Estado miembro ha incumplido una obligación derivada de los Tratados, emite un dictamen motivado, tras ofrecer al Estado la posibilidad de presentar observaciones. Si el Estado no se atiene al dictamen en el plazo que la propia Comisión determine, la Comisión puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 259

Un Estado miembro puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si estima que otro Estado ha incumplido los Tratados, pero antes debe someter el asunto a la Comisión. Esta emite un dictamen motivado, tras oír a los Estados interesados por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio. Si la Comisión no emite el dictamen en tres meses desde la solicitud, su falta no impide recurrir al Tribunal.

Artículo 260

El Estado condenado por incumplimiento debe adoptar las medidas para ejecutar la sentencia. Si la Comisión estima que no lo ha hecho, puede volver a llevarlo al Tribunal tras oírlo, indicando el importe de la suma a tanto alzado o multa coercitiva; el Tribunal puede imponer su pago. Si la Comisión recurre por no informar de la transposición de una directiva legislativa, puede indicar ya el importe, y el Tribunal puede imponerlo dentro de ese límite, con efecto en la fecha que fije la sentencia.

Artículo 267

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve con carácter prejudicial sobre la interpretación de los Tratados y sobre la validez e interpretación de los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Un órgano jurisdiccional nacional puede plantear la cuestión si la estima necesaria para su fallo; si sus decisiones no admiten ulterior recurso interno, está obligado a plantearla. Si afecta a una persona privada de libertad, el Tribunal se pronuncia con la mayor brevedad.

Artículo 288

Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptan reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado, pero deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La decisión es obligatoria en todos sus elementos y, si designa destinatarios, solo para estos. Recomendaciones y dictámenes no son vinculantes.

Artículo 289

El procedimiento legislativo ordinario es la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión (se define en el artículo 294). Es especial cuando, en casos específicos previstos por los Tratados, adopta uno con la participación del otro. Lo adoptado por procedimiento legislativo es acto legislativo. En casos específicos cabe hacerlo por iniciativa de un grupo de Estados miembros o del Parlamento, por recomendación del Banco Central Europeo o a petición del Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones.

Artículo 290

Un acto legislativo puede delegar en la Comisión poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen elementos no esenciales del propio acto; los esenciales no se delegan. El acto legislativo delimita de forma expresa objetivos, contenido, alcance y duración, y fija las condiciones, que podrán ser la revocación por el Parlamento Europeo o el Consejo o que el acto no entre en vigor si alguno formula objeciones en el plazo fijado. El Parlamento decide por mayoría de sus miembros y el Consejo por mayoría cualificada. El título lleva «delegado» o «delegada».

Artículo 291

Los Estados miembros adoptan todas las medidas de Derecho interno necesarias para ejecutar los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Si se requieren condiciones uniformes de ejecución, esos actos confieren competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los de los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al Consejo. El Parlamento Europeo y el Consejo fijan previamente, por reglamentos adoptados por el procedimiento legislativo ordinario, cómo controlan los Estados miembros a la Comisión. El título lleva «de ejecución».

Artículo 292

El Consejo adopta recomendaciones. Lo hace a propuesta de la Comisión cuando los Tratados dispongan que adopte actos a propuesta de la Comisión, y por unanimidad en los ámbitos en que se requiera la unanimidad para adoptar un acto de la Unión. La Comisión también adopta recomendaciones, y el Banco Central Europeo solo en los casos específicos previstos por los Tratados.

Artículo 42. Clasificación de las competencias

Andalucía tiene competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas. Exclusivas: potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva íntegramente; el derecho andaluz es preferente y el estatal supletorio. Compartidas: esas potestades en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley. Ejecutivas: función ejecutiva, organización propia y, cuando proceda, reglamentos de ejecución de normativa estatal. Además desarrolla y ejecuta la normativa de la UE, ejerce competencias transferidas o delegadas por el Estado y, si se acuerda con él, inspección y sanción en materias estatales.

Artículo 230. Marco de relación

Las relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las instituciones de la Unión Europea se regirán por lo dispuesto en el presente Estatuto y en el marco de lo que establezca la legislación del Estado. Hay que retener a qué norma remite el artículo (el presente Estatuto) y qué legislación fija el marco (la del Estado).

Artículo 231. Participación en la voluntad del Estado

La Comunidad Autónoma participa en formar la posición del Estado ante la Unión Europea en asuntos relativos a las competencias o intereses de Andalucía. Participa de forma bilateral en los asuntos que le afectan exclusivamente y, en los demás, en procedimientos multilaterales. Su posición es determinante si afecta a sus competencias exclusivas y si de la propuesta europea pueden derivarse consecuencias financieras o administrativas de singular relevancia; si el Gobierno del Estado no la acoge, debe motivarlo ante la Comisión Junta de Andalucía-Estado. En los demás casos, el Estado debe oírla.

Artículo 232. Participación en las decisiones de la Unión Europea

Andalucía participará en los procesos de decisión en las instituciones de la Unión Europea. Lo hará directamente o a través de la representación del Estado, en los términos que legalmente se determinen. Hay que retener la alternativa «directamente o a través de la representación del Estado» y la remisión a los términos que legalmente se determinen.

Artículo 233. Información del Estado

El Estado informará a la Junta de Andalucía de las iniciativas, las propuestas y proyectos normativos y las decisiones de tramitación en la Unión Europea, y de los procedimientos que se sigan ante los órganos judiciales europeos en los que España sea parte, en lo que afecte al interés de Andalucía y conforme a lo establecido en la normativa estatal. La Junta de Andalucía podrá dirigir al Estado las observaciones y propuestas que estime convenientes.

Artículo 234. Participación y representación en las instituciones y organismos de la Unión Europea

La Junta de Andalucía participa en las delegaciones españolas ante las instituciones de la Unión Europea para defender y promover sus intereses. En especial, participa ante el Consejo de Ministros y en los procesos de consulta y preparación del Consejo y la Comisión cuando se traten asuntos de su competencia legislativa, en los términos de la legislación correspondiente. Si se trata de competencias exclusivas, esa participación permitirá, previo acuerdo y por delegación, ejercer la representación y la presidencia de estos órganos.

Artículo 235. Desarrollo y aplicación del derecho de la Unión Europea

La Junta de Andalucía desarrolla y ejecuta el derecho de la Unión Europea en las materias de su competencia, de acuerdo con lo que establezca una ley del Parlamento de Andalucía. Si la Unión Europea establece una legislación que sustituya a la normativa básica del Estado, la Junta de Andalucía podrá adoptar la legislación de desarrollo a partir de las normas europeas.

Artículo 236. Delegación Permanente de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía tendrá una Delegación Permanente en la Unión Europea. Es un órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses ante las instituciones y órganos de la Unión Europea, y sirve también para recabar información y establecer mecanismos de relación y coordinación con esas instituciones y órganos.

Artículo 237. Consulta al Parlamento de Andalucía

El Parlamento de Andalucía será consultado antes de que las Cortes Generales emitan su dictamen sobre las propuestas legislativas europeas. Esa consulta se enmarca en el procedimiento de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que establezca el Derecho Comunitario.

Artículo 238. Acciones ante el Tribunal de Justicia

La Junta de Andalucía interviene en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los términos establecidos por la legislación del Estado, y tendrá acceso, en su caso, a dicho Tribunal si así lo establece la legislación comunitaria. En el marco de la legislación vigente en la materia, la Junta de Andalucía podrá instar al Estado y a las instituciones legitimadas el inicio de acciones ante ese Tribunal en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.

Artículo 239. Relaciones con las regiones europeas

La Junta de Andalucía promoverá la cooperación, y establecerá las relaciones que considere convenientes para el interés general de Andalucía, con las regiones europeas con las que comparta objetivos e intereses (apartado 1). Los poderes públicos de Andalucía impulsarán la presencia de las regiones en la definición de las políticas de la Unión Europea (apartado 2).

Las comunidades autónomas y las instituciones europeas

Las comunidades autónomas participan en los asuntos europeos sobre todo a través de la CARUE (primera reunión en 1989; antes CARCE, nombre cambiado el 15-4-2010). El Acuerdo de 1994 abrió la «fase ascendente» (formación de la voluntad estatal), pues hasta entonces solo intervenían en la «fase descendente» (ejecución). La Ley 2/1997 dio rango de ley a la Conferencia. Los Acuerdos de 9-12-2004 abrieron cuatro formaciones del Consejo y una Consejería autonómica en la REPER. Un consejero autonómico se integra en la delegación española y representa a todas, por un semestre como mínimo.

Artículo 1

La Unión Europea la constituyen entre sí las Altas Partes Contratantes, y los Estados miembros le atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes. Se fundamenta en el TUE y en el TFUE («los Tratados»), que tienen el mismo valor jurídico. La Unión sustituye y sucede a la Comunidad Europea. Las decisiones se tomarán de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible.

Artículo 4

Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. La Unión respeta la igualdad de los Estados ante los Tratados, su identidad nacional (también la autonomía local y regional) y sus funciones esenciales; la seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado. Por el principio de cooperación leal, Unión y Estados se respetan y asisten mutuamente, y los Estados adoptan las medidas para cumplir las obligaciones de los Tratados y se abstienen de poner en peligro los objetivos de la Unión.

Artículo 5

La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución; su ejercicio, por los de subsidiariedad y proporcionalidad. Por atribución, la Unión actúa dentro de las competencias que le atribuyen los Estados en los Tratados. Por subsidiariedad, fuera de su competencia exclusiva solo interviene si los objetivos no pueden alcanzarse suficientemente por los Estados y sí mejor a escala de la Unión. Por proporcionalidad, su acción no excede de lo necesario. Los Parlamentos nacionales velan por la subsidiariedad.

Artículo 6

La Unión reconoce los derechos, libertades y principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, sin ampliar las competencias de la Unión. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, sin modificar sus competencias. Esos derechos y los de las tradiciones constitucionales comunes forman parte del Derecho de la Unión como principios generales.

Artículo 51

Artículo 93. Tratados que atribuyen competencias a organizaciones internacionales

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado

Enumera en 32 apartados las materias reservadas en exclusiva al Estado: relaciones internacionales, defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, procesal, civil y laboral, Hacienda general, seguridad pública… El apartado 3 cierra el sistema: lo que la Constitución no atribuye al Estado puede asumirlo una Comunidad Autónoma por su Estatuto; lo que ninguna asuma queda para el Estado; y el derecho estatal es en todo caso supletorio del autonómico.

La autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión: Van Gend & Loos y Costa/ENEL

El Tribunal de Justicia afirmó la autonomía del Derecho de la Unión resolviendo cuestiones prejudiciales. Van Gend & Loos (5-2-1963, asunto 26/62, Tariefcommissie neerlandesa): la Comunidad es un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional cuyos sujetos son los Estados y también sus nacionales; crea obligaciones y derechos para los particulares. Costa/ENEL (15-7-1964, asunto 6/64, Giudice Conciliatore de Milán): el Tratado CEE creó un ordenamiento jurídico propio, integrado en el de los Estados, nacido de una fuente autónoma.

La primacía del Derecho de la Unión

Costa/ENEL (1964, asunto 6/64) estableció la primacía: los Estados no pueden oponer una medida unilateral posterior al ordenamiento comunitario, cuya fuerza no varía de un Estado a otro; la transferencia supone «una limitación definitiva de su soberanía». Alcance: todos los actos vinculantes de la UE frente a todos los actos nacionales, incluso posteriores (Simmenthal, 1978) y constitucionales (Internationale Handelsgesellschaft, 1970; Wünsche, 1984). No está en los Tratados: la recuerda la Declaración n.º 17 (Lisboa). La norma nacional contraria no se anula: se inaplica.

La sentencia Simmenthal: el juez nacional inaplica la ley contraria

Simmenthal (9-3-1978, asunto 106/77), cuestión prejudicial de la Pretura di Susa: el juez nacional debe aplicar íntegramente el Derecho comunitario y dejar sin aplicación toda disposición nacional contraria, «ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria» (ap. 21). Es incompatible negarle la facultad de descartarla en el momento de su aplicación (ap. 22). El fallo: la inaplica por su propia iniciativa, aunque sea posterior, sin solicitar ni esperar su derogación legislativa o por otro procedimiento constitucional. Francovich (1991) la cita como jurisprudencia reiterada.

El efecto directo: la sentencia Van Gend & Loos

Van Gend & Loos (5-2-1963, 26/62): la Tariefcommissie neerlandesa preguntó si el artículo 12 del Tratado CEE tenía «efecto interno» (arancel del 8 % a urea-formaldehído importada de Alemania). El Tribunal declaró que produce efectos directos y genera derechos individuales que los jueces nacionales deben proteger. Condiciones para el Derecho primario: obligaciones precisas, claras, incondicionales y sin medidas complementarias. Becker: sin efecto directo si hay margen de discrecionalidad, por mínimo que sea. Aspectos: vertical (frente al Estado) y horizontal (frente a otro particular).

La aplicabilidad directa del reglamento y el efecto directo de los demás actos

Actos del art. 288 TFUE: reglamento, directiva, decisión, recomendación y dictamen. El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable desde su entrada en vigor (la fecha que fije o, si no, el vigésimo día tras su publicación en el DOUE), sin transposición; tiene efecto directo si es claro, preciso y pertinente (Politi). Decisiones dirigidas a un Estado: solo efecto vertical (Hansa Fleisch). Acuerdos internacionales: criterios de Van Gend & Loos (Demirel). Dictámenes y recomendaciones: no vinculantes, sin efecto directo.

El efecto directo de las directivas

La directiva obliga al Estado destinatario en cuanto al resultado y deja la forma y los medios; exige transposición en plazo, con cooperación leal (art. 4.3 TUE). No es directamente aplicable, pero excepcionalmente tiene efecto directo si no se ha transpuesto o se transpuso mal, es incondicional, clara y precisa, y confiere derechos a los individuos; con las dos primeras, las autoridades deben tenerla en cuenta. Según EUR-Lex, lo estableció Van Duyn (1974). Solo vertical: ni el Estado la invoca contra un particular (Ratti) ni un particular contra otro (Faccini Dori).

La responsabilidad del Estado por incumplimiento: la sentencia Francovich

Francovich (19-11-1991, C-6/90 y C-9/90): Italia no había adaptado a tiempo su Derecho a la Directiva 80/987/CEE (trabajadores ante la insolvencia del empresario). Los trabajadores no podían invocarla contra el Estado, porque no precisaba quién prestaba la garantía, pero el Estado debe reparar los daños: su responsabilidad «es inherente al sistema del Tratado». Requisitos: derechos para particulares, identificables en la directiva, y causalidad. Se repara según el Derecho nacional, en condiciones no menos favorables. Para el Parlamento Europeo no hace falta probar falta.

Las comunidades autónomas y la aplicación del Derecho de la Unión

Según el preámbulo del RD 515/2013, la adhesión de 1986 integró el Derecho comunitario en nuestras fuentes, y la primacía, el efecto directo y la colaboración leal vinculan a todas las Administraciones. Ante las instituciones europeas responde el Reino de España; internamente, cada Administración según sus competencias, y la AGE puede repercutirle la responsabilidad. Base legal: LO 2/2012 (art. 8 y disposición adicional segunda), desarrollada por el RD 515/2013. La Junta desarrolla y ejecuta el Derecho de la Unión en sus materias (art. 235 del Estatuto).

La repercusión de las responsabilidades por incumplimiento: el Real Decreto 515/2013

El RD 515/2013 regula la repercusión de responsabilidades por incumplir el Derecho de la UE; es «una gran novedad» y no es sancionador. Asume la responsabilidad, en la parte imputable, quien con su acción u omisión cause que España sea sancionada (multas del art. 260 TFUE, correcciones financieras, minoración de fondos…). Supuestos: transposición tardía o incorrecta, normas contrarias, falta de ejecución de sentencias… Incumplimiento conjunto: mancomunada en porcentaje o, si no cabe, por partes iguales. Siempre de oficio; pago en dos meses; prescripción a los cuatro años.

La PAC 2023-2027: marco jurídico, objetivos y nuevo modelo de aplicación

La PAC 2023-2027 se basa en tres Reglamentos de 2-12-2021: 2021/2115 (planes estratégicos), 2021/2116 (horizontal: financiación, gestión y seguimiento) y 2021/2117 (modifica la OCM). El 2021/2115 se aplica desde el 1-1-2023; lo modificaron los Reglamentos 2024/1468 y 2025/2649. Novedad: un único plan estratégico por Estado que combina los dos pilares (28 planes; Bélgica tiene dos) y pasa del cumplimiento a los resultados. Según el Ministerio: 3 objetivos generales, 9 específicos y uno transversal; el 40 % del presupuesto, pertinente para el clima.

Los dos pilares de la PAC y sus fondos: FEAGA y FEADER

Primer pilar: FEAGA (pagos directos, intervenciones sectoriales y apoyo al mercado; antes, solo presupuesto de la Unión). Segundo pilar: FEADER (desarrollo rural, cofinanciado por la Unión y los Estados). 2021-2027: 387 000 millones EUR (291 100 FEAGA; 95 500 FEADER, con 8 100 de NextGenerationEU). Gestión compartida con cuatro organismos: autoridad competente, organismos pagadores, organismo de coordinación (si hay más de un pagador) y de certificación. El Reglamento 2025/2649 suprimió la liquidación anual del rendimiento. Reserva agrícola: mínimo 450 millones al año.

El primer pilar: pagos directos, intervenciones sectoriales y condicionalidad

Primer pilar (FEAGA): pagos directos e intervenciones sectoriales. Pagos disociados: ayuda básica a la renta (por hectárea admisible de un agricultor activo; pequeñas explotaciones hasta 3 000 EUR, antes 1 250), ayuda redistributiva (mínimo 10 % de los pagos directos, para pequeñas y medianas), ayuda a jóvenes agricultores (hasta cinco años; al menos 3 %) y ecorregímenes (voluntarios; mínimo 25 %). Asociados: ayuda por hectárea o animal y pago al algodón. Sectoriales: frutas y hortalizas, apícolas, vino, lúpulo, aceite… La condicionalidad (y la social, desde 2025) penaliza incumplimientos.

El segundo pilar: el desarrollo rural y el FEADER

El desarrollo rural es el segundo pilar de la PAC y refuerza el primero (renta y mercado). Tres objetivos a largo plazo: competitividad de agricultura y silvicultura; gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima; desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. Intervenciones en los artículos 69 a 78 del Reglamento 2021/2115 (nueve tipos; EUR-Lex añade un décimo). Del FEADER: al menos 35 % para clima y medio ambiente, al menos 5 % para Leader, como máximo 4 % de asistencia técnica. Contribución: 85, 80, 60 o 43 % según la región. Compromisos de cinco a siete años.

El Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC)

Cada Estado debe tener un Plan Estratégico de la PAC: por primera vez, una estrategia única para todas las intervenciones. El de España (PEPAC) lo aprobó la Comisión el 31-8-2022; la cuarta modificación, en vigor, es de 12-12-2025. Su programación empezó en 2018, en dos fases. Lo elaboró el Ministerio con las comunidades autónomas, que aplican la PAC en su territorio y diseñan las intervenciones territoriales. Gobernanza: RD 1046/2022; el Comité de seguimiento se reúne al menos una vez al año y se constituyó el 15-2-2023.

La política pesquera común: origen y reformas

La pesca entró en el Derecho de la Unión en 1958 como parte de la PAC. En 1970: mercado común, intervención estructural e igualdad de acceso (aguas de doce millas); en 1977, zona económica exclusiva de doscientas millas. En 1983 (Reglamentos 170/83 y 171/83) nació la conservación y gestión: TAC anuales del Consejo, repartidos en cuotas por «estabilidad relativa». Reformas: 1992 (esfuerzo pesquero, licencias), 2002 (planes plurianuales, consejos consultivos) y 2013 (rendimiento máximo sostenible, desembarque, regionalización).

El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 sobre la política pesquera común

El Reglamento (UE) n.º 1380/2013, en vigor desde el 1-1-2014, busca una pesca y acuicultura sostenibles, con criterio de precaución y enfoque ecosistémico. Según EUR-Lex, cuatro pilares: gestión de la pesca, política internacional, mercado y política comercial, y ayuda financiera (FEMPA). Elementos: rendimiento máximo sostenible; TAC anuales según el CIEM y el CCTEP, por estabilidad relativa; obligación de desembarque (2015-2019); planes plurianuales; regionalización. Acceso restringible hasta 12 millas (100 en ultraperiféricas), hasta finales de 2032.

El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)

El FEMPA (Reglamento 2021/1139, 2021-2027) apoya la PPC, la política marítima y la gobernanza de los océanos. Antecedentes: FEOGA (1970), IFOP (1994, introdujo la gestión compartida), FEP (2007-2013) y FEMP (2014-2020). Presupuesto: 6 108 millones EUR; 5 311 (87 %) en gestión compartida, con un programa nacional por Estado, y 797 (13 %) en gestión directa e indirecta. Cuatro prioridades: pesca sostenible, acuicultura, economía azul y gobernanza de los océanos. Al menos el 15 % para control y datos científicos.

El Reglamento de Disposiciones Comunes (UE) 2021/1060: fondos, objetivos y principios

El Reglamento (UE) 2021/1060, en vigor desde el 1-7-2021, fija normas financieras para ocho fondos y disposiciones adicionales para cinco: FEDER, FSE+, Fondo de Cohesión, FTJ y FEMPA (los otros tres: asilo y migración, seguridad interior, y fronteras y visados). FEDER, FSE+, Cohesión y FEMPA apoyan cinco objetivos políticos. Clima: 30 % del gasto de la UE. Principios: gestión compartida, asociación y gobernanza multinivel, y principios horizontales. Acuerdo de asociación y programas en tres meses.

El Reglamento de Disposiciones Comunes: rendimiento, seguimiento, evaluación y gestión

El Reglamento (UE) 2021/1060 regula también la gestión y el control de los fondos. Rendimiento: indicadores, hitos para finales de 2024 y metas para finales de 2029. Seguimiento: comité creado en tres meses desde la aprobación del programa, que se reúne al menos una vez al año. Evaluación: expertos independientes; impacto antes del 30-6-2029; la Comisión evalúa en 2024 y a más tardar el 31-12-2031. Auditoría de la Comisión en tres años. Sin reconocimiento de la ayuda, cancelación de hasta el 3 %. REPowerEU: hasta el 7,5 %.

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

El Fondo Social Europeo fue el primer fondo estructural. En 2021-2027 lo integra el FSE+ (Reglamento 2021/1057), junto con la Iniciativa de Empleo Juvenil, el fondo para las personas más desfavorecidas y el programa EaSI. Dos capítulos: gestión compartida y EaSI (gestión directa e indirecta). Objetivos: empleo elevado, protección social justa e inclusión, e igualdad de oportunidades. Mínimos en gestión compartida: 25 % inclusión social, 3 % más desfavorecidos, 5 % pobreza infantil y 12,5 % empleo juvenil (estos dos, según la tasa de 2017-2019).

El Fondo de Transición Justa (FTJ)

El Fondo de Transición Justa (Reglamento 2021/1056, art. 175 TFUE) apoya a los territorios que se transforman hacia una Unión climáticamente neutra; objetivo específico único: afrontar las repercusiones de la transición hacia 2030 y la neutralidad en 2050. Es el primer pilar del Mecanismo para una Transición Justa (los otros: InvestEU y préstamos al sector público con el BEI). Da sobre todo subvenciones; excluye nuclear, tabaco, fósiles y empresas en crisis. Gestión compartida con planes territoriales. Sin compromiso de neutralidad, 50 % de la asignación. Cofinanciación: 85, 70 o 50 %.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

El MRR (Reglamento 2021/241, en vigor desde el 19-2-2021) es la pieza central de NextGenerationEU. Promueve la cohesión y financia medidas que «no causen un perjuicio significativo» al medio ambiente en seis pilares. Presupuesto: 648 000 millones EUR (357 000 en subvenciones y 291 000 en préstamos); el máximo inicial era de 723 000. Respeta la adicionalidad. Planes nacionales con reformas e inversiones hasta el 31-12-2026: al menos 37 % ecológico y 20 % digital. Se basa en el rendimiento: se paga al cumplir hitos y objetivos, con solicitudes hasta dos veces al año.

NextGenerationEU y el MRR según la Junta de Andalucía

Según la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, el Consejo Europeo creó en 2020 Next Generation EU, el mayor estímulo jamás financiado por la Unión. Se financia con deuda: la Comisión se endeuda en los mercados en nombre de la Unión, y el endeudamiento neto nuevo cesa a más tardar al final de 2026. Dos instrumentos: el MRR y REACT-UE (ejecutado a través del FEDER, el FSE y el fondo para las personas más desfavorecidas); aportó también al FTJ y al FEADER. Reparto por países: 70 % con indicadores previos a la pandemia y 30 % decidido en 2022.