Tema 28 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 21

La acción exterior de la Unión se basa en la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la dignidad humana, la igualdad y solidaridad y el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional, y propicia soluciones multilaterales. Persigue, entre otros fines, defender sus valores y seguridad, mantener la paz, apoyar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo para erradicar la pobreza, integrar a todos los países en la economía mundial y ayudar ante catástrofes. El Consejo y la Comisión, asistidos por el Alto Representante, garantizan su coherencia.

Artículo 22

Basándose en los principios y objetivos del artículo 21, el Consejo Europeo determina los intereses y objetivos estratégicos de la Unión, en la PESC y en otros ámbitos de la acción exterior; sus decisiones pueden referirse a un país, a una región o a un tema, y definen su duración y medios. Se pronuncia por unanimidad, sobre una recomendación del Consejo. El Alto Representante (en la PESC) y la Comisión (en los demás ámbitos) pueden presentar propuestas conjuntas al Consejo.

Artículo 23

La acción de la Unión en la escena internacional prevista en este capítulo (política exterior y de seguridad común) se basará en los principios, perseguirá los objetivos y se realizará de conformidad con las disposiciones generales del capítulo 1. Es decir, la PESC queda sometida a los mismos principios y objetivos generales de toda la acción exterior.

Artículo 24

La competencia de la Unión en la PESC abarca toda la política exterior y la seguridad, incluida la definición progresiva de una política común de defensa que podrá conducir a una defensa común. La PESC tiene reglas propias: la definen y aplican el Consejo Europeo y el Consejo por unanimidad, salvo otra previsión; se excluyen los actos legislativos; la ejecutan el Alto Representante y los Estados; y el Tribunal de Justicia no tiene competencia salvo para el artículo 40 y ciertas decisiones. Los Estados apoyan la PESC con lealtad y solidaridad; el Consejo y el Alto Representante velan por ello.

Artículo 25

La Unión dirige la política exterior y de seguridad común de tres modos: definiendo sus orientaciones generales; adoptando decisiones que establezcan las acciones que va a realizar, las posiciones que va a adoptar y las modalidades de ejecución de esas decisiones; y fortaleciendo la cooperación sistemática entre los Estados miembros para llevar a cabo sus políticas.

Artículo 26

El Consejo Europeo determina los intereses estratégicos, fija los objetivos y define las orientaciones generales de la PESC, también en defensa, y adopta las decisiones necesarias. Si un acontecimiento internacional lo exige, su Presidente convoca una reunión extraordinaria para definir las líneas estratégicas. El Consejo elabora la PESC y adopta las decisiones para definirla y aplicarla. El Consejo y el Alto Representante velan por su unidad, coherencia y eficacia, y la ejecutan el Alto Representante y los Estados miembros.

Artículo 27

El Alto Representante preside el Consejo de Asuntos Exteriores, hace propuestas de PESC y ejecuta las decisiones del Consejo Europeo y del Consejo. Representa a la Unión en la PESC y dirige el diálogo político con terceros. Se apoya en un servicio europeo de acción exterior, formado por funcionarios de la Secretaría General del Consejo y de la Comisión y por personal de los servicios diplomáticos nacionales; su organización la fija una decisión del Consejo, a propuesta del Alto Representante, previa consulta al Parlamento y previa aprobación de la Comisión.

Artículo 28

Cuando una situación internacional exija una acción operativa, el Consejo adopta las decisiones necesarias (objetivos, alcance, medios, condiciones y, si procede, duración) y las revisa si cambian las circunstancias. Son vinculantes para los Estados. Un Estado que planee actuar en aplicación de ellas informará a tiempo para una concertación previa, salvo mera transposición. En caso de imperiosa necesidad los Estados pueden adoptar medidas urgentes e informar inmediatamente al Consejo. Si un Estado tiene dificultades importantes, pedirá al Consejo que delibere y busque soluciones.

Artículo 29

El Consejo adopta decisiones que definen el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático. Los Estados miembros deben velar por que sus políticas nacionales sean conformes con esas posiciones de la Unión.

Artículo 30

Cualquier Estado miembro, el Alto Representante o el Alto Representante con apoyo de la Comisión puede plantear al Consejo cuestiones de PESC y presentar, respectivamente, iniciativas o propuestas. Si se requiere una decisión rápida, el Alto Representante convoca, de oficio o a petición de un Estado, una reunión extraordinaria del Consejo en cuarenta y ocho horas o, en caso de necesidad absoluta, en un plazo más breve.

Artículo 31

En la PESC, el Consejo Europeo y el Consejo deciden por unanimidad, sin actos legislativos. Quien se abstiene con declaración formal no aplica la decisión, pero admite que vincula a la Unión; si los abstencionistas representan al menos un tercio de los Estados con un tercio de la población, no se adopta. Por excepción, el Consejo decide por mayoría cualificada en los casos del apartado 2, salvo oposición por motivos vitales de política nacional; el Consejo Europeo puede ampliarlos por unanimidad, nunca en lo militar o de defensa. Las cuestiones de procedimiento, por mayoría de miembros.

Artículo 32

Los Estados se consultan en el Consejo Europeo y en el Consejo sobre cuestiones de PESC de interés general para definir un enfoque común, y antes de actuar en la escena internacional o asumir compromisos que afecten a la Unión consultan a los demás. Establecido un enfoque común, el Alto Representante y los Ministros de Asuntos Exteriores coordinan su actuación en el Consejo. Las misiones diplomáticas de los Estados y las delegaciones de la Unión cooperan y contribuyen a formular y aplicar ese enfoque común.

Artículo 33

El Consejo puede designar, a propuesta del Alto Representante, un representante especial con mandato sobre cuestiones políticas concretas. Ese representante especial ejerce su mandato bajo la autoridad del Alto Representante.

Artículo 34

Los Estados coordinan su acción en organizaciones y conferencias internacionales y defienden allí las posiciones de la Unión; el Alto Representante organiza esa coordinación. Los que participen donde no estén todos mantienen informados a los demás y al Alto Representante. Los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se conciertan, informan a los demás y al Alto Representante y defienden las posiciones de la Unión; si la Unión tiene posición sobre un tema del orden del día, pedirán que se invite al Alto Representante a presentarla.

Artículo 35

Las misiones diplomáticas y consulares de los Estados, las delegaciones de la Unión en terceros países y conferencias internacionales, y sus representaciones ante organizaciones internacionales cooperan para garantizar el respeto y la ejecución de las decisiones PESC. Intensifican su cooperación intercambiando información y haciendo valoraciones comunes, y contribuyen a aplicar el derecho de los ciudadanos de la Unión a la protección en terceros países.

Artículo 36

El Alto Representante consulta periódicamente al Parlamento Europeo sobre los aspectos principales y opciones fundamentales de la PESC y de la política común de seguridad y defensa, le informa de su evolución y vela por que se tengan en cuenta sus opiniones. El Parlamento puede dirigir preguntas o recomendaciones al Consejo y al Alto Representante, y dos veces al año debate los progresos de la PESC, incluida la política común de seguridad y defensa.

Artículo 37

Artículo 38

El Comité Político y de Seguridad sigue la situación internacional en la PESC y contribuye a definirla con dictámenes dirigidos al Consejo, a instancia del Consejo, del Alto Representante o por propia iniciativa; supervisa la ejecución de las políticas acordadas, sin perjuicio de las competencias del Alto Representante. Bajo la responsabilidad del Consejo y del Alto Representante, ejerce el control político y la dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis del artículo 43, y el Consejo puede autorizarle a adoptar decisiones sobre ellas mientras dure la operación.

Artículo 39

De conformidad con el artículo 16 del TFUE, y no obstante lo dispuesto en su apartado 2, el Consejo adopta una decisión que fija las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos personales por los Estados miembros en las actividades del ámbito de la PESC, y sobre la libre circulación de esos datos. El respeto de esas normas queda sometido al control de autoridades independientes.

Artículo 40

Cláusula de no afectación recíproca. La ejecución de la PESC no afecta a la aplicación de los procedimientos ni al alcance de las atribuciones de las instituciones previstos en los Tratados para las competencias de la Unión de los artículos 3 a 6 del TFUE. Y, a la inversa, la ejecución de esas políticas no afecta a los procedimientos ni a las atribuciones previstos para las competencias de la Unión en virtud del capítulo de la PESC.

Artículo 41

Los gastos administrativos de la PESC van al presupuesto de la Unión; los operativos también, salvo los de operaciones con repercusiones militares o de defensa y lo que el Consejo decida por unanimidad. Si no van al presupuesto, los pagan los Estados según una clave basada en el PNB, salvo decisión unánime del Consejo; en lo militar, no están obligados quienes hicieron la declaración formal del artículo 31.1, párrafo segundo. Los preparativos no imputados al presupuesto se pagan con un fondo inicial, cuyas reglas fija el Consejo por mayoría cualificada a propuesta del Alto Representante.

Artículo 42

La PCSD forma parte de la PESC y da a la Unión capacidad operativa civil y militar para misiones fuera de la Unión, apoyada en capacidades de los Estados. Conducirá a una defensa común cuando el Consejo Europeo lo decida por unanimidad. Respeta la OTAN y la especificidad de algunos Estados. La Agencia Europea de Defensa determina necesidades operativas. El Consejo decide por unanimidad, a propuesta del Alto Representante o de un Estado miembro. Prevé misiones de grupos de Estados, la cooperación estructurada permanente y la ayuda a un Estado objeto de agresión armada.

Artículo 43

Las misiones del artículo 42.1, con medios civiles y militares, abarcan: desarme, misiones humanitarias y de rescate, asesoramiento y asistencia militar, prevención de conflictos y mantenimiento de la paz, y fuerzas de combate para gestión de crisis (incluido el restablecimiento de la paz y la estabilización tras conflictos). Todas pueden contribuir a la lucha contra el terrorismo. El Consejo decide sobre ellas y el Alto Representante, bajo su autoridad y en contacto con el Comité Político y de Seguridad, coordina sus aspectos civiles y militares.

Artículo 44

En el marco de las decisiones del artículo 43, el Consejo puede encomendar una misión a un grupo de Estados miembros que lo deseen y tengan las capacidades necesarias. Esos Estados acuerdan entre ellos la gestión de la misión, en asociación con el Alto Representante. Informan periódicamente al Consejo, por propia iniciativa o a petición de un Estado miembro, y le comunican de inmediato si la misión acarrea consecuencias importantes o exige modificar su objetivo, alcance o condiciones; entonces el Consejo adopta las decisiones necesarias.

Artículo 45

La Agencia Europea de Defensa está bajo la autoridad del Consejo. Su misión: contribuir a definir los objetivos de capacidades militares y evaluar los compromisos; armonizar necesidades operativas y métodos de adquisición; proponer proyectos multilaterales y coordinar programas; apoyar la investigación en tecnología de defensa; y reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa. Pueden participar todos los Estados que lo deseen. El Consejo fija por mayoría cualificada su estatuto, sede y funcionamiento. Dentro hay grupos específicos de Estados con proyectos conjuntos.

Artículo 46

Los Estados que quieran entrar en la cooperación estructurada permanente y cumplan el Protocolo lo notifican al Consejo y al Alto Representante. En tres meses desde la notificación, el Consejo la establece y fija la lista de participantes por mayoría cualificada, tras consultar al Alto Representante. Las incorporaciones posteriores y la suspensión se deciden también por mayoría cualificada, votando solo los participantes (en la suspensión, sin el afectado). Quien sale lo notifica al Consejo, que toma nota. Lo demás, por unanimidad de los participantes.

Artículo 38

La Unión define y aplica una política común de agricultura y pesca. El mercado interior abarca agricultura, pesca y comercio de productos agrícolas. Productos agrícolas son los de la tierra, la ganadería y la pesca, y los de primera transformación directamente relacionados; «agrícola» incluye la pesca. Salvo lo dispuesto en los artículos 39 a 44, las normas del mercado interior se aplican a los productos agrícolas; esos artículos rigen para los productos del anexo I. El mercado interior agrícola se acompaña de una política agrícola común.

Artículo 39

Objetivos de la PAC: a) incrementar la productividad agrícola (progreso técnico, desarrollo racional de la producción, empleo óptimo de factores, en particular de la mano de obra); b) garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial aumentando la renta individual; c) estabilizar los mercados; d) garantizar la seguridad de los abastecimientos; e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables. Al elaborarla se tienen en cuenta las características de la actividad agrícola, la necesidad de adaptaciones graduales y su vínculo con el conjunto de la economía.

Artículo 40

Para los objetivos del artículo 39 se crea una organización común de los mercados agrícolas que, según los productos, adopta una de tres formas: normas comunes sobre la competencia; coordinación obligatoria de las organizaciones nacionales de mercado; u organización europea del mercado. Puede incluir regulación de precios, subvenciones, almacenamiento y estabilización de intercambios; debe limitarse a esos objetivos y excluir toda discriminación. Los precios, con criterios comunes y métodos uniformes. Pueden crearse uno o más fondos de orientación y garantía agrícolas.

Artículo 41

Para alcanzar los objetivos del artículo 39 pueden preverse en la PAC medidas como: a) una eficaz coordinación de los esfuerzos en formación profesional, investigación y divulgación de conocimientos agronómicos, que puede comprender proyectos o instituciones financiados en común; b) acciones comunes para el desarrollo del consumo de determinados productos.

Artículo 42

Las normas sobre la competencia solo se aplican a la producción y comercio de productos agrícolas en la medida que determinen el Parlamento Europeo y el Consejo, conforme al procedimiento del artículo 43.2 y teniendo en cuenta los objetivos del artículo 39. El Consejo, a propuesta de la Comisión, puede autorizar ayudas para proteger explotaciones desfavorecidas por condiciones estructurales o naturales y en el marco de programas de desarrollo económico.

Artículo 43

La Comisión presenta propuestas sobre la PAC, incluida la sustitución de organizaciones nacionales por la organización común. El Parlamento y el Consejo, por procedimiento ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, establecen la organización común de mercados y las demás disposiciones necesarias. El Consejo, a propuesta de la Comisión, adopta medidas sobre precios, exacciones, ayudas, limitaciones cuantitativas y fijación y reparto de posibilidades de pesca. La sustitución exige garantías a los Estados que se opongan y condiciones análogas a un mercado nacional.

Artículo 44

Si en un Estado un producto está sujeto a una organización nacional de mercado o regulación de efecto equivalente que afecte a la competencia de una producción similar en otro Estado, los Estados aplican un gravamen compensatorio a la entrada del producto procedente de aquel Estado, salvo que este ya aplique uno a la salida. La Comisión fija el importe de los gravámenes en la medida necesaria para restablecer el equilibrio y puede autorizar otras medidas.

Artículo 101

Prohíbe, por incompatibles con el mercado interior, los acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones y prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre Estados miembros y tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia (fijar precios, limitar la producción, repartirse mercados, condiciones desiguales, prestaciones suplementarias). Son nulos de pleno derecho. Pueden declararse inaplicables si mejoran la producción o el progreso, dan a los usuarios parte equitativa del beneficio y no imponen restricciones no indispensables ni eliminan la competencia.

Artículo 102

Es incompatible con el mercado interior y está prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre Estados miembros, la explotación abusiva por una o más empresas de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial de él. Son prácticas abusivas, en particular: imponer precios u otras condiciones no equitativas, limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores, aplicar condiciones desiguales a prestaciones equivalentes y subordinar contratos a prestaciones suplementarias sin relación con su objeto.

Artículo 103

El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adopta los reglamentos o directivas para aplicar los principios de los artículos 101 y 102. Esas disposiciones tienen por objeto: garantizar las prohibiciones con multas y multas coercitivas; determinar cómo se aplica la excepción del artículo 101.3, conjugando vigilancia eficaz y control administrativo simplificado; precisar su ámbito por sectores; definir las funciones de la Comisión y del Tribunal de Justicia; y definir las relaciones con las legislaciones nacionales.

Artículo 104

Mientras no entren en vigor las disposiciones adoptadas en aplicación del artículo 103, son las autoridades de los Estados miembros las que deciden sobre la admisibilidad de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas y sobre la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado interior. Lo hacen conforme a su propio Derecho y a las disposiciones del artículo 101, en particular su apartado 3, y del artículo 102.

Artículo 105

Sin perjuicio del artículo 104, la Comisión vela por la aplicación de los artículos 101 y 102. A instancia de un Estado o de oficio, y con la asistencia de las autoridades nacionales, investiga las supuestas infracciones y, si las comprueba, propone medidas para ponerles fin. Si no cesan, las hace constar mediante decisión motivada, que puede publicar, y puede autorizar a los Estados a adoptar medidas para remediarlas. Puede adoptar reglamentos sobre categorías de acuerdos regulados por el Consejo conforme al artículo 103.2.b).

Artículo 106

Los Estados no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y de las que tengan derechos especiales o exclusivos, medidas contrarias a los Tratados. Las empresas que gestionan servicios de interés económico general o son monopolio fiscal quedan sometidas a los Tratados y a las normas de competencia en la medida en que su aplicación no impida, de hecho o de derecho, su misión específica, sin afectar a los intercambios contra el interés de la Unión. La Comisión vela por ello y dirige a los Estados directivas o decisiones.

Artículo 107

Salvo que los Tratados digan otra cosa, son incompatibles con el mercado interior las ayudas de Estado que falseen o amenacen falsear la competencia y afecten a los intercambios entre Estados. Son compatibles: las sociales a consumidores sin discriminación por origen, las que reparan desastres naturales o acontecimientos excepcionales y las de regiones alemanas afectadas por la división. Pueden considerarse compatibles: las de regiones con nivel de vida anormalmente bajo, proyectos de interés común europeo, actividades o regiones, cultura y patrimonio, y las que determine el Consejo.

Artículo 108

La Comisión examina permanentemente las ayudas existentes. Si comprueba que una ayuda es incompatible o abusiva, decide que el Estado la suprima o modifique en el plazo que fije; si no cumple, la Comisión o cualquier Estado interesado puede recurrir directamente al Tribunal de Justicia. El Consejo, por unanimidad y a petición de un Estado, puede declararla compatible en circunstancias excepcionales; si no se pronuncia en tres meses, decide la Comisión. Los proyectos de ayuda se comunican a la Comisión y no se ejecutan antes de la decisión definitiva.

Artículo 109

El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, puede adoptar los reglamentos apropiados para aplicar los artículos 107 y 108. En particular, puede determinar las condiciones de aplicación del apartado 3 del artículo 108 y las categorías de ayudas que quedan excluidas de ese procedimiento.

Artículo 119

Para los fines del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, la acción de Estados y Unión incluye una política económica basada en la estrecha coordinación de las políticas nacionales, el mercado interior y objetivos comunes, conforme a una economía de mercado abierta y de libre competencia. Supone también una moneda única, el euro, y una política monetaria y de tipos de cambio única cuyo objetivo primordial es la estabilidad de precios. Principios rectores: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable.

Artículo 120

Los Estados miembros llevan a cabo sus políticas económicas para contribuir a los objetivos de la Unión del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y en el marco de las orientaciones generales del apartado 2 del artículo 121. Estados y Unión actúan respetando una economía de mercado abierta y de libre competencia, favoreciendo una eficiente asignación de recursos y conforme a los principios del artículo 119.

Artículo 121

Los Estados coordinan sus políticas económicas en el Consejo. El Consejo, sobre recomendación de la Comisión, elabora un proyecto de orientaciones generales e informa al Consejo Europeo, que debate conclusiones; con ellas, el Consejo adopta la recomendación con las orientaciones e informa al Parlamento. El Consejo supervisa, con informes de la Comisión, la evolución económica. Si un Estado se aparta, la Comisión puede advertirle y el Consejo recomendarle, sin el voto de ese Estado. El Parlamento y el Consejo pueden regular la supervisión por reglamentos.

Artículo 122

El Consejo, a propuesta de la Comisión y con espíritu de solidaridad, puede decidir medidas adecuadas a la situación económica, en particular ante dificultades graves de suministro de productos, sobre todo energéticos. Si un Estado sufre dificultades, o serio riesgo de dificultades graves, por catástrofes naturales o hechos excepcionales que no puede controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, puede acordar en determinadas condiciones una ayuda financiera de la Unión; su Presidente informa al Parlamento Europeo.

Artículo 123

El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales no pueden autorizar descubiertos ni conceder ningún otro crédito a instituciones, órganos u organismos de la Unión, Gobiernos centrales, autoridades regionales, locales u otras públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados, ni adquirirles directamente instrumentos de deuda. No se aplica a las entidades de crédito públicas, que en la provisión de reservas deben recibir el mismo trato que las privadas.

Artículo 124

Se prohíbe toda medida que, sin basarse en consideraciones prudenciales, dé un acceso privilegiado a las entidades financieras a las instituciones, órganos u organismos de la Unión, Gobiernos centrales, autoridades regionales, locales u otras públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros.

Artículo 125

Ni la Unión ni los Estados miembros asumen ni responden de los compromisos de Gobiernos centrales, autoridades regionales, locales u otras públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de un Estado miembro (otro Estado, en el caso de los Estados), sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para proyectos específicos conjuntos. El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, puede especificar las definiciones para aplicar las prohibiciones de los artículos 123, 124 y 125.

Artículo 126

Los Estados deben evitar déficits excesivos. La Comisión vigila la disciplina presupuestaria con dos criterios (déficit y deuda sobre el PIB frente a valores de referencia del Protocolo) y, si no se cumplen o hay riesgo, elabora un informe; el Comité Económico y Financiero dictamina sobre él. El Consejo, a propuesta de la Comisión, decide si hay déficit excesivo y dirige recomendaciones, que puede hacer públicas, advertencias y medidas como depósitos o multas, sin el voto del Estado afectado. No cabe el recurso de los artículos 258 y 259 en los apartados 1 a 9.

Artículo 127

El objetivo principal del SEBC es la estabilidad de precios; sin perjuicio de ello, apoya las políticas económicas generales de la Unión. Sus funciones básicas son definir y ejecutar la política monetaria, realizar operaciones de divisas, poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas y promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. El BCE debe ser consultado sobre propuestas de actos de la Unión y proyectos nacionales de su competencia. El Consejo, por unanimidad, puede encomendarle tareas de supervisión prudencial, salvo de empresas de seguros.

Artículo 128

El BCE tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en euros; pueden emitirlos el BCE y los bancos centrales nacionales, y solo esos billetes son de curso legal en la Unión. Los Estados miembros pueden emitir moneda metálica en euros con aprobación del BCE en cuanto al volumen. El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al BCE, puede armonizar valores nominales y especificaciones técnicas de las monedas.

Artículo 129

El SEBC lo dirigen los órganos rectores del BCE: el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo. Los Estatutos del SEBC y del BCE figuran en un Protocolo anejo a los Tratados. Algunos de sus artículos pueden modificarlos el Parlamento Europeo y el Consejo por procedimiento ordinario, sobre recomendación del BCE y consulta a la Comisión o a propuesta de la Comisión y consulta al BCE. Otras disposiciones de los Estatutos las adopta el Consejo por cualquiera de esas dos vías, consultando también al Parlamento Europeo.

Artículo 130

En el ejercicio de sus funciones, ni el BCE, ni los bancos centrales nacionales, ni ningún miembro de sus órganos rectores pueden solicitar o aceptar instrucciones de instituciones, órganos u organismos de la Unión, de los Gobiernos de los Estados miembros ni de ningún otro órgano. Las instituciones de la Unión y los Gobiernos se comprometen a respetarlo y a no intentar influir en los miembros de esos órganos rectores.

Artículo 131

Cada Estado miembro debe velar por que su legislación nacional, incluidos los Estatutos de su banco central nacional, sea compatible con los Tratados y con los Estatutos del SEBC y del BCE.

Artículo 132

Para ejercer las funciones del SEBC, el BCE elabora reglamentos en los casos previstos, toma las decisiones necesarias y formula recomendaciones y emite dictámenes. Puede decidir hacer públicos sus decisiones, recomendaciones y dictámenes. Dentro de los límites y condiciones que fije el Consejo, puede imponer multas y pagos periódicos de penalización a las empresas que incumplan sus reglamentos y decisiones.

Artículo 133

Sin perjuicio de las atribuciones del BCE, el Parlamento Europeo y el Consejo establecen, por el procedimiento legislativo ordinario, las medidas necesarias para utilizar el euro como moneda única. Esas medidas se adoptan previa consulta al Banco Central Europeo.

Artículo 134

Se crea el Comité Económico y Financiero para coordinar las políticas de los Estados en lo necesario para el mercado interior. Emite dictámenes, sigue e informa de la situación económica y financiera, colabora en la preparación de trabajos del Consejo y examina al menos una vez al año los movimientos de capitales y la libertad de pagos. Estados, Comisión y BCE designan cada uno hasta dos miembros. El Consejo fija las normas de su composición. Si hay Estados con excepción, supervisa su situación monetaria y financiera.

Artículo 135

En determinados asuntos de política económica y monetaria que el artículo enumera, el Consejo o un Estado miembro pueden pedir a la Comisión que presente una recomendación o una propuesta, según proceda. La Comisión examina la solicitud y presenta sin demora sus conclusiones al Consejo.

Artículo 136

Para el buen funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo adopta, por los procedimientos de los artículos 121 y 126 (salvo el del apartado 14 del 126), medidas para los Estados cuya moneda es el euro: reforzar la coordinación y supervisión de su disciplina presupuestaria y elaborar y vigilar sus orientaciones de política económica, compatibles con las de la Unión. Solo votan los miembros del Consejo de esos Estados. Los Estados del euro pueden crear un mecanismo de estabilidad, con ayudas sujetas a condiciones estrictas.

Artículo 137

Artículo 138

Para garantizar la posición del euro en el sistema monetario internacional, el Consejo, a propuesta de la Comisión, adopta una decisión con posiciones comunes en las instituciones y conferencias financieras internacionales sobre cuestiones de especial interés para la unión económica y monetaria, y puede adoptar medidas para una representación única en ellas. En ambos casos se pronuncia previa consulta al BCE, y solo votan los miembros del Consejo de los Estados cuya moneda es el euro.

Artículo 139

Son «Estados miembros acogidos a una excepción» aquellos sobre los que el Consejo no ha decidido que cumplen las condiciones para adoptar el euro. No se les aplican, entre otras, las disposiciones sobre emisión del euro, actos del BCE, utilización del euro, objetivos y funciones del SEBC o medios estrictos contra el déficit excesivo. Quedan excluidos, con sus bancos centrales, de los derechos y obligaciones del SEBC, y sus votos en el Consejo se suspenden en esas materias y en otras recomendaciones y medidas para la zona del euro.

Artículo 140

Al menos cada dos años, o a petición de un Estado con excepción, la Comisión y el BCE informan al Consejo de sus avances hacia la unión económica y monetaria: compatibilidad de su legislación y de los Estatutos de su banco central, y convergencia según cuatro criterios (inflación próxima a la de, como máximo, los tres Estados más eficaces; finanzas sin déficit excesivo; dos años como mínimo en los márgenes del mecanismo de cambio sin devaluar; tipos de interés a largo plazo). El Consejo decide qué excepciones suprime y fija irrevocablemente el tipo de conversión.

Artículo 141

Mientras haya Estados acogidos a una excepción, el Consejo General del BCE se constituye como tercer órgano decisorio del Banco Central Europeo. Respecto de esos Estados, el BCE refuerza la cooperación entre bancos centrales nacionales y la coordinación de políticas monetarias, supervisa el mecanismo de tipos de cambio, celebra consultas sobre estabilidad de entidades y mercados financieros y ejerce las antiguas funciones del Fondo Europeo de Cooperación Monetaria, asumidas antes por el Instituto Monetario Europeo.

Artículo 142

Cada Estado miembro acogido a una excepción debe considerar su política de cambio como una cuestión de interés común. Al hacerlo, los Estados miembros tendrán en cuenta las experiencias adquiridas mediante la cooperación en el marco del mecanismo de tipos de cambio.

Artículo 143

Ante dificultades graves en la balanza de pagos de un Estado acogido a una excepción, la Comisión examina sin demora su situación y le recomienda medidas. Si no bastan, recomienda al Consejo, previa consulta al Comité Económico y Financiero, una asistencia mutua. El Consejo la concede (acción concertada ante organizaciones internacionales, medidas contra desviaciones del tráfico comercial o créditos limitados de otros Estados que consientan). Si no la aprueba o es insuficiente, la Comisión autoriza medidas de salvaguardia, que el Consejo puede revocar o modificar.

Artículo 144

Ante una crisis súbita de balanza de pagos, si no se decide de inmediato la asistencia mutua del artículo 143.2, el Estado acogido a una excepción puede adoptar cautelarmente medidas de salvaguardia, con la menor perturbación posible del mercado interior y sin más alcance del indispensable. Debe informar a la Comisión y a los demás Estados, a más tardar, al entrar en vigor las medidas. La Comisión puede recomendar asistencia mutua al Consejo, y este, previa recomendación de la Comisión y consulta al Comité Económico y Financiero, puede decidir que se modifiquen, suspendan o supriman.

Los primeros Tratados: la CECA y los Tratados de Roma

El llamamiento de Robert Schuman (9 de mayo de 1950) es el punto de partida de la Europa comunitaria. El Tratado de París (firmado el 18-4-1951, en vigor el 23-7-1952) creó la CECA entre seis países, con Alta Autoridad, Asamblea Parlamentaria, Consejo de Ministros, Tribunal de Justicia y Comité Consultivo; duraba 50 años y expiró el 23-7-2002. La CED de René Pleven fracasó en 1954 y la Conferencia de Mesina (1955) relanzó el proceso. Los Tratados de Roma (25-3-1957, en vigor el 1-1-1958) crearon la CEE y el Euratom por tiempo indefinido.

Del Tratado de Fusión al Acta Única Europea

Primeras modificaciones: Tratado de Fusión (8-4-1965, en vigor en 1967), Consejo y Comisión únicos y unidad presupuestaria; Decisión de 21-4-1970, recursos propios; Tratado de Luxemburgo (22-4-1970), competencias presupuestarias al Parlamento; Tratado de Bruselas (22-7-1975), derecho a rechazar el presupuesto, aprobar la gestión de la Comisión y Tribunal de Cuentas; Acto de 1976, sufragio universal directo. Ampliaciones de 1973, 1981 y 1986. El Acta Única (firmada en febrero de 1986, en vigor el 1-7-1987) previó el mercado interior para el 1-1-1993.

Los Tratados de Maastricht y Ámsterdam

El TUE, firmado en Maastricht el 7-2-1992 y en vigor el 1-11-1993, fundó la Unión sobre las Comunidades, con marco institucional único, creó el Comité de las Regiones y dio paso al SEBC y al BCE. Tres pilares: Comunidades Europeas (1.º), PESC (2.º, título V) y JAI (3.º, título VI); el 2.º y el 3.º eran intergubernamentales. El Tratado de Ámsterdam (firmado el 2-10-1997, en vigor el 1-5-1999) coordinó el empleo, comunitarizó materias del tercer pilar e integró Schengen, amplió la codecisión, previó la cooperación reforzada y limitó el Parlamento a 700 diputados.

El Tratado de Niza y el Tratado constitucional

El Tratado de Niza (firmado el 26-2-2001, en vigor el 1-2-2003) resolvió los «restos de Ámsterdam» para preparar la ampliación: nueva ponderación de votos con «red de seguridad» del 62 % de la población, un comisario por Estado desde 2005, máximo de 732 diputados, Tribunal en Salas, Gran Sala o Pleno, cooperación reforzada en los tres pilares, «riesgo claro» del art. 7 TUE (cuatro quintos del Consejo) y Carta no vinculante. La Convención de Laeken (Giscard d'Estaing, 105 miembros) elaboró la Constitución, aprobada el 18-6-2004 y abandonada tras los «no» de Francia y Países Bajos en 2005.

El Tratado de Lisboa: estructura, competencias y naturaleza de la Unión

El Tratado de Lisboa (13-12-2007, en vigor el 1-12-2009) tiene 37 protocolos y 65 declaraciones y da lugar al TUE y al TFUE. Codifica tres tipos de competencias: exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento. Novedades: personalidad jurídica de la Unión, retirada (art. 50 TUE, dos años prorrogables), primacía en la Declaración 17, Carta vinculante, iniciativa ciudadana (un millón de ciudadanos de al menos siete Estados), Consejo Europeo como institución con presidente elegido por treinta meses renovable una vez y procedimiento legislativo ordinario ampliado de 40 a 85 ámbitos.

El proceso de ampliación y las ampliaciones sucesivas

Cualquier Estado europeo que respete los valores de la Unión puede pedir el ingreso. Criterios de Copenhague (1993): instituciones estables democráticas, economía de mercado viable y capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión. El Consejo Europeo da el estatuto de candidato por unanimidad; el tratado exige aprobación del Parlamento, unanimidad del Consejo y ratificación. Adhesiones: 1958 (seis fundadores), 1973 (Dinamarca, Irlanda, Reino Unido), 1981 (Grecia), 1986 (España, Portugal), 1995 (Austria, Finlandia, Suecia), 2004 (diez), 2007 (Bulgaria, Rumanía) y 2013 (Croacia).

El Comité Europeo de las Regiones

El Comité Europeo de las Regiones (1994) es un órgano consultivo de las entidades regionales y locales; sus miembros actúan sin mandato imperativo. Tiene 329 miembros y otros tantos suplentes (21 de España), nombrados por el Consejo por unanimidad, a propuesta de cada Estado, por cinco años renovables, con mandato electoral o responsabilidad ante una asamblea elegida. Presidente y Mesa por dos años y medio; seis comisiones. Consulta obligatoria o facultativa y dictámenes de iniciativa, no vinculantes; puede recurrir ante el Tribunal de Justicia. España: 17 miembros autonómicos y 4 locales.

La cooperación territorial europea y las AECT

La cooperación territorial europea es uno de los dos objetivos de la política de cohesión desde 1990 (art. 178 TFUE), regulada en 2021-2027 por el Reglamento Interreg y financiada por el FEDER. Capítulos: A transfronteriza (regiones NUTS 3 fronterizas), B transnacional, C interregional (paneuropea, buenas prácticas) y D regiones ultraperiféricas; unos 8 000 millones EUR. Las AECT reúnen miembros de al menos dos Estados, tienen personalidad jurídica, convenio unánime y al menos asamblea y director; no reciben competencias reguladoras. Andalucía forma la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

La nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)

La NUTS (Reglamento 1059/2003) es el marco de las estadísticas regionales de la Unión, elaborado con Eurostat. Es jerárquica, con tres niveles: NUTS 1 (entre 3 y 7 millones de habitantes), NUTS 2 (entre 800 000 y 3 millones) y NUTS 3 (entre 150 000 y 800 000). El primer criterio son las unidades administrativas existentes (en España, las comunidades y ciudades autónomas son NUTS 2); si no las hay del tamaño adecuado se agregan «unidades no administrativas». La NUTS 2021 tiene 92 regiones NUTS 1, 242 NUTS 2 y 1 166 NUTS 3, y solo puede modificarse una vez cada tres años.

Las comunidades autónomas y las instituciones europeas

Las comunidades autónomas participan en los asuntos europeos sobre todo a través de la CARUE (primera reunión en 1989; antes CARCE, nombre cambiado el 15-4-2010). El Acuerdo de 1994 abrió la «fase ascendente» (formación de la voluntad estatal), pues hasta entonces solo intervenían en la «fase descendente» (ejecución). La Ley 2/1997 dio rango de ley a la Conferencia. Los Acuerdos de 9-12-2004 abrieron cuatro formaciones del Consejo y una Consejería autonómica en la REPER. Un consejero autonómico se integra en la delegación española y representa a todas, por un semestre como mínimo.

La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea

El artículo 236 del Estatuto prevé una Delegación Permanente de la Junta en la Unión Europea; la de Bruselas se creó por el Decreto 164/1995. La Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea impulsa la Estrategia 2025-2030 y la participación en el Comité de las Regiones; de ella dependen la Dirección General de Unión Europea y la de Andalucía Global. La Delegación se adscribe a través de la Secretaría General de la Presidencia, y la agencia TRADE le provee medios personales y materiales.

El mercado interior y la política de competencia

El Acta Única definió el mercado interior como un espacio sin fronteras interiores con libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales; el mercado único se creó en 1993. Hitos: sentencias Dassonville (concepto amplio de medida restrictiva) y Cassis de Dijon (reconocimiento mutuo), Libro Blanco de 1985 y Espacio Económico Europeo (1994). Competencia: art. 101 (acuerdos y cárteles), art. 102 (abuso de posición dominante, que no es ilícita en sí), control de concentraciones y art. 107 (ayudas estatales). La aplica sobre todo la Comisión.

Otras políticas comunes: comercial, transportes, medio ambiente y social

La política comercial es competencia exclusiva, con el Parlamento como colegislador. La de transportes es compartida; su legislación común no se abrió hasta la sentencia de 22-5-1985. La medioambiental obtuvo su primera base jurídica con el Acta Única (1987), fue ámbito oficial con Maastricht, se integró en todas las políticas con Ámsterdam y Lisboa priorizó el clima; principios: precaución, prevención, corrección en la fuente y «quien contamina paga». La social: Roma (igualdad retributiva, FSE), Ámsterdam (Estrategia de Empleo) y pilar europeo de derechos sociales (2017).

El Sistema Monetario Europeo y las fases de la unión económica y monetaria

La Cumbre de La Haya (1969) fijó como objetivo la UEM; el plan Werner fracasó por el colapso de Bretton Woods y en 1972 se creó la «serpiente en el túnel». El SME (1978) usó tipos fijos pero ajustables. El informe Delors (1989) propuso tres etapas, que Maastricht fijó: fase 1 (1-7-1990 a 31-12-1993), libre circulación de capitales; fase 2 (1-1-1994 a 31-12-1998), convergencia e Instituto Monetario Europeo; fase 3 (desde 1-1-1999), política monetaria común y euro. Veintiuno de los veintisiete Estados usan el euro; Dinamarca tiene cláusula de excepción propia. El MEDE se creó en 2012.

El euro: criterios de convergencia e instituciones

Para adoptar el euro hay que adaptar la legislación y cumplir cuatro criterios (Maastricht, 1991): inflación no superior en más de 1,5 puntos a la de los tres mejores; no estar en procedimiento de déficit excesivo; tipo de interés a largo plazo no superior en más de dos puntos; y al menos dos años en el MTC II sin devaluación. El BCE (1-6-1998, Fráncfort) tiene Consejo de Gobierno (órgano supremo, formula la política monetaria), Comité Ejecutivo (seis miembros, ocho años no renovables, la ejecuta) y Consejo General. Objetivo principal: estabilidad de precios (2 % a medio plazo).

La política de cohesión y los fondos estructurales

La política de cohesión (arts. 174 a 178 TFUE) busca la cohesión económica, social y territorial y absorbe cerca de un tercio del presupuesto. Cronología: 1957, FSE y FEOGA (Tratado de Roma); 1975, FEDER; 1986, cohesión económica y social con el Acta Única; 1994, Fondo de Cohesión; Lisboa añade la cohesión territorial; 2020, Fondo de Transición Justa. Cuatro principios de asignación y dos objetivos. En 2021-2027 hay cinco objetivos estratégicos (más inteligente, más verde, más conectada, más social y más próxima) y 322 300 millones para crecimiento y empleo.

El FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE+ en 2021-2027

El FEDER (art. 176 TFUE, 1975; Reglamento 2021/1058) clasifica las regiones por PIB per cápita: más desarrolladas (más del 100 %, cofinanciación hasta el 50 %), en transición (75-100 %, hasta el 60 %) y menos desarrolladas (menos del 75 %, hasta el 85 %). Concentración: al menos 30 % al objetivo verde y 8 % al desarrollo urbano sostenible; no financia nucleares, aeropuertos (salvo ultraperiferia), vertederos ni tabaco. El Fondo de Cohesión (1994) es para países con RNB per cápita no superior al 90 % y cofinancia hasta el 85 %. Rige la adicionalidad.

El marco financiero plurianual

El MFP (art. 312 TFUE) es el plan de gasto a largo plazo: dura al menos cinco años y fija los límites anuales de créditos de compromiso por rúbricas y de créditos de pago. Nació con las perspectivas financieras de 1988 («paquete Delors I»). Desde Lisboa es un Reglamento del Consejo adoptado por unanimidad previa aprobación del Parlamento. Ha habido seis. El MFP 2021-2027 (Reglamento 2020/2093, revisado en 2024) tiene 1 074 300 millones y siete rúbricas, y lo complementa NextGenerationEU con 750 000 millones. Límite de recursos propios: 1,4 % de la RNB.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento: origen y vertiente preventiva

El PEC nació en la tercera fase de la UEM (1997) y se reforzó en 2011-2012. Tras la reforma de 2024 lo forman el Reglamento 2024/1263 (preventiva), el 1467/97 (correctora), el 1173/2011 y la Directiva 2011/85/UE. Cada Estado presenta un plan fiscal-estructural a medio plazo (ajuste de cuatro o cinco años, ampliable a siete) que aprueba el Consejo. Si supera el 60 % de deuda o el 3 % de déficit, la deuda debe bajar de media un punto al año si supera el 90 % y medio punto entre el 60 % y el 90 %; margen de resiliencia del 1,5 %. Indicador único: el gasto neto.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento: vertiente correctora y pacto presupuestario

El procedimiento de déficit excesivo (art. 126 TFUE) se activa si el déficit supera el 3 % del PIB, salvo que sea excepcional y temporal. Tras el informe de la Comisión y el dictamen del Comité Económico y Financiero, el Consejo decide si hay déficit excesivo y recomienda corregirlo en un máximo de seis meses. Sanciones: multa de hasta el 0,05 % del PIB cada seis meses, depósitos y multas del 0,2 %. El Tratado de 2012 impone la «regla de oro»: déficit estructural máximo del 0,5 % (1 % si la deuda es inferior al 60 %).

La autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión: Van Gend & Loos y Costa/ENEL

El Tribunal de Justicia afirmó la autonomía del Derecho de la Unión resolviendo cuestiones prejudiciales. Van Gend & Loos (5-2-1963, asunto 26/62, Tariefcommissie neerlandesa): la Comunidad es un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional cuyos sujetos son los Estados y también sus nacionales; crea obligaciones y derechos para los particulares. Costa/ENEL (15-7-1964, asunto 6/64, Giudice Conciliatore de Milán): el Tratado CEE creó un ordenamiento jurídico propio, integrado en el de los Estados, nacido de una fuente autónoma.

La primacía del Derecho de la Unión

Costa/ENEL (1964, asunto 6/64) estableció la primacía: los Estados no pueden oponer una medida unilateral posterior al ordenamiento comunitario, cuya fuerza no varía de un Estado a otro; la transferencia supone «una limitación definitiva de su soberanía». Alcance: todos los actos vinculantes de la UE frente a todos los actos nacionales, incluso posteriores (Simmenthal, 1978) y constitucionales (Internationale Handelsgesellschaft, 1970; Wünsche, 1984). No está en los Tratados: la recuerda la Declaración n.º 17 (Lisboa). La norma nacional contraria no se anula: se inaplica.

La sentencia Simmenthal: el juez nacional inaplica la ley contraria

Simmenthal (9-3-1978, asunto 106/77), cuestión prejudicial de la Pretura di Susa: el juez nacional debe aplicar íntegramente el Derecho comunitario y dejar sin aplicación toda disposición nacional contraria, «ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria» (ap. 21). Es incompatible negarle la facultad de descartarla en el momento de su aplicación (ap. 22). El fallo: la inaplica por su propia iniciativa, aunque sea posterior, sin solicitar ni esperar su derogación legislativa o por otro procedimiento constitucional. Francovich (1991) la cita como jurisprudencia reiterada.

El efecto directo: la sentencia Van Gend & Loos

Van Gend & Loos (5-2-1963, 26/62): la Tariefcommissie neerlandesa preguntó si el artículo 12 del Tratado CEE tenía «efecto interno» (arancel del 8 % a urea-formaldehído importada de Alemania). El Tribunal declaró que produce efectos directos y genera derechos individuales que los jueces nacionales deben proteger. Condiciones para el Derecho primario: obligaciones precisas, claras, incondicionales y sin medidas complementarias. Becker: sin efecto directo si hay margen de discrecionalidad, por mínimo que sea. Aspectos: vertical (frente al Estado) y horizontal (frente a otro particular).

La aplicabilidad directa del reglamento y el efecto directo de los demás actos

Actos del art. 288 TFUE: reglamento, directiva, decisión, recomendación y dictamen. El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable desde su entrada en vigor (la fecha que fije o, si no, el vigésimo día tras su publicación en el DOUE), sin transposición; tiene efecto directo si es claro, preciso y pertinente (Politi). Decisiones dirigidas a un Estado: solo efecto vertical (Hansa Fleisch). Acuerdos internacionales: criterios de Van Gend & Loos (Demirel). Dictámenes y recomendaciones: no vinculantes, sin efecto directo.

El efecto directo de las directivas

La directiva obliga al Estado destinatario en cuanto al resultado y deja la forma y los medios; exige transposición en plazo, con cooperación leal (art. 4.3 TUE). No es directamente aplicable, pero excepcionalmente tiene efecto directo si no se ha transpuesto o se transpuso mal, es incondicional, clara y precisa, y confiere derechos a los individuos; con las dos primeras, las autoridades deben tenerla en cuenta. Según EUR-Lex, lo estableció Van Duyn (1974). Solo vertical: ni el Estado la invoca contra un particular (Ratti) ni un particular contra otro (Faccini Dori).

La responsabilidad del Estado por incumplimiento: la sentencia Francovich

Francovich (19-11-1991, C-6/90 y C-9/90): Italia no había adaptado a tiempo su Derecho a la Directiva 80/987/CEE (trabajadores ante la insolvencia del empresario). Los trabajadores no podían invocarla contra el Estado, porque no precisaba quién prestaba la garantía, pero el Estado debe reparar los daños: su responsabilidad «es inherente al sistema del Tratado». Requisitos: derechos para particulares, identificables en la directiva, y causalidad. Se repara según el Derecho nacional, en condiciones no menos favorables. Para el Parlamento Europeo no hace falta probar falta.

Las comunidades autónomas y la aplicación del Derecho de la Unión

Según el preámbulo del RD 515/2013, la adhesión de 1986 integró el Derecho comunitario en nuestras fuentes, y la primacía, el efecto directo y la colaboración leal vinculan a todas las Administraciones. Ante las instituciones europeas responde el Reino de España; internamente, cada Administración según sus competencias, y la AGE puede repercutirle la responsabilidad. Base legal: LO 2/2012 (art. 8 y disposición adicional segunda), desarrollada por el RD 515/2013. La Junta desarrolla y ejecuta el Derecho de la Unión en sus materias (art. 235 del Estatuto).

La repercusión de las responsabilidades por incumplimiento: el Real Decreto 515/2013

El RD 515/2013 regula la repercusión de responsabilidades por incumplir el Derecho de la UE; es «una gran novedad» y no es sancionador. Asume la responsabilidad, en la parte imputable, quien con su acción u omisión cause que España sea sancionada (multas del art. 260 TFUE, correcciones financieras, minoración de fondos…). Supuestos: transposición tardía o incorrecta, normas contrarias, falta de ejecución de sentencias… Incumplimiento conjunto: mancomunada en porcentaje o, si no cabe, por partes iguales. Siempre de oficio; pago en dos meses; prescripción a los cuatro años.

La PAC 2023-2027: marco jurídico, objetivos y nuevo modelo de aplicación

La PAC 2023-2027 se basa en tres Reglamentos de 2-12-2021: 2021/2115 (planes estratégicos), 2021/2116 (horizontal: financiación, gestión y seguimiento) y 2021/2117 (modifica la OCM). El 2021/2115 se aplica desde el 1-1-2023; lo modificaron los Reglamentos 2024/1468 y 2025/2649. Novedad: un único plan estratégico por Estado que combina los dos pilares (28 planes; Bélgica tiene dos) y pasa del cumplimiento a los resultados. Según el Ministerio: 3 objetivos generales, 9 específicos y uno transversal; el 40 % del presupuesto, pertinente para el clima.

Los dos pilares de la PAC y sus fondos: FEAGA y FEADER

Primer pilar: FEAGA (pagos directos, intervenciones sectoriales y apoyo al mercado; antes, solo presupuesto de la Unión). Segundo pilar: FEADER (desarrollo rural, cofinanciado por la Unión y los Estados). 2021-2027: 387 000 millones EUR (291 100 FEAGA; 95 500 FEADER, con 8 100 de NextGenerationEU). Gestión compartida con cuatro organismos: autoridad competente, organismos pagadores, organismo de coordinación (si hay más de un pagador) y de certificación. El Reglamento 2025/2649 suprimió la liquidación anual del rendimiento. Reserva agrícola: mínimo 450 millones al año.

El primer pilar: pagos directos, intervenciones sectoriales y condicionalidad

Primer pilar (FEAGA): pagos directos e intervenciones sectoriales. Pagos disociados: ayuda básica a la renta (por hectárea admisible de un agricultor activo; pequeñas explotaciones hasta 3 000 EUR, antes 1 250), ayuda redistributiva (mínimo 10 % de los pagos directos, para pequeñas y medianas), ayuda a jóvenes agricultores (hasta cinco años; al menos 3 %) y ecorregímenes (voluntarios; mínimo 25 %). Asociados: ayuda por hectárea o animal y pago al algodón. Sectoriales: frutas y hortalizas, apícolas, vino, lúpulo, aceite… La condicionalidad (y la social, desde 2025) penaliza incumplimientos.

El segundo pilar: el desarrollo rural y el FEADER

El desarrollo rural es el segundo pilar de la PAC y refuerza el primero (renta y mercado). Tres objetivos a largo plazo: competitividad de agricultura y silvicultura; gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima; desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. Intervenciones en los artículos 69 a 78 del Reglamento 2021/2115 (nueve tipos; EUR-Lex añade un décimo). Del FEADER: al menos 35 % para clima y medio ambiente, al menos 5 % para Leader, como máximo 4 % de asistencia técnica. Contribución: 85, 80, 60 o 43 % según la región. Compromisos de cinco a siete años.

El Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC)

Cada Estado debe tener un Plan Estratégico de la PAC: por primera vez, una estrategia única para todas las intervenciones. El de España (PEPAC) lo aprobó la Comisión el 31-8-2022; la cuarta modificación, en vigor, es de 12-12-2025. Su programación empezó en 2018, en dos fases. Lo elaboró el Ministerio con las comunidades autónomas, que aplican la PAC en su territorio y diseñan las intervenciones territoriales. Gobernanza: RD 1046/2022; el Comité de seguimiento se reúne al menos una vez al año y se constituyó el 15-2-2023.

La política pesquera común: origen y reformas

La pesca entró en el Derecho de la Unión en 1958 como parte de la PAC. En 1970: mercado común, intervención estructural e igualdad de acceso (aguas de doce millas); en 1977, zona económica exclusiva de doscientas millas. En 1983 (Reglamentos 170/83 y 171/83) nació la conservación y gestión: TAC anuales del Consejo, repartidos en cuotas por «estabilidad relativa». Reformas: 1992 (esfuerzo pesquero, licencias), 2002 (planes plurianuales, consejos consultivos) y 2013 (rendimiento máximo sostenible, desembarque, regionalización).

El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 sobre la política pesquera común

El Reglamento (UE) n.º 1380/2013, en vigor desde el 1-1-2014, busca una pesca y acuicultura sostenibles, con criterio de precaución y enfoque ecosistémico. Según EUR-Lex, cuatro pilares: gestión de la pesca, política internacional, mercado y política comercial, y ayuda financiera (FEMPA). Elementos: rendimiento máximo sostenible; TAC anuales según el CIEM y el CCTEP, por estabilidad relativa; obligación de desembarque (2015-2019); planes plurianuales; regionalización. Acceso restringible hasta 12 millas (100 en ultraperiféricas), hasta finales de 2032.

El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)

El FEMPA (Reglamento 2021/1139, 2021-2027) apoya la PPC, la política marítima y la gobernanza de los océanos. Antecedentes: FEOGA (1970), IFOP (1994, introdujo la gestión compartida), FEP (2007-2013) y FEMP (2014-2020). Presupuesto: 6 108 millones EUR; 5 311 (87 %) en gestión compartida, con un programa nacional por Estado, y 797 (13 %) en gestión directa e indirecta. Cuatro prioridades: pesca sostenible, acuicultura, economía azul y gobernanza de los océanos. Al menos el 15 % para control y datos científicos.

El Reglamento de Disposiciones Comunes (UE) 2021/1060: fondos, objetivos y principios

El Reglamento (UE) 2021/1060, en vigor desde el 1-7-2021, fija normas financieras para ocho fondos y disposiciones adicionales para cinco: FEDER, FSE+, Fondo de Cohesión, FTJ y FEMPA (los otros tres: asilo y migración, seguridad interior, y fronteras y visados). FEDER, FSE+, Cohesión y FEMPA apoyan cinco objetivos políticos. Clima: 30 % del gasto de la UE. Principios: gestión compartida, asociación y gobernanza multinivel, y principios horizontales. Acuerdo de asociación y programas en tres meses.

El Reglamento de Disposiciones Comunes: rendimiento, seguimiento, evaluación y gestión

El Reglamento (UE) 2021/1060 regula también la gestión y el control de los fondos. Rendimiento: indicadores, hitos para finales de 2024 y metas para finales de 2029. Seguimiento: comité creado en tres meses desde la aprobación del programa, que se reúne al menos una vez al año. Evaluación: expertos independientes; impacto antes del 30-6-2029; la Comisión evalúa en 2024 y a más tardar el 31-12-2031. Auditoría de la Comisión en tres años. Sin reconocimiento de la ayuda, cancelación de hasta el 3 %. REPowerEU: hasta el 7,5 %.

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

El Fondo Social Europeo fue el primer fondo estructural. En 2021-2027 lo integra el FSE+ (Reglamento 2021/1057), junto con la Iniciativa de Empleo Juvenil, el fondo para las personas más desfavorecidas y el programa EaSI. Dos capítulos: gestión compartida y EaSI (gestión directa e indirecta). Objetivos: empleo elevado, protección social justa e inclusión, e igualdad de oportunidades. Mínimos en gestión compartida: 25 % inclusión social, 3 % más desfavorecidos, 5 % pobreza infantil y 12,5 % empleo juvenil (estos dos, según la tasa de 2017-2019).

El Fondo de Transición Justa (FTJ)

El Fondo de Transición Justa (Reglamento 2021/1056, art. 175 TFUE) apoya a los territorios que se transforman hacia una Unión climáticamente neutra; objetivo específico único: afrontar las repercusiones de la transición hacia 2030 y la neutralidad en 2050. Es el primer pilar del Mecanismo para una Transición Justa (los otros: InvestEU y préstamos al sector público con el BEI). Da sobre todo subvenciones; excluye nuclear, tabaco, fósiles y empresas en crisis. Gestión compartida con planes territoriales. Sin compromiso de neutralidad, 50 % de la asignación. Cofinanciación: 85, 70 o 50 %.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

El MRR (Reglamento 2021/241, en vigor desde el 19-2-2021) es la pieza central de NextGenerationEU. Promueve la cohesión y financia medidas que «no causen un perjuicio significativo» al medio ambiente en seis pilares. Presupuesto: 648 000 millones EUR (357 000 en subvenciones y 291 000 en préstamos); el máximo inicial era de 723 000. Respeta la adicionalidad. Planes nacionales con reformas e inversiones hasta el 31-12-2026: al menos 37 % ecológico y 20 % digital. Se basa en el rendimiento: se paga al cumplir hitos y objetivos, con solicitudes hasta dos veces al año.

NextGenerationEU y el MRR según la Junta de Andalucía

Según la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, el Consejo Europeo creó en 2020 Next Generation EU, el mayor estímulo jamás financiado por la Unión. Se financia con deuda: la Comisión se endeuda en los mercados en nombre de la Unión, y el endeudamiento neto nuevo cesa a más tardar al final de 2026. Dos instrumentos: el MRR y REACT-UE (ejecutado a través del FEDER, el FSE y el fondo para las personas más desfavorecidas); aportó también al FTJ y al FEADER. Reparto por países: 70 % con indicadores previos a la pandemia y 30 % decidido en 2022.