Tema 29 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 121

Los Estados coordinan sus políticas económicas en el Consejo. El Consejo, sobre recomendación de la Comisión, elabora un proyecto de orientaciones generales e informa al Consejo Europeo, que debate conclusiones; con ellas, el Consejo adopta la recomendación con las orientaciones e informa al Parlamento. El Consejo supervisa, con informes de la Comisión, la evolución económica. Si un Estado se aparta, la Comisión puede advertirle y el Consejo recomendarle, sin el voto de ese Estado. El Parlamento y el Consejo pueden regular la supervisión por reglamentos.

Artículo 126

Los Estados deben evitar déficits excesivos. La Comisión vigila la disciplina presupuestaria con dos criterios (déficit y deuda sobre el PIB frente a valores de referencia del Protocolo) y, si no se cumplen o hay riesgo, elabora un informe; el Comité Económico y Financiero dictamina sobre él. El Consejo, a propuesta de la Comisión, decide si hay déficit excesivo y dirige recomendaciones, que puede hacer públicas, advertencias y medidas como depósitos o multas, sin el voto del Estado afectado. No cabe el recurso de los artículos 258 y 259 en los apartados 1 a 9.

Artículo 136

Para el buen funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo adopta, por los procedimientos de los artículos 121 y 126 (salvo el del apartado 14 del 126), medidas para los Estados cuya moneda es el euro: reforzar la coordinación y supervisión de su disciplina presupuestaria y elaborar y vigilar sus orientaciones de política económica, compatibles con las de la Unión. Solo votan los miembros del Consejo de esos Estados. Los Estados del euro pueden crear un mecanismo de estabilidad, con ayudas sujetas a condiciones estrictas.

Artículo 174

Para promover un desarrollo armonioso, la Unión reforzará su cohesión económica, social y territorial y se propondrá reducir las diferencias de desarrollo entre regiones y el retraso de las menos favorecidas. Presta especial atención a las zonas rurales, a las afectadas por una transición industrial y a las regiones con desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como las más septentrionales con escasa densidad de población y las insulares, transfronterizas y de montaña.

Artículo 175

Los Estados coordinan su política económica también para los objetivos de cohesión del artículo 174, que las políticas de la Unión y el mercado interior tienen en cuenta. La Unión los apoya con los fondos estructurales (FEOGA-Orientación, Fondo Social Europeo y FEDER), el BEI y otros instrumentos. Cada tres años la Comisión informa al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Las acciones específicas al margen de los fondos las adoptan el Parlamento Europeo y el Consejo por procedimiento legislativo ordinario, previa consulta a ambos Comités.

Artículo 176

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) está destinado a contribuir a corregir los principales desequilibrios regionales de la Unión, participando en el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive.

Artículo 177

Salvo lo previsto en el artículo 178, el Parlamento Europeo y el Consejo, mediante reglamentos por el procedimiento legislativo ordinario y tras consultar al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, fijan las funciones, objetivos prioritarios y organización de los fondos con finalidad estructural (pudiendo agruparlos), sus normas generales y su coordinación. Por el mismo procedimiento se crea un Fondo de Cohesión que financia proyectos de medio ambiente y de redes transeuropeas de infraestructuras del transporte.

Artículo 178

Los reglamentos de aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional los adoptan el Parlamento Europeo y el Consejo por el procedimiento legislativo ordinario, previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Para el FEOGA sección «Orientación» y el Fondo Social Europeo siguen aplicándose, respectivamente, los artículos 43 y 164.

Artículo 308

El Banco Europeo de Inversiones tiene personalidad jurídica y sus miembros son los Estados miembros. Sus Estatutos figuran en un protocolo anejo a los Tratados. Puede modificarlos el Consejo, por unanimidad y con arreglo a un procedimiento legislativo especial, a petición del Banco (previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión) o a propuesta de la Comisión (previa consulta al Parlamento Europeo y al Banco).

Artículo 309

El BEI contribuye al desarrollo equilibrado y estable del mercado interior en interés de la Unión, recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos. Concede préstamos y garantías, sin fines lucrativos, para financiar en todos los sectores: a) proyectos de desarrollo de las regiones más atrasadas; b) de modernización o reconversión de empresas o nuevas actividades ligadas al mercado interior, y c) de interés común a varios Estados; en b) y c), si no pueden financiarse enteramente con los medios de cada Estado. Combina su financiación con los fondos estructurales.

Artículo 310

Todos los ingresos y gastos de la Unión figuran en las previsiones de cada ejercicio y en el presupuesto, que establecen el Parlamento Europeo y el Consejo según el artículo 314 y que debe estar equilibrado. Los gastos se autorizan para todo el ejercicio anual. Ejecutar un gasto exige un acto jurídicamente vinculante previo que le dé fundamento, salvo excepciones del reglamento del artículo 322. No se adoptan actos con impacto presupuestario considerable sin garantizar su financiación dentro de los recursos propios y del marco financiero plurianual.

Artículo 311

La Unión se dota de los medios necesarios para sus objetivos y políticas, y su presupuesto se financia íntegramente con recursos propios, sin perjuicio de otros ingresos. El sistema de recursos propios lo fija el Consejo por unanimidad, procedimiento legislativo especial y previa consulta al Parlamento; puede crear o suprimir categorías, y la decisión solo entra en vigor cuando la aprueban los Estados miembros según sus normas constitucionales. Las medidas de ejecución las fija el Consejo por reglamento, previa aprobación del Parlamento.

Artículo 312

El marco financiero plurianual garantiza la evolución ordenada de los gastos dentro de los recursos propios y se fija para un mínimo de cinco años; el presupuesto anual debe respetarlo. Lo adopta el Consejo por reglamento, procedimiento legislativo especial y unanimidad, previa aprobación del Parlamento por mayoría de sus miembros; el Consejo Europeo puede permitir, por unanimidad, la mayoría cualificada. Fija límites anuales de créditos para compromisos por categoría de gastos y para pagos. Si no hay nuevo marco al vencer el anterior, se prorrogan los límites del último año.

Artículo 313

Artículo 314

El presupuesto anual lo establecen el Parlamento Europeo y el Consejo por un procedimiento legislativo especial. Cada institución, salvo el BCE, elabora sus previsiones antes del 1 de julio; la Comisión presenta el proyecto a más tardar el 1 de septiembre; el Consejo transmite su posición a más tardar el 1 de octubre. El Parlamento tiene cuarenta y dos días para aprobarla, no pronunciarse o enmendarla; si la enmienda, se convoca el Comité de Conciliación, que tiene veintiún días, y luego hay catorce días para aprobar el texto conjunto.

Artículo 315

Si al empezar el ejercicio no hay presupuesto adoptado definitivamente, se puede gastar cada mes, por capítulos, hasta la doceava parte de los créditos del capítulo en el presupuesto anterior, sin superar la doceava parte de lo previsto en el proyecto. El Consejo, a propuesta de la Comisión, puede autorizar gastos por encima de la doceava parte y lo comunica de inmediato al Parlamento. Esa decisión entra en vigor a los treinta días, salvo que en ese plazo el Parlamento decida, por mayoría de sus miembros, reducir los gastos.

Artículo 316

En las condiciones del reglamento del artículo 322, los créditos que no sean de gastos de personal y queden sin utilizar al final del ejercicio solo pueden prorrogarse hasta el ejercicio siguiente. Los créditos se especifican por capítulos, que agrupan los gastos por naturaleza o destino. Los gastos del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y del Consejo, de la Comisión y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea van en partidas separadas, sin perjuicio de un régimen especial para ciertos gastos comunes.

Artículo 317

La Comisión ejecuta el presupuesto bajo su propia responsabilidad, dentro del límite de los créditos autorizados, en cooperación con los Estados miembros y con arreglo al principio de buena gestión financiera. El reglamento del artículo 322 fija las obligaciones de control y auditoría de los Estados y la participación de cada institución en sus propios gastos. La Comisión puede transferir créditos de capítulo a capítulo o de subdivisión a subdivisión, con los límites y condiciones de ese reglamento.

Artículo 318

Cada año la Comisión presenta al Parlamento Europeo y al Consejo las cuentas del ejercicio cerrado sobre las operaciones del presupuesto y les remite un balance financiero del activo y pasivo de la Unión. También les presenta un informe de evaluación de las finanzas de la Unión basado en los resultados obtenidos, en particular respecto de las indicaciones que le hayan dado ambos en virtud del artículo 319.

Artículo 319

El Parlamento Europeo, por recomendación del Consejo, aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto. Para ello examina, después del Consejo, las cuentas, el balance, el informe de evaluación, el informe anual y los informes especiales del Tribunal de Cuentas y la declaración de fiabilidad. Puede pedir explicaciones a la Comisión, que debe darle toda la información. La Comisión debe dar efecto a las observaciones del Parlamento y a los comentarios del Consejo e informar, a instancia de ellos, de las medidas adoptadas; esos informes van también al Tribunal de Cuentas.

Artículo 320

Artículo 321

La Comisión puede transferir activos que tenga en la moneda de un Estado miembro a la moneda de otro, en lo necesario para usarlos en los fines de los Tratados, informando a las autoridades competentes de los Estados interesados; evitará hacerlo, en lo posible, si ya tiene activos disponibles o realizables en la moneda que necesita. Se relaciona con cada Estado por la autoridad que este designe y ejecuta sus operaciones financieras a través del banco de emisión del Estado interesado o de otra institución financiera autorizada por él.

Artículo 322

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptan por reglamentos, por procedimiento legislativo ordinario y tras consultar al Tribunal de Cuentas: a) las normas financieras (establecimiento y ejecución del presupuesto, rendición y censura de cuentas) y b) las normas de control de la responsabilidad de los agentes financieros (ordenadores de pagos y contables). El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento y al Tribunal de Cuentas, fija cómo se ponen a disposición de la Comisión los recursos propios y las medidas para necesidades de tesorería.

Artículo 323

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben velar por que la Unión tenga los medios financieros que le permitan cumplir sus obligaciones jurídicas frente a terceros. El deber recae sobre esas tres instituciones.

Artículo 324

A iniciativa de la Comisión se convocan reuniones periódicas de los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión en el marco de los procedimientos presupuestarios del título. Los Presidentes adoptan todas las medidas necesarias para propiciar la concertación y el acercamiento de posiciones de sus instituciones y facilitar la aplicación del título.

Artículo 325

La Unión y los Estados combaten el fraude contra los intereses financieros de la Unión con medidas disuasorias y eficaces. Los Estados aplican contra ese fraude las mismas medidas que contra el que afecta a sus propios intereses financieros, y coordinan sus acciones organizando con la Comisión una colaboración estrecha y regular. El Parlamento Europeo y el Consejo, por procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Tribunal de Cuentas, adoptan las medidas de prevención y lucha. La Comisión, en cooperación con los Estados, informa anualmente al Parlamento y al Consejo.

Los primeros Tratados: la CECA y los Tratados de Roma

El llamamiento de Robert Schuman (9 de mayo de 1950) es el punto de partida de la Europa comunitaria. El Tratado de París (firmado el 18-4-1951, en vigor el 23-7-1952) creó la CECA entre seis países, con Alta Autoridad, Asamblea Parlamentaria, Consejo de Ministros, Tribunal de Justicia y Comité Consultivo; duraba 50 años y expiró el 23-7-2002. La CED de René Pleven fracasó en 1954 y la Conferencia de Mesina (1955) relanzó el proceso. Los Tratados de Roma (25-3-1957, en vigor el 1-1-1958) crearon la CEE y el Euratom por tiempo indefinido.

Del Tratado de Fusión al Acta Única Europea

Primeras modificaciones: Tratado de Fusión (8-4-1965, en vigor en 1967), Consejo y Comisión únicos y unidad presupuestaria; Decisión de 21-4-1970, recursos propios; Tratado de Luxemburgo (22-4-1970), competencias presupuestarias al Parlamento; Tratado de Bruselas (22-7-1975), derecho a rechazar el presupuesto, aprobar la gestión de la Comisión y Tribunal de Cuentas; Acto de 1976, sufragio universal directo. Ampliaciones de 1973, 1981 y 1986. El Acta Única (firmada en febrero de 1986, en vigor el 1-7-1987) previó el mercado interior para el 1-1-1993.

Los Tratados de Maastricht y Ámsterdam

El TUE, firmado en Maastricht el 7-2-1992 y en vigor el 1-11-1993, fundó la Unión sobre las Comunidades, con marco institucional único, creó el Comité de las Regiones y dio paso al SEBC y al BCE. Tres pilares: Comunidades Europeas (1.º), PESC (2.º, título V) y JAI (3.º, título VI); el 2.º y el 3.º eran intergubernamentales. El Tratado de Ámsterdam (firmado el 2-10-1997, en vigor el 1-5-1999) coordinó el empleo, comunitarizó materias del tercer pilar e integró Schengen, amplió la codecisión, previó la cooperación reforzada y limitó el Parlamento a 700 diputados.

El Tratado de Niza y el Tratado constitucional

El Tratado de Niza (firmado el 26-2-2001, en vigor el 1-2-2003) resolvió los «restos de Ámsterdam» para preparar la ampliación: nueva ponderación de votos con «red de seguridad» del 62 % de la población, un comisario por Estado desde 2005, máximo de 732 diputados, Tribunal en Salas, Gran Sala o Pleno, cooperación reforzada en los tres pilares, «riesgo claro» del art. 7 TUE (cuatro quintos del Consejo) y Carta no vinculante. La Convención de Laeken (Giscard d'Estaing, 105 miembros) elaboró la Constitución, aprobada el 18-6-2004 y abandonada tras los «no» de Francia y Países Bajos en 2005.

El Tratado de Lisboa: estructura, competencias y naturaleza de la Unión

El Tratado de Lisboa (13-12-2007, en vigor el 1-12-2009) tiene 37 protocolos y 65 declaraciones y da lugar al TUE y al TFUE. Codifica tres tipos de competencias: exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento. Novedades: personalidad jurídica de la Unión, retirada (art. 50 TUE, dos años prorrogables), primacía en la Declaración 17, Carta vinculante, iniciativa ciudadana (un millón de ciudadanos de al menos siete Estados), Consejo Europeo como institución con presidente elegido por treinta meses renovable una vez y procedimiento legislativo ordinario ampliado de 40 a 85 ámbitos.

El proceso de ampliación y las ampliaciones sucesivas

Cualquier Estado europeo que respete los valores de la Unión puede pedir el ingreso. Criterios de Copenhague (1993): instituciones estables democráticas, economía de mercado viable y capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión. El Consejo Europeo da el estatuto de candidato por unanimidad; el tratado exige aprobación del Parlamento, unanimidad del Consejo y ratificación. Adhesiones: 1958 (seis fundadores), 1973 (Dinamarca, Irlanda, Reino Unido), 1981 (Grecia), 1986 (España, Portugal), 1995 (Austria, Finlandia, Suecia), 2004 (diez), 2007 (Bulgaria, Rumanía) y 2013 (Croacia).

El Comité Europeo de las Regiones

El Comité Europeo de las Regiones (1994) es un órgano consultivo de las entidades regionales y locales; sus miembros actúan sin mandato imperativo. Tiene 329 miembros y otros tantos suplentes (21 de España), nombrados por el Consejo por unanimidad, a propuesta de cada Estado, por cinco años renovables, con mandato electoral o responsabilidad ante una asamblea elegida. Presidente y Mesa por dos años y medio; seis comisiones. Consulta obligatoria o facultativa y dictámenes de iniciativa, no vinculantes; puede recurrir ante el Tribunal de Justicia. España: 17 miembros autonómicos y 4 locales.

La cooperación territorial europea y las AECT

La cooperación territorial europea es uno de los dos objetivos de la política de cohesión desde 1990 (art. 178 TFUE), regulada en 2021-2027 por el Reglamento Interreg y financiada por el FEDER. Capítulos: A transfronteriza (regiones NUTS 3 fronterizas), B transnacional, C interregional (paneuropea, buenas prácticas) y D regiones ultraperiféricas; unos 8 000 millones EUR. Las AECT reúnen miembros de al menos dos Estados, tienen personalidad jurídica, convenio unánime y al menos asamblea y director; no reciben competencias reguladoras. Andalucía forma la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

La nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)

La NUTS (Reglamento 1059/2003) es el marco de las estadísticas regionales de la Unión, elaborado con Eurostat. Es jerárquica, con tres niveles: NUTS 1 (entre 3 y 7 millones de habitantes), NUTS 2 (entre 800 000 y 3 millones) y NUTS 3 (entre 150 000 y 800 000). El primer criterio son las unidades administrativas existentes (en España, las comunidades y ciudades autónomas son NUTS 2); si no las hay del tamaño adecuado se agregan «unidades no administrativas». La NUTS 2021 tiene 92 regiones NUTS 1, 242 NUTS 2 y 1 166 NUTS 3, y solo puede modificarse una vez cada tres años.

Las comunidades autónomas y las instituciones europeas

Las comunidades autónomas participan en los asuntos europeos sobre todo a través de la CARUE (primera reunión en 1989; antes CARCE, nombre cambiado el 15-4-2010). El Acuerdo de 1994 abrió la «fase ascendente» (formación de la voluntad estatal), pues hasta entonces solo intervenían en la «fase descendente» (ejecución). La Ley 2/1997 dio rango de ley a la Conferencia. Los Acuerdos de 9-12-2004 abrieron cuatro formaciones del Consejo y una Consejería autonómica en la REPER. Un consejero autonómico se integra en la delegación española y representa a todas, por un semestre como mínimo.

La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea

El artículo 236 del Estatuto prevé una Delegación Permanente de la Junta en la Unión Europea; la de Bruselas se creó por el Decreto 164/1995. La Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea impulsa la Estrategia 2025-2030 y la participación en el Comité de las Regiones; de ella dependen la Dirección General de Unión Europea y la de Andalucía Global. La Delegación se adscribe a través de la Secretaría General de la Presidencia, y la agencia TRADE le provee medios personales y materiales.

El mercado interior y la política de competencia

El Acta Única definió el mercado interior como un espacio sin fronteras interiores con libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales; el mercado único se creó en 1993. Hitos: sentencias Dassonville (concepto amplio de medida restrictiva) y Cassis de Dijon (reconocimiento mutuo), Libro Blanco de 1985 y Espacio Económico Europeo (1994). Competencia: art. 101 (acuerdos y cárteles), art. 102 (abuso de posición dominante, que no es ilícita en sí), control de concentraciones y art. 107 (ayudas estatales). La aplica sobre todo la Comisión.

Otras políticas comunes: comercial, transportes, medio ambiente y social

La política comercial es competencia exclusiva, con el Parlamento como colegislador. La de transportes es compartida; su legislación común no se abrió hasta la sentencia de 22-5-1985. La medioambiental obtuvo su primera base jurídica con el Acta Única (1987), fue ámbito oficial con Maastricht, se integró en todas las políticas con Ámsterdam y Lisboa priorizó el clima; principios: precaución, prevención, corrección en la fuente y «quien contamina paga». La social: Roma (igualdad retributiva, FSE), Ámsterdam (Estrategia de Empleo) y pilar europeo de derechos sociales (2017).

El Sistema Monetario Europeo y las fases de la unión económica y monetaria

La Cumbre de La Haya (1969) fijó como objetivo la UEM; el plan Werner fracasó por el colapso de Bretton Woods y en 1972 se creó la «serpiente en el túnel». El SME (1978) usó tipos fijos pero ajustables. El informe Delors (1989) propuso tres etapas, que Maastricht fijó: fase 1 (1-7-1990 a 31-12-1993), libre circulación de capitales; fase 2 (1-1-1994 a 31-12-1998), convergencia e Instituto Monetario Europeo; fase 3 (desde 1-1-1999), política monetaria común y euro. Veintiuno de los veintisiete Estados usan el euro; Dinamarca tiene cláusula de excepción propia. El MEDE se creó en 2012.

El euro: criterios de convergencia e instituciones

Para adoptar el euro hay que adaptar la legislación y cumplir cuatro criterios (Maastricht, 1991): inflación no superior en más de 1,5 puntos a la de los tres mejores; no estar en procedimiento de déficit excesivo; tipo de interés a largo plazo no superior en más de dos puntos; y al menos dos años en el MTC II sin devaluación. El BCE (1-6-1998, Fráncfort) tiene Consejo de Gobierno (órgano supremo, formula la política monetaria), Comité Ejecutivo (seis miembros, ocho años no renovables, la ejecuta) y Consejo General. Objetivo principal: estabilidad de precios (2 % a medio plazo).

La política de cohesión y los fondos estructurales

La política de cohesión (arts. 174 a 178 TFUE) busca la cohesión económica, social y territorial y absorbe cerca de un tercio del presupuesto. Cronología: 1957, FSE y FEOGA (Tratado de Roma); 1975, FEDER; 1986, cohesión económica y social con el Acta Única; 1994, Fondo de Cohesión; Lisboa añade la cohesión territorial; 2020, Fondo de Transición Justa. Cuatro principios de asignación y dos objetivos. En 2021-2027 hay cinco objetivos estratégicos (más inteligente, más verde, más conectada, más social y más próxima) y 322 300 millones para crecimiento y empleo.

El FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE+ en 2021-2027

El FEDER (art. 176 TFUE, 1975; Reglamento 2021/1058) clasifica las regiones por PIB per cápita: más desarrolladas (más del 100 %, cofinanciación hasta el 50 %), en transición (75-100 %, hasta el 60 %) y menos desarrolladas (menos del 75 %, hasta el 85 %). Concentración: al menos 30 % al objetivo verde y 8 % al desarrollo urbano sostenible; no financia nucleares, aeropuertos (salvo ultraperiferia), vertederos ni tabaco. El Fondo de Cohesión (1994) es para países con RNB per cápita no superior al 90 % y cofinancia hasta el 85 %. Rige la adicionalidad.

El marco financiero plurianual

El MFP (art. 312 TFUE) es el plan de gasto a largo plazo: dura al menos cinco años y fija los límites anuales de créditos de compromiso por rúbricas y de créditos de pago. Nació con las perspectivas financieras de 1988 («paquete Delors I»). Desde Lisboa es un Reglamento del Consejo adoptado por unanimidad previa aprobación del Parlamento. Ha habido seis. El MFP 2021-2027 (Reglamento 2020/2093, revisado en 2024) tiene 1 074 300 millones y siete rúbricas, y lo complementa NextGenerationEU con 750 000 millones. Límite de recursos propios: 1,4 % de la RNB.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento: origen y vertiente preventiva

El PEC nació en la tercera fase de la UEM (1997) y se reforzó en 2011-2012. Tras la reforma de 2024 lo forman el Reglamento 2024/1263 (preventiva), el 1467/97 (correctora), el 1173/2011 y la Directiva 2011/85/UE. Cada Estado presenta un plan fiscal-estructural a medio plazo (ajuste de cuatro o cinco años, ampliable a siete) que aprueba el Consejo. Si supera el 60 % de deuda o el 3 % de déficit, la deuda debe bajar de media un punto al año si supera el 90 % y medio punto entre el 60 % y el 90 %; margen de resiliencia del 1,5 %. Indicador único: el gasto neto.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento: vertiente correctora y pacto presupuestario

El procedimiento de déficit excesivo (art. 126 TFUE) se activa si el déficit supera el 3 % del PIB, salvo que sea excepcional y temporal. Tras el informe de la Comisión y el dictamen del Comité Económico y Financiero, el Consejo decide si hay déficit excesivo y recomienda corregirlo en un máximo de seis meses. Sanciones: multa de hasta el 0,05 % del PIB cada seis meses, depósitos y multas del 0,2 %. El Tratado de 2012 impone la «regla de oro»: déficit estructural máximo del 0,5 % (1 % si la deuda es inferior al 60 %).

La autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión: Van Gend & Loos y Costa/ENEL

El Tribunal de Justicia afirmó la autonomía del Derecho de la Unión resolviendo cuestiones prejudiciales. Van Gend & Loos (5-2-1963, asunto 26/62, Tariefcommissie neerlandesa): la Comunidad es un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional cuyos sujetos son los Estados y también sus nacionales; crea obligaciones y derechos para los particulares. Costa/ENEL (15-7-1964, asunto 6/64, Giudice Conciliatore de Milán): el Tratado CEE creó un ordenamiento jurídico propio, integrado en el de los Estados, nacido de una fuente autónoma.

La primacía del Derecho de la Unión

Costa/ENEL (1964, asunto 6/64) estableció la primacía: los Estados no pueden oponer una medida unilateral posterior al ordenamiento comunitario, cuya fuerza no varía de un Estado a otro; la transferencia supone «una limitación definitiva de su soberanía». Alcance: todos los actos vinculantes de la UE frente a todos los actos nacionales, incluso posteriores (Simmenthal, 1978) y constitucionales (Internationale Handelsgesellschaft, 1970; Wünsche, 1984). No está en los Tratados: la recuerda la Declaración n.º 17 (Lisboa). La norma nacional contraria no se anula: se inaplica.

La sentencia Simmenthal: el juez nacional inaplica la ley contraria

Simmenthal (9-3-1978, asunto 106/77), cuestión prejudicial de la Pretura di Susa: el juez nacional debe aplicar íntegramente el Derecho comunitario y dejar sin aplicación toda disposición nacional contraria, «ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria» (ap. 21). Es incompatible negarle la facultad de descartarla en el momento de su aplicación (ap. 22). El fallo: la inaplica por su propia iniciativa, aunque sea posterior, sin solicitar ni esperar su derogación legislativa o por otro procedimiento constitucional. Francovich (1991) la cita como jurisprudencia reiterada.

El efecto directo: la sentencia Van Gend & Loos

Van Gend & Loos (5-2-1963, 26/62): la Tariefcommissie neerlandesa preguntó si el artículo 12 del Tratado CEE tenía «efecto interno» (arancel del 8 % a urea-formaldehído importada de Alemania). El Tribunal declaró que produce efectos directos y genera derechos individuales que los jueces nacionales deben proteger. Condiciones para el Derecho primario: obligaciones precisas, claras, incondicionales y sin medidas complementarias. Becker: sin efecto directo si hay margen de discrecionalidad, por mínimo que sea. Aspectos: vertical (frente al Estado) y horizontal (frente a otro particular).

La aplicabilidad directa del reglamento y el efecto directo de los demás actos

Actos del art. 288 TFUE: reglamento, directiva, decisión, recomendación y dictamen. El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable desde su entrada en vigor (la fecha que fije o, si no, el vigésimo día tras su publicación en el DOUE), sin transposición; tiene efecto directo si es claro, preciso y pertinente (Politi). Decisiones dirigidas a un Estado: solo efecto vertical (Hansa Fleisch). Acuerdos internacionales: criterios de Van Gend & Loos (Demirel). Dictámenes y recomendaciones: no vinculantes, sin efecto directo.

El efecto directo de las directivas

La directiva obliga al Estado destinatario en cuanto al resultado y deja la forma y los medios; exige transposición en plazo, con cooperación leal (art. 4.3 TUE). No es directamente aplicable, pero excepcionalmente tiene efecto directo si no se ha transpuesto o se transpuso mal, es incondicional, clara y precisa, y confiere derechos a los individuos; con las dos primeras, las autoridades deben tenerla en cuenta. Según EUR-Lex, lo estableció Van Duyn (1974). Solo vertical: ni el Estado la invoca contra un particular (Ratti) ni un particular contra otro (Faccini Dori).

La responsabilidad del Estado por incumplimiento: la sentencia Francovich

Francovich (19-11-1991, C-6/90 y C-9/90): Italia no había adaptado a tiempo su Derecho a la Directiva 80/987/CEE (trabajadores ante la insolvencia del empresario). Los trabajadores no podían invocarla contra el Estado, porque no precisaba quién prestaba la garantía, pero el Estado debe reparar los daños: su responsabilidad «es inherente al sistema del Tratado». Requisitos: derechos para particulares, identificables en la directiva, y causalidad. Se repara según el Derecho nacional, en condiciones no menos favorables. Para el Parlamento Europeo no hace falta probar falta.

Las comunidades autónomas y la aplicación del Derecho de la Unión

Según el preámbulo del RD 515/2013, la adhesión de 1986 integró el Derecho comunitario en nuestras fuentes, y la primacía, el efecto directo y la colaboración leal vinculan a todas las Administraciones. Ante las instituciones europeas responde el Reino de España; internamente, cada Administración según sus competencias, y la AGE puede repercutirle la responsabilidad. Base legal: LO 2/2012 (art. 8 y disposición adicional segunda), desarrollada por el RD 515/2013. La Junta desarrolla y ejecuta el Derecho de la Unión en sus materias (art. 235 del Estatuto).

La repercusión de las responsabilidades por incumplimiento: el Real Decreto 515/2013

El RD 515/2013 regula la repercusión de responsabilidades por incumplir el Derecho de la UE; es «una gran novedad» y no es sancionador. Asume la responsabilidad, en la parte imputable, quien con su acción u omisión cause que España sea sancionada (multas del art. 260 TFUE, correcciones financieras, minoración de fondos…). Supuestos: transposición tardía o incorrecta, normas contrarias, falta de ejecución de sentencias… Incumplimiento conjunto: mancomunada en porcentaje o, si no cabe, por partes iguales. Siempre de oficio; pago en dos meses; prescripción a los cuatro años.

La PAC 2023-2027: marco jurídico, objetivos y nuevo modelo de aplicación

La PAC 2023-2027 se basa en tres Reglamentos de 2-12-2021: 2021/2115 (planes estratégicos), 2021/2116 (horizontal: financiación, gestión y seguimiento) y 2021/2117 (modifica la OCM). El 2021/2115 se aplica desde el 1-1-2023; lo modificaron los Reglamentos 2024/1468 y 2025/2649. Novedad: un único plan estratégico por Estado que combina los dos pilares (28 planes; Bélgica tiene dos) y pasa del cumplimiento a los resultados. Según el Ministerio: 3 objetivos generales, 9 específicos y uno transversal; el 40 % del presupuesto, pertinente para el clima.

Los dos pilares de la PAC y sus fondos: FEAGA y FEADER

Primer pilar: FEAGA (pagos directos, intervenciones sectoriales y apoyo al mercado; antes, solo presupuesto de la Unión). Segundo pilar: FEADER (desarrollo rural, cofinanciado por la Unión y los Estados). 2021-2027: 387 000 millones EUR (291 100 FEAGA; 95 500 FEADER, con 8 100 de NextGenerationEU). Gestión compartida con cuatro organismos: autoridad competente, organismos pagadores, organismo de coordinación (si hay más de un pagador) y de certificación. El Reglamento 2025/2649 suprimió la liquidación anual del rendimiento. Reserva agrícola: mínimo 450 millones al año.

El primer pilar: pagos directos, intervenciones sectoriales y condicionalidad

Primer pilar (FEAGA): pagos directos e intervenciones sectoriales. Pagos disociados: ayuda básica a la renta (por hectárea admisible de un agricultor activo; pequeñas explotaciones hasta 3 000 EUR, antes 1 250), ayuda redistributiva (mínimo 10 % de los pagos directos, para pequeñas y medianas), ayuda a jóvenes agricultores (hasta cinco años; al menos 3 %) y ecorregímenes (voluntarios; mínimo 25 %). Asociados: ayuda por hectárea o animal y pago al algodón. Sectoriales: frutas y hortalizas, apícolas, vino, lúpulo, aceite… La condicionalidad (y la social, desde 2025) penaliza incumplimientos.

El segundo pilar: el desarrollo rural y el FEADER

El desarrollo rural es el segundo pilar de la PAC y refuerza el primero (renta y mercado). Tres objetivos a largo plazo: competitividad de agricultura y silvicultura; gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima; desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. Intervenciones en los artículos 69 a 78 del Reglamento 2021/2115 (nueve tipos; EUR-Lex añade un décimo). Del FEADER: al menos 35 % para clima y medio ambiente, al menos 5 % para Leader, como máximo 4 % de asistencia técnica. Contribución: 85, 80, 60 o 43 % según la región. Compromisos de cinco a siete años.

El Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC)

Cada Estado debe tener un Plan Estratégico de la PAC: por primera vez, una estrategia única para todas las intervenciones. El de España (PEPAC) lo aprobó la Comisión el 31-8-2022; la cuarta modificación, en vigor, es de 12-12-2025. Su programación empezó en 2018, en dos fases. Lo elaboró el Ministerio con las comunidades autónomas, que aplican la PAC en su territorio y diseñan las intervenciones territoriales. Gobernanza: RD 1046/2022; el Comité de seguimiento se reúne al menos una vez al año y se constituyó el 15-2-2023.

La política pesquera común: origen y reformas

La pesca entró en el Derecho de la Unión en 1958 como parte de la PAC. En 1970: mercado común, intervención estructural e igualdad de acceso (aguas de doce millas); en 1977, zona económica exclusiva de doscientas millas. En 1983 (Reglamentos 170/83 y 171/83) nació la conservación y gestión: TAC anuales del Consejo, repartidos en cuotas por «estabilidad relativa». Reformas: 1992 (esfuerzo pesquero, licencias), 2002 (planes plurianuales, consejos consultivos) y 2013 (rendimiento máximo sostenible, desembarque, regionalización).

El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 sobre la política pesquera común

El Reglamento (UE) n.º 1380/2013, en vigor desde el 1-1-2014, busca una pesca y acuicultura sostenibles, con criterio de precaución y enfoque ecosistémico. Según EUR-Lex, cuatro pilares: gestión de la pesca, política internacional, mercado y política comercial, y ayuda financiera (FEMPA). Elementos: rendimiento máximo sostenible; TAC anuales según el CIEM y el CCTEP, por estabilidad relativa; obligación de desembarque (2015-2019); planes plurianuales; regionalización. Acceso restringible hasta 12 millas (100 en ultraperiféricas), hasta finales de 2032.

El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)

El FEMPA (Reglamento 2021/1139, 2021-2027) apoya la PPC, la política marítima y la gobernanza de los océanos. Antecedentes: FEOGA (1970), IFOP (1994, introdujo la gestión compartida), FEP (2007-2013) y FEMP (2014-2020). Presupuesto: 6 108 millones EUR; 5 311 (87 %) en gestión compartida, con un programa nacional por Estado, y 797 (13 %) en gestión directa e indirecta. Cuatro prioridades: pesca sostenible, acuicultura, economía azul y gobernanza de los océanos. Al menos el 15 % para control y datos científicos.

El Reglamento de Disposiciones Comunes (UE) 2021/1060: fondos, objetivos y principios

El Reglamento (UE) 2021/1060, en vigor desde el 1-7-2021, fija normas financieras para ocho fondos y disposiciones adicionales para cinco: FEDER, FSE+, Fondo de Cohesión, FTJ y FEMPA (los otros tres: asilo y migración, seguridad interior, y fronteras y visados). FEDER, FSE+, Cohesión y FEMPA apoyan cinco objetivos políticos. Clima: 30 % del gasto de la UE. Principios: gestión compartida, asociación y gobernanza multinivel, y principios horizontales. Acuerdo de asociación y programas en tres meses.

El Reglamento de Disposiciones Comunes: rendimiento, seguimiento, evaluación y gestión

El Reglamento (UE) 2021/1060 regula también la gestión y el control de los fondos. Rendimiento: indicadores, hitos para finales de 2024 y metas para finales de 2029. Seguimiento: comité creado en tres meses desde la aprobación del programa, que se reúne al menos una vez al año. Evaluación: expertos independientes; impacto antes del 30-6-2029; la Comisión evalúa en 2024 y a más tardar el 31-12-2031. Auditoría de la Comisión en tres años. Sin reconocimiento de la ayuda, cancelación de hasta el 3 %. REPowerEU: hasta el 7,5 %.

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

El Fondo Social Europeo fue el primer fondo estructural. En 2021-2027 lo integra el FSE+ (Reglamento 2021/1057), junto con la Iniciativa de Empleo Juvenil, el fondo para las personas más desfavorecidas y el programa EaSI. Dos capítulos: gestión compartida y EaSI (gestión directa e indirecta). Objetivos: empleo elevado, protección social justa e inclusión, e igualdad de oportunidades. Mínimos en gestión compartida: 25 % inclusión social, 3 % más desfavorecidos, 5 % pobreza infantil y 12,5 % empleo juvenil (estos dos, según la tasa de 2017-2019).

El Fondo de Transición Justa (FTJ)

El Fondo de Transición Justa (Reglamento 2021/1056, art. 175 TFUE) apoya a los territorios que se transforman hacia una Unión climáticamente neutra; objetivo específico único: afrontar las repercusiones de la transición hacia 2030 y la neutralidad en 2050. Es el primer pilar del Mecanismo para una Transición Justa (los otros: InvestEU y préstamos al sector público con el BEI). Da sobre todo subvenciones; excluye nuclear, tabaco, fósiles y empresas en crisis. Gestión compartida con planes territoriales. Sin compromiso de neutralidad, 50 % de la asignación. Cofinanciación: 85, 70 o 50 %.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

El MRR (Reglamento 2021/241, en vigor desde el 19-2-2021) es la pieza central de NextGenerationEU. Promueve la cohesión y financia medidas que «no causen un perjuicio significativo» al medio ambiente en seis pilares. Presupuesto: 648 000 millones EUR (357 000 en subvenciones y 291 000 en préstamos); el máximo inicial era de 723 000. Respeta la adicionalidad. Planes nacionales con reformas e inversiones hasta el 31-12-2026: al menos 37 % ecológico y 20 % digital. Se basa en el rendimiento: se paga al cumplir hitos y objetivos, con solicitudes hasta dos veces al año.

NextGenerationEU y el MRR según la Junta de Andalucía

Según la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, el Consejo Europeo creó en 2020 Next Generation EU, el mayor estímulo jamás financiado por la Unión. Se financia con deuda: la Comisión se endeuda en los mercados en nombre de la Unión, y el endeudamiento neto nuevo cesa a más tardar al final de 2026. Dos instrumentos: el MRR y REACT-UE (ejecutado a través del FEDER, el FSE y el fondo para las personas más desfavorecidas); aportó también al FTJ y al FEADER. Reparto por países: 70 % con indicadores previos a la pandemia y 30 % decidido en 2022.