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A1.1100 · Grupo I · Gestión pública y sistemas de información

Tema 30 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Las Administraciones Públicas como organizaciones: las estructuras organizativas del sector público. Los servicios públicos. Tendencias actuales y retos para el futuro. Situación en Andalucía.

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Las Administraciones públicas como organizaciones

En este tema: todas las fichas. Ver las fichas

  1. Estructura organizativa, mecanismos de coordinación y modelos mecánico y orgánico

    Para Gómez López y Sánchez Santos (OCW Universidad de Cantabria), la estructura organizativa resulta de la división del trabajo y la coordinación. Hay seis mecanismos de coordinación: adaptación mutua (comunicación informal), supervisión directa (jerarquía), y normalización de procesos (análisis racional del trabajo), de resultados, de habilidades (capacitación del puesto) y de la ideología (creencias y valores). La normalización absorbe gran tamaño y complejidad. Entornos estables: estructuras mecánicas (eficiencia); dinámicos: orgánicas (flexibilidad).

  2. Partes de la organización y ámbito de control

    Esquema readaptado de Mintzberg (1984): alta dirección o ápice estratégico (misión, unidad, entorno, estrategia corporativa), dirección intermedia o línea media (nexo entre ápice y núcleo), núcleo de operaciones (ejecución), tecnoestructura (analistas que normalizan procesos, habilidades y resultados), staff de apoyo (fuera del flujo de operaciones) y cultura. Ámbito de control: subordinados por superior; tramos estrechos dan estructura alta y amplios, plana.

  3. Parámetros de diseño organizativo

    Parámetros de diseño según Gómez López y Sánchez Santos: diseño de puestos (especialización horizontal y vertical, formalización, preparación y adoctrinamiento), superestructura (departamentalización: criterios básicos por funciones y mercados; complementarios por números, tiempos y procesos), enlaces laterales (planificación y control; puestos de enlace, grupos y comités, directivos integradores) y sistema decisor (descentralización vertical, al bajar por la línea; horizontal, a personas ajenas a ella).

  4. Las formas estructurales de la organización

    Cinco formas estructurales (Gómez López y Sánchez Santos): simple (supervisión directa, ápice estratégico), funcional, que incluye la burocracia maquinal (normalización de procesos, tecnoestructura) y la profesional (normalización de habilidades, núcleo de operaciones; universidades y hospitales), divisional (normalización de resultados, línea media), matricial (funcional más mercados o proyectos, mando múltiple) y en red (eficiencia y flexibilidad, cooperación; red estable, interna y dinámica).

  5. Los modelos de Administración según Ramió: clientelar, burocrático, gerencial, de gobernanza y modelo híbrido

    Ramió (CLAD, 2021): la Administración ha transitado del modelo clientelar a los modelos burocrático (cerrado, garantista, estandariza procesos para equidad, neutralidad y seguridad jurídica), gerencial (economía, eficacia y eficiencia; resultados antes que procesos) y de gobernanza (participación de empresas y sociedad civil; la Administración, metagobernadora). Conviven en un modelo híbrido. Añade un cuarto: el de inteligencia institucional.

  6. Servicios de interés general: conceptos de la Comisión Europea

    La Comunicación COM(2011) 900 de la Comisión Europea define: SIG (los que cada Estado clasifica de interés general, sujetos a obligaciones de servicio público; económicos y no económicos), SIEG (actividades económicas de bien público que el mercado no haría sin intervención pública), SSIG (seguridad social y servicios esenciales a las personas), OSU (tipo de OSP para todos, con calidad y precio asequible, fijada a nivel europeo). No usa «servicio público» por ambiguo.

  7. El marco de calidad de la Unión Europea para los servicios de interés general

    Según COM(2011) 900, el Tratado de Lisboa introdujo el artículo 14 TFUE y el Protocolo n.º 26, que fija por primera vez en Derecho primario los principios de los SIG y respeta la competencia estatal sobre los no económicos; valores: calidad, seguridad, asequibilidad, igualdad de trato, acceso universal y derechos de los usuarios. Decidir sobre estos servicios toca primero a los Estados. Tres líneas: seguridad jurídica, acceso a servicios esenciales y calidad.

  8. Servicio público y gestión indirecta según Román Márquez

    Román Márquez (RAAP, núm. 89, 2014) prefiere «gestión indirecta», término del ordenamiento, y descarta privatización (enajenar la titularidad de un bien), externalización (desvinculación total que nunca se da; actividades ordinarias) y gestión privada (a veces es mixta). El legislador optó por la concepción restringida: excluye lo que implica autoridad. Exige publicatio. La gestión indirecta no afecta a la titularidad del servicio.

  9. Nueva Gestión Pública, post-NGP y Whole-of-government según Pont Vidal

    Pont Vidal (GAPP, INAP, 2016) asocia modelos y entornos: estable, continuidad (New Public Management); inseguro, transición (Post-NGP, Whole-of-government); de riesgo, innovador (Open government, Nueva gobernanza, Holistic governance). La NGP es «el paradigma de la continuidad». El Nuevo Servicio Público (Denhardt y Denhardt) prima los valores democráticos. El Whole-of-government trabaja entre divisiones con metas compartidas frente a la fragmentación.

  10. Gobierno abierto, e-Administración y Nueva Gobernanza según Pont Vidal

    Pont Vidal (GAPP, INAP, 2016): el Gobierno abierto es una administración en red, con tres ejes (transparencia, participación y colaboración, según la OGP); la transparencia es su distintivo fundamental. El Gov 2.0 es una especificidad suya ligada a las TIC. La e-Administración no es un modelo, sino un instrumento. La Nueva Gobernanza Pública es una práctica en red de actores públicos y privados, con ejes en evaluación y gobernanza.

  11. Innovación pública, gobernanza de datos e inteligencia artificial según Ramió

    Ramió (CLAD, 2021): el hexágono de la innovación de Oliván agrupa seis vectores (tec, open, trans, fast, proto, co). La gobernanza de datos valora los datos como activo, reparte responsabilidades y fija normas de calidad y uso; su máximo responsable es el CDO. Propone una unidad central de gobernanza de datos («confederal pero integrado»). Fases para la IA: digitalizar, gobernanza de datos, asociar small data en big data sectorial, incorporar la IA.

  12. Las nuevas organizaciones públicas y su arquitectura organizativa según Ramió

    Ramió (CLAD, 2021): de «organizaciones que saben» a «organizaciones que aprenden»: ambidiestras, que gestionan tres inteligencias, holacráticas (autoridad distribuida, Robertson 2015) y éticas. Arquitectura: estructura blanda (tres o cuatro ámbitos con directivos), estructura dura y nuclear (proyectos liderados por mandos intermedios), servicios comunes facilitadores y superestructura (prospectiva y datos). Burocracia de baja intensidad; «islas medianas, pero hiperconectadas».

  13. Las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía: inventario 2025 y Presupuesto 2026

    La LAJA clasifica las entidades instrumentales en agencias (administrativas, públicas empresariales y de régimen especial) y entidades privadas (sociedades mercantiles y fundaciones). El Inventario a 1-7-2025 recoge cuatro agencias de régimen especial: Agencia Tributaria, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, Servicio Andaluz de Empleo y la de Seguridad y Emergencias. El Presupuesto 2026 integra 26 entidades (14 sociedades y 12 fundaciones), que reciben 370,93 millones de la Junta.

  14. El sector público empresarial de la Junta de Andalucía (Memoria 2023)

    La Memoria 2023 (DG de Patrimonio, datos a 31-12-2023) integra en el sector público empresarial las agencias públicas empresariales (de libre mercado o no) y las sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria. En 2023 EXTENDA y SOPREA se extinguieron y la Agencia Andaluza del Conocimiento se integró en TRADE y ACCUA. Plantilla: 12.805 personas; AMAYA, la mayor (4.579). Control financiero posterior de la Intervención General.

Potestades, discrecionalidad, acto administrativo y servicio público

En este tema: fichas 8–12. Ver las fichas

  1. El servicio público: concepto y evolución

    La clasificación tradicional de la actividad administrativa se debe a Jordana de Pozas y se sistematizó en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955: policía (imperium o coacción), servicio público (prestaciones a los ciudadanos) y fomento (incentiva a los particulares). El servicio público es principio básico desde el arrêt Terrier (6-2-1903), por las conclusiones de Romieu. La Escuela de Duguit lo expandió; hoy se transita al servicio de interés general. Notas: titularidad pública por Ley (publicatio) y finalidad prestacional.

  2. Servicios esenciales, reserva al sector público y clases de servicios

    El art. 128.2 CE permite reservar por ley al sector público recursos o servicios esenciales, sobre todo en monopolio. Reserva no es demanialización; el monopolio es una reserva cualificada, pero la reserva no lo implica; debe ser justificada y proporcionada; admite gestión por particulares; y lo esencial no obliga a reservar. Primera interpretación: STC 26/1981. La LBRL (art. 86.2) reserva a los entes locales agua, residuos y transporte de viajeros; el monopolio exige pleno y aprobación autonómica. Clases: uti singuli (agua en domicilio) y uti universi (alumbrado).

  3. Titularidad y gestión del servicio público; la gestión directa

    Fortes Martín distingue la titularidad del servicio público, siempre pública (en monopolio o en libre concurrencia), y su gestión, pública o privada: directa o indirecta si cabe explotación económica, nunca indirecta si implica ejercicio de autoridad. En la indirecta hay relación Administración-prestador y prestador-usuario (admisión y pago). El art. 85 LBRL ordena la forma más sostenible y eficiente: gestión directa por la entidad, organismo autónomo, entidad pública empresarial o sociedad mercantil pública; las dos últimas exigen memoria justificativa e informe del interventor.

  4. La gestión indirecta tras la Ley 9/2017: concesión de servicios y riesgo operacional

    La Ley 9/2017 (LCSP) suprime el contrato de gestión de servicio público y crea, por la Directiva 2014/23/UE, la concesión de servicios: uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso la gestión de un servicio de su titularidad o competencia, a cambio del derecho a explotarlo (con o sin precio), transfiriendo el riesgo operacional (art. 14.4). La separa del contrato de servicios quién asume ese riesgo. No cabe para servicios con ejercicio de autoridad (art. 284.1), y antes debe fijarse su régimen jurídico (publicatio).

  5. Gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta

    El art. 277 del TRLCSP regulaba modalidades del contrato de gestión de servicios públicos, que la Ley 9/2017 suprime. Según el DPEJ: gestión interesada, la Administración y el empresario participan en los resultados de la explotación en la proporción del contrato; concierto, se contrata con quien ya realiza prestaciones análogas; sociedad de economía mixta, capital en parte público y en parte privado. A esta última aún se le puede adjudicar directamente una concesión (DA 22.ª, sentencia Acoset). El art. 85.2.B LBRL sigue remitiendo al TRLCSP.

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