Normativa para la prevención, evaluación e intervención en situaciones de violencia, discriminación y acoso en la Universidad de Sevilla

Capítulo IAdopción de medidas de prevención

Capítulo IEl Comité Técnico para la Prevención, Evaluación e Intervención en Situaciones de Violencia, Discriminación y Acoso (en adelante Comité)

• Art. 9Definición y adscripciónEl Comité es el órgano competente para proponer programas de prevención, investigar y evaluar situaciones concretas de violencia, discriminación o acoso de cualquier naturaleza en la comunidad universitaria y, en su caso, proponer actuaciones. Es un órgano técnico, sin mandato imperativo, independiente e imparcial. Evalúa las situaciones que le plantea la Secretaría General y realiza propuestas de intervención. Sus actuaciones no conforman expediente administrativo. Está adscrito al Vicerrectorado con competencias en igualdad.
• Art. 10Composición del ComitéEl Comité lo integran: el Vicerrector/a con competencias en igualdad (o persona en quien delegue), que lo preside; el Director/a de la Unidad para la Igualdad u órgano equivalente; el Director/a del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales; una persona experta en riesgo psicosocial; otra experta en materia jurídica; y representantes del colectivo de quien solicita la intervención y del investigado, si son distintos. Pueden sortearse de varias listas. Lo nombra resolución rectoral, funciona según las normas del Consejo de Gobierno, recibe formación específica y se le aplica la abstención y recusación. No pueden formar parte los miembros de la Comisión de Convivencia.
• Art. 11Procedimiento de elección de la persona representante del PDI, PTGAS o estudiantado en el ComitéAl inicio de cada curso académico se sortean las personas titulares y suplentes que representan en el Comité al PDI, PTGAS o Estudiantado. Si los hechos implican a personas del mismo colectivo (PDI o PTGAS), el sorteo se hace entre los delegados y delegadas de prevención en acoso laboral, o entre estos y la Red de Referentes en el resto de supuestos. Si el representante es estudiante, se elige del listado conjunto del CADUS y de la Red Ciudadana de Voluntariado contra la violencia de género. Si hay dos colectivos, participan los representantes de cada uno. Los elegidos actúan durante un curso académico, salvo incompatibilidad de la Ley 39/2015. La persona afectada debe comunicarlo al Rector o Rectora.
• Art. 12Funciones del ComitéEl Comité Técnico elabora programas de prevención por indicación del Vicerrectorado competente en materia de igualdad. Atiende los casos que le traslada la Secretaría General y los investiga y evalúa. Para ello puede recabar información de los servicios universitarios y hacer entrevistas. Informa del derecho a apoyo psicológico y jurídico. Propone al Rector o Rectora medidas provisionales y planes de recuperación, y supervisa su cumplimiento. Elabora un informe final confidencial por caso y una memoria anual anonimizada. Asume lo que le encomiende el Rector y puede recurrir a personas expertas.
• Art. 13Principios aplicables a las actuaciones del ComitéEl Comité actúa conforme a los principios de enfoque de género, respeto y protección a las personas afectadas, confidencialidad, diligencia y celeridad, imparcialidad y contradicción, prevención y prohibición de represalias. Pueden ser acompañadas, si lo solicitan expresamente, tanto la persona solicitante como la presuntamente responsable. El acompañante puede ser un delegado o delegada de Prevención, alguien de la Red de Referentes, un representante estudiantil o cualquier persona a su elección. Quien intervenga firma al inicio un documento de confidencialidad y tiene deber de sigilo. La citación se hace mediante oficio con acuse de recibo. Las personas citadas deben colaborar de buena fe. El Comité vela contra cualquier represalia.

Capítulo IIProcedimiento específico de Evaluación e Intervención ante Situaciones de Violencia, Discriminación y Acoso

• Art. 14Garantías que debe cumplir el procedimientoEl artículo enumera siete garantías del procedimiento: 1) respeto y protección a las personas, con discreción para proteger intimidad y dignidad y evitar la revictimización; 2) confidencialidad y reserva estrictas; 3) diligencia y celeridad, sin demoras injustificadas; 4) imparcialidad, con audiencia imparcial y actuación de buena fe; 5) protección de la dignidad de presuntas víctimas y de presuntos responsables; 6) indemnidad de quien solicita la investigación, de quien presta asistencia y de los miembros del Comité, con posibles efectos disciplinarios; 7) datos personales conforme a la LO 3/2018 y al RGPD.
• Art. 15Adopción de medidas provisionalesEn cualquier momento de la tramitación, el Comité podrá proponer al Rector o Rectora medidas provisionales, en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de las Normas de Convivencia. Su fin es evitar los efectos negativos y garantizar la salud de las personas afectadas. Las propuestas deben estar motivadas y tener en cuenta los puestos y actividades de quienes solicitaron la intervención. Cabe proponer la movilidad de Centro, Grupo o Turno de trabajo, y la presunta víctima tiene preferencia de elección. Las medidas se proponen y revisan en cualquier fase. Si el caso pasa al ámbito judicial o administrativo, el Comité puede proponer medidas para mejorar la convivencia y restablecer la salud individual y ambiental mientras se resuelve.
• Art. 16Inicio del procedimiento de intervenciónLas situaciones de violencia, discriminación y acoso se presentan a través del buzón único electrónico para la convivencia de la Universidad de Sevilla, que gestiona la Secretaría General. Si el órgano competente lo considera, lo pone en conocimiento del Comité. Iniciar el procedimiento es voluntario y no es necesario para emprender acciones legales. Si los hechos se investigan, total o parcialmente, en un procedimiento administrativo, disciplinario o judicial, o se han denunciado ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el procedimiento de investigación se suspende de inmediato hasta la resolución judicial o administrativa.
• Art. 17Indagación inicialRecibida la solicitud de intervención, el Comité se reúne para analizar la información, recabar la necesaria y decidir en un plazo de 10 días hábiles. El propio Comité puede ampliarlo según la complejidad del caso y previa comunicación a las partes. Si quien solicita no es la persona afectada, se pide su ratificación y, confirmada, empiezan las actuaciones. El Comité puede entrevistar, empezando por quien presenta la solicitud, y/o pedir asesoramientos técnicos. Las partes reciben información del proceso. El secretario o secretaria levanta acta de cada sesión, a la que se adjunta lo que aporten por escrito los entrevistados.
• Art. 18Valoración inicial. Primera faseTras analizar la información, el Comité adopta una de cinco decisiones: a) cerrar la solicitud si es evidente que los hechos no encajan en la materia de la Normativa; b) si no hay violencia, discriminación o acoso pero conviene mejorar la convivencia, remitir el caso al servicio o unidad competente, en el marco de la prevención de riesgos laborales; c) si puede haber infracción disciplinaria, proponer que se eleve al órgano competente; d) si puede haber delito, dar traslado al Rector o Rectora; e) si hay que profundizar, pasar a la segunda fase comunicándolo a las partes interesadas.
• Art. 19Indagación avanzada. Segunda faseSi el Comité considera necesaria una mayor indagación y continúa el procedimiento, puede realizar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos. Entre ellas destacan: convocar por separado a las partes; consultar o entrevistar a personas del entorno (responsables y miembros de Centros, Departamentos o Servicios afectados); solicitar informes expertos; y valorar si conviene comunicar la tramitación a la persona responsable inmediata superior. Todo se hará con máxima sensibilidad, respeto a los derechos y confidencialidad. La tramitación dura 20 días hábiles desde la admisión de la solicitud. El Comité puede ampliar ese plazo por acuerdo, según la complejidad del caso y previa comunicación a las partes.
• Art. 20Finalización del procedimiento. Informe del ComitéCuando el Comité ya ha reunido toda la información necesaria para aclarar los hechos, elabora un informe. El plazo es de 10 días hábiles desde la última actuación del artículo 18 a), b), c) y d) y del artículo 19. El informe recoge, al menos, el origen de las actuaciones, los principales hechos, las evidencias, el resumen de los argumentos de las partes, las medidas adoptadas (en su caso) y las conclusiones. Las conclusiones se ajustan a una de cinco situaciones (a-e). El informe se remite a las partes interesadas, a la Secretaría General y, en su caso, al Rector o Rectora.

Capítulo IMedidas que faciliten la protección, recuperación y reparación

• Art. 21Plan de protección, reparación y recuperaciónLa US propondrá un plan anual con medidas de protección, reparación y recuperación para quienes sufren violencia, discriminación o acoso. Incluirá, en su caso, los ámbitos psicológico, social, académico y laboral. Su objetivo es permitir que las personas afectadas continúen su trayectoria académica, profesional o de estudio. El plan fijará su inicio, su revisión y su periodo de vigencia. Las propuestas deben estar motivadas y tener en cuenta los puestos y actividades de las personas implicadas en los hechos.

Capítulo IIComisión de Seguimiento

• Art. 22ObjetoPara el seguimiento y control del Plan de Protección, Recuperación y Reparación adoptado, la presidencia del Comité propondrá al Rector o Rectora la constitución de una Comisión de Seguimiento. Su composición no es fija: se determina en cada caso y la integran personas de los Centros, Servicios o Unidades con competencias para velar por la correcta implantación y seguimiento de las medidas adoptadas.
• Art. 23FuncionesLa Comisión de Seguimiento tiene tres funciones: velar por el cumplimiento y eficacia de las medidas establecidas; vigilar que no haya situaciones de hostilidad en el entorno de trabajo o estudio contra las personas implicadas en una solicitud de intervención por violencia, discriminación o acoso; y comunicar, en su caso, a la Secretaría General las incidencias o dificultades en la implantación de las medidas cuya solución exceda de sus competencias. Decae en sus funciones cuando finaliza el Plan de Protección, Recuperación y Protección de las víctimas, con un informe final que eleva a la Secretaría General.