Tema 20 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Artículo 45. Medio ambiente y calidad de vida

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes lo violen se establecerán sanciones penales o administrativas y la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 148. Competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas

Enumera en veintidós apartados las materias que las Comunidades Autónomas podrán asumir: organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas de interés autonómico, ferrocarriles y carreteras internos, agricultura y ganadería, montes, gestión de la protección del medio ambiente, pesca en aguas interiores, turismo, asistencia social, sanidad e higiene y vigilancia de sus edificios, entre otras. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del artículo 149.

Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado

Enumera en 32 apartados las materias reservadas en exclusiva al Estado: relaciones internacionales, defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, procesal, civil y laboral, Hacienda general, seguridad pública… El apartado 3 cierra el sistema: lo que la Constitución no atribuye al Estado puede asumirlo una Comunidad Autónoma por su Estatuto; lo que ninguna asuma queda para el Estado; y el derecho estatal es en todo caso supletorio del autonómico.

Artículo 16. De la planificación de los recursos y espacios naturales a proteger

Los recursos naturales, y en especial los espacios naturales a proteger, deben planificarse para adecuar su gestión a los principios inspiradores del artículo 2 de la Ley. Los instrumentos de esa planificación, se llamen como se llamen, tendrán los objetivos y contenidos que establece esta Ley.

Artículo 17. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales

Los PORN son el instrumento específico para delimitar, tipificar, integrar en red y relacionar con el resto del territorio los sistemas del patrimonio y los recursos naturales de un ámbito; su vigencia y revisión las fijan las comunidades autónomas o, en su ámbito, la Administración General del Estado. El Ministerio de Medio Ambiente, con participación autonómica, elabora directrices de ordenación, aprobadas por Real Decreto en dos años como máximo, previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Los PORN incluyen memoria económica.

Artículo 18. Objetivos

Los PORN tienen siete objetivos: identificar y georreferenciar espacios y elementos significativos del patrimonio natural; definir su estado de conservación; identificar la capacidad e intensidad de uso y fijar alternativas de gestión y limitaciones; formular criterios para políticas sectoriales y actividades económicas y sociales; señalar regímenes de protección para mantener, mejorar o restaurar los ecosistemas, su funcionalidad y conectividad; prever medidas de conservación y restauración; y contribuir a redes ecológicas de espacios de alto valor natural.

Artículo 19. Alcance

Los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y física contradictorios con los PORN deben adaptarse a ellos y, mientras tanto, prevalecen las determinaciones del PORN. Los PORN son determinantes respecto de otras actuaciones, planes o programas sectoriales, que solo pueden contradecirlos por razones imperiosas de interés público de primer orden, con decisión motivada y pública. Los Ayuntamientos pueden proponer excepciones motivadas para garantizar servicios mínimos, que aprueba el órgano autonómico competente.

Artículo 20. Contenido mínimo

Contenido mínimo de los PORN: delimitación del ámbito y descripción de sus características físicas, geológicas y biológicas; inventario y estado de conservación del patrimonio natural, con diagnóstico y previsión de evolución; criterios de conservación, protección, restauración y uso sostenible; limitaciones generales y específicas de usos y actividades; en su caso, aplicación de algún régimen de protección; criterios orientadores para las políticas sectoriales; medidas de conectividad ecológica; y memoria económica sobre costes e instrumentos financieros previstos para su aplicación.

Artículo 21. Corredores ecológicos y Áreas de montaña

Las Administraciones Públicas deben prever, en su planificación ambiental o en los PORN, mecanismos de conectividad ecológica, estableciendo o restableciendo corredores, en especial entre espacios Red Natura 2000 y entre espacios de singular relevancia para la biodiversidad, con papel prioritario de cursos fluviales, vías pecuarias, áreas de montaña y otros elementos lineales y continuos o de enlace, sean o no espacios protegidos. También promoverán directrices de conservación de las áreas de montaña que atiendan, como mínimo, a sus valores paisajísticos, hídricos y ambientales.

Artículo 22. Elaboración y aprobación de los Planes

La elaboración y aprobación de los PORN corresponde a las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos competenciales. Su procedimiento de elaboración debe incluir necesariamente audiencia a los interesados, información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales afectados y de las organizaciones sin fines lucrativos que persigan los objetivos de la Ley.

Artículo 1. Objeto de la Ley

La ley persigue tres objetivos: asegurar que España cumpla el Acuerdo de París (adoptado el 12 de diciembre de 2015, firmado por España el 22 de abril de 2016 y publicado en el BOE el 2 de febrero de 2017), facilitar la descarbonización de la economía y su transición a un modelo circular con uso racional y solidario de los recursos, y promover la adaptación al cambio climático y un desarrollo sostenible que genere empleo decente y reduzca desigualdades. AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en sus competencias, cumplen ese objeto y cooperan y colaboran.

Artículo 2. Principios rectores

Las actuaciones de la Ley 7/2021 y de su desarrollo se rigen por los principios del derecho nacional, en el marco de las competencias del Estado y las CCAA, y del derecho de la UE e internacional sobre energía y clima. Destacan la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (Nueva York, 9-5-1992), el Acuerdo de París (adoptado el 12-12-2015, firmado por España el 22-4-2016, BOE de 2-2-2017) y la Agenda 2030 (25-9-2015). Añade 15 principios, de la a) a la ñ), entre ellos descarbonización (modelo sin emisiones de GEI), «quien contamina, paga», infancia, precaución, no regresión e IPCC.

Artículo 3. Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética

Fija objetivos mínimos nacionales para 2030: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 23 % respecto de 1990; al menos un 42 % de renovables en el consumo de energía final; al menos un 74 % de generación eléctrica renovable; y bajar el consumo de energía primaria al menos un 39,5 % respecto de la línea de base comunitaria. Antes de 2050, España deberá alcanzar la neutralidad climática con un sistema eléctrico exclusivamente renovable. El Consejo de Ministros puede revisar los objetivos solo al alza. La primera revisión se inicia en 2023.

Artículo 4. Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima

El PNIEC es la herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima. Refleja la contribución de España a los objetivos de la UE. Se aprueba por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los informes de progreso los elabora ese Ministerio y se someten periódicamente al Consejo de Ministros para su toma en consideración, con publicidad. El primer PNIEC abarca 2021-2030. Contenido mínimo: objetivos cuantitativos (emisiones y sumideros, renovables, eficiencia), políticas y medidas, y lo que exija la normativa de la UE.

Artículo 5. Estrategia de Descarbonización a 2050

El Gobierno aprobará una Estrategia de Descarbonización a 2050. Esta Estrategia fija la senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de aumento de las absorciones por sumideros de toda la economía española hasta 2050. Sirve para cumplir los objetivos del artículo 3 y la normativa de la UE. Se revisa cada cinco años e incluye, al menos, un objetivo intermedio indicativo de mitigación en 2040. Se aprueba por real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Después se da cuenta al Congreso y al Senado.

Artículo 6. Digitalización para la Descarbonización de la Economía

El Gobierno debe adoptar acciones para impulsar la digitalización de la economía que ayuden a cumplir los objetivos de descarbonización, dentro de la estrategia España Digital 2025. Entre ellas: a) afrontar los retos y oportunidades de la tecnología digital en energía, movilidad sostenible, economía circular, capital natural, redes y ciudades inteligentes; b) informar y difundir propuestas de reducción de emisiones de la economía digital; c) usar nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, con algoritmos energéticamente eficientes por diseño; d) impulsar las competencias digitales de la fuerza laboral, también en sectores de Transición Justa; e) promover que las compañías logren una digitalización sostenible.

Artículo 7. Generación eléctrica en dominio público hidráulico

Las nuevas concesiones hidráulicas eléctricas priorizan integrar renovables en el sistema. Se promueven en especial las reversibles que cumplan objetivos ambientales de masas de agua y caudales ecológicos de los planes hidrológicos de cuenca, compatibles con derechos de terceros, gestión eficiente y protección ambiental del recurso. Reglamento: condiciones de bombeo, almacenamiento y turbinado. Se promueve generar con fluyentes urbanos para el ciclo urbano del agua, condicionado a los objetivos de esos sistemas y a viabilidad técnica y económica.

Artículo 8. Eficiencia energética y rehabilitación de edificios

El Gobierno promueve el uso eficiente de la energía, la gestión de la demanda y las renovables en la edificación, sin perjuicio de las competencias autonómicas y con especial referencia a edificios habitados por personas vulnerables. Los materiales deben tener la menor huella de carbono posible. La rehabilitación energética garantizará la accesibilidad y usabilidad. En un plazo inferior a seis meses, el Gobierno elaborará un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana, que seguirá la ERESEE. Las Administraciones Públicas podrán establecer incentivos. Todo será coherente con los Planes Integrados de Energía y Clima.

Artículo 9. Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos

Desde la entrada en vigor de la ley no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos (Ley 34/1998 y RDL 16/2017). Esto rige en todo el territorio nacional, incluidos el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Tampoco se autorizarán explotaciones con fracturación hidráulica de alto volumen. Cinco años antes de que termine una concesión, su titular presentará ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe de reconversión que contemple el mantenimiento del empleo.

Artículo 10. Investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos

Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2021 no se admiten nuevas solicitudes de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, de minerales radiactivos. Estos permisos se regulan por la Ley 22/1973, de minas, y los minerales se definen en la Ley 25/1964, sobre energía nuclear. La prohibición solo opera cuando se extraen por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles. Tampoco se admiten nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para procesar esos minerales, definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

Artículo 11. Ayudas a productos energéticos de origen fósil

Desde la entrada en vigor de la ley, los nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil solo caben si se justifican por motivos de interés social, económico o por la inexistencia de alternativas tecnológicas. En el último trimestre de cada año natural, el Ministerio de Hacienda elabora un informe sobre su régimen fiscal e identifica las ayudas y medidas que favorecen su uso. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico propone un calendario de revisión de esas ayudas. Lo hace teniendo en cuenta los informes de Hacienda y previa consulta a los ministerios sectoriales afectados. El calendario lo aprueba el Consejo de Ministros mediante Acuerdo.

Artículo 12. Fomento y objetivos de los gases renovables

El Gobierno fomentará, mediante planes específicos, la penetración de los gases renovables: biogás, biometano, hidrógeno y otros combustibles fabricados exclusivamente con materias primas y energía renovables o que permitan reutilizar residuos orgánicos o subproductos animales o vegetales. Para cumplir los objetivos de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, esos planes podrán prever, entre otras: a) objetivos anuales de penetración en la venta o consumo de gas natural, con tipos de producto y sujetos obligados; b) un sistema de certificación y mecanismos de flexibilidad; c) regulaciones sobre uso industrial directo, movilidad e inyección en la red de gas natural.

Artículo 13. Objetivos de energías renovables y combustibles alternativos sostenibles en el transporte

El Gobierno fija objetivos anuales de integración de renovables y de suministro de combustibles alternativos en el transporte, con énfasis en biocarburantes avanzados y combustibles renovables de origen no biológico. En el transporte aéreo, los objetivos se fijan a propuesta conjunta de los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, teniendo en cuenta la lejanía y realidad de los territorios insulares. Reglamentariamente se adoptarán medidas, que podrán incluir: a) los tipos de producto y los sujetos obligados; b) un sistema de certificación y mecanismos de flexibilidad. Los combustibles del transporte aéreo deben cumplir los criterios de sostenibilidad de la normativa europea y nacional, en particular la Directiva 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018.

Artículo 14. Promoción de movilidad sin emisiones

Las tres Administraciones adoptarán medidas para que en 2050 el parque de turismos y comerciales ligeros no tenga emisiones directas de CO2. El PNIEC fijará objetivos para 2030. Los nuevos, salvo históricos no comerciales, serán de 0 g CO2/km no más tarde de 2040. Municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares: planes de movilidad urbana sostenible y zonas de bajas emisiones antes de 2023; también los de más de 20.000 si superan los valores límite del RD 102/2011.

Artículo 15. Instalación de puntos de recarga eléctrica

El Gobierno publicará en un año los puntos de recarga públicos vía el Punto de Acceso Nacional de la Jefatura Central de Tráfico. Gasolineras con ventas 2019 ≥10 M litros: recarga ≥150 kW CC en 21 meses. Ventas 2025 ≥10 M: grupo ≥400 kW; 2027 en adelante: ≥600 kW (21 meses desde las resoluciones del apdo. 7). Entre 5 y 10 M: ≥50 kW en 27 meses. Nuevas o reformadas desde 2021: ≥50 kW. Listados por Orden del MITECO y, desde 2023 bianualmente, por Resolución de la Secretaría de Estado de Energía. Edificios no residenciales privados con más de 20 plazas: antes del 1-1-2023.

Artículo 15 bis. Planificación, despliegue e instalación de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico

El Gobierno elaborará un Plan estatal para desplegar la infraestructura pública de recarga del vehículo eléctrico y electrificar el transporte por carretera. Atenderá sobre todo a las zonas donde la iniciativa privada no llegue, tanto para vehículos ligeros como pesados, y recogerá medidas regulatorias, financieras o de otro tipo. Se rige por el Reglamento (UE) 2023/1804, de 13 de septiembre de 2023, que deroga la Directiva 2014/94/UE, y por el Marco de Acción Nacional. Tendrá en cuenta el PNIEC y sus revisiones. Podrá pedirse informe al GTIRVE.

Artículo 16. Transporte marítimo y puertos

En los puertos de competencia del Estado, el Gobierno reducirá paulatinamente las emisiones de combustibles fósiles de buques, embarcaciones, artefactos navales y plataformas amarrados o fondeados. La meta es cero emisiones directas antes de 2050. Promoverá cadenas logísticas sostenibles. El Ministerio de Transportes actúa a través de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, previo acuerdo con las CCAA: incentivos, accesos y objetivos de consumo según el nivel de actividad. Autopistas del Mar y Ro-Ro: con homólogos de otros países y previa autorización solicitada a la Comisión Europea.

Artículo 17. Adaptación al Cambio Climático

El PNACC es el instrumento de planificación básico frente a los efectos del cambio climático en España, e incluye impactos originados fuera de las fronteras. Fija 5 objetivos específicos (escenarios regionalizados, información, participación, indicadores, informes) y 4 contenidos básicos (impactos y riesgos, vulnerabilidad, objetivos estratégicos con indicadores, medidas). Lo aprueba el Consejo de Ministros por Acuerdo, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, previa puesta en común con las CCAA en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático. Se desarrolla con Programas de Trabajo quinquenales (Orden ministerial) y con planes sectoriales de los Departamentos ministeriales. Prioriza la adaptación basada en ecosistemas.

Artículo 18. Informes sobre riesgos climáticos y adaptación

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará y publicará informes sobre la evolución de los impactos y riesgos del cambio climático y sobre las políticas y medidas para aumentar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad frente a él en España. Los hará en colaboración con otros departamentos ministeriales y con las Comunidades Autónomas, con una periodicidad al menos quinquenal. Su finalidad es cumplir los objetivos de información del Acuerdo de París y de la normativa internacional y comunitaria.

Artículo 19. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión del agua

La planificación y gestión hidrológica deben buscar la seguridad hídrica para las personas, la biodiversidad y las actividades socioeconómicas, según la jerarquía de usos. Deben adecuarse a la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica, que aprueba el Consejo de Ministros por Acuerdo en un año desde la entrada en vigor de la ley. Han de incluir cuatro riesgos: caudales y acuíferos, fenómenos extremos (avenidas y sequías), temperatura del agua y ascenso del nivel del mar. El apartado 4 enumera nueve obligaciones (a-i), entre ellas sedimentos en embalses y plan de financiación.

Artículo 20. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio público marítimo-terrestre

El medio marino se planifica y gestiona para aumentar su resiliencia al cambio climático. La costa debe ajustarse a la Estrategia de Adaptación de la Costa (prevista en la disposición adicional octava de la Ley 2/2013). Sus objetivos son incrementar la resiliencia de la costa española y integrar la adaptación en su planificación y gestión. Los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y sus prórrogas se gestionan según el título III y el artículo 13 ter de la Ley de Costas. Sus plazos se computan desde el otorgamiento e incluyen todas las prórrogas, sin superar los máximos de la Ley de Costas y de la Ley 33/2003. Los actos contrarios dictados tras la entrada en vigor de la ley son nulos de pleno derecho.

Artículo 21. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión territorial y urbanística, así como en las intervenciones en el medio urbano, en la edificación y en las infraestructuras del transporte

Apdo. 1: la planificación y gestión territorial y urbanística, las intervenciones en el medio urbano, la edificación y las infraestructuras de transporte perseguirán principalmente cuatro objetivos: a) considerar los riesgos del cambio climático; b) integrar medidas de adaptación progresiva y resiliencia; c) adecuar las nuevas instrucciones de cálculo y diseño y adaptar progresivamente las ya aprobadas, para disminuir emisiones; d) mitigar el efecto «isla de calor». Apdo. 2: zonificación de zonas de sensibilidad y exclusión; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elabora y actualiza la herramienta cartográfica y vela, en coordinación con las CCAA, por las renovables.

Artículo 22. Consideración del cambio climático en la seguridad y dieta alimentarias

Las Administraciones Públicas fomentarán que se conozcan mejor los efectos del cambio climático en la seguridad y la dieta alimentarias. También fomentarán el diseño de acciones para mitigarlos y adaptarse a ellos. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluirá objetivos estratégicos concretos, indicadores asociados y medidas de adaptación frente a los riesgos en la seguridad alimentaria, incluidos los riesgos emergentes alimentarios. En los contratos de la AGE y de sus organismos y entidades dependientes o vinculados que exijan adquirir alimentos, los pliegos podrán fijar condiciones especiales de ejecución. Estas condiciones priman alimentos frescos o de temporada y de ciclo corto de distribución, conforme al art. 202 LCSP y al Derecho Comunitario.

Artículo 23. Consideración del cambio climático en la salud pública

El artículo tiene dos apartados. 1) Las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la salud pública y sobre las iniciativas para su prevención. 2) En el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se diseñarán e incluirán objetivos estratégicos concretos, indicadores asociados y medidas de adaptación para reducir o evitar los riesgos en la salud pública asociados al cambio climático, incluidos los riesgos emergentes.

Artículo 24. Protección de la biodiversidad frente al cambio climático

Las Administraciones Públicas fomentarán el conocimiento sobre vulnerabilidad y resiliencia de especies y hábitats frente al cambio climático. Ese conocimiento se integrará en el Inventario, el Plan Estratégico y la Estrategia de Infraestructura Verde. En tres años desde la aprobación de la ley se presentan a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente la estrategia de ecosistemas sensibles (aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros) y la evaluación de la Red Natura 2000. Los atlas nacionales se actualizan en cinco años desde la entrada en vigor.

Artículo 25. Desarrollo rural: política agraria, política forestal y energías renovables

El Gobierno debe incorporar, en la aplicación de la Política Agraria Común, en otras estrategias, planes y programas de política agraria y desarrollo rural y en el Plan Forestal Español, medidas para reducir la vulnerabilidad al cambio climático de suelos agrícolas, montes y suelos forestales y facilitar su preservación. Entre ellas: un mapa de vulnerabilidad y la evaluación y promoción de sistemas agrícolas y gestión forestal sostenibles para aumentar su resiliencia, con sinergias con la reducción de emisiones. El despliegue de renovables debe ser compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial, y perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico.

Artículo 26. Fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono

Las Administraciones Públicas competentes promoverán la identificación, clasificación, cartografía, aumento y mejora de los sumideros de carbono, incluidos los de carbono azul definidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y también su evaluación y contabilización con la información existente. En el marco del Consejo Nacional del Clima y de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, incentivarán que propietarios y gestores públicos y privados, especialmente del sector agrario y forestal, aumenten la captación de CO2. Se fomentarán las externalidades positivas de los sumideros terrestres y marinos y el uso de la biomasa primaria y de los productos forestales. Ese fomento se enmarca en el apoyo a la bioeconomía como motor de las zonas rurales y se adapta a las obligaciones de calidad del aire.

Artículo 27. Estrategia de Transición Justa

La Estrategia de Transición Justa es el instrumento estatal para aprovechar las oportunidades de actividad y empleo de la transición a una economía baja en emisiones y garantizar un trato equitativo y solidario a trabajadores y territorios. La aprueba el Gobierno cada cinco años, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de seis Ministros (Transición Ecológica, Trabajo, Industria, Agricultura, Transportes y Ciencia), con participación de CCAA y agentes sociales. Tiene cinco contenidos (a-e) y debe incorporar la perspectiva de género, la inclusión social y la accesibilidad universal.

Artículo 28. Convenios de transición justa

Los convenios de transición justa se suscriben en el marco de la Estrategia de Transición Justa. Buscan fomentar la actividad económica y la empleabilidad de trabajadores vulnerables, en particular ante cierres o reconversiones de instalaciones. Los firma el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con otras Administraciones, sobre todo Entidades Locales. Antes debe haber informe de los Ministerios de Trabajo, de Inclusión y de Industria. Las CCAA participan según sus competencias. Deben incluir cinco contenidos (a-e). Su vigencia inicial es de máximo 7 años, prorrogable hasta 7 más.

Artículo 29. Cese de la producción de carbón nacional

Para otorgar autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, prórrogas o cesiones de carbón de unidades inscritas en el Plan de Cierre de la Minería del Carbón no Competitiva (Decisión 2010/787/UE), es requisito devolver las ayudas de todo el período del plan. La cuantía exigible y los intereses devengados se reintegran antes de cualquier autorización. Se aplica también a las solicitudes, prórrogas o cesiones en tramitación al entrar en vigor la ley. Vela por su cumplimiento el Instituto para la Transición Justa, en cooperación con las CCAA donde estén las minas cerradas.

Artículo 30. Recursos públicos destinados a la lucha contra el cambio climático

Los Presupuestos Generales del Estado deben destinar al clima y a la transición energética, al menos, un porcentaje equivalente al del Marco Financiero Plurianual de la UE. Se exceptúan los recursos transferidos a las Administraciones territoriales y los gastos sin incidencia directa: personal, finalidad social (pensiones, desempleo) y finalidad estrictamente financiera (servicio de la Deuda). El Gobierno, a propuesta conjunta de MITECO y Hacienda, revisará al alza ese porcentaje antes de 2025. Los ingresos de las subastas de derechos de emisión se destinan: al menos 450 millones de euros al sistema eléctrico (renovables), hasta el 30 % a medidas sociales y hasta el 25 % a compensar costes indirectos de instalaciones en riesgo de fuga de carbono.

Artículo 31. Contratación pública

Toda contratación pública incorporará de forma transversal y preceptiva criterios medioambientales y de sostenibilidad energética vinculados al objeto del contrato, objetivos y con su ponderación en el pliego. La AGE y el sector público estatal incluirán como prescripciones técnicas criterios de reducción de emisiones y huella de carbono. En un año, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el de Hacienda elaborarán un catálogo de prestaciones. En obras y proyectos se incluirán algunos de seis criterios de adjudicación (a-f) y se podrán incluir dos prescripciones técnicas (madera sostenible y repoblación autóctona). Los arrendamientos de inmuebles sin consumo de energía casi nulo no podrán prorrogarse más allá de 2030, salvo los situados en el extranjero.

Artículo 32. Integración del riesgo del cambio climático por entidades cuyos valores estén admitidos a negociación en mercados regulados, entidades de crédito, entidades aseguradoras y reaseguradoras y sociedades por razón de tamaño

Cuatro grupos de entidades deben elaborar un informe anual que evalúe el impacto financiero de los riesgos del cambio climático, incluidos los de transición, y las medidas adoptadas. Las cotizadas lo remiten a la CNMV dentro del informe de gestión. Las entidades de crédito lo incluyen en la información con relevancia prudencial y publican objetivos de descarbonización alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023. Las aseguradoras y reaseguradoras lo divulgan y remiten a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Las demás sociedades obligadas al estado de información no financiera lo publican en su web corporativa. El contenido lo fija un real decreto en dos años e incluye cinco aspectos: gobierno, estrategia, impactos, procesos y métricas.

Artículo 33. Integración del riesgo del cambio climático en el sistema financiero y energético

El artículo prevé dos informes cada dos años. 1) El Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaboran conjuntamente un informe sobre el alineamiento con las metas climáticas del Acuerdo de París y de la normativa de la UE. También evalúan el riesgo del cambio climático para el sistema financiero español. Se coordina en la AMCESFI, recoge propuestas para mitigar el riesgo y se publica y remite al Congreso y al Senado. 2) El Operador del sistema eléctrico, el Gestor Técnico del sistema gasista y CLH remiten al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe sobre los riesgos y oportunidades de un sistema energético descarbonizado. Además, le informan de la alineación de sus actividades con el Reglamento (UE) 2020/852.

Artículo 34. Estrategia de descarbonización del sector eléctrico

El artículo 34 habilita al Gobierno, en desarrollo de la Estrategia de Descarbonización a 2050 del artículo 5, para requerir al operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y a los distribuidores que elaboren y presenten una estrategia de descarbonización de su ámbito de actuación. Estos sujetos son los definidos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico. Las condiciones y los criterios mínimos de esas estrategias se fijarán reglamentariamente.

Artículo 35. Educación y capacitación frente al cambio climático

El sistema educativo promoverá la implicación social frente al cambio climático. El Gobierno revisará de forma transversal el cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico. Impulsará la formación del profesorado y promoverá que las universidades revisen sus planes de estudios. Revisará y mantendrá actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Incentivará la acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral y vías no formales. Usará la educación informal para campañas de sensibilización. Junto con las Administraciones, dará medios para la educación no formal, vía para implicar a la infancia y la juventud.

Artículo 36. Investigación, desarrollo e innovación sobre cambio climático y transición energética

Apartado 1: el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará la inclusión del cambio climático y la transición energética entre las prioridades de las Estrategias Españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación y de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, y promoverá su financiación adecuada. Apartado 2: esos Planes Estatales impulsarán que, en la evaluación sobre estas materias, participen paneles de evaluación científico-técnica multidisciplinares formados por personas expertas independientes cualificadas.

Artículo 37. Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética

Se crea el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética. Evalúa y hace recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Elabora anualmente un informe, que se remite al Congreso de los Diputados y se debate allí con participación del Gobierno. Actúa con plena autonomía respecto de la AGE y su composición es paritaria en mujeres y hombres. Su composición, organización y funcionamiento se fijan reglamentariamente. El Gobierno publica su posición motivada sobre cada informe al menos 15 días naturales antes del debate en el Congreso.

Artículo 38. Cooperación interadministrativa en materia de cambio climático y energía

Artículo 39. Participación pública

Los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones generales sobre cambio climático y transición energética deben elaborarse con fórmulas abiertas y canales accesibles que garanticen la participación de agentes sociales y económicos y del público, en los términos de la Ley 27/2006. El Gobierno reforzará los mecanismos existentes y creará una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático a nivel Nacional. Las asambleas autonómicas y municipales solo se recomiendan. Su composición tendrá representación equilibrada de mujeres y hombres e incluirá jóvenes, y se desarrollará por Orden Ministerial. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con los demás ministerios, mantendrá una página web específica.

Artículo 40. Políticas, Medidas, Inventarios y Proyecciones de Gases de Efecto Invernadero

Plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para regular reglamentariamente la coordinación, seguimiento, evaluación, publicidad, informe y notificación de inventarios, proyecciones y políticas de gases de efecto invernadero. Destinatarios: la Comisión Europea, la Convención Marco de Naciones Unidas y cualquier otro órgano que lo requiera. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elabora los informes. Los eleva para su aprobación a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, con la frecuencia que fije el reglamento. Puede pedir datos a cualquier Ministerio y a sus organismos, que están obligados a darlos con el formato y la estructura requeridos.