Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética
Artículo 1. Objeto de la Ley
En pocas palabras
La ley persigue tres objetivos: asegurar que España cumpla el Acuerdo de París (adoptado el 12 de diciembre de 2015, firmado por España el 22 de abril de 2016 y publicado en el BOE el 2 de febrero de 2017), facilitar la descarbonización de la economía y su transición a un modelo circular con uso racional y solidario de los recursos, y promover la adaptación al cambio climático y un desarrollo sostenible que genere empleo decente y reduzca desigualdades. AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en sus competencias, cumplen ese objeto y cooperan y colaboran.
Explicación sencilla
Es el precepto que fija el objeto de toda la ley: la vincula expresamente al Acuerdo de París y enumera sus fines (descarbonización, economía circular, adaptación y desarrollo sostenible). Además implica a los tres niveles territoriales, AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que deben cumplirla y cooperar y colaborar, cada uno en sus competencias.
Regla mnemotécnica
Fechas de París en orden ADOPTA – FIRMA – PUBLICA: 12/12/2015, 22/4/2016 y 2/2/2017. Fíjate en los números repetidos: 12-12 y 2-2 abren y cierran la serie; el 22 de abril va en medio.
Trampa típica de examen
Confundir las fechas del Acuerdo de París: el 12 de diciembre de 2015 es la fecha de adopción, no la de firma por España (22 de abril de 2016), ni la de publicación en el BOE (2 de febrero de 2017).
Texto del artículo 1 de la Ley 7/2021 (LCCTE)
Esta ley tiene por objeto asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, firmado por España el 22 de abril de 2016 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 2 de febrero de 2017; facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, darán cumplimiento al objeto de esta ley, y cooperarán y colaborarán para su consecución.
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