Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética

Artículo 28. Convenios de transición justa

En pocas palabras

Los convenios de transición justa se suscriben en el marco de la Estrategia de Transición Justa. Buscan fomentar la actividad económica y la empleabilidad de trabajadores vulnerables, en particular ante cierres o reconversiones de instalaciones. Los firma el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con otras Administraciones, sobre todo Entidades Locales. Antes debe haber informe de los Ministerios de Trabajo, de Inclusión y de Industria. Las CCAA participan según sus competencias. Deben incluir cinco contenidos (a-e). Su vigencia inicial es de máximo 7 años, prorrogable hasta 7 más.

Explicación sencilla

Este artículo regula el instrumento concreto con el que se aplica la Estrategia de Transición Justa en los territorios afectados por cierres o reconversiones. Fija quién firma, qué ministerios informan y el contenido mínimo del convenio. También concreta, a efectos del artículo 49.h) de la Ley 40/2015, una vigencia propia de los convenios de transición justa: hasta siete años iniciales más una prórroga de hasta siete.

Regla mnemotécnica

7 + 7: siete años como máximo de duración inicial y hasta siete años adicionales de prórroga, acordada antes de que termine la vigencia. Firma Transición Ecológica. Informan T-I-I: Trabajo y Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, e Industria, Turismo y Comercio.

Trampa típica de examen

Creer que los siete años son el tope total del convenio, incluidas las prórrogas. En realidad, siete años es el límite de la duración inicial, y la prórroga puede sumar hasta siete años adicionales.

Texto del artículo 28 de la Ley 7/2021 (LCCTE)

1. En el marco de la Estrategia de Transición Justa se suscribirán convenios de transición justa con el objeto de fomentar la actividad económica y su modernización, así como la empleabilidad de trabajadores vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión en la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono, en particular, en casos de cierre o reconversión de instalaciones. 2. Los convenios de transición justa, en los que las Comunidades Autónomas participarán de acuerdo con el ámbito de sus competencias, se suscribirán entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y otras Administraciones Públicas, en particular, Entidades Locales de áreas geográficas vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono. Asimismo, en estos convenios podrán participar empresas, organizaciones de los sectores empresariales, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales y demás entidades interesadas o afectadas. 3. Los convenios de transición justa incluirán: a) Una evaluación del estado de vulnerabilidad del área geográfica o colectivo afectado. b) Compromisos de las partes participantes en el convenio, incluidas las empresas beneficiarias de medidas de apoyo para la transición. c) Medidas fiscales, de financiación, de apoyo a la I+D+i, de digitalización, de emprendimiento, de empleo, de protección social y actividades formativas para incentivar la adaptación de los trabajadores, supeditadas al cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio. d) Un calendario para la adopción de las medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento. e) Cuando se considere procedente, el acceso prioritario a una parte o a la totalidad de la capacidad de evacuación eléctrica, así como el derecho prioritario al uso y volumen de agua de aquellas concesiones que queden extinguidas tras el cierre de instalaciones de generación de energía eléctrica con arreglo a lo previsto en el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación. 4. A los efectos de lo previsto en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la vigencia de los convenios de transición justa vendrá determinada en las cláusulas del propio convenio, no pudiendo superar en ningún caso los siete años de duración inicial. Los firmantes podrán acordar su prórroga, antes de la finalización del plazo de vigencia previsto, por un período de hasta siete años adicionales.

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