Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética
Artículo 29. Cese de la producción de carbón nacional
En pocas palabras
Para otorgar autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, prórrogas o cesiones de carbón de unidades inscritas en el Plan de Cierre de la Minería del Carbón no Competitiva (Decisión 2010/787/UE), es requisito devolver las ayudas de todo el período del plan. La cuantía exigible y los intereses devengados se reintegran antes de cualquier autorización. Se aplica también a las solicitudes, prórrogas o cesiones en tramitación al entrar en vigor la ley. Vela por su cumplimiento el Instituto para la Transición Justa, en cooperación con las CCAA donde estén las minas cerradas.
Explicación sencilla
El artículo impide reabrir o seguir explotando carbón con unidades que ya recibieron ayudas al cierre sin devolverlas antes. Fija una condición previa (reintegro de cuantía e intereses), extiende su eficacia a los expedientes en curso y atribuye la vigilancia a un órgano concreto, el Instituto para la Transición Justa, en cooperación con las Comunidades Autónomas.
Regla mnemotécnica
Sin devolver, no hay carbón: primero se reintegran la cuantía exigible + intereses y después llega la autorización. Vigila el ITJ (Instituto para la Transición Justa) junto a las CCAA donde están las minas cerradas.
Trampa típica de examen
Creer que la exigencia de devolver las ayudas solo afecta a las solicitudes presentadas tras la entrada en vigor de la ley. El texto la extiende expresamente a las que se encuentren en tramitación en ese momento.
Texto del artículo 29 de la Ley 7/2021 (LCCTE)
1. El otorgamiento de autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, prórrogas o cesiones de los recursos de carbón de las unidades de producción inscritas en el Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el marco de la Decisión 2010/787/UE, quedará supeditado a la devolución de las ayudas concedidas al amparo de la citada decisión comunitaria, y correspondientes a todo el período cubierto por el plan de cierre. Deberán reintegrarse la cuantía exigible y los intereses devengados con carácter previo a cualquier posible autorización por parte de la autoridad competente. 2. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a todas las solicitudes de autorizaciones de explotación, permisos o concesiones reguladas por la legislación minera, así como a prórrogas o cesiones que se encuentren en tramitación en el momento de entrada en vigor de la presente ley. 3. El Instituto para la Transición Justa, velará por el cumplimiento de lo previsto en este artículo, en cooperación con las Comunidades Autónomas en cuyo ámbito territorial se ubiquen las explotaciones mineras cerradas.
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