Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética

Artículo 25. Desarrollo rural: política agraria, política forestal y energías renovables

En pocas palabras

El Gobierno debe incorporar, en la aplicación de la Política Agraria Común, en otras estrategias, planes y programas de política agraria y desarrollo rural y en el Plan Forestal Español, medidas para reducir la vulnerabilidad al cambio climático de suelos agrícolas, montes y suelos forestales y facilitar su preservación. Entre ellas: un mapa de vulnerabilidad y la evaluación y promoción de sistemas agrícolas y gestión forestal sostenibles para aumentar su resiliencia, con sinergias con la reducción de emisiones. El despliegue de renovables debe ser compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial, y perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico.

Explicación sencilla

Encaja la adaptación al cambio climático en la política agraria, forestal y de desarrollo rural, y fija al Gobierno como responsable de incorporar esas medidas. Además, condiciona el despliegue de las energías renovables a la conservación del patrimonio natural y a la ordenación territorial, y lo vincula al reparto de parte de su riqueza con el territorio frente al declive demográfico.

Regla mnemotécnica

Dos bloques: campo y monte (PAC + Plan Forestal Español + mapa de vulnerabilidad) y renovables compatibles con patrimonio natural y ordenación territorial, devolviendo parte de la riqueza al territorio contra el declive demográfico.

Trampa típica de examen

Afirmar que el despliegue de las renovables debe revertir toda la riqueza que genera en el territorio. El texto solo habla de revertir «parte» de esa riqueza.

Texto del artículo 25 de la Ley 7/2021 (LCCTE)

El Gobierno incorporará en la aplicación de la Política Agraria Común, así como en otras estrategias, planes y programas en materia de política agraria y de desarrollo rural, y en el Plan Forestal Español, medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales y para facilitar la preservación de los mismos, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad, así como la evaluación y promoción de sistemas agrícolas y prácticas de gestión forestal sostenibles para aumentar su resiliencia frente al cambio climático, que fomentarán en todo caso las sinergias con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en estos ecosistemas. El despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice el referido despliegue para activar su economía y combatir el declive demográfico.

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