Tema 15 del temario de Auxiliar Administrativo del SAS 2026

Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

En este tema: arts. 1–37. Ver la norma

1. Artículo 1. Objeto

   La ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional.

2. Artículo 2. Ámbito Subjetivo

   La ley se aplica al sector público: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades locales y sector público institucional. Este se integra por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, sujetas a lo que específicamente se refiera a ellas —en particular a los principios del artículo 3— y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas; y las Universidades públicas, regidas por su normativa específica y supletoriamente por esta ley. Son Administraciones Públicas las tres territoriales y los organismos y entidades de derecho público de la letra a).

3. Artículo 3. Principios generales

   Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

4. Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad

   Cuando establezcan medidas que limiten derechos o exijan requisitos para desarrollar una actividad, las Administraciones deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público y justificar su adecuación a los fines perseguidos, sin producir diferencias de trato discriminatorias, y deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. Para velar por el cumplimiento de la legislación aplicable pueden comprobar, verificar, investigar e inspeccionar, con los límites de la normativa de protección de datos.

5. Artículo 5. Órganos administrativos

   Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

6. Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio

   Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Se publicarán en el boletín oficial cuando una disposición lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

7. Artículo 7. Órganos consultivos

   La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional respecto de la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En este segundo caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, orgánica o funcional, ni recibir instrucciones o indicaciones de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, y actuarán de forma colegiada.

8. Artículo 8. Competencia

   La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo delegación o avocación. La delegación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio. La titularidad y el ejercicio pueden ser desconcentrados en órganos jerárquicamente dependientes. Si una disposición atribuye la competencia a una Administración sin especificar órgano, se entenderá que instruir y resolver corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de materia y territorio y, de haber varios, al superior jerárquico común.

9. Artículo 9. Delegación de competencias

   Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.

10. Artículo 10. Avocación

    Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos dependientes, cuando circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales lo hagan conveniente. En los casos de delegación en órganos no dependientes jerárquicamente, solo puede avocar el órgano delegante. La avocación se realiza mediante acuerdo motivado, notificado a los interesados antes o simultáneamente a la resolución final. Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque puede impugnarse en el que se interponga contra la resolución del procedimiento.

11. Artículo 11. Encomiendas de gestión

    La realización de actividades de carácter material o técnico podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o por no poseer los medios técnicos idóneos. No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos del sector público. La encomienda no supone cesión de la titularidad ni de los elementos sustantivos del ejercicio: los actos o resoluciones jurídicas los dicta el órgano encomendante. La entidad encomendada tiene la condición de encargado del tratamiento de los datos personales.

12. Artículo 12. Delegación de firma

    Los titulares de los órganos podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos en los titulares de los órganos o unidades que de ellos dependan, dentro de los límites del artículo 9. La delegación de firma no altera la competencia del delegante y para su validez no será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos firmados por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

13. Artículo 13. Suplencia

    Los titulares de los órganos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, y también cuando se haya declarado su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia se ejercerá por quien designe el órgano inmediato superior de quien dependa. La suplencia no implica alteración de la competencia y para su validez no es necesaria su publicación. En la Administración General del Estado el suplente puede designarse en los reales decretos de estructura orgánica o por el órgano competente para nombrar al titular. En las resoluciones dictadas mediante suplencia se hará constar esta circunstancia.

14. Artículo 14. Decisiones sobre competencia

    El órgano que se estime incompetente remitirá directamente las actuaciones al que considere competente, notificándolo a los interesados. Los interesados que sean parte pueden dirigirse al órgano que conoce del asunto para que decline su competencia, o al que estimen competente para que requiera de inhibición al que conoce. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto de asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento.

15. Artículo 15. Régimen

    El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas de esta sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.

16. Artículo 16. Secretario

    Los órganos colegiados tendrán un Secretario, que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. Le corresponde velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano, certificar esas actuaciones y garantizar que se respetan los procedimientos y las reglas de constitución y adopción de acuerdos. Si un Secretario que no es miembro resulta suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conserva todos sus derechos como tal.

17. Artículo 17. Convocatorias y sesiones

    Los órganos colegiados podrán constituirse, convocar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno indique lo contrario. Los miembros que voten en contra o se abstengan quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

18. Artículo 18. Actas

    De cada sesión levantará acta el Secretario, especificando necesariamente los asistentes, el orden del día, las circunstancias de lugar y tiempo, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos. Las sesiones podrán grabarse: el fichero, con certificación del Secretario sobre su autenticidad e integridad, puede acompañar al acta sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. El acta podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario la elabora con el visto bueno del Presidente y la remite por medios electrónicos a los miembros, que pueden manifestar por esos mismos medios su conformidad o reparos.

19. Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella

    Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Entidades de Derecho Público se rigen por este artículo y por las previsiones de la Ley 39/2015. Corresponde al Presidente: ostentar la representación del órgano; acordar la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden del día, teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros formuladas con antelación suficiente; presidir las sesiones, moderar los debates y suspenderlos por causas justificadas; dirimir con su voto los empates —salvo en los órganos del artículo 15.2, donde el voto será dirimente solo si lo establecen sus normas—; asegurar el cumplimiento de las leyes; y visar las actas y certificaciones de los acuerdos.

20. Artículo 20. Requisitos para constituir órganos colegiados

    Son órganos colegiados los que se creen formalmente, estén integrados por tres o más personas, tengan atribuidas funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control y actúen integrados en la Administración General del Estado o en alguno de sus Organismos públicos. Su constitución tiene como presupuesto indispensable que la norma de creación —o el convenio con otras Administraciones— determine: sus fines u objetivos; su integración administrativa o dependencia jerárquica; la composición y los criterios de designación del Presidente y de los demás miembros; las funciones atribuidas; y la dotación de los créditos necesarios para su funcionamiento.

21. Artículo 21. Clasificación y composición de los órganos colegiados

    Por su composición, los órganos colegiados de la Administración General del Estado se clasifican en interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios, y ministeriales, si proceden de los órganos de un solo Ministerio. En ambos puede haber representantes de otras Administraciones cuando estas lo acepten voluntariamente, cuando lo establezca un convenio o cuando lo determine una norma aplicable a las Administraciones afectadas. También pueden participar organizaciones representativas de intereses sociales y personas designadas por sus especiales condiciones de experiencia o conocimientos.

22. Artículo 22. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados

    La creación de órganos colegiados solo requerirá norma específica, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», cuando se les atribuyan competencias decisorias, de propuesta o emisión de informes preceptivos que sirvan de base a decisiones de otros órganos, o de seguimiento o control de la actuación de otros órganos. En esos casos la norma revestirá forma de Real Decreto para los interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general; Orden ministerial conjunta para los demás interministeriales; y Orden ministerial para los ministeriales. En los supuestos no comprendidos en el apartado 1, los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán crearse por acuerdo de los órganos competentes, sin las formalidades anteriores.

23. Artículo 23. Abstención

    Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes concurran motivos como interés personal en el asunto, parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta con los interesados, se abstendrán de intervenir y lo comunicarán a su superior inmediato.

24. Artículo 24. Recusación

    En los casos previstos en el artículo anterior, los interesados podrán promover recusación por escrito, indicando la causa en que se funda. El superior inmediato resolverá en el plazo de tres días.

25. Artículo 25. Principio de legalidad

    La potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto y conforme a esta Ley y a la Ley 39/2015; y, tratándose de Entidades Locales, de conformidad con el Título XI de la Ley 7/1985. Su ejercicio corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. Las disposiciones de este Capítulo sí son extensivas a la potestad disciplinaria sobre el personal al servicio de las Administraciones, cualquiera que sea la naturaleza de la relación de empleo; y no se aplican a la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial.

26. Artículo 26. Irretroactividad

    Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en la tipificación como en la sanción y en sus plazos de prescripción, incluso respecto de sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

27. Artículo 27. Principio de tipicidad

    Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento previstas como tales por una Ley, sin perjuicio del Título XI de la Ley 7/1985 para la Administración Local. Las infracciones se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. Únicamente por la comisión de infracciones podrán imponerse sanciones, que estarán delimitadas por la Ley. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones ni alterar su naturaleza o límites, contribuyan a identificar mejor las conductas o determinar con más precisión las sanciones. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica.

28. Artículo 28. Responsabilidad

    Solo podrán ser sancionadas por infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables a título de dolo o culpa. Las responsabilidades administrativas son compatibles con la exigencia de reposición de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización por los daños y perjuicios causados.

29. Artículo 29. Principio de proporcionalidad

    Las sanciones administrativas en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que infringir no resulte más beneficioso que cumplir. En su determinación e imposición se observará la idoneidad y necesidad de la sanción y su adecuación a la gravedad del hecho, graduándola conforme a cuatro criterios: grado de culpabilidad o intencionalidad, continuidad o persistencia en la conducta, naturaleza de los perjuicios causados y reincidencia, entendida como la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza declarada por resolución firme en vía administrativa.

30. Artículo 30. Prescripción

    Infracciones y sanciones prescriben según las leyes que las establezcan. En su defecto, las infracciones muy graves a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses; las sanciones por faltas muy graves a los tres años, por graves a los dos y por leves al año. El plazo de las infracciones se cuenta desde su comisión y, si son continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta. Interrumpe la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo si el expediente se paraliza más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. El de las sanciones se cuenta desde el día siguiente a que sea ejecutable la resolución o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

31. Artículo 31. Concurrencia de sanciones

    No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente deberá tenerla en cuenta para graduar la que imponga, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.

32. Artículo 32. Principios de la responsabilidad

    Los particulares tienen derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. La anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto no presupone por sí misma derecho a indemnización. El daño ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Hay también responsabilidad por actos legislativos de naturaleza no expropiatoria cuando así lo establezcan, y por leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, en los términos que el artículo precisa.

33. Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas

    Cuando de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones se derive responsabilidad, las intervinientes responden frente al particular en todo caso de forma solidaria, sin perjuicio de que el instrumento regulador distribuya internamente la responsabilidad. En otros supuestos de concurrencia, la responsabilidad se fija para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención, y será solidaria cuando no sea posible esa determinación. La Administración competente para incoar, instruir y resolver será la fijada en los estatutos o reglas de la organización colegiada y, en su defecto, la de mayor participación en la financiación.

34. Artículo 34. Indemnización

    Solo son indemnizables las lesiones provenientes de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. No son indemnizables los daños derivados de hechos que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica en el momento de producirse, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes establezcan. En los supuestos de leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión, son indemnizables los daños producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que esta disponga otra cosa. La indemnización se calcula con los criterios de la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderando las valoraciones predominantes en el mercado.

35. Artículo 35. Responsabilidad de Derecho Privado

    Cuando las Administraciones actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esa naturaleza, su responsabilidad se exigirá conforme a los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado, o cuando la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúa la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.

36. Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

    Los particulares exigirán directamente a la Administración las indemnizaciones por los daños causados por sus autoridades y personal. La Administración, una vez haya indemnizado, exigirá de oficio en vía administrativa a esas autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento, ponderando el resultado dañoso, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional y su relación con el resultado. El mismo procedimiento se instruye por los daños causados en los bienes o derechos de la propia Administración cuando concurra dolo o culpa o negligencia graves.

37. Artículo 37. Responsabilidad penal

    La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá conforme a la legislación correspondiente. La exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden penal sea necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial.