Tema 7 del temario de Auxiliar Administrativo del Estado 2026

Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno

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1. Artículo 1. Objeto

   La Ley tiene un triple objeto: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública; regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a esa actividad; y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

2. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

   Sujetos: a) Administraciones estatal, autonómicas, de Ceuta y Melilla y local; b) Seguridad Social y sus mutuas; c) organismos autónomos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales y reguladores o supervisores; d) entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, incluidas las Universidades públicas; e) corporaciones de Derecho Público y f) Casa del Rey y demás instituciones, en lo sujeto a Derecho Administrativo; g) sociedades mercantiles participadas en más del 50 por 100; h) fundaciones del sector público; i) asociaciones. Solo a) a d) son Administraciones Públicas.

3. Artículo 3. Otros sujetos obligados

   Las disposiciones del capítulo II del título se aplican también a: a) los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales; b) las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

4. Artículo 4. Obligación de suministrar información

   Las personas físicas y jurídicas distintas de las de los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas deben suministrar, previo requerimiento, a la Administración, organismo o entidad del artículo 2.1 a la que estén vinculadas toda la información necesaria para que esta cumpla las obligaciones del título. La obligación se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos previstos en el respectivo contrato.

5. Artículo 5. Principios generales

   Los sujetos del artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información relevante, sin perjuicio de normas más amplias. Rigen los límites del artículo 14 y, especialmente, el del 15: los datos especialmente protegidos solo se publican previa disociación. En sedes electrónicas o páginas web, de manera clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, reutilizable. Las entidades sin ánimo de lucro con fines exclusivamente de interés social o cultural y presupuesto inferior a 50.000 euros podrán usar medios de la Administración. Todo, comprensible, de acceso fácil y gratuito.

6. Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación

   Los sujetos del ámbito de aplicación del título publicarán información sobre sus funciones, la normativa aplicable y su estructura organizativa, con un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los órganos y su perfil y trayectoria profesional. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto; su grado de cumplimiento y resultados se evaluarán y publicarán periódicamente. En la Administración General del Estado evalúan las inspecciones generales de servicios.

7. Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento

   Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales publicarán su inventario de actividades de tratamiento, en aplicación del artículo 31 de esa misma Ley Orgánica. El artículo no enumera a los sujetos obligados ni detalla el contenido del inventario: para ambas cosas se remite a la citada Ley Orgánica.

8. Artículo 7. Información de relevancia jurídica

   Las Administraciones Públicas publicarán: a) directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas que interpreten el Derecho o tengan efectos jurídicos; b) Anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos, cuando se soliciten los dictámenes o, si ninguno es preceptivo, al aprobarse; c) proyectos de Reglamentos, una vez solicitados los dictámenes preceptivos, sin que suponga necesariamente audiencia pública; d) memorias e informes de los expedientes normativos, en particular la de análisis de impacto normativo; e) documentos sometidos a información pública.

9. Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística

   Mínimo: a) todos los contratos (menores: cabe publicación trimestral; estadística de pymes: semestral); b) convenios y encomiendas de gestión; c) subvenciones y ayudas; d) presupuestos; e) cuentas anuales, auditorías y fiscalización; f) retribuciones anuales de altos cargos e indemnizaciones al dejar el cargo; g) compatibilidades; h) declaraciones de bienes de representantes locales, sin localización de inmuebles; i) estadística de servicios. Los del artículo 3 publican a) y b) si contratan o convienen con una Administración, y c) si esta concede. Las Administraciones publican sus inmuebles.

10. Artículo 9. Control

    El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones del capítulo es objeto de control por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones que establezcan las medidas necesarias para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa tiene la consideración de infracción grave a efectos de aplicar a sus responsables el régimen disciplinario.

11. Artículo 10. Portal de la Transparencia

    La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información de los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación. Incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. La Administración General del Estado, las autonómicas, las de Ceuta y Melilla y las entidades locales podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración.

12. Artículo 11. Principios técnicos

    El Portal de la Transparencia contendrá información publicada conforme a las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente, adecuadas a tres principios: accesibilidad (información estructurada sobre los documentos y recursos de información para facilitar su identificación y búsqueda); interoperabilidad (conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad y a las normas técnicas de interoperabilidad); y reutilización (se fomentará la publicación en formatos que la permitan, de acuerdo con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y su normativa de desarrollo).

13. Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública

    Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

14. Artículo 13. Información pública

    Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

15. Artículo 14. Límites al derecho de acceso

    El acceso podrá limitarse si perjudica a: seguridad nacional; defensa; relaciones exteriores; seguridad pública; prevención, investigación y sanción de ilícitos; igualdad de partes y tutela judicial efectiva; vigilancia, inspección y control; intereses económicos y comerciales; política económica y monetaria; secreto profesional y propiedad intelectual e industrial; confidencialidad en la toma de decisión; y medio ambiente. La aplicación será justificada y proporcionada. Las resoluciones se publican previa disociación de datos personales, una vez notificadas a los interesados.

16. Artículo 15. Protección de datos personales

    Ideología, afiliación sindical, religión o creencias: acceso solo con consentimiento expreso y por escrito, salvo que el afectado los hubiese hecho manifiestamente públicos. Origen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos e infracciones sin amonestación pública: consentimiento expreso o norma con rango de ley. Meramente identificativos del órgano: se concede con carácter general. Sin datos especialmente protegidos: previa ponderación suficientemente razonada. Nada de ello se aplica si hay disociación previa. El tratamiento posterior se rige por la normativa de protección de datos.

17. Artículo 16. Acceso parcial

    Cuando la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.

18. Artículo 17. Solicitud de acceso a la información

    La solicitud se dirige al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información; si la poseen personas que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas, a la Administración, organismo o entidad del artículo 2.1 a la que estén vinculadas. Puede presentarse por cualquier medio que deje constancia de: identidad del solicitante, información solicitada, dirección de contacto (preferentemente electrónica) y, en su caso, modalidad preferida. No hay obligación de motivar. Cabe usar cualquier lengua cooficial en el territorio en el que radique la Administración.

19. Artículo 18. Causas de inadmisión

    Se inadmiten a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) sobre información en curso de elaboración o de publicación general; b) sobre información auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos); c) que exijan una acción previa de reelaboración; d) dirigidas a un órgano que no tenga la información cuando se desconozca el competente; e) manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia. En la causa d), la resolución indicará el órgano que, a juicio del que inadmite, es competente.

20. Artículo 19. Tramitación

    Si la información no obra en poder del sujeto al que se dirige la solicitud, este la remite al competente, si lo conociera, e informa al solicitante. Si no se identifica de forma suficiente la información, se pide que se concrete en diez días; de no hacerlo, se tiene al solicitante por desistido. Si puede afectar a terceros debidamente identificados, se les conceden quince días para alegaciones. En ambos casos se suspende el plazo para resolver. Si la información fue elaborada en su integridad o parte principal por otro, se le remite la solicitud para que decida.

21. Artículo 20. Resolución

    La resolución que concede o deniega el acceso se notifica al solicitante y a los terceros afectados que lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde que la solicitud llega al órgano competente para resolver; cabe ampliarlo otro mes por volumen o complejidad, previa notificación al solicitante. Se motivan las que deniegan, las de acceso parcial o por otra modalidad y las que dan acceso con oposición de tercero. El silencio desestima. Cabe recurso contencioso-administrativo directo o la reclamación potestativa del artículo 24. Incumplir reiteradamente el plazo es infracción grave.

22. Artículo 21. Unidades de información

    Las Administraciones Públicas del ámbito del título establecerán sistemas para integrar la gestión de las solicitudes de información en su organización interna. En la Administración General del Estado existirán unidades especializadas que recaban y difunden la información, reciben y tramitan las solicitudes, hacen los trámites internos, siguen y controlan su tramitación, llevan un registro, aseguran en la web o sede electrónica la información más solicitada y mantienen un mapa de contenidos. El resto de entidades identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes.

23. Artículo 22. Formalización del acceso

    El acceso se realiza preferentemente por vía electrónica, salvo que no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Si no puede darse al notificar la resolución, se otorga en un plazo no superior a diez días. Con oposición de tercero, solo tiene lugar cuando, concedido, transcurre el plazo del recurso contencioso-administrativo sin formalizarse o este se resuelve confirmando el derecho. Si la información ya está publicada, la resolución puede limitarse a indicar cómo acceder. El acceso es gratuito, pero las copias o el cambio de formato pueden dar lugar a exacciones.

24. Artículo 23. Recursos

    La reclamación prevista en el artículo siguiente tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Excepción: contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) solo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo.

25. Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

    Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso cabe reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa. Se interpone en un mes desde el día siguiente a la notificación o a los efectos del silencio. Si la denegación se funda en derechos o intereses de terceros, se les da audiencia antes de resolver. Plazo para resolver y notificar: tres meses; pasado, se entiende desestimada. Las resoluciones se publican, previa disociación de datos personales, y el Presidente las comunica al Defensor del Pueblo.

26. Artículo 25. Ámbito de aplicación

    En la Administración General del Estado el título se aplica a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de altos cargos de esa Administración y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de ella; son altos cargos los que lo sean según la normativa de conflictos de intereses. También se aplica a los altos cargos o asimilados según la normativa autonómica o local, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. Su aplicación no afecta, en ningún caso, a la condición de cargo electo.

27. Artículo 26. Principios de buen gobierno

    Las personas del ámbito del título observan la Constitución y el resto del ordenamiento y promueven el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas. Ajustan su actividad a siete principios generales (transparencia, dedicación al servicio público, imparcialidad, trato igual, diligencia debida, conducta digna y responsabilidad) y a nueve principios de actuación (plena dedicación, debida reserva, comunicar irregularidades, no aceptar regalos que superen los usos habituales…). Estos principios informan la interpretación y aplicación del régimen sancionador del título.

28. Artículo 27. Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses

    El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas del ámbito del título se sanciona conforme a la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y, para el resto de Administraciones, de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación.

29. Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria

    Enumera las infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria, que lo son cuando las conductas sean culpables: alcance en la administración de fondos públicos, administrar recursos de la Hacienda Pública sin sujeción a sus normas, comprometer gastos u ordenar pagos sin crédito suficiente, omitir la intervención previa preceptiva, no justificar la inversión de fondos, operaciones de crédito sin la preceptiva autorización, incumplimientos ligados a la Ley Orgánica 2/2012 (planes, acuerdos de no disponibilidad), no publicar o no suministrar información y no rendir cuentas.

30. Artículo 29. Infracciones disciplinarias

    Clasifica las infracciones disciplinarias. Muy graves: incumplir el deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía, discriminación y acoso, acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave, acoso laboral… Graves: abuso de autoridad, intervenir habiendo causa de abstención, no guardar el debido sigilo… Leves: incorrección con superiores, compañeros o subordinados y descuido o negligencia. Haber sido sancionado por dos infracciones del mismo nivel en el año anterior, sin recurso posible en vía administrativa, convierte la nueva en la del nivel superior.

31. Artículo 30. Sanciones

    Leves: amonestación. Graves: algunas de estas sanciones: declaración del incumplimiento y su publicación en el BOE o diario oficial que corresponda, y no percepción de la indemnización por cese. Muy graves: esas sanciones en todo caso, más destitución (salvo que ya hubiesen cesado) y no poder ser nombrado alto cargo o asimilado entre cinco y diez años. Si pudieran ser delito, se comunican al Fiscal General del Estado y se detiene el procedimiento hasta que acabe el proceso penal. Las infracciones del artículo 28 conllevan restituir lo indebido e indemnizar a la Hacienda Pública.

32. Artículo 31. Órgano competente y procedimiento

    El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente (propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia). Ordena la incoación el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para miembros del Gobierno y Secretarios de Estado, y ese Ministro para las demás personas al servicio de la Administración General del Estado; en ambos casos instruye la Oficina de Conflictos de Intereses. En el ámbito autonómico y local actúan sus propios órganos. Las resoluciones son recurribles en vía contencioso-administrativa.

33. Artículo 32. Prescripción

    Las infracciones previstas en el título prescriben a los cinco años las muy graves, a los tres años las graves y al año las leves. Las sanciones prescriben en los mismos plazos: cinco años las impuestas por infracciones muy graves, tres años las impuestas por graves y un año las que sean consecuencia de infracciones leves. Para el cómputo de los plazos y las causas de su interrupción se está a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992.

34. Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

    Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril. Está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

35. Artículo 34. Fines

    El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene cuatro finalidades: promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

36. Artículo 35. Composición

    El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está compuesto por dos órganos: la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Presidente del Consejo lo es también de su Comisión.

37. Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno

    La Comisión ejerce las competencias que le asigna la Ley y las de su normativa de desarrollo. La componen el Presidente, un Diputado, un Senador y un representante de cada uno de estos: Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia Española de Protección de Datos, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Ser miembro no exige dedicación exclusiva ni da derecho a remuneración, salvo lo previsto en el artículo siguiente. Al menos una vez al año convoca a los representantes de los organismos autonómicos de funciones similares.

38. Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

    El Presidente es nombrado por un período no renovable de cinco años, mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso. El Congreso, por mayoría absoluta, debe refrendar el nombramiento en un mes natural. Cesa por expiración del mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave, incapacidad permanente, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.

39. Artículo 38. Funciones

    El Consejo: adoptar recomendaciones, asesorar, informar preceptivamente los proyectos normativos estatales que desarrollen la Ley, evaluar su grado de aplicación con una memoria anual que se presenta ante las Cortes Generales, promover actividades de formación y colaborar con órganos análogos. El Presidente: adoptar criterios de interpretación uniforme, velar por la publicidad, conocer de las reclamaciones del artículo 24, responder consultas facultativas, instar el inicio del procedimiento sancionador y aprobar el anteproyecto de presupuesto.

40. Artículo 39. Régimen jurídico

    El Consejo se rige, además de por esta Ley, por la Ley General Presupuestaria (elabora anualmente un anteproyecto de presupuesto), la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 33/2003 y, en lo no previsto en ella, el Derecho privado en sus adquisiciones patrimoniales, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 30/1992. El Consejo de Ministros aprueba su Estatuto mediante Real Decreto. Sus puestos los desempeñan, con carácter general, funcionarios públicos. Cuenta con las asignaciones anuales de los Presupuestos Generales del Estado, su patrimonio y otros bienes atribuidos legalmente.

41. Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales

    El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno eleva cada año a las Cortes Generales una memoria con dos contenidos: el desarrollo de sus actividades y el grado de cumplimiento de las disposiciones de la Ley. El Presidente del Consejo comparece ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de esa memoria y, además, cuantas veces sea requerido para ello.

42. Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública

    Tres reglas especiales: 1) el acceso de quienes son interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que lo integran se rige por la normativa reguladora de ese procedimiento; 2) las materias con un régimen jurídico específico de acceso a la información se rigen por su normativa específica y por esta Ley con carácter supletorio; 3) esta Ley se aplica, en lo no previsto en sus normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización.