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C2 · Materias comunes

Tema 8 del temario de Auxiliar Administrativo de la Diputación de Cádiz 2026

Los derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración.

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Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 3–13, 18, 53, 83 y 133. Ver la norma

  1. Artículo 3. Capacidad de obrar

    Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuyo ejercicio les esté permitido sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

  2. Artículo 4. Concepto de interesado

    Enumera tres clases de interesado. Primera: quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Segunda: los que, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión. Tercera: aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento mientras no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. Y si la condición de interesado deriva de una relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucede en ella cualquiera que sea el estado del procedimiento.

  3. Artículo 5. Representación

    Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, y con él se entienden las actuaciones salvo manifestación expresa en contra. Pueden representar las personas físicas con capacidad de obrar y las jurídicas cuando lo prevean sus estatutos. Hay que acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; para los actos de mero trámite se presume. La acreditación admite cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, y se entiende acreditada mediante apoderamiento apud acta presencial o electrónico, o por inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.

  4. Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos

    La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deben inscribirse al menos los poderes de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente. Debe constar también el bastanteo del poder. Los registros generales no impiden que cada Organismo tenga registros particulares para trámites específicos. Todos los registros, generales y particulares, han de ser plenamente interoperables e interconectados entre sí.

  5. Artículo 7. Pluralidad de interesados

    Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.

  6. Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento

    Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad se advierte la existencia de personas titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectadas por la resolución, se les comunicará la tramitación del procedimiento.

  7. Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento

    Las Administraciones están obligadas a verificar la identidad de los interesados comprobando su nombre y apellidos o razón social según consten en el DNI o documento equivalente. Los interesados pueden identificarse electrónicamente mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, en certificados cualificados de sello electrónico, o mediante cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, siempre que exista registro previo del usuario que garantice su identidad y previa comunicación al órgano estatal competente en administración digital.

  8. Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas

    Los interesados pueden firmar por cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento y la integridad e inalterabilidad del documento. Si optan por relacionarse electrónicamente, son válidos a efectos de firma los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados cualificados de firma, los de sello electrónico cualificado y avanzado basados en certificados cualificados de sello, y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido con registro previo del usuario y previa comunicación al órgano estatal competente.

  9. Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo

    Con carácter general, para cualquier actuación del procedimiento basta con que el interesado acredite previamente su identidad. Las Administraciones solo pueden exigir el uso de firma para cinco actuaciones: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

  10. Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados

    Las Administraciones deben garantizar que los interesados puedan relacionarse electrónicamente, poniendo a su disposición los canales, sistemas y aplicaciones necesarios. Deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no obligados a relacionarse por esa vía que lo soliciten, especialmente en identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes en el registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Si alguno de ellos no dispone de los medios necesarios, su identificación o firma puede realizarla válidamente un funcionario público habilitado, previa identificación del interesado y su consentimiento expreso, del que debe quedar constancia.

  11. Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas

    Quienes tienen capacidad de obrar conforme al artículo 3 son titulares, en sus relaciones con las Administraciones, de un catálogo de derechos: comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales de su Comunidad Autónoma; acceder a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley 19/2013; ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y empleados públicos, que han de facilitarles el ejercicio de sus derechos; exigir responsabilidades a las Administraciones y autoridades; obtener y utilizar los medios de identificación y firma de esta ley; a la protección de datos; y cualesquiera otros que reconozcan la Constitución y las leyes.

  12. Artículo 18. Colaboración de las personas

    Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la ley que en cada caso resulte aplicable, y en su defecto, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias.

  13. Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo

    Los interesados en un procedimiento tienen derecho, entre otros, a conocer el estado de la tramitación, a no presentar documentos originales salvo que la norma lo exija, a no aportar datos que ya obren en poder de la Administración, y a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia.

  14. Artículo 83. Información pública

    El órgano competente para resolver, cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, podrá acordar un período de información pública. Se publicará anuncio en el diario oficial para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente o la parte que se acuerde, señalando lugar de exhibición y plazo para alegaciones, que en ningún caso será inferior a veinte días. La incomparecencia no impide recurrir después. La comparecencia no otorga por sí misma la condición de interesado, pero quien presente alegaciones tiene derecho a una respuesta razonada, que puede ser común para las que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

  15. Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos

    Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto se sustanciará una consulta pública a través del portal web, recabando la opinión de los sujetos y organizaciones más representativos potencialmente afectados sobre: los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. Además, cuando la norma afecte a derechos e intereses legítimos, el centro directivo publicará el texto en el portal web para dar audiencia a los afectados y recabar aportaciones. Puede prescindirse de todos estos trámites —consulta, audiencia e información públicas— en las normas presupuestarias u organizativas o cuando concurran razones graves de interés público. Y puede omitirse solo la consulta previa cuando la propuesta no tenga impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes o regule aspectos parciales de una materia.

Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local

En este tema: arts. 18 y 69–72. Ver la norma

  1. Artículo 18

    Enumera los derechos y deberes de los vecinos: ser elector y elegible; participar en la gestión municipal; utilizar los servicios públicos y acceder a los aprovechamientos comunales; contribuir con prestaciones económicas y personales; ser informado previa petición razonada (art. 105 CE); pedir consulta popular; exigir el servicio si es competencia propia obligatoria; iniciativa popular (art. 70 bis) y los demás que fijen las leyes. El padrón no prueba la residencia legal del extranjero.

  2. Artículo 69

    Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. Las formas, medios y procedimientos de participación que establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión de los órganos representativos regulados por la Ley.

  3. Artículo 70

    Las sesiones del Pleno son públicas, pero el debate y votación de asuntos que afecten al derecho del artículo 18.1 CE podrán ser secretos si así se acuerda por mayoría absoluta. Las de la Junta de Gobierno Local, no. Las ordenanzas se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta su publicación completa y el plazo del artículo 65.2, salvo presupuestos y ordenanzas fiscales. Los ciudadanos pueden obtener copias y certificaciones de acuerdos y consultar archivos; denegarlo o limitarlo por seguridad y defensa del Estado, delitos o intimidad exige resolución motivada.

  4. Artículo 70 bis

    Los ayuntamientos regulan en normas orgánicas procedimientos y órganos de participación vecinal, en el municipio y en los distritos. Iniciativa popular: la ejercen los vecinos con sufragio activo municipal; firmas mínimas: 20 % hasta 5.000 hab., 15 % de 5.001 a 20.000 y 10 % desde 20.001. Se debate y vota en el Pleno, con informe de legalidad del secretario (y del interventor si tiene contenido económico); en los municipios del art. 121, secretario general del Pleno e Interventor general. Puede incluir consulta popular (art. 71). Impulso de las TIC y ventanilla única de servicios.

  5. Artículo 70 ter

    Las Administraciones con competencias urbanísticas tendrán a disposición de quien lo pida copias completas de los instrumentos vigentes, documentos de gestión y convenios, y publicarán por medios telemáticos su contenido actualizado y los actos de tramitación relevantes. En municipios menores de 5.000 habitantes podrá publicarse a través de entes supramunicipales de asistencia técnica. Si una alteración no integral aumenta edificabilidad o densidad o cambia usos, constarán los propietarios y titulares de derechos reales de los cinco años anteriores.

  6. Artículo 70 quater

    Las Entidades Locales deben facilitar el acceso a los servicios públicos promoviendo las tecnologías de la información, y elaborarán planes para implementar mecanismos digitales que faciliten el acceso de vecinos y empresas. Deben crear y mantener un portal de internet de información y de acceso a los servicios públicos digitalizados, en el que publicarán la información que consideren adecuada y, en su caso, la relación de servicios accesibles o sus vínculos. En municipios de menos de 20.000 habitantes se prestarán con las adaptaciones y plazos que determine la legislación autonómica.

  7. Artículo 71

    Los Alcaldes pueden someter a consulta popular asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos. Requisitos: previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, de conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma cuando esta tenga competencia estatutariamente atribuida. Quedan excluidos los asuntos relativos a la Hacienda local.

  8. Artículo 72

    Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos: les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas, e impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los términos del artículo 69.2. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.

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