A1.1100 · Grupo I · Organización de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Tema 19 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026
Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía I. El sistema electoral de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. La función legislativa. El control parlamentario y el impulso de la acción del Gobierno. La disolución del Parlamento.
Qué legislación entra en este tema
- Ley Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía · arts. 99–116 y 125–127
- Ley 1/1986, Electoral de Andalucía · entera
- Reglamento del Parlamento de Andalucía · entera
- Ley 6/2006, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía · arts. 38–42
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Crear mi plan gratisLey Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía
En este tema: arts. 99–116 y 125–127. Ver la norma
Artículo 99. La Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma. Está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. Forman parte también de la organización de la Junta de Andalucía las instituciones y órganos regulados en el Capítulo VI.
Artículo 100. Representación e inviolabilidad
Artículo 101. Composición, elección y mandato
Mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; representan a toda Andalucía, sin mandato imperativo. Elección por cuatro años; el mandato termina a los cuatro años o con la disolución, y el de titulares y suplentes de la Diputación Permanente se prorroga hasta la constitución de la nueva Cámara. Inviolabilidad por opiniones y votos, aun tras cesar. Detención solo en flagrante delito; inculpación, prisión, procesamiento y juicio: TSJ de Andalucía; fuera de Andalucía: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Artículo 102. Autonomía parlamentaria
El Parlamento goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria. Se dota de su propio Reglamento de organización y funcionamiento, cuya aprobación o reforma requieren el voto de la mayoría absoluta de los Diputados. El Reglamento establece el Estatuto del Diputado. El Parlamento elabora y aprueba su presupuesto y, en los términos de sus propias disposiciones, tiene facultades plenas para su modificación, ejecución, liquidación y control.
Artículo 103. Organización y funcionamiento
El Parlamento elige Presidente o Presidenta, Mesa y Diputación Permanente. Funciona en Pleno y Comisiones: el Pleno puede delegar en las Comisiones legislativas la aprobación de leyes, pero no las presupuestarias, tributarias ni las de mayoría cualificada. Dos períodos ordinarios al año, ocho meses como mínimo en total, iniciados en septiembre y febrero. Extraordinarias: las convoca el Presidente, previa aprobación de la Diputación Permanente, a petición de ésta, de una cuarta parte de los Diputados, de los grupos que fije el Reglamento, del Presidente de la Junta o del Consejo de Gobierno.
Artículo 104. Régimen electoral
La circunscripción electoral es la provincia y ninguna provincia puede tener más del doble de Diputados que otra. La elección sigue criterios de representación proporcional. Las elecciones se celebran entre los treinta y sesenta días posteriores a la expiración del mandato, y los electos deben ser convocados a la sesión constitutiva dentro de los veinticinco días siguientes a las elecciones. Son electores y elegibles los andaluces y andaluzas mayores de dieciocho años en pleno goce de sus derechos políticos; la Comunidad facilitará el voto de los andaluces que estén fuera de Andalucía.
Artículo 105. Ley electoral
La ley electoral requiere mayoría absoluta para su aprobación. Regula la convocatoria de elecciones, el procedimiento electoral, el sistema electoral y la fórmula de atribución de escaños, las causas de inelegibilidad e incompatibilidad para las elecciones al Parlamento de Andalucía, y las subvenciones y gastos electorales y su control. Establecerá criterios de igualdad de género para elaborar las listas electorales y regulará la obligación de los medios de comunicación de titularidad pública de organizar debates electorales entre las formaciones políticas con representación parlamentaria.
Artículo 106. Funciones
Corresponde al Parlamento: potestad legislativa; orientar, impulsar y controlar la acción del Consejo de Gobierno; examinar, enmendar y aprobar los presupuestos; tributos, deuda y crédito; elegir al Presidente y apreciar, en su caso, su incapacidad; exigir responsabilidad política al Consejo de Gobierno; proposiciones de ley al Congreso; autorizar convenios con otras Comunidades; planes económicos; Cuenta General; ordenación básica de órganos y servicios; control de empresas públicas y medios dependientes; recursos de inconstitucionalidad; designar Senadores; y demás atribuciones.
Artículo 107. Presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones
El artículo 107 establece que en los nombramientos y designaciones de instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento de Andalucía regirá el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Retener el principio (presencia equilibrada entre hombres y mujeres) y su ámbito: los nombramientos y designaciones de instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento de Andalucía.
Artículo 108. Potestad legislativa
El Parlamento ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación de las leyes. Las leyes que afectan a la organización territorial, al régimen electoral o a la organización de las instituciones básicas requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto, salvo los supuestos para los que el Estatuto exija mayoría cualificada.
Artículo 109. Decretos legislativos
El Parlamento puede delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Quedan excluidas: reforma del Estatuto, presupuesto, leyes que requieran cualquier mayoría cualificada, desarrollo de derechos y deberes del Estatuto y otras que el Estatuto disponga. Textos articulados: ley de bases (objeto y alcance, principios y criterios, plazo). Refundición: ley ordinaria. La delegación se agota con la publicación de la norma y no cabe implícita ni por tiempo indeterminado.
Artículo 110. Decretos-leyes
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar decretos-leyes, medidas legislativas provisionales que no podrán afectar a los derechos establecidos en el Estatuto, al régimen electoral ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. Los presupuestos de Andalucía no podrán aprobarse así. Quedan derogados si en el plazo improrrogable de treinta días desde su promulgación el Parlamento no los convalida expresamente tras un debate y votación de totalidad. En ese plazo el Parlamento podrá tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Artículo 111. Iniciativa legislativa
La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados, en los términos previstos en el Reglamento del Parlamento, y al Consejo de Gobierno. Una ley del Parlamento de Andalucía, en el marco de la ley orgánica prevista en el artículo 87.3 de la Constitución, regulará el ejercicio de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos y la iniciativa legislativa popular. La ley regulará las modalidades de consulta popular para asuntos de especial importancia para la Comunidad Autónoma, en los términos previstos en el artículo 78.
Artículo 112. Potestad reglamentaria
Artículo 113. Participación ciudadana en el procedimiento legislativo
El artículo 113 establece que los ciudadanos, a través de las organizaciones y asociaciones en que se integran, así como las instituciones, participarán en el procedimiento legislativo. Lo harán en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento. Retener quiénes participan (los ciudadanos, a través de sus organizaciones y asociaciones, y las instituciones), en qué (el procedimiento legislativo) y qué norma fija los términos (el Reglamento del Parlamento).
Artículo 114. Impacto de género
El artículo 114 dispone que, en el procedimiento de elaboración de las leyes y de las disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autónoma, se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del contenido de esas normas. Hay que retener a qué normas se aplica (leyes y disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autónoma), en qué momento (el procedimiento de elaboración) y sobre qué recae (el contenido de las normas).
Artículo 115. Control de constitucionalidad
El artículo 115 atribuye el control de constitucionalidad de las disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma con fuerza de ley exclusivamente al Tribunal Constitucional. Hay que retener el objeto del control (disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma con fuerza de ley), el órgano (el Tribunal Constitucional) y el adverbio «exclusivamente».
Artículo 116. Promulgación y publicación
Las leyes de Andalucía las promulga, en nombre del Rey, el Presidente de la Junta, que ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el plazo de quince días desde su aprobación, así como en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su vigencia rige la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Artículo 125. Cuestión de confianza
El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entiende otorgada cuando vota a favor la mayoría simple de los Diputados. Si el Parlamento niega la confianza, el Presidente de la Junta presenta su dimisión ante el Parlamento, y el Presidente del Parlamento convoca, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para elegir nuevo Presidente de la Junta, por el procedimiento del artículo 118.
Artículo 126. Moción de censura
El Parlamento exige la responsabilidad política del Consejo de Gobierno con la moción de censura, que se adopta por mayoría absoluta. La proponen al menos una cuarta parte de los parlamentarios e incluye un candidato a la Presidencia de la Junta. No puede votarse hasta pasados cinco días desde su presentación. Si no prospera, sus signatarios no pueden presentar otra en el mismo período de sesiones. Si se aprueba, el Presidente dimite ante el Parlamento, el candidato se entiende investido de la confianza de la Cámara y lo nombra el Rey.
Artículo 127. Disolución del Parlamento
El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá decretar la disolución del Parlamento; el decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La disolución no podrá tener lugar cuando esté en trámite una moción de censura, y no procederá nueva disolución antes de que haya transcurrido un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 118.3.
Ley 1/1986, Electoral de Andalucía
En este tema: entera. Ver la norma
Artículo 1
La Ley Electoral de Andalucía tiene un objeto concreto: regular las elecciones al Parlamento de la Comunidad Autónoma. Y lo hace en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que es la norma cuyo mandato se cumple con ella.
Artículo 2
Son electores en las elecciones al Parlamento de Andalucía quienes reúnan dos requisitos a la vez: gozar del derecho de sufragio activo y tener la condición política de andaluces conforme al artículo 5 del Estatuto de Autonomía.
Artículo 3
En las elecciones al Parlamento de Andalucía rige el Censo Electoral único, referido a las ocho circunscripciones electorales de la Comunidad Autónoma. Dos datos: el censo es único y las circunscripciones son ocho.
Artículo 4
Son elegibles los electores, salvo tres grupos: los incursos en las causas de inelegibilidad de las disposiciones comunes de la LOREG; los del apartado 3 (entre otros, Presidente y Consejeros electivos del Consejo Consultivo, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo Andaluz y Adjuntos, Viceconsejeros, Secretarios Generales salvo el de Relaciones con el Parlamento, Directores Generales, Juntas Electorales, Delegados del Gobierno de la Junta, Ministros, parlamentarios de otras Comunidades); y, solo por su circunscripción, los cargos provinciales del apartado 4.
Artículo 5
La inelegibilidad se califica respecto de quien incurra en alguna de las causas del artículo 4 el mismo día de la presentación de su candidatura o en cualquier momento posterior, hasta la celebración de las elecciones.
Artículo 6
Toda causa de inelegibilidad lo es de incompatibilidad. Son además incompatibles, entre otros, los Diputados del Congreso y del Parlamento Europeo, Alcaldes y Presidentes de Diputación o de mancomunidades. El mandato es de dedicación absoluta: incompatible con la función pública y con actividades privadas, con excepciones (p. ej., creación literaria o actividades autorizadas por la Comisión del Estatuto de los Diputados). Dietas compatibles hasta el 10% anual. Declaración al adquirir y al perder la condición y al cambiar las circunstancias; las incompatibilidades las resuelve el Pleno.
Artículo 7
Integran la Administración Electoral la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de Andalucía, las Juntas Provinciales, las de Zona y las Mesas Electorales. Son cinco escalones, desde la Junta Electoral Central hasta las Mesas Electorales.
Artículo 8
La Junta Electoral de Andalucía es permanente: cuatro Vocales Magistrados del TSJ, por insaculación ante su sala de gobierno, y tres Catedráticos o Profesores titulares de Derecho en activo, a propuesta conjunta de las fuerzas con representación en el Parlamento. Designación en los noventa días siguientes a la sesión constitutiva; sin propuesta, designa la Mesa del Parlamento, oídos los Grupos. Nombramiento por Decreto. Presidente y Vicepresidente, de origen judicial. Secretario: el Letrado Mayor, con voz y sin voto. Sede: la del Parlamento.
Artículo 9
La Junta Electoral de Andalucía puede requerir que asista a sus reuniones, con voz y sin voto, un representante en Andalucía de la Oficina del Censo Electoral, designado por el Director de dicha Oficina. Una vez constituida la Junta, su Presidente puede requerir al Director para que haga esa designación.
Artículo 10
El Parlamento pone a disposición de la Junta Electoral de Andalucía los medios personales y materiales que necesita para sus funciones. La misma obligación corresponde al Consejo de Gobierno y a los Ayuntamientos respecto de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona, de conformidad con la Ley Electoral General.
Artículo 11
Los miembros de la Junta Electoral de Andalucía son inamovibles. Solo pueden ser suspendidos por delitos o faltas electorales, mediante expediente de la Junta Electoral Central por mayoría absoluta de sus componentes, sin perjuicio del procedimiento judicial. En ese caso y por muerte, incapacidad, renuncia justificada y aceptada por el Presidente o pérdida de la condición, se sustituyen: los Vocales, por el procedimiento de su designación; el Letrado Mayor, por el Letrado más antiguo y, a igualdad, por el de mayor edad.
Artículo 12
El Consejo de Gobierno fija lo que perciben (el texto dice «competencias económicas») los miembros de las Juntas Electorales de Andalucía, Provinciales y de Zona en las elecciones al Parlamento. Esa percepción es, en todo caso, compatible con la de sus haberes, y su control financiero se rige por la legislación vigente.
Artículo 13
Además de las competencias de la legislación vigente, la Junta Electoral de Andalucía: resuelve consultas de las Juntas Provinciales y les dicta instrucciones; resuelve quejas, reclamaciones y recursos; ejerce jurisdicción disciplinaria sobre quienes intervienen con carácter oficial en las operaciones electorales; corrige infracciones que no sean delito ni estén reservadas a los Tribunales o a la Junta Electoral Central, o impone multas de hasta 150.000 pesetas; y las demás que le atribuya la legislación electoral.
Artículo 14
Las elecciones al Parlamento se convocan por Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA. El Decreto fija la fecha de la votación, que no puede caer entre el 1 de julio y el 31 de agosto, y la de la sesión constitutiva del Parlamento, dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
Artículo 15
El Decreto de convocatoria se inserta íntegramente en el «Boletín Oficial» de las ocho provincias dentro de los ocho días siguientes a su publicación en el BOJA. En ese mismo lapso de tiempo debe difundirse ampliamente por prensa, radio y televisión.
Artículo 16
Artículo 17
El Parlamento de Andalucía tiene 109 Diputados. Cada provincia recibe un mínimo inicial de ocho, y los 45 restantes se reparten según la población: la población de derecho de las ocho provincias dividida por 45 da la cuota de reparto; cada provincia obtiene tantos Diputados como enteros dé su población entre la cuota; los sobrantes van a las provincias con mayor fracción decimal. El Decreto de convocatoria especifica los Diputados de cada circunscripción.
Artículo 18
Escaños: se excluyen las candidaturas que no lleguen al 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción; las demás se ordenan de mayor a menor y sus votos se dividen por 1, 2, 3, etc., hasta el número de escaños; los escaños van a los cocientes mayores. Si coinciden dos cocientes de distintas candidaturas, gana la de más votos totales; si empatan también en votos, el primer empate se sortea y los sucesivos se resuelven de forma alternativa. Dentro de cada lista, por orden de colocación.
Artículo 19
Si un Diputado fallece, queda incapacitado o renuncia, su escaño se atribuye al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación. El sustituto lo determina el orden de la lista.
Artículo 20
Partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones designan representantes ante la Administración Electoral, generales o de candidaturas. Los generales actúan en nombre de partidos, federaciones y coaliciones. Los de candidaturas lo son de sus candidatos: en el lugar que designen o, en su defecto, en su domicilio reciben las notificaciones dirigidas a los candidatos y, por la sola aceptación de la candidatura, un apoderamiento general para procedimientos judiciales electorales.
Artículo 21
Partidos, federaciones y coaliciones designan un representante general y un suplente ante la Junta Electoral de Andalucía antes del noveno día posterior a la convocatoria, con aceptación de los elegidos (el suplente solo actúa por renuncia, muerte o incapacidad). El representante general designa, antes del undécimo día, a los representantes de candidaturas y suplentes; la Junta lo comunica a las Provinciales en dos días; estos aceptan ante las Provinciales antes del decimoquinto día. Las agrupaciones designan y aceptan al presentar la candidatura.
Artículo 22
En cada circunscripción, la Junta Electoral Provincial es competente para todo lo relativo a la presentación y proclamación de candidaturas. Las agrupaciones de electores necesitan, al menos, la firma del 1 por 100 de los inscritos en el Censo Electoral de la circunscripción, y cada elector solo puede apoyar una. Las candidaturas presentadas y las proclamadas se publican en el BOJA y en los boletines de las ocho provincias.
Artículo 23
Las candidaturas se presentan entre el decimoquinto y el vigésimo días posteriores a la convocatoria, alternando hombres y mujeres (un sexo en los puestos impares y el otro en los pares), con tantos candidatos como escaños más cuatro suplentes. Prohibidos los símbolos que reproduzcan la bandera o el escudo de Andalucía. Las Juntas Provinciales las inscriben con fecha y hora y el Secretario les da número correlativo. Documentación por triplicado: un ejemplar queda en la Junta Provincial, otro va a la Junta Electoral de Andalucía y otro vuelve al representante.
Artículo 24
Calendario desde la convocatoria: día 22, publicación de las candidaturas presentadas en el BOJA y en los boletines provinciales; dos días después, comunicación de irregularidades, con 48 horas para subsanar; día 27, proclamación por las Juntas Provinciales; día 28, publicación de las proclamadas en el BOJA. Los proclamados presentan ante la Mesa del Parlamento declaración de actividades, bienes e intereses antes del día 31, que debe estar en internet antes del día 35.
Artículo 25
Una vez presentadas, las candidaturas no se pueden modificar, salvo en el plazo para subsanar irregularidades del artículo anterior y solo por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del propio trámite de subsanación. Las bajas posteriores a la proclamación se entienden cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes.
Artículo 26
Campaña electoral es el conjunto de actividades lícitas que organizan o desarrollan los partidos, las federaciones, las coaliciones, las agrupaciones de electores y los candidatos con un fin concreto: captar sufragios. Hay que retener los cinco sujetos que la hacen y su finalidad, la captación de votos.
Artículo 27
El Decreto de convocatoria fija dos fechas: la de inicio de la campaña electoral y el día de la votación. Durante la campaña, el Consejo de Gobierno puede hacer campaña institucional, pero solo para fomentar la participación de los electores en la votación, sin ningún otro objeto.
Artículo 28
La Junta Electoral de Andalucía distribuye los espacios gratuitos de propaganda electoral a propuesta de la Comisión de control. Esa Comisión la designa la propia Junta y la forma un representante de cada partido, federación, coalición o agrupación que concurra y tenga representación en el Parlamento; votan ponderadamente según la composición de la Cámara. La Junta elige al Presidente de la Comisión entre esos representantes.
Artículo 29
Tiempo gratuito de propaganda en cada medio público: cinco minutos a quienes no concurrieron, no obtuvieron representación o no llegaron al 5 % de votos válidos en las anteriores autonómicas; quince minutos entre el 5 y el 15 %; veinticinco minutos a más del 15 %. Solo tienen derecho quienes presenten candidaturas en las ocho provincias. Las agrupaciones de electores federadas tienen cinco minutos si cumplen ese requisito.
Artículo 30
Para fijar el momento y el orden de emisión de los espacios gratuitos de propaganda electoral, la Junta Electoral de Andalucía atiende a las preferencias de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que concurren, ordenadas según el número de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones autonómicas.
Artículo 31
Cada Junta Electoral Provincial aprueba el modelo oficial de las papeletas de votación de su circunscripción. El Consejo de Gobierno asegura que haya papeletas y sobres disponibles conforme al artículo siguiente, sin perjuicio de que los partidos o grupos políticos que concurren puedan confeccionarlos.
Artículo 32
Las papeletas se empiezan a confeccionar justo tras la proclamación de candidatos; si esta se recurre ante el órgano judicial contencioso-administrativo de la provincia, se pospone en esa circunscripción hasta que se resuelvan los recursos. Las primeras van a la Delegación de Gobierno en Andalucía para enviarlas a los residentes ausentes en el extranjero. Los Delegados Provinciales de Gobernación entregan papeletas y sobres a las Mesas al menos una hora antes de iniciarse la votación.
Artículo 33
Las papeletas indican la denominación, sigla y símbolo de quien presenta la candidatura, y los nombres y apellidos de candidatos y suplentes por su orden. En su caso, señalan la condición de independiente de quien concurra así y, en las coaliciones, el partido de cada uno si así se hizo constar al presentar la candidatura.
Artículo 34
Pueden votar por correo los electores que prevean que el día de la votación no estarán en la localidad donde les toca votar, y también los que no puedan personarse. El procedimiento es el que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Artículo 35
El representante de cada candidatura puede apoderar a cualquier ciudadano mayor de edad en pleno goce de sus derechos civiles y políticos para que represente a la candidatura en los actos y operaciones electorales. El poder se formaliza ante Notario o ante el Secretario de la Junta Electoral Provincial o de Zona, que expiden la credencial según el modelo oficial. Los apoderados exhiben credencial y DNI a las Mesas y demás autoridades.
Artículo 36
Los apoderados pueden acceder libremente a los locales electorales, examinar las operaciones de voto y de escrutinio, formular reclamaciones y protestas y recibir las certificaciones previstas en la legislación electoral, siempre que esas certificaciones no se hayan expedido ya a otro apoderado o Interventor de su misma candidatura.
Artículo 37
Hasta tres días antes de la elección, el representante de la candidatura puede nombrar dos Interventores por Mesa, que deben estar inscritos como electores en la circunscripción. Se nombran con credenciales talonarias de cuatro partes: matriz para el representante, credencial para el Interventor y dos a la Junta de Zona, que envía una a su Mesa y otra a la Mesa donde vota, para excluirlo. Si la credencial no casa o falta la hoja, puede tomar posesión pero no vota en esa Mesa; si llega sin credencial y la Mesa tiene la hoja, se integra y vota.
Artículo 38
Los Interventores son miembros de la Mesa y, con el Presidente y los Vocales, velan por la legalidad de votación y escrutinio. Uno por candidatura participa en las deliberaciones con voz pero sin voto, y los de una misma candidatura pueden sustituirse libremente. Pueden pedir certificaciones (no más de una por candidatura), reclamar públicamente sobre la identidad de un elector, anotar quién vota y en qué orden, pedir la papeleta leída en el escrutinio y formular protestas que consten en el acta.
Artículo 39
La Presidencia de la Junta Electoral de Andalucía envía al Parlamento la lista de los Parlamentarios proclamados electos en las distintas circunscripciones electorales de la Comunidad Autónoma.
Artículo 40
Quien presente candidatura en más de una provincia (partido, federación, coalición o agrupación de electores) debe tener un Administrador electoral general. Este responde de todos los ingresos y gastos electorales de la formación y de sus candidaturas, y de la contabilidad correspondiente.
Artículo 41
Además del general, hay un Administrador electoral provincial, responsable de los ingresos, los gastos y la contabilidad de la candidatura en la circunscripción provincial. Los Administradores provinciales actúan bajo la responsabilidad del Administrador electoral general.
Artículo 42
Puede ser Administrador electoral cualquier ciudadano mayor de edad en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Los representantes generales y los de las candidaturas pueden ser a la vez Administradores electorales. Los candidatos, en cambio, no pueden serlo.
Artículo 43
El Administrador electoral general lo designan los representantes generales por escrito ante la Junta Electoral de Andalucía, antes del decimoquinto día posterior a la convocatoria, con nombre, apellidos y aceptación del designado. Los provinciales se designan por escrito firmado por sus representantes ante la Junta Electoral Provincial al presentar las candidaturas, con la aceptación del designado; las Juntas Provinciales comunican los designados a la Junta Electoral de Andalucía.
Artículo 44
Los Administradores generales y provinciales comunican a la Junta Electoral de Andalucía y a las Provinciales, respectivamente, las cuentas abiertas para recaudar fondos. Pueden abrirlas desde su nombramiento en cualquier banco o caja de ahorros, y deben comunicarlas en las veinticuatro horas siguientes a la apertura. Si las candidaturas no se proclaman o renuncian, los promotores restituyen a terceros lo ingresado.
Artículo 45
La Comunidad Autónoma subvenciona los gastos electorales con 2.300.000 pesetas por escaño y 85 pesetas por voto de cada candidatura que haya obtenido al menos un escaño. Nadie puede gastar más del límite: cuarenta y cinco pesetas por habitante de derecho de la circunscripción donde se presente. Son pesetas constantes: una Orden de la Consejería de Hacienda las actualiza en los cinco días siguientes a la convocatoria.
Artículo 46
La Comunidad Autónoma anticipa subvenciones a quienes obtuvieron representante en las últimas autonómicas, hasta el 30 % de la subvención percibida entonces y del mismo porcentaje de la que resulte del artículo 47. Si concurren en varias provincias lo pide el Administrador general ante la Junta Electoral de Andalucía; si no, el de la candidatura ante la Provincial, que lo cursa. Se solicita entre los días 21 y 23 tras la convocatoria y se pone a disposición desde el día 29. Lo que exceda de la subvención final se devuelve.
Artículo 47
Aparte de la subvención por escaños y votos, la Comunidad Autónoma subvenciona el envío directo y personal a los electores de sobres, papeletas o propaganda, solo si se obtiene al menos un escaño y más del 5 % de los votos válidos. No computa en el límite de gastos y se paga con justificación de la actividad. Por elector: 12 pesetas (más del 5 % hasta 10 %), 16 (hasta 15 %), 20 (hasta 20 %), 24 (hasta 25 %), 28 (hasta 30 %), 32 (hasta 35 %) y 36 (más del 35 %).
Artículo 48
Entre los días 100 y 125 tras las elecciones, quienes cumplan requisitos para subvención o hayan pedido adelantos presentan ante la Cámara de Cuentas su contabilidad detallada, por el Administrador general (si concurrieron en varias provincias) o el de la candidatura. En los treinta días siguientes, la Comunidad Autónoma adelanta el 90 % de la subvención, descontados anticipos, contra aval bancario del 10 %. Se paga a los Administradores salvo que se notifique a la Junta Electoral de Andalucía su abono a bancos acreedores, notificación irrevocable sin consentimiento de la entidad.
Artículo 49
En lo no previsto rige el artículo 134 de la LOREG, y el resultado de la fiscalización de su apartado 3 se envía al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones del Parlamento. Sin previsión presupuestaria, el Consejo de Gobierno autoriza la modificación necesaria dentro del mes siguiente al informe de la Cámara de Cuentas, dando traslado a la Comisión de Hacienda del Parlamento. Las subvenciones se pagan en un mes desde el informe (con previsión) o desde la modificación (sin ella).
Reglamento del Parlamento de Andalucía
En este tema: entera. Ver la norma
Artículo 1
Tras las elecciones al Parlamento de Andalucía, la Cámara se reúne en sesión constitutiva conforme al artículo 104.3 del Estatuto de Autonomía. El día y la hora de esa sesión no los fija el propio Parlamento: son los que señale el Decreto de Convocatoria.
Artículo 2
La sesión constitutiva la preside al principio el Diputado o Diputada electo de mayor edad entre los presentes (Mesa de Edad). Le asisten como Secretarios los dos Diputados electos más jóvenes. Es una presidencia inicial: solo hasta que se elija la Mesa.
Artículo 3
En la sesión constitutiva, el Presidente o Presidenta (de la Mesa de Edad) la declara abierta y un Secretario o Secretaria lee tres cosas: el Decreto de Convocatoria, la relación de Diputados electos y los recursos contencioso-electorales interpuestos, indicando quiénes podrían quedar afectados por su resolución. Después se elige la Mesa del Parlamento por el procedimiento de los artículos 33 y 34.
Artículo 4
Elegida la Mesa, sus miembros ocupan sus puestos. El Presidente o Presidenta electo presta y pide a los demás Diputados el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto; se les llama por orden alfabético. Después declara constituido el Parlamento y levanta la sesión. La constitución la comunica su Presidente o Presidenta al Rey, al Senado, al Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación.
Artículo 5
La condición plena de Diputado exige cumplir a la vez cuatro requisitos: presentar la credencial en el Registro General; declarar profesión y cargos públicos a efectos de incompatibilidades; declarar actividades, bienes e intereses y aportar copia del IRPF y, en su caso, del Patrimonio; y jurar o prometer acatar la Constitución y el Estatuto en el primer Pleno al que asista, si no lo hizo en la sesión constitutiva. Los derechos rigen desde la proclamación, pero tras tres Plenos sin cumplirlos la Mesa los suspende hasta que se cumplan, salvo fuerza mayor acreditada (nuevo plazo).
Artículo 6
Los Diputados asisten con voz y voto al Pleno y a las Comisiones de las que forman parte; a las demás Comisiones pueden asistir, pero sin voto. Tienen derecho a formar parte, al menos, de una Comisión y a ejercer las facultades que el Reglamento les da. Dentro de Andalucía tienen derecho a un tratamiento institucional y protocolario preferente, en particular en actos de la Administración pública andaluza.
Artículo 7
Los Diputados, previo conocimiento de su Grupo, pueden recabar de la Administración de la Junta datos, informes o documentos, respetando los datos personales. La solicitud va siempre por la Presidencia del Parlamento y la Administración tiene treinta días para entregarla o explicar las razones fundadas en Derecho que lo impiden; si consta en fuentes oficiales accesibles al público, basta indicar dónde está. Si el volumen es grande, se facilita el acceso para tomar notas. También pueden pedir información al Estado y a la Administración local y visitar dependencias avisando a la Mesa.
Artículo 8
Los Diputados tienen derecho a retribuciones fijas y periódicas y a ayudas e indemnizaciones por gastos; la Mesa puede acordar una asignación temporal al perder la condición por extinción del mandato o renuncia, para su adaptación laboral. Todas sus percepciones tributan según las normas generales y su información tributaria se somete a transparencia. Las incompatibilidades por remuneraciones las fija la Ley Electoral de Andalucía. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, fija cada año la cuantía de retribuciones, ayudas e indemnizaciones dentro del presupuesto.
Artículo 9
El Parlamento paga con su presupuesto: 1) las cotizaciones a la Seguridad Social (y, en su caso, Mutualidades) de los Diputados con retribución fija y periódica; 2) según los convenios con el INSS, las de quienes dejan su trabajo por la dedicación parlamentaria y renuncian a retribución fija; y 3) a solicitud del Diputado y si no le corresponde a su Administración de origen, las cuotas de Clases Pasivas y Mutualidad de los funcionarios en servicios especiales que no cobran retribución fija del Parlamento.
Artículo 10
Los Diputados tienen inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en actos parlamentarios y por los votos que emitan en el ejercicio de su cargo. Esta protección no termina con el mandato: se mantiene aun después de haber cesado.
Artículo 11
Artículo 12
Cuando el Presidente o Presidenta del Parlamento conozca la detención de un Diputado o Diputada, o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pueda obstaculizar su función parlamentaria, adoptará de inmediato las medidas que estime convenientes para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros.
Artículo 13
Los Diputados deben asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones de las que forman parte. Si faltan de modo injustificado, la Mesa ordena la detracción automática y proporcional de sus retribuciones e indemnizaciones por gastos. La Mesa publica en el Portal de Transparencia del Parlamento, al final de cada período de sesiones, las asistencias de los Diputados.
Artículo 14
Los Diputados están obligados a tres cosas: adecuar su conducta al Reglamento; respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarios; y no divulgar las actuaciones que, según el Reglamento, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas.
Artículo 15
Los Diputados no pueden invocar ni usar su condición para ejercer actividades mercantiles, industriales o profesionales, ni para colaborar con ánimo de lucro propio en esas actividades de terceros ante las Administraciones públicas. Además, quien se ocupe directamente, por su profesión o por una actividad remunerada, de una cuestión que se debata en el Pleno o en una Comisión debe manifestarlo antes de empezar su intervención.
Artículo 16
Para adquirir la plena condición de Diputado hay que declarar actividades y bienes e intereses y presentar copia del IRPF y, en su caso, del Patrimonio. Las declaraciones van por separado, en modelos de la Mesa, se actualizan si cambian, y forman el Registro de Actividades, Bienes e Intereses, público, dependiente de la Presidencia y custodiado por el Letrado Mayor; se publican en el BOPA, el BOJA e Internet. Antes del 1 de agosto de cada año se entregan en la Secretaría General las autoliquidaciones, publicadas en el Portal de Transparencia. Las del cónyuge o pareja son voluntarias.
Artículo 17
Los Diputados deben respetar siempre las incompatibilidades de la Constitución, el Estatuto y las leyes. La Comisión del Estatuto de los Diputados eleva al Pleno su propuesta sobre la situación de cada Diputado en veinte días desde que asume plenamente la condición o desde que comunica, como debe hacer, cualquier cambio en su declaración. Declarada y notificada la incompatibilidad, el Diputado tiene ocho días para elegir entre escaño y cargo; si no opta, se entiende que renuncia al escaño, la Mesa lo declara y lo comunica a la Junta Electoral para que expida la credencial del sustituto.
Artículo 18
El Diputado queda suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios en tres casos: cuando proceda por las normas de disciplina parlamentaria del Reglamento; cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte; o cuando el cumplimiento de esa sentencia le impida ejercer la función parlamentaria.
Artículo 19
Se pierde la condición de Diputado por: 1) anulación de la elección o proclamación por sentencia judicial firme; 2) condena a inhabilitación absoluta o especial para cargo público por sentencia firme; 3) fallecimiento o incapacitación declarada por decisión judicial firme; 4) extinción del mandato al expirar su plazo o disolverse la Cámara, aunque los miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente siguen en funciones hasta la nueva Cámara; 5) renuncia presentada personalmente ante la Mesa o entendida así según el artículo 17.3.
Artículo 20
Para formar Grupo parlamentario hacen falta al menos cinco Diputados. Nunca pueden formar Grupos separados quienes concurrieron a las elecciones en el mismo partido o coalición, ni quienes pertenezcan a formaciones políticas que no se presentaron como tales a las elecciones.
Artículo 21
Los Grupos se constituyen en los cinco días siguientes a la sesión constitutiva, por escrito a la Mesa firmado por sus integrantes, con la denominación, los nombres de todos sus miembros, el Portavoz titular y hasta dos adjuntos, más la conformidad del representante legal del sujeto político que presentó la candidatura. Cada Grupo comunica a la Mesa, en un mes desde su constitución, su Normativa Interna, que debe regular al menos sus órganos (Presidente, Portavoz, Adjuntos, Consejo de Dirección y Asamblea), la incorporación y retorno y la salida. Lo representan el Portavoz o los Adjuntos.
Artículo 22
Un Diputado solo puede integrarse en el Grupo de la candidatura con la que concurrió a las elecciones. Quien no quede integrado en un Grupo pasa a ser Diputado no Adscrito, salvo que pertenezca a una candidatura que no pueda constituir Grupo propio: en ese caso se incorpora al Grupo Mixto. Nadie puede pertenecer a más de un Grupo.
Artículo 23
Quien adquiera la condición de Diputado después de la sesión constitutiva debe incorporarse, en los cinco días siguientes a esa adquisición, al Grupo de la candidatura con la que concurrió. Para ello hace falta que conste la aceptación del Portavoz o la Portavoz de ese Grupo. Si no se incorpora, será Diputado no Adscrito o irá al Grupo Mixto, según el artículo 22.2.
Artículo 24
Quien causa baja en su Grupo pasa a no Adscrito: por abandono voluntario comunicado a la Mesa, por expulsión motivada según la Normativa Interna (la comunica el Portavoz) o, en transfuguismo, comunicada por el representante legal del sujeto político. Puede volver con consentimiento y firma del Portavoz. El Portavoz del Mixto rota por orden alfabético cada período de sesiones, salvo acuerdo por mayoría absoluta. La Mesa resuelve las discrepancias del Mixto y, oída la Junta de Portavoces, la actuación de los no Adscritos, que solo conservan derechos individuales.
Artículo 25
El Parlamento da a los Grupos locales, medios materiales y subvenciones para sus gastos de funcionamiento; la del Grupo Mixto depende del número de sus miembros. Los Grupos llevan contabilidad específica de esas subvenciones y la ponen a disposición de la Mesa cuando la pida y, en todo caso, cada año antes del 1 de agosto del año siguiente; la Mesa ordena publicarla en el Boletín Oficial del Parlamento y figura en el Portal de Transparencia. Además, antes del 1 de febrero del año siguiente comunican a la Mesa lo que abonan a cada Diputado, que también se publica.
Artículo 26
Todos los Grupos tienen idénticos derechos, con las especificaciones del Reglamento. Sus derechos, facultades, funciones y medios se calculan según el número de Diputados que obtuvo en las elecciones la candidatura de la que procede el Grupo, sin importar cuántos Diputados tenga en cada momento. Se exceptúan siempre los supuestos de ponderación de voto.
Artículo 27
La Mesa es el órgano rector de la Cámara y la representa de forma colegiada en los actos a los que asiste. La forman el Presidente o Presidenta del Parlamento, tres Vicepresidentes y tres Secretarios. El Presidente o Presidenta dirige y coordina su acción.
Artículo 28
La Mesa organiza el trabajo y el gobierno interior; elabora el presupuesto, controla su ejecución e informa al Pleno al final de cada ejercicio; aprueba RPT, plantillas y bases de acceso del personal; autoriza gastos; califica y admite los escritos y decide su tramitación; y fija el calendario de acuerdo con la Junta de Portavoces. Contra la calificación o tramitación cabe pedir reconsideración en dos días desde la notificación; suspende la tramitación y la Mesa resuelve en su primera sesión. No se admite si lo recurrido ya se votó en Comisión o Pleno.
Artículo 29
El Presidente o Presidenta representa a la Cámara, asegura la marcha de los trabajos, dirige los debates y mantiene el orden, y ordena los pagos, pudiendo delegar. Cumple y hace cumplir el Reglamento, lo interpreta en caso de duda y lo suple en caso de omisión; si al suplirlo quiere dictar una resolución de carácter general, necesita el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces. Tiene además las funciones del Estatuto y del Reglamento.
Artículo 30
Los Vicepresidentes sustituyen, por su orden, al Presidente o Presidenta del Parlamento en sus funciones en caso de ausencia, vacante o imposibilidad. Además, ejercen cualesquiera otras funciones que les encomiende el Presidente o Presidenta o la Mesa.
Artículo 31
Los Secretarios supervisan y autorizan, con el visto bueno del Presidente o Presidenta, las actas del Pleno, de la Mesa y de la Junta de Portavoces y las certificaciones que se expidan. Asisten al Presidente o Presidenta en las sesiones para asegurar el orden de los debates y la corrección de las votaciones, colaboran en el desarrollo de los trabajos según sus disposiciones y ejercen otras funciones que les encomienden el Presidente o Presidenta o la Mesa.
Artículo 32
La Mesa se reúne cuando la convoca el Presidente o Presidenta y la asesora el Letrado o Letrada Mayor, que redacta el acta de sus sesiones y cuida, bajo la dirección del Presidente o Presidenta, de ejecutar los acuerdos. El Letrado o Letrada Mayor lo nombra la Mesa, a propuesta del Presidente o Presidenta, entre los letrados del Parlamento.
Artículo 33
El Pleno elige a la Mesa en la sesión constitutiva. Hay nueva elección si las sentencias de los recursos contencioso-electorales cambian la titularidad de más del 10% de los escaños o hacen perder la mayoría absoluta a un Grupo; se celebra cuando los nuevos Diputados tienen la plena condición. Se vota con papeletas entregadas al Presidente o Presidenta de la Mesa de Edad para depositarlas en la urna; se vota sucesivamente Presidente, Vicepresidentes y Secretarios. En el escrutinio, el Presidente de Edad lee las papeletas y las pasa a un Secretario; el otro anota resultados e incidentes.
Artículo 34
Presidente: un nombre por papeleta y gana quien logre mayoría absoluta; si nadie la obtiene, se repite entre los dos más próximos y gana el más votado. Si hay empate y persiste tras cuatro votaciones, se considera elegido el propuesto por los partidos, coaliciones o grupos con mayor respaldo electoral, incluso por lista más votada. Vicepresidentes y Secretarios: un nombre por papeleta y salen los tres más votados por orden; los empates se dirimen con nuevas votaciones. Cada partido, federación, coalición o agrupación presenta como máximo un candidato por puesto.
Artículo 35
Artículo 36
Tienen derecho a estar presentes en la Mesa todos los partidos, federaciones y coaliciones que concurrieron a las anteriores elecciones y obtuvieron en ellas representación suficiente para constituir Grupo parlamentario.
Artículo 37
Si durante la legislatura queda vacante algún puesto de la Mesa, se cubre con el mismo procedimiento de elección regulado en los artículos anteriores, adaptado a los puestos concretos que haya que cubrir, sin renovar el resto de la Mesa.
Artículo 38
La Junta de Portavoces la forman los Portavoces de los Grupos y la preside el Presidente o Presidenta del Parlamento, que la convoca por iniciativa propia, a petición de dos Grupos o de la décima parte de los Diputados. Se reúne al menos quincenalmente en los períodos ordinarios. Se avisa al Consejo de Gobierno, que puede enviar a un miembro o alto cargo delegado, acompañado de un asistente. Asisten al menos un Vicepresidente, un Secretario y el Letrado Mayor (o un letrado); cada Portavoz puede ir con un miembro de su Grupo. Decide siempre por voto ponderado.
Artículo 39
Además de las funciones que le atribuye el Reglamento, la Junta de Portavoces debe ser oída antes de: fijar criterios para ordenar y facilitar debates y tareas del Parlamento; decidir la Comisión competente para los proyectos y proposiciones de ley; fijar cuántos miembros de cada Grupo forman las Comisiones; y asignar los escaños del salón de sesiones a los Grupos.
Artículo 40
Las Comisiones, salvo precepto en contrario, las forman los Diputados que designan los Grupos en el número que fija para cada uno la Mesa, oída la Junta de Portavoces, en proporción a su peso en la Cámara; cada Grupo tiene al menos un representante en cada Comisión. Los Grupos pueden sustituir a sus miembros comunicándolo por escrito al Presidente del Parlamento; si es solo para un asunto, debate o sesión, basta comunicarlo, verbalmente o por escrito, al Presidente de la Comisión. Los miembros del Consejo de Gobierno pueden asistir con voz, pero solo votan donde son miembros.
Artículo 41
Cada Comisión elige, de entre sus miembros, su propia Mesa, formada por un Presidente o Presidenta, un Vicepresidente o Vicepresidenta y un Secretario o Secretaria. La elección sigue las normas de elección de la Mesa del Parlamento, adaptadas al número de puestos que se cubren.
Artículo 42
Convoca la Comisión su Presidente o Presidenta, por iniciativa propia o a petición de dos Grupos o de la décima parte de sus miembros, dando cuenta a la Presidencia del Parlamento; su Mesa se reúne al menos una vez al mes. El Presidente o Presidenta del Parlamento puede convocar y presidir cualquier Comisión, pero solo vota en las suyas. Quórum: dos miembros de la Mesa más la mitad más uno de sus Diputados. Si faltan dos miembros de la Mesa, la Comisión puede elegir, para esa sola sesión, quien haga de Presidente o Secretario.
Artículo 43
Las Comisiones tramitan los asuntos que les encomienda la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, según su competencia. La Mesa, de oficio o a petición de una Comisión interesada, puede acordar que otra u otras Comisiones informen antes sobre un asunto de la competencia principal de una, oída su Mesa. Plazo máximo para concluir: dos meses, salvo plazo distinto del Reglamento o ampliación o reducción acordada por la Mesa de la Cámara por circunstancias excepcionales. Ni las Comisiones ni sus Mesas pueden reunirse los días de Pleno.
Artículo 44
Las Comisiones, por medio del Presidente o Presidenta del Parlamento, pueden recabar información de la Cámara, del Consejo de Gobierno, de autoridades de la Junta y de Entes Locales, que responden en no más de treinta días o dan sus razones; y requerir la presencia de miembros del Gobierno, directivos del sector público andaluz, autoridades y funcionarios, u otras personas. Si no cumplen, se comunica al superior. Cabe pedir información al Estado y a la Administración local. La Mesa les remite la información sobre subvenciones, contratos, publicidad y planes de medios de más de 120.000 euros.
Artículo 45
Los letrados prestan en las Comisiones, y respecto de sus Mesas y Ponencias, el asesoramiento técnico jurídico necesario para sus tareas. Además, redactan los informes y dictámenes correspondientes, en los que recogen los acuerdos adoptados.
Artículo 46
Hay 14 Comisiones Permanentes Legislativas y son también Permanentes las que imponga una ley y seis más: Reglamento; Estatuto de los Diputados; Consultiva de Nombramientos, Defensor del Pueblo y Peticiones; Control de la RTVA; Financiación de los Partidos; y Asuntos Europeos. Todas se constituyen en los veinte días siguientes a la sesión constitutiva. En los primeros seis meses de legislatura, o en un mes hábil tras reestructurar el Consejo de Gobierno, el Pleno puede variarlas a propuesta de la Mesa con parecer favorable de la Junta de Portavoces, sin que sea reforma del Reglamento.
Artículo 47
La Comisión de Reglamento la preside el Presidente o Presidenta del Parlamento. La componen la Mesa de la Cámara más los miembros necesarios hasta completar el número general de miembros de las Comisiones, según el artículo 40.
Artículo 48
La Comisión del Estatuto de los Diputados tiene un miembro por Grupo, con Presidente, Vicepresidente y Secretario, y decide por voto ponderado. Prepara las resoluciones del Pleno sobre el Estatuto, salvo propuesta del Presidente o de la Mesa. Autoriza, a petición expresa, las actividades privadas que la ley no considere siempre incompatibles. Investiga omisiones en las declaraciones de actividades, con autorización de la Mesa. Eleva al Pleno propuestas motivadas y declara la compatibilidad de los elegidos para órganos íntegramente parlamentarios.
Artículo 49
La Comisión Consultiva de Nombramientos la forman la Mesa y un Diputado por Grupo, con voto ponderado. Lleva las relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz; examina las peticiones, acusa recibo y comunica el acuerdo; conoce de derechos y libertades no atribuidos a otro órgano; y valora la idoneidad de candidatos si el órgano es íntegramente parlamentario o lo acuerda la Mesa. En la comparecencia el candidato expone, cada Grupo pide aclaraciones, él responde y se vota; turnos de diez minutos salvo decisión de la Presidencia. Quien no comparece sin justificación queda excluido.
Artículo 50
El Pleno puede crear otras Comisiones permanentes durante la legislatura en que lo acuerde, a solicitud de la Mesa (oída la Junta de Portavoces), de dos Grupos o de la décima parte de los Diputados. La solicitud debe proponer cómo se reparten las competencias con las Comisiones afectadas. Se tramita por el procedimiento de las proposiciones no de ley, y por el mismo cauce de solicitud puede acordarse su disolución.
Artículo 51
Las Comisiones no Permanentes se crean para un fin concreto y se extinguen al terminar el trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura. Pueden ser de dos clases: de investigación o de estudio.
Artículo 52
Pueden pedir una Comisión de Investigación el Consejo de Gobierno, un Grupo parlamentario o la décima parte de los miembros de la Cámara. Admitida por la Mesa y publicada, queda creada a los siete días si ningún Grupo se opone; si alguno se opone, decide el Pleno y se rechaza si se opone la mayoría de los miembros. Los extremos se comunican al compareciente con quince días de antelación (por urgencia, nunca menos de tres). Decide por voto ponderado. Sus conclusiones no vinculan a los tribunales y van en dictamen al Pleno.
Artículo 53
Las Comisiones de Estudio las crea el Pleno a propuesta de la Mesa y previo parecer favorable de la Junta de Portavoces. La propuesta puede hacerse por iniciativa propia o a instancia de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la Cámara, y debe fijar objeto, composición, reglas de organización y funcionamiento y plazo para terminar. Su dictamen se debate en Pleno con los votos particulares, que se publican en el Boletín si lo pide el Grupo proponente.
Artículo 54
Los Grupos de Trabajo o Ponencias de Estudio de una Comisión los crea el Pleno, a iniciativa exclusiva de los Grupos parlamentarios, y solo en Comisiones Permanentes. Deben terminar antes de que acabe el período de sesiones siguiente al de su creación; la Mesa puede prorrogar una sola vez hasta el final del siguiente. Su informe lo debate la Comisión, y el dictamen solo va a Pleno si la Comisión lo acuerda. No puede haber más de dos a la vez en una Comisión.
Artículo 55
El Pleno del Parlamento lo convoca su Presidente o Presidenta, bien por iniciativa propia, bien a solicitud de al menos dos Grupos parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados. Esos son los únicos sujetos que el artículo menciona para promover la convocatoria.
Artículo 56
En el salón de sesiones los Diputados se sientan según su Grupo parlamentario y siempre en el mismo escaño. Hay un banco especial para los miembros del Consejo de Gobierno. Además de ellos, solo pueden acceder los funcionarios del Parlamento en el ejercicio de su cargo y quienes autorice expresamente el Presidente o Presidenta de la Cámara.
Artículo 57
La Diputación Permanente la preside el Presidente o Presidenta del Parlamento y la forman la Mesa más los miembros necesarios hasta completar el número fijado para las Comisiones (art. 40). Para que sea proporcional, cada miembro de la Mesa se imputa a su Grupo. Cada Grupo elige tantos suplentes permanentes como titulares. Su Mesa es la del Parlamento; la convoca su Presidente o Presidenta, de oficio o a petición de dos Grupos, y pueden asistir los medios acreditados salvo sesión secreta.
Artículo 58
Cuando el Parlamento no está reunido por vacaciones, ha sido disuelto o ha expirado su mandato, y hasta que se constituya el nuevo, la Diputación Permanente vela por los poderes de la Cámara. En especial, convoca al Pleno o a cualquier Comisión por acuerdo de la mayoría absoluta y conoce de la delegación temporal de las funciones ejecutivas del Presidente o Presidenta de la Junta en un miembro del Consejo de Gobierno.
Artículo 59
Tras los lapsos de tiempo entre períodos de sesiones o tras la celebración de elecciones, la Diputación Permanente debe dar cuenta al Pleno del Parlamento, en la primera sesión ordinaria, de los asuntos que haya tratado y de las decisiones que haya adoptado. Lo hace en todo caso.
Artículo 60
Artículo 61
El Letrado o Letrada Mayor, bajo la dirección del Presidente o Presidenta y de la Mesa, tiene a su cargo la Secretaría General, que es la Administración parlamentaria; por ello ostenta la jefatura superior de todo el personal y de todos los Servicios del Parlamento. También asume las funciones técnicas de sostenimiento y asesoramiento de los órganos rectores, asistido por los letrados de la Cámara.
Artículo 62
Dentro de la Secretaría General funciona la Oficina de Control Presupuestario. Asesora técnicamente a los órganos de la Cámara en materia presupuestaria e informa a los Grupos y a los miembros de la Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre la documentación de aprobación y ejecución del presupuesto, ejecución de inversiones y fondos europeos, lo más desagregado posible, y sobre la actividad parlamentaria con repercusión en ingresos y gastos públicos.
Artículo 63
El Parlamento de Andalucía tiene dos publicaciones oficiales: el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y el Diario de Sesiones, que recoge el Pleno de la Cámara, la Diputación Permanente y las Comisiones.
Artículo 64
En el Boletín Oficial del Parlamento se publican los textos y documentos cuya publicación exija el Reglamento, sea necesaria para su conocimiento y tramitación u ordene la Presidencia. Por urgencia, la Presidencia puede ordenar que, para su debate y votación, se reproduzcan por cualquier otro medio que asegure su conocimiento a los Diputados del órgano que debe debatirlos, sin perjuicio de su constancia posterior en el Boletín.
Artículo 65
El Diario de Sesiones reproduce íntegras, con los incidentes, las intervenciones y acuerdos del Pleno, de la Diputación Permanente y de las Comisiones cuando aprueban leyes definitivamente o celebran sesiones informativas con miembros del Gobierno. De las sesiones secretas se levanta acta literal, con un único ejemplar custodiado en la Presidencia y consultable por los Diputados previo conocimiento del Presidente o Presidenta. Sus acuerdos se publican salvo que la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, los declare reservados.
Artículo 66
La Mesa adopta las medidas para facilitar a los medios de comunicación información sobre la actividad de los órganos del Parlamento y regula las credenciales de sus representantes gráficos y literarios, para acceder a los locales destinados y a las sesiones a las que puedan asistir. Nadie puede grabar imágenes o sonido de las sesiones sin autorización expresa del Presidente o Presidenta del Parlamento.
Artículo 66 bis
El Portal de Transparencia del Parlamento de Andalucía debe ofrecer toda la información exigida por la legislación básica estatal y la autonómica sobre transparencia pública y la que establezca el propio Reglamento. A la Mesa le corresponde aprobar las normas y adoptar las medidas precisas para garantizar la transparencia de la actividad de la Cámara y el derecho de acceso a la información pública del Parlamento.
Artículo 67
El Parlamento celebra sesiones ordinarias y extraordinarias. Hay dos períodos ordinarios al año: del 1 de septiembre al 31 de diciembre y del 1 de febrero al 31 de julio. Fuera de ellos solo caben sesiones extraordinarias, convocadas por la Presidencia previa aprobación del orden del día por la Diputación Permanente (que se reúne a iniciativa presidencial o a petición de una cuarta parte de los Diputados o de dos Grupos), o a petición del Presidente o Presidenta de la Junta o del Consejo de Gobierno.
Artículo 68
Por regla general, las sesiones se celebran en días comprendidos entre el martes y el viernes, ambos incluidos, de cada semana. No obstante, la Mesa del Parlamento puede decidir que se celebren en días distintos de esos.
Artículo 69
Las sesiones del Pleno son públicas. La única excepción que fija el artículo es el debate de propuestas, dictámenes, informes o conclusiones elaborados en el seno de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
Artículo 70
Las sesiones de las Comisiones no son públicas, pero pueden asistir los medios de comunicación y los asesores de los Grupos acreditados, salvo que la sesión sea secreta. Son secretos siempre las sesiones y trabajos de la Comisión del Estatuto de los Diputados y de las Comisiones de Investigación; en estas últimas no lo son las sesiones de comparecencias informativas.
Artículo 71
De cada sesión del Pleno y de las Comisiones se levanta acta con las materias debatidas, intervinientes, incidencias y acuerdos. La supervisan y autorizan los Secretarios (o los Vicepresidentes si aquellos no asistieron a la Comisión), con el visto bueno del Presidente o Presidenta, y queda a disposición de los Diputados en la Secretaría General. Si nadie reclama antes de la siguiente sesión, se entiende aprobada; si hay reclamación, decide el órgano en su siguiente sesión.
Artículo 72
El orden del día del Pleno lo fija el Presidente o Presidenta, oída la Mesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces; el de las Comisiones, su Presidente o Presidenta de acuerdo con su Mesa y oídos los Portavoces en ella. El Consejo de Gobierno puede pedir que se incluya con prioridad un asunto que ya haya cumplido sus trámites. Por urgencia, la Junta de Portavoces, a iniciativa de un Grupo o del Consejo de Gobierno, puede incluir un asunto que aún no los haya cumplido. El Pleno no se levanta sin agotar el orden del día.
Artículo 73
El orden del día del Pleno puede alterarse por acuerdo del propio Pleno, a propuesta del Presidente o Presidenta o a petición de dos Grupos o de una décima parte de los miembros de la Cámara; el de una Comisión, igual, por acuerdo de esta y con la décima parte de sus miembros. Para incluir un asunto, este debe haber cumplido los trámites reglamentarios, salvo que medie unanimidad.
Artículo 74
Salvo en los casos previstos en el Reglamento, los puntos del orden del día del Pleno o de una Comisión que no se traten por causa imputable a sus proponentes caducan. La consecuencia depende, por tanto, de que la falta de tratamiento sea achacable a quien propuso el punto.
Artículo 75
Salvo lo que disponga el propio Reglamento, ningún debate que deba terminar en votación puede empezar sin que se haya distribuido, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, el informe, dictamen o documentación que le sirva de base. La Mesa del Parlamento o la de la Comisión pueden acordar otra cosa de forma debidamente justificada.
Artículo 76
Nadie habla sin haber pedido y obtenido la palabra; quien no está presente al ser llamado, renuncia. Se habla personalmente y de viva voz (con intérpretes si se usa la lengua de signos), desde tribuna o escaño. Solo el Presidente o Presidenta puede interrumpir, para avisar del fin del tiempo, llamar a la cuestión o al orden o retirar la palabra. Pueden cederse turnos y sustituirse por otro del mismo Grupo, previa comunicación. El Gobierno habla cuando lo pide. Agotado el tiempo, tras dos avisos, se retira la palabra. Las iniciativas pueden retirarse hasta que empiece la votación.
Artículo 77
Si, a juicio de la Presidencia, hay alusiones con juicios de valor o inexactitudes sobre la persona o conducta de un Diputado, puede darse la palabra al aludido hasta tres minutos para contestar estrictamente, sin entrar en el fondo; si se excede, se le retira la palabra. Se contesta en la misma sesión, o en la siguiente si el aludido no estaba presente. Si la alusión afecta al decoro o dignidad de un Grupo, puede hablar un representante suyo en iguales condiciones.
Artículo 78
En cualquier momento del debate un Diputado puede pedir la observancia del Reglamento, citando el artículo o artículos que reclame; no cabe debate y se acata lo que resuelva la Presidencia. Durante la discusión o antes de votar, cualquier miembro puede pedir la lectura de normas o documentos que aclaren la materia; la Presidencia puede denegar las lecturas no pertinentes o innecesarias.
Artículo 79
El Presidente o Presidenta, de acuerdo con la Junta de Portavoces, puede ordenar debates y votaciones, ampliar o reducir número y tiempo de intervenciones y acumular en un solo debate iniciativas sobre un mismo asunto. Quien presida una Comisión puede acumular de acuerdo con su Mesa y previa consulta a los proponentes. Sin precepto específico, ninguna intervención excede de diez minutos.
Artículo 80
Salvo disposición expresa distinta, el debate empieza con el Grupo autor de la iniciativa, siguen los demás Grupos fijando posición y lo cierra quien intervino primero. Todos los turnos son de diez minutos. Si varios Grupos reclaman iniciar el debate, la Presidencia decide según el criterio de mayor representación.
Artículo 81
Salvo regulación específica o acuerdo en contrario de la Junta de Portavoces por al menos tres quintos, los turnos de los Grupos empiezan por el Grupo Mixto y siguen en orden inverso a su importancia numérica. El Mixto puede hablar por un solo Diputado y con el mismo tiempo que los demás si todos sus miembros presentes lo acuerdan y lo comunican a la Presidencia; si no, nadie puede consumir más de un tercio del tiempo del Grupo ni pueden intervenir más de tres. Ante discrepancias decide la Presidencia según las diferencias reales de posición.
Artículo 82
Artículo 83
Los miembros de la Mesa de la Cámara o de una Comisión que vayan a intervenir en un debate deben dejar su lugar en la Mesa, y no pueden volver a ocuparlo hasta que haya concluido la discusión del tema de que se trate.
Artículo 84
Para adoptar acuerdos, la Cámara y sus órganos deben estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. La comprobación de quórum solo puede pedirse antes de cada votación; una vez votado, se presume que existía. Si al votar no hay quórum, la votación se pospone como máximo dos horas; si sigue sin poder celebrarse, el asunto pasa a la siguiente sesión del órgano.
Artículo 85
Los acuerdos se aprueban por mayoría simple de los presentes, contando a los ausentes que delegaron el voto si está presente el delegado, sin perjuicio de las mayorías especiales del Estatuto, las leyes andaluzas y el Reglamento. Mayoría simple: más votos a favor que en contra, sin contar abstenciones, blancos ni nulos. Mayoría absoluta: el primer entero tras dividir por dos los miembros de pleno derecho. Nadie vota sobre su propio estatuto. Cabe delegar el voto por paternidad o maternidad (escrito a la Mesa) y por enfermedad o incapacidad prolongada (acuerda el Pleno), y el voto telemático.
Artículo 86
Las votaciones no pueden interrumpirse por ninguna causa. Mientras se desarrollan, la Presidencia no concede la palabra y ningún Diputado o Diputada puede entrar en el salón ni salir de él.
Artículo 87
La votación se hace a hora fija, anunciada antes, en los casos que prevé el Reglamento y en aquellos que la Presidencia acuerde por su singularidad o importancia. Si llegada esa hora el debate no ha terminado, la Presidencia fija una nueva hora para votar.
Artículo 88
Artículo 89
Artículo 90
La votación ordinaria se hace, por decisión de la Presidencia, de una de dos formas: por procedimiento electrónico que acredite el voto de cada Diputado y el resultado total, o levantándose primero quienes aprueban, luego quienes desaprueban y por último quienes se abstienen. En este caso, el Presidente o Presidenta ordena el recuento por los Secretarios si duda del resultado o si algún Grupo lo reclama.
Artículo 90 bis
Mientras existan medidas de confinamiento o de distancia de seguridad entre personas, consecuencia de pandemias u otras situaciones de excepcional gravedad, los diputados y diputadas pueden delegar su voto en otro diputado o diputada. En ese supuesto, la delegación sirve tanto para las sesiones del Pleno como para las de las Comisiones.
Artículo 91
La votación es pública por llamamiento o secreta cuando lo exija el Reglamento o lo pidan dos Grupos o una décima parte de los Diputados o de los miembros de la Comisión. Si hay peticiones opuestas, prevalece la pública; entre ordinaria y pública por llamamiento resuelve la Presidencia según el criterio mayoritario. Nunca es secreta en los procedimientos legislativos. Investidura, moción de censura y cuestión de confianza se votan siempre por llamamiento, por orden alfabético desde un nombre sacado a suerte; Gobierno y Mesa votan al final.
Artículo 92
La votación secreta solo puede hacerse por papeletas: los Diputados son llamados nominalmente a la Mesa y depositan la papeleta en la urna. La elección de personas se vota siempre en secreto. Además de en los casos previstos en el Reglamento, cabe votación secreta cuando lo decida la Presidencia.
Artículo 93
Si hay empate, se vota otra vez; si persiste, se suspende la votación el tiempo que estime la Presidencia y se repite; si vuelve a empatar, se entiende desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición. En Comisión no hay empate si, votando en bloque cada Grupo, puede dirimirse ponderando sus escaños en el Pleno. En procedimientos legislativos con competencia plena de la Comisión, el empate mantenido lo dirime el Pleno.
Artículo 94
Tras una votación o un conjunto de votaciones sobre una cuestión, cada Grupo puede explicar su voto hasta cinco minutos, salvo votación secreta o si todos los Grupos ya intervinieron en el debate; aun así, puede explicarlo el Grupo que cambió el sentido de su voto a raíz del debate. En proyectos y proposiciones de ley solo se explica tras la última votación (o tras la última de cada parte si se dividieron), y la Presidencia puede ampliar el tiempo hasta diez minutos.
Artículo 95
Salvo disposición en contrario, los plazos por días se cuentan en días hábiles y los plazos por meses, de fecha a fecha. No se computan los períodos sin sesiones, salvo que el asunto esté en el orden del día de una sesión extraordinaria o, excepto en agosto, se trate de los plazos de los artículos 7.2, 124.3 y 164.2. La Mesa fija los días que se habilitan para los trámites que permitan celebrar la sesión extraordinaria.
Artículo 96
La Mesa de la Cámara puede acordar prorrogar o reducir los plazos del Reglamento. Salvo casos excepcionales, la prórroga no puede superar otro tanto del plazo (es decir, duplicarlo como máximo) y la reducción no puede dejarlo por debajo de su mitad.
Artículo 97
Los documentos se presentan en el Registro General del Parlamento en los días y horas que fije la Mesa. Grupos y Diputados pueden presentarlos por medios informáticos conforme a las normas de la Mesa. Se admiten los presentados en plazo en Correos solo si se refieren a actos y disposiciones de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al Derecho Público de los órganos de la Cámara y se cumplen los requisitos de la ley de procedimiento administrativo común.
Artículo 98
La Mesa del Parlamento puede acordar que un asunto se tramite por el procedimiento de urgencia, a petición del Consejo de Gobierno, de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de los Diputados. Si lo acuerda con un trámite ya en curso, la urgencia se aplica a los trámites siguientes a ese.
Artículo 99
En el procedimiento de urgencia los plazos duran la mitad que los establecidos con carácter ordinario. Esta regla se aplica sin perjuicio de lo que establece el artículo 95 del Reglamento sobre el cómputo de los plazos.
Artículo 100
La Mesa, oída la Junta de Portavoces y previa resolución motivada de la Comisión del Estatuto de los Diputados, puede privar al Diputado de alguno o todos los derechos de los artículos 6 a 8 si falta de forma reiterada, injustificada y voluntaria al Pleno o a Comisiones, quebranta el secreto del artículo 14, omite o falsea datos en las declaraciones del artículo 16 o ejerce sin autorización actividad incompatible. Requiere procedimiento con audiencia y alegaciones. La Comisión resuelve en los quince días siguientes a la comunicación de la Mesa; el acuerdo motivado fija extensión y duración.
Artículo 101
El Pleno puede suspender temporalmente al Diputado de todos o algunos de sus derechos por disciplina parlamentaria si, cumplida la sanción del artículo 100, persiste en su actitud; si contraviene el artículo 15; si, expulsado del salón, se niega a salir; o si atenta gravemente al decoro parlamentario. La Mesa propone, previo informe motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados, y el Pleno decide en sesión secreta, con intervención de los Portavoces. Si la causa puede ser delito, a juicio de la Mesa, la Presidencia lo comunica al órgano judicial.
Artículo 102
Los oradores son llamados a la cuestión cuando se salen de ella, sea por digresiones extrañas al punto que se trata, sea por volver sobre lo que ya estuviera discutido o votado. Si en una misma intervención hubiera que hacerle una tercera llamada a la cuestión, el Presidente o Presidenta le retira la palabra.
Artículo 103
Los Diputados y los oradores son llamados al orden en cuatro casos: 1.º si profieren palabras o vierten conceptos ofensivos al decoro de la Cámara, de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad; 2.º si en sus discursos faltan a lo establecido para la buena marcha de las deliberaciones; 3.º si con interrupciones o de otra forma alteran el orden de las sesiones; 4.º si, retirada la palabra, pretenden seguir usándola.
Artículo 104
Tres llamadas al orden en una misma sesión (advertido en la segunda de lo que supone la tercera) llevan a retirar la palabra y permiten al Presidente o Presidenta, sin debate, imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión. Si el sancionado no abandona el salón, la Presidencia adopta medidas para la expulsión y puede prohibirle además asistir a la siguiente sesión. Si hubo ofensas, se le requiere que las retire y no constarán en el Diario de Sesiones; negarse puede dar lugar a nuevas llamadas al orden.
Artículo 105
El Presidente o Presidenta vela por el mantenimiento del orden en todas las dependencias del Parlamento, no solo en el salón de sesiones. Para ello puede tomar todas las medidas que considere pertinentes, incluida la de poner a disposición judicial a las personas responsables.
Artículo 106
Quien promueva desorden grave en el recinto parlamentario, de obra o de palabra, en sesión o fuera de ella y sea o no miembro de la Cámara, es expulsado de inmediato por el Presidente o Presidenta. Si es miembro de la Cámara, además lo suspende en el acto de todos o algunos de sus derechos hasta un mes; la Cámara puede revisar luego la sanción a propuesta de la Mesa. Los Diputados deben respetar las reglas de orden, evitar perturbaciones y no entorpecer deliberadamente los debates ni obstruir los trabajos.
Artículo 107
En las sesiones públicas, el Presidente o Presidenta vela por el orden en las tribunas. Quienes en ellas den muestras de aprobación o desaprobación, perturben el orden o falten a la compostura son expulsados de inmediato de las dependencias del Parlamento por indicación de la Presidencia, que puede ordenar a los servicios de seguridad de la Cámara que levanten diligencias por si los hechos fueran delito o falta.
Artículo 108
La iniciativa legislativa corresponde a cinco sujetos: 1.º el Consejo de Gobierno; 2.º los Grupos parlamentarios; 3.º los Diputados, conforme al Reglamento; 4.º los Ayuntamientos de Andalucía, en la forma que regule la ley prevista en el artículo 111.2 del Estatuto de Autonomía; y 5.º los andaluces, según esa misma ley.
Artículo 109
Los proyectos de ley que remite el Consejo de Gobierno deben ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. La Mesa del Parlamento ordena su publicación, la apertura del plazo de enmiendas a la totalidad y su envío a la Comisión correspondiente.
Artículo 110
Publicado un proyecto de ley, los Grupos parlamentarios tienen quince días para presentar enmiendas a la totalidad, por escrito dirigido a la Mesa de la Comisión. Son enmiendas a la totalidad las que versan sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto y piden su devolución al Consejo de Gobierno, y las que proponen un texto completo alternativo.
Artículo 111
Todo proyecto de ley tiene debate de totalidad, que abre un miembro del Consejo de Gobierno. Se discuten la valoración general y las enmiendas a la totalidad, votándose primero las de devolución. Con varias enmiendas, cada una puede tener turno a favor y en contra, los turnos de posición se acumulan y la votación es conjunta. Si se acuerda la devolución, el proyecto queda rechazado; si se aprueba un texto alternativo, va a la Comisión y se publica. Sin enmiendas, solo se pronuncian los Grupos, sin votación.
Artículo 112
Tras el debate de totalidad, Diputados y Grupos tienen quince días para proponer, por escrito a la Mesa de la Comisión, la comparecencia de agentes sociales y organizaciones interesados, incluidas en su caso las Administraciones públicas. Deben comparecer representantes de colectivos sociales, públicos o privados, afectados por el proyecto; solo excepcionalmente personas a título individual. La Mesa de la Comisión aprecia la oportunidad de las solicitudes de los Grupos.
Artículo 113
Terminadas las comparecencias informativas en Comisión, si las hubo, Diputados y Grupos tienen quince días para presentar por escrito enmiendas al articulado. Pueden ser de supresión, modificación o adición; las dos últimas deben incluir el texto concreto que se propone. Cada disposición adicional, final, derogatoria o transitoria cuenta como un artículo, igual que el título de la ley, las rúbricas, la ordenación sistemática y la exposición de motivos.
Artículo 114
Las enmiendas a proyectos de ley se dirigen a la Mesa de la Comisión, con la firma del Portavoz del Grupo del Diputado a efectos de conocimiento (subsanable antes de la discusión en Comisión). Acabado el plazo, la Mesa de la Comisión las califica y admite; en la Ley de Presupuestos, en tres días. Contra ese acuerdo cabe reclamación ante la Mesa de la Cámara en dos días desde la notificación, sin efecto suspensivo; su decisión, en la primera sesión que celebre, es firme y sin recurso.
Artículo 114 bis
Los ciudadanos andaluces, mediante asociaciones representativas inscritas en el Registro de Asociaciones de la Junta, pueden presentar en el Registro General del Parlamento enmiendas al articulado de proposiciones y proyectos de ley, salvo en materias excluidas de la iniciativa legislativa popular. No pueden ser de exclusivo interés personal y se formulan en tres días hábiles tras las comparecencias informativas. Admitidas por la Mesa de la Comisión, solo se tramitan si las asume algún Grupo, que no puede modificar su contenido; se hace constar su autoría.
Artículo 115
Las enmiendas a un proyecto de ley que aumenten los créditos o disminuyan los ingresos del Presupuesto en vigor necesitan la conformidad del Consejo de Gobierno. La Mesa de la Comisión se las remite por medio de la Presidencia del Parlamento, y el Consejo debe responder razonadamente en quince días; si calla, se entiende que da su conformidad. Si no fue consultado, puede mostrar su disconformidad en cualquier momento. Si discrepan Consejo y Mesa de la Comisión, decide el Pleno tras un debate de totalidad.
Artículo 116
Acabado el plazo de enmiendas al articulado, se constituye una Ponencia que, con el texto y las enmiendas, redacta un informe en quince días. El Presidente de la Comisión pide a los Portavoces un ponente por Grupo, aunque la Mesa de la Comisión puede ampliar ese número y prorrogar el plazo del informe por la trascendencia o complejidad del proyecto. La Ponencia puede proponer enmiendas transaccionales y, con acuerdo unánime de todos los ponentes, cambios derivados de enmiendas nuevas.
Artículo 117
Concluido el informe de la Ponencia, empieza el debate en Comisión artículo por artículo, y las enmiendas de cada uno pueden debatirse por separado. Las enmiendas a la exposición de motivos se discuten al final si la Comisión acuerda incorporarla como preámbulo. Durante la discusión de un artículo, la Mesa puede admitir nuevas enmiendas escritas de un miembro de la Comisión que busquen un acuerdo por aproximación, y también las que corrijan errores técnicos, terminológicos o gramaticales.
Artículo 118
En los debates de la Comisión, su Presidencia y su Mesa ejercen las funciones que el Reglamento atribuye a la Presidencia y a la Mesa del Parlamento. El Presidente o Presidenta de la Comisión, de acuerdo con la Mesa de ésta, puede fijar el tiempo máximo de discusión de cada artículo, el de cada intervención según el número de peticiones de palabra y el total para concluir el dictamen.
Artículo 119
El dictamen de la Comisión lo firman su Presidente o Presidenta y su Secretario o Secretaria, y se remite al Presidente o Presidenta del Parlamento para la tramitación que proceda a continuación.
Artículo 120
En los cinco días siguientes a la terminación del dictamen, los Grupos parlamentarios, por escrito al Presidente o Presidenta de la Cámara, deben comunicar los votos particulares para mantener el texto del proyecto que se hubiera modificado y las enmiendas defendidas y votadas en Comisión, no incorporadas al dictamen, que quieran defender en el Pleno.
Artículo 121
El debate en Pleno puede empezar, si lo decide la Comisión, con la presentación del dictamen por su Presidente o miembro de la Mesa en quien delegue, como máximo quince minutos. Los Grupos que lo pidan intervienen hasta diez minutos. Luego se vota de una vez el conjunto de enmiendas y votos particulares de cada Grupo, por orden de su escrito; la Presidencia puede desagregar si deduce una mayoría favorable. Al final se vota el dictamen, y cualquier Grupo puede pedir que sea por artículos o grupos de artículos.
Artículo 122
Si, tras aprobar votos particulares, enmiendas o votar por artículos, el texto aprobado por el Pleno pudiera ser incongruente u oscuro, la Mesa de la Cámara, por iniciativa propia o a petición de la Comisión y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al debate, puede devolverlo a la Comisión para que en un mes haga una redacción armónica que respete los acuerdos del Pleno. Ese dictamen se somete al Pleno, que lo aprueba o rechaza en su conjunto, en una sola votación.
Artículo 123
Artículo 124
Pueden presentar proposiciones de ley un miembro de la Cámara con la firma de otros diez, o un Grupo con la sola firma de su Portavoz. La Mesa ordena publicarla y remitirla al Consejo de Gobierno para que dé su criterio sobre la toma en consideración y su conformidad si implica más gasto o menos ingreso. Pasados quince días sin negativa expresa y motivada, puede ir al Pleno. Las discrepancias sobre su efecto presupuestario las decide el Pleno. Si se toma en consideración, sigue el trámite de los proyectos.
Artículo 125
La Mesa del Parlamento verifica que las proposiciones de ley de iniciativa popular y de los Ayuntamientos cumplen los requisitos legales; si los cumplen, se tramitan como las demás proposiciones con las particularidades de sus leyes. Su toma en consideración debe incluirse en el orden del día de un Pleno en dos meses como máximo desde la verificación. Las presenta y defiende un representante de la comisión promotora, que puede asistir a comparecencias, Comisión y Pleno e intervenir con voz al inicio del turno de los Grupos.
Artículo 126
El Consejo de Gobierno puede retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación mientras no se haya iniciado el debate final en el Pleno. Si el proyecto se tramita en lectura única, puede retirarlo antes del inicio del debate en Pleno.
Artículo 127
El proponente puede retirar su proposición de ley y la retirada surte pleno efecto por sí sola si se produce antes del acuerdo de toma en consideración. Una vez adoptado ese acuerdo, la retirada solo es efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara.
Artículo 128
Los proyectos y proposiciones de reforma del Estatuto de Autonomía (artículos 248 a 250 del Estatuto) se tramitan según el Reglamento, pero su aprobación exige el voto favorable de tres quintos de los miembros del Parlamento. Aprobado el proyecto de reforma, el Presidente o Presidenta del Parlamento lo remite a las Cortes Generales.
Artículo 129
El proyecto de Ley de Presupuestos tiene preferencia en la tramitación sobre los demás trabajos de la Cámara. Se sigue el procedimiento legislativo ordinario, salvo lo que dispone su sección propia. El debate se refiere al articulado y al estado de autorización de gastos, sin perjuicio de estudiar otros documentos que deban acompañarlo.
Artículo 130
Son enmiendas a la totalidad del Presupuesto las que piden su devolución al Consejo de Gobierno y las que impugnan por completo una sección presupuestaria. El debate de totalidad lo abre un miembro del Consejo de Gobierno; primero se discuten la valoración general y las de devolución, y después las de sección. Si se acuerda la devolución, decaen las demás. Aprobar la impugnación de una sección equivale a devolver el proyecto. Este debate fija la cifra global y la de cada sección, que no pueden alterarse sin acuerdo con el Consejo de Gobierno.
Artículo 131
Si tras el debate de totalidad el proyecto de Presupuestos no se devuelve al Consejo de Gobierno, pasa a la Comisión de Hacienda y Administración Pública. Las enmiendas que aumenten el crédito de algún concepto solo se admiten a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma sección.
Artículo 132
El Presidente o Presidenta de la Comisión y el de la Cámara, de acuerdo con sus Mesas, pueden ordenar debates y votaciones del Presupuesto como mejor se acomode a su estructura. La votación final del dictamen se hace diferenciando el conjunto del articulado (o determinados artículos o grupos de artículos) y cada una de sus secciones.
Artículo 133
Las reglas del Reglamento sobre el proyecto de Ley de Presupuestos se aplican también a la tramitación y aprobación de los presupuestos de los Entes Públicos de la Junta de Andalucía, pero solo de aquellos para los que la ley exija su aprobación parlamentaria.
Artículo 134
El Pleno, por mayoría absoluta, a propuesta de la Mesa de acuerdo con la Junta de Portavoces o a iniciativa de ésta, puede delegar en las Comisiones la aprobación de proyectos y proposiciones de ley estatutariamente delegables; la Comisión actúa entonces con competencia legislativa plena. El Pleno puede reclamar en todo momento su debate y votación, a iniciativa de la Mesa, de dos Grupos o de la décima parte de los Diputados. Ambos acuerdos van precedidos de un debate como los de totalidad.
Artículo 135
Los proyectos y proposiciones de ley cuya aprobación se ha delegado en las Comisiones se tramitan por el procedimiento legislativo común, con una única excepción: se excluye el trámite de deliberación y votación final en Pleno.
Artículo 136
Si la naturaleza de un proyecto o proposición de ley lo aconseja o su formulación es sencilla, el Pleno, a propuesta de la Mesa y con acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, puede acordar tramitarlo directamente y en lectura única ante el Pleno. Ese acuerdo impide presentar enmienda alguna. Después hay un debate como los de totalidad y el conjunto se somete a una sola votación.
Artículo 137
De conformidad con los apartados 1 y 4 del artículo 118 del Estatuto de Autonomía, el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía es elegido por el Parlamento de entre sus miembros y es nombrado por el Rey.
Artículo 138
El Presidente del Parlamento, tras consultar a los Portavoces de los partidos o grupos con representación, propone un candidato a la Presidencia de la Junta en quince días como máximo desde la constitución del Parlamento o la dimisión del Presidente. El candidato expone su programa sin límite de tiempo y pide la confianza. Al día siguiente intervienen los Grupos (treinta minutos), con réplica de diez. Hace falta mayoría absoluta en primera votación; si no, mayoría simple en otra 48 horas después. Pasados dos meses sin mayoría simple, queda designado el candidato del partido con más escaños.
Artículo 139
El Parlamento de Andalucía puede exigir la responsabilidad política del Presidente o Presidenta de la Junta mediante la adopción de una moción de censura, conforme a los artículos 117.3, 124 y 126 del Estatuto de Autonomía y a las leyes que lo desarrollen.
Artículo 140
La moción de censura debe proponerla al menos una cuarta parte de los miembros de la Cámara, en escrito motivado a la Mesa, con un candidato a la Presidencia de la Junta que haya aceptado. La Mesa la admite si cumple los requisitos y da cuenta al Presidente de la Junta y a los Portavoces. En los dos días siguientes a su presentación pueden presentarse mociones alternativas, con los mismos requisitos y trámites.
Artículo 141
Defiende la moción, sin límite de tiempo, un Diputado firmante; después expone su programa el candidato, también sin límite. Tras una interrupción de al menos veinticuatro horas, intervienen los Grupos que lo pidan treinta minutos, con réplica de diez. Varias mociones pueden debatirse juntas pero se votan por separado. La votación no puede ser antes de cinco días desde la presentación de la primera. Se aprueba con mayoría absoluta de los miembros; aprobada una, no se votan las demás.
Artículo 142
Artículo 143
Artículo 144
El Presidente o Presidenta de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Se presenta en escrito motivado ante la Mesa del Parlamento con certificación del Consejo de Gobierno. Admitida, la Presidencia da cuenta a la Junta de Portavoces y convoca el Pleno.
Artículo 145
El debate de la cuestión de confianza sigue las normas del de investidura; las intervenciones del candidato corresponden al Presidente o Presidenta de la Junta y, en su caso, a los miembros del Consejo de Gobierno. Se vota a la hora anunciada por la Presidencia, nunca antes de veinticuatro horas desde su presentación. La confianza se otorga con mayoría simple de los Diputados.
Artículo 146
Si el Parlamento niega su confianza, el Presidente o Presidenta de la Junta presenta su dimisión ante él. El Presidente o Presidenta del Parlamento convoca, en un plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para elegir al nuevo Presidente o Presidenta de la Junta, conforme a las normas de la investidura.
Artículo 147
Cada año el Pleno celebra un debate sobre la política general del Consejo de Gobierno, salvo si ese año la Cámara ha investido al Presidente de la Junta. Lo abre el Presidente de la Junta; luego puede interrumpirse hasta veinticuatro horas y siguen los Grupos. El Presidente y los Consejeros hablan cuantas veces lo pidan; los Grupos replican por el tiempo consumido por el Gobierno, que cierra con dúplica. Después hay treinta minutos para presentar propuestas de resolución, que se presentan hasta cinco minutos, votándose primero las de rechazo global.
Artículo 148
Si el Consejo de Gobierno remite una comunicación, el debate puede hacerse en Pleno o en la Comisión solicitada. Lo abre un miembro del Consejo de Gobierno; luego la sesión se interrumpe hasta veinticuatro horas y siguen los Grupos. Presidente y Consejeros hablan cuantas veces lo pidan; los Grupos replican por el tiempo consumido por el Gobierno, que cierra con dúplica. Después hay treinta minutos para propuestas de resolución, que se presentan hasta cinco minutos, votándose primero las de rechazo global de la comunicación.
Artículo 149
Si el Consejo de Gobierno remite un programa o plan pidiendo pronunciamiento del Parlamento, la Mesa lo envía a la Comisión competente. La Mesa de la Comisión organiza la tramitación y fija plazos; la Comisión puede designar una Ponencia. El debate sigue lo previsto para las comunicaciones, y el plazo de propuestas de resolución es de tres días si la Mesa del Parlamento, con la Junta de Portavoces, decide que se debatan en Pleno. Los planes económicos se someten a votación final de totalidad.
Artículo 150
El Pleno puede celebrar debates de carácter general por iniciativa de su Presidente o a solicitud de, al menos, dos Grupos o la mayoría absoluta de los Diputados. Si la iniciativa es del Presidente, debe responder a varias iniciativas sobre un mismo asunto que aconsejen debatirlas juntas. Si la piden Grupos o Diputados, hace falta un escrito suficientemente motivado, existan o no iniciativas previas. Todo ello sin menoscabo de las competencias del artículo 72.1 sobre el orden del día.
Artículo 151
Antes de iniciarse un debate de carácter general, los Grupos que quieran que el Pleno manifieste una voluntad o emita una declaración política sobre el tema presentan en el Registro de la Cámara propuestas de resolución debidamente articuladas, en número no superior a veinticinco.
Artículo 152
Orden del debate general: 1.º lectura, en su caso, de las iniciativas pendientes sobre el tema, que decaen al terminar; 2.º Consejo de Gobierno; 3.º todos los Grupos, en orden inverso a su importancia numérica; 4.º el Consejo de Gobierno puede hablar cuantas veces lo solicite; 5.º réplica de los Grupos por el mismo tiempo que consumió el Consejo de Gobierno, que cierra con la dúplica; 6.º suspensión de una hora (15 primeros minutos para modificar propuestas y presentar hasta diez nuevas); 7.º presentación de propuestas en el mismo orden, máximo diez minutos.
Artículo 153
Los miembros del Consejo de Gobierno comparecen ante el Pleno o las Comisiones para una sesión informativa, a petición propia o de un Grupo o de un Diputado con la firma de otros cuatro. Si la pide el Consejo de Gobierno: posible suspensión de hasta 45 minutos y luego 10 minutos por Grupo. Si la piden Diputados o Grupos: un Diputado por 15 minutos máximo; demás Grupos, fijación de posiciones de hasta 10 minutos. Comparecientes: 20 minutos por turno, salvo que la Presidencia resuelva otra cosa.
Artículo 154
Pueden formular interpelaciones al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros los Diputados, previo conocimiento de su Grupo parlamentario, y los propios Grupos parlamentarios, en los términos del capítulo de las interpelaciones. Al Diputado no se le exige autorización del Grupo, sino que este tenga conocimiento previo.
Artículo 155
La interpelación se presenta por escrito ante la Mesa por un único Diputado o Grupo, antes de las 10 h del martes de la semana anterior al Pleno, y versa sobre política general. Máximo dos por sesión y una por Grupo en cada orden del día; preferencia según cupo (una por cada tres Diputados o fracción). Cabe una urgente por sesión (límite: 14 h del viernes anterior), con un máximo de ocho por período y al menos una por Grupo. El Consejo de Gobierno puede pedir, motivadamente y una sola vez, aplazar una de las dos interpelaciones.
Artículo 156
La interpelación se sustancia ante el Pleno: exposición de quien la formula, contestación del Consejo de Gobierno y un turno de réplica para cada uno. Las primeras intervenciones no pueden exceder de diez minutos y las de réplica, de cinco.
Artículo 157
Toda interpelación puede dar lugar a una moción en la que la Cámara fije su posición. La presenta el Grupo interpelante (o el del firmante) ante la Mesa antes de las 10 h del primer martes siguiente; la Mesa la admite si es congruente y la incluye en el primer orden del día de Pleno. Enmiendas de los Grupos: hasta las 10 h del martes de la semana del Pleno. Debate y votación como las proposiciones no de ley. Si prospera, la Comisión competente controla su cumplimiento y, si el Consejo de Gobierno la incumple o no da cuenta, va al próximo Pleno.
Artículo 158
Artículo 159
Las preguntas se presentan por escrito ante la Mesa del Parlamento, que califica el escrito y la admite si se ajusta al capítulo. No se admite la pregunta de exclusivo interés personal de quien la formula o de otra persona singularizada, ni la que suponga una consulta de índole estrictamente jurídica.
Artículo 160
Si quien pregunta no indica la forma de respuesta, se entiende que la solicita por escrito. Si pide respuesta oral pero no especifica dónde, se entiende que esta ha de tener lugar en la Comisión correspondiente, no en el Pleno.
Artículo 161
Pregunta oral en Pleno: escrito ante la Mesa antes de las 19 h del martes de la semana anterior, con una sola cuestión. Máximo 24 por sesión (número alterable por la Presidencia, oída la Mesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces); cupo de dos preguntas por Diputado; al menos dos por Grupo y el Grupo mayor no puede alcanzar la mitad. Hasta ocho de máxima actualidad (19 h del martes de la misma semana). El Consejo de Gobierno puede pedir un aplazamiento por pregunta. Cinco minutos por pregunta, a partes iguales.
Artículo 162
En cada Pleno caben preguntas de interés general al Presidente o Presidenta de la Junta, formuladas por los Presidentes o Portavoces de los Grupos: tantas como Grupos constituidos, una por Grupo y sesión, sin computar en el límite general. Escritos: antes de las 19 h del martes de la semana anterior. Además, hasta ocho de máxima actualidad por período de sesiones (al menos una por Grupo), con límite a las 14 h del viernes anterior, una por sesión, retirando la pregunta ordinaria asignada.
Artículo 163
Las preguntas orales en Comisión pueden incluirse en el orden del día una vez calificadas y admitidas por la Mesa de la Cámara. Se tramitan como las del Pleno, pero con diez minutos en total, y pueden responderlas Viceconsejeros, Directores Generales o asimilados. Cada Grupo con pregunta ordinaria puede formular una de máxima actualidad: límite a las 10 h del penúltimo día hábil anterior a la Comisión; la Mesa de la Comisión la califica con 24 horas de antelación al menos y el Diputado retira una pregunta ordinaria.
Artículo 164
Las preguntas con respuesta escrita no pueden pedir información o documentación propia del artículo 7. Si lo preguntado ya está publicado o fue respondido, el Consejo de Gobierno puede contestar escuetamente identificándolo. Plazo de contestación: 20 días desde la publicación, prorrogable por otros 20 como máximo a petición motivada del Consejo de Gobierno y por acuerdo de la Mesa. Si no contesta, el Presidente, a petición del autor, la incluye en la siguiente sesión de la Comisión como pregunta oral, sin eximir de la respuesta escrita.
Artículo 165
Pueden formular preguntas orales al Consejo de Gobierno o a sus miembros los andaluces, los demás ciudadanos residentes en Andalucía y las personas jurídicas con domicilio o establecimiento permanente en ella. Se presentan por escrito en el Registro General; la Mesa las traslada a los Grupos si son admisibles. Para tramitarse deben ser asumidas por un Diputado (el primero que lo manifieste), que elige Pleno o Comisión y debe citar su autoría. Máximo cuatro por Pleno, que consumen cupo; caducidad anual del artículo 191.
Artículo 166
En las semanas con sesión ordinaria del Pleno se dedican, por regla general, dos horas como mínimo a preguntas e interpelaciones. Es un tiempo mínimo, no máximo, y se aplica como regla general, no de forma absoluta.
Artículo 167
El Presidente de la Cámara puede acumular y debatir a la vez interpelaciones o preguntas de un orden del día sobre el mismo tema o temas conexos; los Presidentes de Comisión, respecto de las preguntas de su Comisión. No se admiten interpelaciones sobre materias ya interpeladas en el mismo período de sesiones, ni preguntas orales ya respondidas en ese lapso; si pregunta una persona física o jurídica, se le facilita copia de la respuesta. La Mesa puede inadmitir las que incurran en el artículo 103.1.º
Artículo 168
Artículo 169
Las proposiciones no de ley se presentan por escrito a la Mesa, que decide su admisibilidad y publicación y, oída la Junta de Portavoces, si van a Pleno o a Comisión (salvo que el proponente lo haya indicado). Enmiendas: hasta las 10 h del martes de la semana del debate. En Comisión, las Mesas de las Comisiones califican las enmiendas; reclamación ante la Mesa de la Cámara en dos días, sin efecto suspensivo. En Pleno: máximo cuatro por sesión, cupo de una por cada dos Diputados y no más de dos de un mismo Grupo por orden del día.
Artículo 170
El debate de las proposiciones no de ley, enmendadas o no, se ordena según el artículo 80. Al cerrar el debate, el Grupo proponente dice expresamente qué enmiendas acepta. A petición de cualquier Grupo, la proposición (con las enmiendas aceptadas) puede votarse por separado en cada uno de sus puntos. El Presidente de la Cámara o de la Comisión puede acumular a efectos de debate las proposiciones sobre un mismo tema o temas conexos.
Artículo 171
Las proposiciones no de ley que pidan a la Cámara manifestar una voluntad o una declaración política sobre materias de competencia exclusiva del Estado o de la Administración local se tramitan ante el Pleno. Solo pueden incluirse en un orden del día con el apoyo de dos tercios de la Cámara o de tres Grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma.
Artículo 172
Las proposiciones de ley para remitir a la Mesa del Congreso (art. 106.9 del Estatuto) y la solicitud al Gobierno del Estado de un proyecto de ley (art. 87.2 CE) siguen el procedimiento legislativo ordinario, pero exigen votación final del Pleno por mayoría absoluta. Para defender las proposiciones en el Congreso, cada Diputado escribe un nombre en la papeleta y salen elegidos, hasta un máximo de tres, los más votados; empates, nuevas votaciones y, si hace falta, el criterio del artículo 34.
Artículo 173
Llegado el caso, el Pleno del Parlamento, en convocatoria específica, adopta por mayoría absoluta el acuerdo de interponer el recurso de inconstitucionalidad del artículo 161.1.a) de la Constitución, conforme al número 16 del artículo 106 del Estatuto de Autonomía.
Artículo 174
Los Grupos pueden proponer al Pleno la interposición de recurso de inconstitucionalidad. La propuesta, por escrito ante la Mesa y con la firma del Portavoz, concreta los preceptos impugnados y los constitucionales infringidos; la Mesa la admite y publica. Los demás Grupos pueden presentar propuestas alternativas hasta las 19 h del viernes de la semana anterior al Pleno (una por Grupo), y enmiendas parciales hasta las 19 h del martes de la semana del Pleno, que el autor ha de aceptar. Un texto único acordado hace decaer las iniciales.
Artículo 175
Las propuestas de recurso de inconstitucionalidad se debaten en Pleno en convocatoria específica para ese solo asunto, cada una con su debate según el artículo 80; si hay varias, turno a favor y en contra para cada una, con la fijación de posiciones acumulada. Se vota primero la inicial y luego las alternativas por orden de Registro. Queda aprobada la que obtenga la mayoría absoluta del Pleno, y desde ese momento decaen las demás aún no votadas. La resolución se publica en el Boletín Oficial del Parlamento.
Artículo 176
El Pleno, en convocatoria específica y por mayoría absoluta, puede acordar desistir de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento. La propuesta la presentan dos Grupos parlamentarios o una décima parte de los Diputados, antes de que el Tribunal Constitucional fije fecha para dictar sentencia, y se tramita como las propuestas de interposición.
Artículo 177
Los letrados del Parlamento redactan los escritos de demanda, de desistimiento y cualquier otro en los recursos de inconstitucionalidad del Parlamento; la demanda y el desistimiento requieren el parecer favorable de la Mesa. En los casos de los artículos 34.1 y 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Mesa acuerda la personación y luego los letrados formulan las alegaciones y demás escritos del proceso.
Artículo 178
El Pleno, en convocatoria específica y por mayoría absoluta, acuerda que el Consejo de Gobierno comparezca en los conflictos de competencia del artículo 161.1.c) de la Constitución. Las propuestas se tramitan como las de interposición o desistimiento de recursos de inconstitucionalidad, y deben especificar con claridad los preceptos o puntos viciados de incompetencia y las disposiciones legales o constitucionales de las que resulte el vicio.
Artículo 179
El Parlamento autoriza el consentimiento en los convenios de gestión y prestación de servicios y en los acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas (arts. 226 y 227 del Estatuto), sin perjuicio de las Cortes Generales. El Consejo de Gobierno remite el texto ultimado; la Mesa lo publica y lo envía a Comisión. Se tramita como los planes y programas, acaba siempre en Pleno con votación final de totalidad. Primero se votan las propuestas de rechazo global, cuya aprobación supone denegar la autorización; las parciales aprobadas son recomendaciones para renegociar.
Artículo 180
Tras las elecciones al Parlamento, el Pleno designa a los Senadores de la Comunidad Autónoma (art. 106.17 del Estatuto). La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fija cuántos corresponden a cada Grupo; el Presidente fija el plazo para proponer candidaturas, las hace públicas y convoca al Pleno. Si hay que sustituir a un Senador, propone al sustituto el Grupo al que corresponda la vacante.
Artículo 181
El Defensor o Defensora del Pueblo es elegido por el Pleno del Parlamento, de acuerdo con el procedimiento que establezca la ley reguladora de esa institución. El Reglamento no fija aquí el procedimiento: lo deja a esa ley.
Artículo 182
Salvo Senadores y Defensor del Pueblo, los nombramientos, elecciones y designaciones por el Pleno siguen estos criterios: si una ley prevé propuesta, aceptación o nombramiento, se aplica esa norma; la Mesa, con acuerdo de la Junta de Portavoces por mayoría de al menos tres quintos, dicta las disposiciones complementarias; en elección directa, la propuesta de la Mesa incluye sufragio restringido; los empates se resuelven a favor del candidato de los Grupos con mayor respaldo electoral, incluso por lista más votada.
Artículo 183
La Mesa publica el informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz y lo envía a la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones. En Comisión: exposición del Defensor, Grupos de menor a mayor por diez minutos, contestación y, en su caso, nuevo turno fijado por el Presidente de la Comisión. En Pleno: resumen del Defensor, un miembro por Grupo de menor a mayor hasta quince minutos, sin propuestas de resolución. Los informes especiales van a Pleno o Comisión según decida la Mesa con la Junta; en Comisión pueden exponerlos los Adjuntos.
Artículo 184
La Cámara de Cuentas rinde su memoria anual a la Comisión de Hacienda y Administración Pública antes del 1 de marzo del año siguiente al que corresponda, con el programa de actuaciones del año en curso. La presenta el Consejero o Consejera Mayor y el debate sigue el procedimiento del artículo 153 para los informes del Consejo de Gobierno.
Artículo 185
El informe de la Cámara de Cuentas sobre la Cuenta General se dictamina en la Comisión de Hacienda y Administración Pública dentro de los 30 días siguientes a su publicación. Lo presenta el Consejero Mayor; un miembro por Grupo hasta 15 minutos; réplica de hasta 10. Propuestas de resolución: plazo de 3 días, defensa de hasta 10 minutos; se votan primero las de rechazo total. En 5 días los Grupos comunican las que mantienen para el Pleno, donde hay un turno único de 10 minutos. El acuerdo se publica en el BOPA y en el BOJA.
Artículo 186
Los demás informes de la Cámara de Cuentas se debaten y votan en la Comisión de Hacienda y Administración Pública en los 30 días siguientes a su publicación, aunque la Mesa, con la Junta de Portavoces, puede enviarlos a otra Comisión por la singularidad de los hechos. Presenta el Consejero Mayor o el miembro designado; un Diputado por Grupo hasta 10 minutos; réplica de hasta 5. Propuestas de resolución en 3 días, con defensa reducida a 5 minutos. Las resoluciones se publican en el BOPA.
Artículo 187
La iniciativa fiscalizadora del Parlamento para encargar un informe a la Cámara de Cuentas se tramita como proposición no de ley ante el Pleno o la Comisión de Hacienda y Administración Pública; las propuestas de resolución tras el debate de un informe pueden pedir ampliarlo o completarlo. Si va a Pleno o a Comisión lo decide la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces.
Artículo 188
La Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y sus filiales puede requerir, por medio del Presidente o Presidenta del Parlamento, la presencia del Presidente de su Consejo de Administración, del Director General u otras personas vinculadas, en los términos y plazos del artículo 44. En esa Comisión los Grupos pueden presentar además proposiciones no de ley con propuestas de resolución específicas.
Artículo 189
El Director o Directora General de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA comparece ante la Comisión para sesiones informativas a petición propia o a iniciativa de un Grupo o de un Diputado con la sola firma de otros cuatro integrantes de la Comisión. Puede ir acompañado de los Directores de las sociedades filiales cuando lo estime necesario. La sesión sigue el artículo 153.2 y 3.
Artículo 190
Los Diputados pueden formular preguntas con contestación oral al Director o Directora General de la Agencia Pública Empresarial de RTVA en el ámbito de sus competencias. Se contestan exclusivamente en la Comisión de Control de la Agencia y de sus filiales, y se tramitan conforme al artículo 163.
Artículo 191
Al final de cada primer período de sesiones caducan todos los trámites pendientes de examen y resolución de iniciativas no legislativas de las que deba responder o informar el Consejo de Gobierno, salvo las que deban sustanciarse por escrito. No se aplica en el primer período de sesiones posterior a la sesión constitutiva de la Cámara.
Artículo 192
Al final de cada legislatura caducan todos los trámites parlamentarios pendientes de examen y resolución, salvo los que corresponda conocer a la Diputación Permanente o deban prorrogarse por disposición legal.
Artículo 193
Si caduca en las Cortes Generales una proposición de ley presentada por el Parlamento de Andalucía ante la Mesa del Congreso, el Pleno del Parlamento, a propuesta de la Junta de Portavoces, puede acordar reiterar su presentación y confirmar a los Diputados que designó para defenderla.
Ley 6/2006, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía
En este tema: arts. 38–42. Ver la norma
Artículo 38. Relaciones entre el Consejo de Gobierno y el Parlamento de Andalucía
El Consejo de Gobierno y sus integrantes, sin perjuicio del Reglamento del Parlamento de Andalucía, tienen tres deberes: a) acudir al Parlamento cuando este reclame su presencia; b) atender las preguntas, interpelaciones y mociones que les formule; c) proporcionarle la información y ayuda que precise del Consejo de Gobierno, sus integrantes o cualquier autoridad o personal de la Administración de la Junta, organismo, servicio o dependencia de la Comunidad Autónoma. Sus miembros tienen acceso a las sesiones y pueden hacerse oír en ellas, y pueden pedir que altos cargos y personal de sus Consejerías informen ante las Comisiones Parlamentarias.
Artículo 39. Exigencia de la responsabilidad política
El Presidente o la Presidenta de la Junta responde políticamente ante el Parlamento de Andalucía, según el Estatuto. El Consejo de Gobierno responde ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada integrante por su gestión. La responsabilidad de ambos se exige mediante la moción de censura, que se sustancia conforme al Estatuto y al Reglamento del Parlamento. La cuestión de confianza se tramita y decide también según el Estatuto y el Reglamento del Parlamento.
Artículo 40. Responsabilidad política y delegación de funciones
Cuando el Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía delega temporalmente funciones ejecutivas suyas en la persona titular de una Vicepresidencia o de una Consejería, no queda exento de responsabilidad política ante el Parlamento de Andalucía. El mismo criterio se aplica cuando delegan funciones de su competencia los demás integrantes del Consejo de Gobierno: quien delega sigue respondiendo políticamente.
Artículo 41. Competencia y requisitos
El Presidente o la Presidenta de la Junta puede disolver el Parlamento de Andalucía mediante decreto. Lo hace previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad. Hay dos límites: no cabe disolver mientras esté en trámite una moción de censura, y no procede una nueva disolución hasta que haya transcurrido, al menos, un año desde la última disolución de la Cámara.
Artículo 42. Efectos y contenido del decreto de disolución
El decreto de disolución del Parlamento de Andalucía se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y entra en vigor el mismo día de su publicación, sin esperar al día siguiente. El propio decreto debe fijar la fecha de celebración de las nuevas elecciones y las demás circunstancias previstas en la legislación electoral.
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