Tema 30 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 9. Principios del art. 9.3

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 103. Principios de actuación de la Administración pública

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a cinco principios —eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación— con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Los órganos de la Administración del Estado se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley. Y la ley regulará el estatuto de los funcionarios, el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad.

Artículo 1

Fuentes: ley, costumbre y principios generales del derecho. Carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y se prueba; los usos jurídicos no meramente interpretativos se consideran costumbre. Los principios generales se aplican en defecto de ley o costumbre. Los tratados no se aplican directamente hasta su publicación íntegra en el BOE. La jurisprudencia complementa con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo. Jueces y Tribunales deben resolver en todo caso.

Artículo 2

Las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa. Solo se derogan por otras posteriores; la derogación tiene el alcance que expresamente se disponga y se extiende siempre a todo lo que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. La simple derogación de una ley no devuelve la vigencia a las que esta hubiera derogado. Las leyes no tienen efecto retroactivo, si no disponen lo contrario.

Artículo 3

Las normas se interpretan según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. La equidad ha de ponderarse en la aplicación de las normas, pero las resoluciones de los Tribunales solo pueden descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.

Artículo 4

La aplicación analógica procede cuando las normas no contemplan un supuesto específico pero regulan otro semejante entre los que se aprecia identidad de razón. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplican a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Las disposiciones del Código Civil se aplican como supletorias en las materias regidas por otras leyes.

Artículo 5

Salvo que se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días a contar de uno determinado, ese día queda excluido del cómputo, que empieza en el día siguiente. Los plazos fijados por meses o años se computan de fecha a fecha; si en el mes del vencimiento no hay día equivalente al inicial del cómputo, el plazo expira el último del mes. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.

Artículo 6

La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento y el error de derecho solo produce los efectos que las leyes determinen. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos solo valen si no contrarían el interés o el orden público ni perjudican a terceros. Los actos contrarios a normas imperativas y prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto. Los actos en fraude de ley no impiden la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

Artículo 7

Los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La Ley no ampara el abuso del derecho ni su ejercicio antisocial. Todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, da lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Artículo 8

Artículo 9

La ley personal de las personas físicas es la de su nacionalidad y rige capacidad, estado civil, derechos y deberes de familia y sucesión; cambiarla no afecta a la mayoría de edad ya adquirida. Los efectos del matrimonio siguen esta cascada: ley personal común al casarse; ley personal o de residencia de uno, elegida por ambos en documento auténtico antes de casarse; residencia habitual común inmediatamente posterior; lugar de celebración. La sucesión, ley nacional del causante al fallecer. Sin nacionalidad, ley de la residencia habitual.

Artículo 10

Inmuebles y muebles: ley del lugar donde se hallen. Bienes en tránsito: situados en el lugar de expedición, salvo pacto de que se consideren en el de destino. Buques, aeronaves y ferrocarril: ley del abanderamiento, matrícula o registro; automóviles: donde se hallen. Contratos: ley elegida con conexión; si no, nacional común, residencia habitual común y lugar de celebración. Donaciones: ley nacional del donante. Obligaciones no contractuales: ley del lugar del hecho.

Artículo 11

La forma de contratos, testamentos y demás actos se rige por la ley del país donde se otorgan, pero también valen los hechos con la forma de la ley aplicable a su contenido, la ley personal del disponente o la común de los otorgantes; los relativos a inmuebles, con la del lugar donde radiquen. Los otorgados a bordo de buques o aeronaves en navegación se entienden celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Si la ley del contenido exige una forma, se aplica siempre. Los autorizados por diplomáticos o cónsules españoles, ley española.

Artículo 12

La calificación para determinar la norma de conflicto se hace siempre con la ley española. La remisión al derecho extranjero es a su ley material, sin reenvío salvo a la ley española. La ley extranjera no se aplica si es contraria al orden público. Es fraude de ley usar una norma de conflicto para eludir una ley imperativa española. Si el Estado tiene varios sistemas, decide su propia legislación. Tribunales y autoridades aplican de oficio las normas de conflicto españolas.

Artículo 13

Tienen aplicación general y directa en toda España las disposiciones del título preliminar sobre efectos de las leyes y reglas generales de aplicación, y las del título IV del libro I, salvo las relativas al régimen económico matrimonial. En lo demás, respetando los derechos especiales o forales donde estén vigentes, el Código Civil rige como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada territorio según sus normas especiales.

Artículo 14

La vecindad civil decide si se aplica el derecho común o el foral. Se tiene la de los padres; si la tienen distinta, la del progenitor con filiación determinada antes, la del lugar de nacimiento y, por último, la de derecho común, aunque los padres pueden atribuir la de cualquiera en los seis meses siguientes al nacimiento o adopción. Desde los catorce años y hasta un año después de emanciparse, el hijo puede optar. Se adquiere por dos años de residencia con declaración o diez sin declaración en contrario.

Artículo 15

El extranjero que adquiere la nacionalidad española debe optar, al inscribirla, entre la vecindad del lugar de residencia, la del lugar de nacimiento, la última de cualquiera de sus progenitores o adoptantes o la del cónyuge. Si la adquiere por carta de naturaleza, tendrá la que determine el Real Decreto de concesión. Quien recupera la nacionalidad española recupera la vecindad civil que tenía al tiempo de perderla.

Artículo 16

Los conflictos entre legislaciones civiles internas se resuelven con las normas del capítulo IV, pero la ley personal es la de la vecindad civil y no se aplican las reglas de calificación, remisión y orden público del artículo 12. La viudedad aragonesa corresponde a los cónyuges sometidos a ese régimen aunque cambien de vecindad, y el usufructo viudal también al supérstite si el premuerto era aragonés al morir. Efectos del matrimonio entre españoles: ley española según el artículo 9 y, en su defecto, el Código Civil.

Artículo 3. Principios generales

Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Artículo 44. Potestad reglamentaria

La potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, conforme a la Constitución, el Estatuto y las leyes. Las personas titulares de las Consejerías la tienen en la organización y materias internas de su Consejería. Fuera de eso, solo pueden dictar reglamentos si una ley o un reglamento del Consejo de Gobierno las habilita específicamente. Jerarquía: 1.º disposiciones de la Presidencia o del Consejo de Gobierno; 2.º de las Consejerías. Ningún reglamento puede vulnerar normas superiores ni regular materias reservadas a la ley. Son nulas las resoluciones que vulneren un reglamento, aunque las dicten órganos de igual o superior jerarquía que el que lo aprobó.

Artículo 46. Forma de las disposiciones y resoluciones de la Presidencia, de las Vicepresidencias y Consejerías, y del Consejo de Gobierno

El artículo fija cuatro formas para las decisiones de los órganos de la Ley. 1) Decretos de la Presidencia: actos atribuidos a la Presidencia; firma exclusiva del Presidente o Presidenta. 2) Decretos acordados en Consejo de Gobierno: normas reglamentarias y resoluciones que deban adoptar esa forma. Los firma el titular de la Presidencia y el de la Consejería proponente. Si afectan a varias Consejerías, firma con el Presidente el titular de la Consejería competente en materia de Presidencia. 3) Acuerdos del Consejo de Gobierno: decisiones que no deban ser decreto; se firman igual que los decretos. 4) Órdenes de Vicepresidencias y Consejerías: firma el titular; si afectan a varios órganos, firman conjuntamente todos.

Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros

Formas de las decisiones del Gobierno y de sus miembros: Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes; Reales Decretos del Presidente del Gobierno; Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros; Acuerdos del Consejo de Ministros (lo que no deba ser Real Decreto); Acuerdos de las Comisiones Delegadas, con forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia si la competencia es de distintos Ministros; y Órdenes Ministeriales. Jerarquía de los reglamentos: 1.º Real Decreto del Presidente o acordado en Consejo de Ministros; 2.º Orden Ministerial.

Artículo 128. Potestad reglamentaria

La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas conforme a sus Estatutos, y a los órganos de gobierno locales según la Constitución, los Estatutos y la Ley 7/1985. Los reglamentos no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular materias reservadas a las Cortes o a las Asambleas autonómicas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes, y ninguna podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

El ordenamiento jurídico-administrativo y el concepto de fuentes del Derecho

Para Antonio Fortes Martín, el ordenamiento es un sistema, no un agregado de normas. El jurídico-administrativo tiene rasgos propios: la Administración está sometida a la ley pero crea normas; hay múltiples centros con capacidad normativa; muchas funciones y muchas normas; contingencia y variabilidad («legislación motorizada», de Carl Schmitt); y derogaciones tácitas. El DPEJ recuerda que el Código Civil (art. 1.1) cita la ley, la costumbre y los principios generales. Fortes considera el reglamento el producto normativo prototípico del Derecho administrativo.

La Constitución como fuente y el principio de jerarquía normativa

Para Fortes Martín, la Constitución tiene valor normativo propio (art. 9.1 CE), es la «norma de normas» y obliga a interpretar el ordenamiento conforme a ella. El DPEJ define la jerarquía normativa como la superioridad de rango de unas normas sobre otras (art. 9.3 CE); los reglamentos que vulneran normas superiores son nulos de pleno derecho. Entre ley estatal y autonómica no rige la jerarquía sino el criterio material de la competencia, aunque por la cláusula de prevalencia (art. 149.3 CE) la estatal prevalece en lo no atribuido a la comunidad.

La ley: concepto, clases y reserva de ley

El DPEJ define la ley como norma del Parlamento, aprobada con ese nombre por el procedimiento legislativo, inferior a la Constitución y superior a las demás normas. Fortes Martín distingue leyes orgánicas (materias del art. 81.1 CE, mayoría absoluta del Congreso) y ordinarias, además de las del art. 150 CE y la legislación básica, distinta de las leyes de bases. Reserva de ley material: ciertas materias deben regularse por ley. Formal: regulada una materia por ley, su rango se «congela» y solo otra ley puede modificarla.

Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decretos legislativos y decretos-leyes

Fortes Martín llama disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley a los decretos legislativos y los decretos-leyes. Los decretos legislativos requieren delegación de las Cortes: por ley ordinaria para un texto refundido y por ley de bases para un texto articulado; solo en el Gobierno, sin subdelegación, no en materia orgánica, expresa, para materia concreta y con plazo. Los decretos-leyes exigen «extraordinaria y urgente necesidad», tienen materias vedadas y se convalidan o derogan en treinta días.

El reglamento: concepto, formas y clases

El DPEJ define el reglamento como disposición general de categoría inferior a la ley, dictada por el Gobierno u otros órganos habilitados. Para Fortes Martín es el producto normativo prototípico del Derecho administrativo; se distingue de las normas con fuerza de ley y del acto administrativo. Su forma depende del ente: reales decretos y órdenes ministeriales en la AGE, decretos y órdenes en las comunidades, ordenanzas en los municipios. Clases: ejecutivos (secundum legem), independientes (extra legem, solo en materias organizativas internas) y de necesidad (contra legem).

Otras fuentes: Derecho de la Unión, tratados, principios generales, jurisprudencia, costumbre y precedente

Fortes Martín enumera otras fuentes: el Derecho de la Unión (aplicabilidad directa, efecto directo y primacía), los tratados (art. 96 CE), los principios generales (supletorios e informadores, art. 1.4 CC), la jurisprudencia (complemento, art. 1.6 CC), la costumbre (en defecto de ley y probada) y el precedente administrativo: vinculación de la Administración a sus actos propios, sucesivos y reiterados en una misma dirección (art. 35.1.c Ley 39/2015). F. de Castro atribuyó a los principios generales una triple función.