Tema 11 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Andalucía

Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución. Valores superiores que propugna el Estatuto: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades Autónomas. Los poderes emanan de la Constitución y del pueblo andaluz; el Estatuto es su norma institucional básica. La Unión Europea es su ámbito de referencia.

Artículo 2. Territorio

Artículo 3. Símbolos

Bandera: la tradicional de tres franjas horizontales —verde, blanca y verde— de igual anchura, tal como fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918. Escudo propio, aprobado por ley de su Parlamento, con la leyenda «Andalucía por sí, para España y la Humanidad», teniendo en cuenta el acuerdo de la Asamblea de Ronda de 1918. Himno propio, aprobado por ley de su Parlamento, de acuerdo con lo publicado por la Junta Liberalista de Andalucía en 1933. Día de Andalucía: 28 de febrero. Protección de los símbolos: la misma que corresponda a los demás símbolos del Estado.

Artículo 4. Capitalidad y sedes

Sevilla es la capital de Andalucía y sede del Parlamento, de la Presidencia de la Junta y del Consejo de Gobierno, que pueden celebrar sesiones en otros lugares de Andalucía según establezcan, respectivamente, el Reglamento del Parlamento y la ley. Granada es la sede del Tribunal Superior de Justicia, aunque algunas Salas pueden ubicarse en otras ciudades. Por ley del Parlamento andaluz se pueden establecer sedes de organismos o instituciones en distintas ciudades, salvo las sedes establecidas en el Estatuto.

Artículo 5. Condición de andaluz o andaluza

Condición política de andaluz (a efectos del Estatuto): españoles con vecindad administrativa en cualquier municipio andaluz, conforme a las leyes generales del Estado. Españoles residentes en el extranjero: gozan de los derechos políticos del Estatuto si su última vecindad administrativa fue en Andalucía y lo acreditan en el correspondiente Consulado de España; también sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan, en la forma que determine la ley del Estado. Extranjeros residentes: dentro del marco constitucional, se establecerán mecanismos para promover su participación.

Artículo 6. Andaluces y andaluzas en el exterior

Los andaluces y andaluzas en el exterior y las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía tienen derecho a participar en la vida del pueblo andaluz y a compartirla, en los términos que establezcan las leyes. Las comunidades podrán solicitar el reconocimiento de la identidad andaluza, con los efectos que dispongan las leyes. Para fomentar los vínculos, prestarles asistencia y garantizar sus derechos, la Comunidad Autónoma podrá formalizar acuerdos con instituciones públicas y privadas de esos territorios y países, o instar del Estado la suscripción de tratados internacionales.

Artículo 7. Eficacia territorial de las normas autonómicas

Las leyes y normas que emanan de las instituciones de autogobierno de Andalucía tienen eficacia en el territorio andaluz. Además, podrán tener eficacia extraterritorial, pero con dos condiciones que el artículo fija: que así se deduzca de su naturaleza y que sea en el marco del ordenamiento constitucional.

Artículo 8. Derecho propio de Andalucía

El artículo 8 define qué es el derecho propio de Andalucía: lo forman las leyes y normas reguladoras de las materias sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta competencias. No se refiere a cualquier norma, sino a las que regulan materias sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta competencias.

Artículo 9. Derechos

Todas las personas en Andalucía gozan, como mínimo, de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por España; en particular, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea. La Comunidad Autónoma garantiza el pleno respeto a las minorías que residan en su territorio.

Artículo 10. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma

La Comunidad Autónoma promoverá que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removerá obstáculos, fomentará la participación y adoptará medidas de acción positiva (ap. 1), y propiciará la igualdad del hombre y la mujer y la democracia paritaria (ap. 2). El ap. 3 fija 24 objetivos básicos: pleno empleo, educación, modalidad lingüística andaluza, retorno de los andaluces en el exterior, dependencia, discapacidad, inmigrantes, comunidad gitana, paz, entre otros. El ap. 4 pide legislación, financiación suficiente y eficacia y eficiencia administrativa.

Artículo 11. Promoción de los valores democráticos y ciudadanos

Los poderes públicos de Andalucía promoverán el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena. Esa conciencia se fundamenta en los valores constitucionales y en los principios y objetivos del Estatuto, como señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma. Con esa finalidad se adoptarán las medidas precisas para la enseñanza y el conocimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Artículo 248. Iniciativa y procedimiento ordinario

La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Parlamento de Andalucía (a propuesta de una tercera parte de sus miembros) o a las Cortes Generales. Requiere, en todo caso, aprobación del Parlamento por mayoría de dos tercios, de las Cortes Generales mediante ley orgánica y referéndum positivo de los electores andaluces. Si fracasa, no puede volver a debatirse en el Parlamento hasta pasado un año. La Junta somete la reforma a referéndum en el plazo máximo de seis meses desde su ratificación por ley orgánica, que implica la autorización de la consulta.

Artículo 249. Procedimiento simplificado

Si la reforma no afecta a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado, se podrá seguir este procedimiento: a) el Parlamento de Andalucía elabora y aprueba el proyecto; b) consulta a las Cortes Generales; c) si en treinta días desde la recepción de la consulta no se declaran afectadas, se convoca, debidamente autorizado, referéndum sobre el texto; d) finalmente, aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. e) Si se declaran afectadas en ese plazo, una comisión mixta paritaria formula una propuesta conjunta y se sigue el procedimiento del artículo anterior.

Artículo 250. Retirada de la propuesta de reforma

En cualquiera de los dos procedimientos de reforma regulados en los artículos anteriores, el Parlamento de Andalucía, por mayoría de tres quintos, podrá retirar la propuesta de reforma en tramitación ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales, siempre antes de que haya recaído votación final sobre ella. Si la retira, no se aplica la limitación temporal prevista en el artículo 248.2.

La identidad histórico-cultural de Andalucía en el preámbulo del Estatuto de 2007

El preámbulo del Estatuto de 2007 (LO 2/2007) afirma que Andalucía ha forjado una identidad singular como pueblo, en un espacio de encuentro entre civilizaciones; su patrimonio es parte esencial de España. Rasgos: acervo mestizo, patrimonio tangible e intangible, valores universales, territorio en torno al Guadalquivir (nexo entre Europa y África) y, como hecho diferencial del espacio de frontera, un sistema urbano medido en clave humana. Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza (Parlamento, abril de 1983). Única Comunidad con legitimidad específica por referéndum; nacionalidad (art. 2 CE).

La Constitución Federal de Antequera de 1883

Según el preámbulo del Estatuto de 2007, el primer texto que plasma la voluntad de autogobierno andaluz es la Constitución Federal Andaluza de Antequera (1883). Surge del intento de Pi y Margall de recomponer el Partido Republicano Federal; la impulsó Antonio Azuaga y se celebró en Antequera el 28 de octubre de 1883. La redactó Carlos Saornil (Álora): 98 artículos en 12 títulos; Andalucía soberana y autónoma, federación de cantones basada en los municipios; derechos de la mujer. Publicada en 1891, la Asamblea de Ronda de 1918 la hizo «Carta Magna».

Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza

Blas Infante nació en Casares (Málaga) el 5 de julio de 1885; notario, en Cantillana conoció el georgismo. En 1915 publicó Ideal Andaluz (memoria presentada en el Ateneo de Sevilla en 1914). En abril de 1916 aparece el Manifiesto regionalista fundacional y el 22 de octubre de 1916 crea el Centro Andaluz de Sevilla; Primo de Rivera clausuró los Centros en 1923, que en 1931 pasan a ser la Junta Liberalista. Fue fusilado el 11 de agosto de 1936. El Parlamento lo reconoció Padre de la Patria Andaluza el 14 de abril de 1983 y el Congreso, en noviembre de 2002.

La Asamblea Regionalista de Ronda de 1918

La primera Asamblea Regionalista andaluza se celebró en Ronda el 13 y 14 de enero de 1918, retrasada por la suspensión de garantías. Declaró a Andalucía «la realidad de una patria». Según Cruz Artacho: asume la Constitución federal de 1883 como carta magna del andalucismo; reclama la autonomía, la reforma georgista de la tierra, industrialización y formación («Tierra, Autonomía y Libertad»); y acuerda la bandera y el escudo (el himno no). En noviembre de 1918 el Centro Regionalista de Sevilla pidió la autonomía por decreto: primera petición de autonomía política, según Ruiz Romero.

Los símbolos de Andalucía: bandera, escudo, lema e himno

La bandera y el escudo se aprobaron en la Asamblea de Ronda (13 y 14 de enero de 1918); Blas Infante los describió en diciembre de 1919. Bandera: tres franjas horizontales iguales, verdes las de los extremos y blanca la central. Escudo: el de Cádiz, Hércules ante las columnas sujetando dos leones, con la inscripción «Dominator Hercules Fundator» en orla y «Bética-Andalus» a sus pies. Lema (de 1914): «Andalucía para sí, para España y la Humanidad». Himno: aprobado en 1933 por las Juntas Liberalistas; letra de Infante y música del maestro Castillo.

Córdoba, 1919: el Manifiesto Nacionalista y la II Asamblea Regionalista

Manifiesto Nacionalista o andalucista de Córdoba: presentado el 1 de enero de 1919 por iniciativa del Centro Regionalista Andaluz de Córdoba, con adhesión del de Jaén y de Blas Infante. Declara: «Andalucía es una nacionalidad…» Abre la fase nacionalista del andalucismo; el Estatuto de 2007 dice que describió a Andalucía como realidad nacional. II Asamblea Regionalista: Córdoba, 23 a 25 de marzo de 1919, presidida por Infante; tema central, el problema agrario (latifundismo, reforma georgista, bienes comunales), con Pascual Carrión.

La II República: la Asamblea de Córdoba de 1933 y el Estatuto frustrado de 1936

La Constitución de 1931 permitía Estatutos regionales. En abril de 1931 nace la Junta Liberalista; fue clave la Diputación de Sevilla (Hermenegildo Casas). El 26 de febrero de 1932 las diputaciones aprueban en Sevilla las Bases para el Estatuto. Asamblea de Córdoba (29-31 de enero de 1933, 236 delegados): Granada, Jaén, Almería y Huelva se retiran; el 31 se aprueba el Anteproyecto de Bases. En noviembre de 1933 se paraliza. El 5 de julio de 1936 se crea la Junta Regional Proautonómica (Infante, presidente de honor); el golpe de julio lo trunca.

El 4 de diciembre de 1977 y el Pacto de Antequera de 1978

El 4 de diciembre de 1977 cerca de un millón y medio de andaluces se manifestaron por la autonomía en las capitales, convocados por la Asamblea de Parlamentarios Andaluces (constituida el 12 de octubre de 1977). En Málaga murió un joven militante de CC.OO. Desde 1978 es el «Día de Andalucía». Pacto de Antequera: propuesto por Plácido Fernández Viagas el 3 de octubre de 1978 y firmado el 4 de diciembre de 1978 por once fuerzas políticas; compromiso de lograr cuanto antes la autonomía más eficaz en el marco de la Constitución. Antequera evocaba la Constitución de 1883.

El ente preautonómico: el Real Decreto-ley 11/1978 y Plácido Fernández Viagas

El ente preautonómico (Junta de Andalucía) lo instituyó el Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril; Andalucía fue la séptima preautonomía. Iba a llamarse «Consejo Regional Andaluz», pero Manuel Clavero Arévalo impulsó «Junta de Andalucía». Se constituyó el 27 de mayo de 1978 en la Diputación de Cádiz. Primer presidente: Plácido Fernández Viagas (18 votos frente a 13 de Jaime García Añoveros). Órganos: Presidencia, Pleno y Consejo Permanente. Competencias más administrativas que políticas. En junio de 1979 le sucedió Rafael Escuredo (hasta julio de 1982).

La vía del artículo 151 y el referéndum del 28 de febrero de 1980

En junio de 1979, en Granada, la Junta preautonómica de Escuredo acordó la vía del artículo 151 (UCD defendía la del 143). Requisitos: iniciativa de diputaciones y municipios (plazo abierto por Puerto Real el 21 de abril de 1979) y ratificación en referéndum por mayoría absoluta del censo en cada provincia; si no, cinco años de espera. El referéndum del 28 de febrero de 1980 tuvo 15 días de campaña; UCD pidió la abstención («Andaluz, éste no es tu referéndum»); Escuredo hizo huelga de hambre. El sí ganó en siete provincias, no en Almería.

El desbloqueo y el Estatuto de Autonomía de 1981

Tras el 28-F, la Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre, desbloqueó el proceso: vale la mayoría de síes en cada provincia si hay mayoría absoluta del censo en el conjunto, y las Cortes pueden sustituir la iniciativa de la provincia sin ratificación (así se suplió Almería). Un primer borrador se aprobó en Carmona el 2 de agosto de 1979; el proyecto (el «Estatuto de Carmona») lo aprobó en Córdoba la Asamblea de Parlamentarios desde el 28 de febrero de 1981. Referéndum del 20 de octubre de 1981; sanción el 30 de diciembre de 1981. Cuarto Estatuto; única comunidad por el artículo 151.

Cronología de los intentos autonomistas andaluces (1883-1981)

Cronología del autogobierno: Antequera, 28-10-1883 (Constitución Federal); Centro Andaluz, 22-10-1916; Ronda, 13 y 14-1-1918 (bandera y escudo); Manifiesto de Córdoba, 1-1-1919; II Asamblea, Córdoba, marzo de 1919 (cuestión agraria); Junta Liberalista, abril de 1931; Córdoba, enero de 1933 (Anteproyecto de Bases) e himno; Sevilla, 5-7-1936; manifestaciones, 4-12-1977; preautonomía, 27-4-1978 (constituida en Cádiz el 27-5); Pacto de Antequera, 4-12-1978; Escuredo y vía del 151, junio de 1979; 28-F de 1980; LO 12/1980, 16-12-1980; Córdoba, 28-2-1981; referéndum, 20-10-1981; sanción, 30-12-1981.

Artículo 2. Unidad y autonomía

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 143. Acceso a la autonomía por la vía ordinaria

Podrán acceder al autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. La iniciativa corresponde a todas las Diputaciones interesadas —o al órgano interinsular— y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, y debe cumplirse en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo. Si la iniciativa no prospera, solo podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144. Autorización de las Cortes para constituir Comunidades Autónomas

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, podrán autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuyo ámbito no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del artículo 143.1; autorizar o acordar un Estatuto de autonomía para territorios no integrados en la organización provincial; y sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales del artículo 143.2.

Artículo 145. Prohibición de federación y convenios entre Comunidades

En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre Comunidades necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Artículo 146. Elaboración del proyecto de Estatuto

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Artículo 147. Los Estatutos de Autonomía

Los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Deben contener la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de sus instituciones propias, y las competencias asumidas junto con las bases para el traspaso de los servicios correspondientes. Su reforma se ajustará al procedimiento que ellos mismos establezcan y requerirá en todo caso la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

Artículo 148. Competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas

Enumera en veintidós apartados las materias que las Comunidades Autónomas podrán asumir: organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas de interés autonómico, ferrocarriles y carreteras internos, agricultura y ganadería, montes, gestión de la protección del medio ambiente, pesca en aguas interiores, turismo, asistencia social, sanidad e higiene y vigilancia de sus edificios, entre otras. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del artículo 149.

Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado

Enumera en 32 apartados las materias reservadas en exclusiva al Estado: relaciones internacionales, defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, procesal, civil y laboral, Hacienda general, seguridad pública… El apartado 3 cierra el sistema: lo que la Constitución no atribuye al Estado puede asumirlo una Comunidad Autónoma por su Estatuto; lo que ninguna asuma queda para el Estado; y el derecho estatal es en todo caso supletorio del autonómico.

Artículo 150. Leyes marco, de transferencia y de armonización

Recoge tres instrumentos distintos. Las Cortes pueden atribuir a todas o a algunas Comunidades la facultad de dictar normas legislativas propias en el marco de principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, estableciendo la modalidad de control (leyes marco). El Estado puede transferir o delegar mediante ley orgánica facultades de titularidad estatal susceptibles de ello, previendo la transferencia de medios financieros y las formas de control. Y puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades cuando lo exija el interés general, cuya necesidad aprecian las Cortes por mayoría absoluta de cada Cámara.

Artículo 151. Acceso a la autonomía por la vía especial

Permite saltarse el plazo de cinco años del artículo 148.2 cuando la iniciativa la acuerdan, además de las Diputaciones u órganos interinsulares, las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una, y esa iniciativa se ratifica en referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia. El Estatuto lo elabora una Asamblea de Parlamentarios por mayoría absoluta, lo examina la Comisión Constitucional del Congreso en dos meses, se somete a referéndum del cuerpo electoral y se ratifica por los plenos de ambas Cámaras antes de que el Rey lo sancione y promulgue como ley.

Antecedentes: la Ley para la Reforma Política

La transición partió de la legalidad anterior: las Cortes Españolas aprobaron la Ley para la Reforma Política el 18 de noviembre de 1976; se ratificó en referéndum el 15 de diciembre de 1976 (más del 94 % de votos afirmativos, con más del 77 % del electorado votando) y se publicó en el BOE el 5 de enero de 1977. Bases: soberanía popular y supremacía de la ley; Cortes bicamerales por sufragio universal, directo y secreto, proporcional en el Congreso y mayoritario en el Senado; 350 diputados y 207 senadores electos más 41 de designación real; procedimiento de reforma constitucional.

Las elecciones de 15 de junio de 1977 y las Cortes Constituyentes

Antes de las elecciones, el Real Decreto-ley 12/1977 reguló la asociación política y el Real Decreto-ley 20/1977 aprobó las normas electorales. Convocadas por el Real Decreto 679/1977, se celebraron el 15 de junio de 1977 (586 candidaturas, participación del 79 %). Congreso: UCD 165 escaños y PSOE 103. Senado: UCD 106 y PSOE 35. Las Cámaras se reunieron por primera vez el 13 de julio (Junta Preparatoria), pero la Legislatura Constituyente comenzó oficialmente el 22 de julio de 1977, en sesión conjunta ante los Reyes.

El proceso constituyente en el Congreso: Ponencia, Comisión y Pleno

El 26 de julio de 1977 el Pleno del Congreso creó una Comisión Constitucional, constituida el 1 de agosto, que designó una Ponencia de siete diputados, los «Padres de la Constitución»: Cisneros, Herrero de Miñón y Pérez-Llorca (UCD), Peces-Barba (Socialista), Fraga (AP), Solé Tura (Comunista) y Roca (Minoría Catalana). Celebró 29 sesiones reservadas; el anteproyecto se publicó el 5 de enero de 1978 y recibió más de 3.000 enmiendas. El Pleno aprobó el texto el 21 de julio de 1978 (258 a favor, 2 en contra, 14 abstenciones).

El proceso constituyente en el Senado y la Comisión Mixta

En el Senado el plazo de enmiendas acabó el 7 de agosto de 1978 (1.254 escritos); la Comisión de Constitución debatió en diecisiete sesiones y el Pleno aprobó las «Modificaciones» el 5 de octubre. Como había discrepancias, se constituyó una Comisión Mixta presidida por Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes; sus sesiones fueron secretas y su Dictamen se publicó el 28 de octubre. Ambas Cámaras lo votaron el 31 de octubre de 1978: Congreso 325 a favor; Senado 226 a favor.

Referéndum, sanción y publicación de la Constitución

El referéndum, convocado por el Real Decreto 2550/1978, se celebró el 6 de diciembre de 1978: aprobación por el 87,78 % de los votantes (58,97 % del censo). El Rey sancionó la Constitución el 27 de diciembre de 1978 en sesión conjunta solemne de Congreso y Senado en el Palacio de las Cortes; el BOE la publicó el 29 de diciembre (núm. 311), junto con las versiones en las restantes lenguas de España. Cronología: 21-7 Pleno del Congreso, 5-10 Pleno del Senado, 31-10 Comisión Mixta.

Características generales: la «Constitución del consenso»

Rasgos según el Portal de la Constitución: nace de una reforma desde la legalidad anterior; es «la constitución del consenso»; proclama la soberanía del pueblo español; ninguna confesión es estatal; posición transaccional en libertad de enseñanza y de empresa; Monarquía parlamentaria; primera Constitución que menciona a los partidos; reconocimiento pleno de las Comunidades Autónomas. Cuatro reformas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135), 2024 (art. 49) y 2026 (art. 69.3).

Valor normativo y supremacía de la Constitución

El artículo 9.1 sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento y garantiza, según García de Enterría, su supremacía normativa y su carácter de «vinculación más fuerte». La fórmula «el resto del ordenamiento jurídico» la introdujo el Senado. Consecuencias de la supremacía: inconstitucionalidad de las normas contrarias, procedimiento especial de reforma e interpretación conforme. El TC la llama «norma suprema» (STC 16/1982) y «norma fundamental y fundamentadora» (STC 9/1981).

Alcance de la vinculación a la Constitución: poderes públicos, ciudadanos, jueces, valores

La vinculación a la Constitución no es igual para todos (STC 101/1983): los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de vulnerarla (sin perjuicio de deberes positivos como los de los arts. 30 y 31); los poderes públicos, además, un deber general positivo de actuar conforme a ella. El juez ordinario no puede inaplicar la ley, pero sí cuestionarla ante el TC (STC 17/1981). García de Enterría y Aragón defienden el valor jurídico directo de principios y valores; Sánchez Agesta, su eficacia solo interpretativa.

La fórmula del artículo 1.1 y el Estado de Derecho

El artículo 1.1 define a España como «Estado social y democrático de Derecho». Sus principios son supraprincipios o principios de principios (Santamaría). Para Garrorena, la fórmula es histórica e integradora; el orden histórico es Estado de Derecho, Estado democrático y Estado social. Principios del Estado de Derecho: legalidad (9.1, 9.3 y 103.1), división de poderes, reserva de ley, tutela judicial (24) y responsabilidad administrativa (106). El TC ha basado en esta cláusula el cumplimiento y la motivación de las sentencias.

Los principios del artículo 9.3 en la jurisprudencia constitucional

Los principios del artículo 9.3 no son compartimentos estancos (STC 27/1981). Legalidad: «dogma básico de todo sistema democrático». Jerarquía: la Constitución en la cúspide. Publicidad: consecuencia ineluctable del Estado de derecho. Irretroactividad de lo sancionador desfavorable, que a contrario garantiza la retroactividad penal favorable. Seguridad jurídica: «suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad». Responsabilidad: excepto el Rey. Interdicción de la arbitrariedad.

El Estado democrático y la soberanía nacional

El Estado democrático se concreta en la participación del artículo 23. Indirecta: elegir representantes en elecciones periódicas por sufragio universal. Directa, con tres instrumentos: iniciativa legislativa popular (87.3), referéndum consultivo (92) y participación en la Administración de Justicia (125). También mediante partidos, sindicatos, asociaciones empresariales, colegios profesionales y organizaciones de consumidores y profesionales. El 1.2 es una fórmula de compromiso entre soberanía nacional y popular; solo el pueblo español es soberano (STC 42/2014).

El Estado social y la igualdad material

El Estado social busca la «procura existencial» (Forsthoff): condiciones económicas y sociales mínimas promovidas por el intervencionismo estatal, que defendió Heller desde los años 20. Se manifiesta en el 9.2 (promover libertad e igualdad reales y efectivas, remover obstáculos, facilitar la participación), en el capítulo III del título I y en el título VII. Precedentes: arts. 46-48 de la Constitución de 1931 y 3.2 de la italiana. El 14 recoge la igualdad formal y el 9.2 la material; no discrimina favorecer a colectivos preteridos (STC 216/1991).

La Constitución económica: concepto, rasgos y unidad del orden económico

Incluir la economía en la Constitución fue una novedad en el constitucionalismo español. W. Eucken define la Constitución económica como «el conjunto de decisiones políticas o constitucionales sobre temas económicos». El TC la mencionó por primera vez en la STC 1/1982, que exige principios del orden económico de aplicación unitaria. Rasgos: abundancia de preceptos, flexibilidad e indeterminación, y dualismo interpretativo. Marco amplio y flexible, desde la economía de mercado, que admite desde una economía mixta de preponderancia pública a una de preponderancia privada.

Libertad de empresa y economía de mercado en la doctrina del Tribunal Constitucional

La libertad de empresa (art. 38) se ejerce en el marco de la economía de mercado y garantiza la libre empresa junto a la defensa de la productividad. Según la jurisprudencia: la defensa de la competencia es presupuesto y límite, no mera restricción; se relaciona con la unidad de mercado, sin exigir condiciones idénticas en todo el territorio; no es absoluta, con doble garantía (reserva de ley y contenido esencial); subjetivamente, es el derecho a iniciar y sostener una actividad empresarial «en libertad». El artículo 128 no contradice el 38.

Iniciativa pública, reserva de servicios esenciales e intervención de empresas (art. 128)

El artículo 128.1 subordina toda la riqueza del país al interés general. El 128.2 recoge: iniciativa pública económica, que rompió con la subsidiariedad anterior a 1978 (economía mixta, Parejo Alfonso); reserva al sector público, mediante ley, de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, que no equivale a demanialización y admite gestión privada por concesión; e intervención de empresas cuando lo exija el interés general: la titularidad sigue en manos de los propietarios y un órgano público dirige la gestión (STC 111/1983, RUMASA).

Naturaleza jurídica: el Estado autonómico como Estado regional

El Estado se distingue de sus entidades territoriales por la soberanía; estas tienen autonomía. Garrorena distingue Estados unitarios, compuestos (federales y confederales) y, en medio, descentralizados o regionales, categoría del Estado de las autonomías. Notas: entidades creadas en el marco de la Constitución pero no directamente por ella, no necesariamente homogéneas, sistema competencial abierto, sin Poder Judicial propio. Se inspira en el modelo italiano de 1947 y en el «Estado integral» de 1931. Para Santamaría Pastor hay un solo ordenamiento con subsistemas.

Fundamento constitucional: el principio de unidad

El artículo 2 contiene tres principios: unidad, autonomía y solidaridad; con el artículo 1 integra los supraprincipios del ordenamiento (Santamaría). La unidad de la Nación española se refuerza con «indisoluble», «común» e «indivisible», añadidos en el debate en la Comisión Constitucional del Congreso. Consecuencias según Sánchez Agesta y Goig Martínez: unidad constituyente, internacional, del ordenamiento, fiscal y del territorio. Para el TC el Estado ocupa una posición de superioridad (SSTC 4/1982 y 76/1983) y no hay otra Nación que la española (STC 31/2010).

El principio de autonomía: autonomía política y no soberanía

Según Biscaretti, la descentralización puede ser administrativa (gestión de asuntos propios sin autogobierno) o política (poder legislativo y ejecutivo, pero sin Constitución ni poder judicial propios). La autonomía política tiene dimensiones normativa, financiera, organizativa y administrativa (Sánchez Agesta y Goig Martínez). Es un derecho garantizado por el TC. «Autonomía no es soberanía» y no puede oponerse a la unidad (STC 4/1981); la de las Comunidades es «cualitativamente superior» a la de los entes locales (STC 25/1981).

El principio de solidaridad

La solidaridad es el punto de equilibrio entre unidad y autonomía. Alonso de Antonio: «corresponsabilidad de todas las partes [...] en los fines colectivos», y del conjunto hacia los intereses de los miembros. Ejemplo: la financiación autonómica (157 y 158); la recogen los artículos 138, 156 y 158.2. Dos dimensiones: económica y organizativa y competencial. Solozábal la asocia a la Constitución de la integración. TC: «corolario de la autonomía» (25/1981), «deber de auxilio recíproco» (18/1982), «recíproco apoyo y mutua lealtad» (96/1986).

Antecedentes del autonomismo andaluz

El preámbulo del Estatuto de 2007 sitúa las raíces del autonomismo en: la Constitución Federal Andaluza de Antequera (1883), primer texto que plasma la voluntad de autogobierno; la Asamblea de Ronda (1918), que aprobó bandera y escudo; el Manifiesto de Córdoba (1919), que describió a Andalucía como realidad nacional; y 1933, con el himno y un proyecto de Estatuto que la Guerra Civil frustró. Blas Infante fue reconocido Padre de la Patria Andaluza en abril de 1983. Hitos: 4 de diciembre de 1977 y referéndum de 28 de febrero de 1980.

La preautonomía y la vía del artículo 151

Según el Parlamento de Andalucía, el impulso inicial fue el 4 de diciembre de 1977 (cerca de millón y medio de manifestantes). Dos caminos: el «Pacto de Antequera» de 4 de diciembre de 1978 y el Decreto Ley 11/1978, de 27 de abril, que creó la Junta preautonómica, presidida por Plácido Fernández Viagas. La Junta de Rafael Escuredo acordó en Granada, el 21 de junio de 1979, seguir la vía del artículo 151; borrador en Carmona. En el referéndum de 28 de febrero de 1980 no se alcanzaron las mayorías exigidas, aunque el sí ganó en todas las provincias salvo Almería.

El desbloqueo de 1981 y el Estatuto de Autonomía de 1981

Tras el referéndum de iniciativa, el proceso solo podía seguir con una negociación política: los Acuerdos Autonómicos de 1981 (UCD y PSOE), que impusieron una organización institucional homogénea y la equiparación final de competencias. Se modificó la Ley de Referéndum para suplir la carencia de Almería con una ley orgánica pedida por sus diputados y senadores. El Estatuto, aprobado en Córdoba, se votó en referéndum el 20 de octubre de 1981. Elecciones el 23 de mayo de 1982 (109 diputados); Escuredo, primer presidente de la Junta.

La reforma del Estatuto de 2007: gestación y aprobación en el Parlamento de Andalucía

Manuel Chaves propuso la reforma el 28 de junio de 2001 para una «segunda modernización». En el Parlamento: el 29 de junio de 2004 se creó la Ponencia de Reforma (11 parlamentarios); el 2 de febrero de 2006 la Comisión de Desarrollo Estatutario aprobó el Dictamen; el 16 de febrero, toma en consideración (abstención de andalucistas y populares); el 2 de mayo de 2006 el Pleno aprobó la Proposición con mayoría de 3/5, por 67 votos a favor y 41 en contra, y la remitió al Congreso. Novedades: Derechos Sociales, Organización Territorial, Medio Ambiente, Medios de Comunicación.

La reforma del Estatuto de 2007: tramitación en las Cortes Generales

El 5 de mayo de 2006 la presidenta del Parlamento andaluz presentó en el Congreso la Propuesta de Reforma (246 artículos, 11 títulos). Congreso: toma en consideración el 23 de mayo (187 a favor); 285 enmiendas; Ponencia de 11 diputados y 11 parlamentarios andaluces; dictamen de la Comisión Constitucional el 25 de octubre; Pleno el 2 de noviembre (306 a favor de 308 presentes). Senado: ponencia el 27 de noviembre, Comisión General de las Comunidades Autónomas el 30 de noviembre y Pleno el 20 de diciembre de 2006 (242 a favor de 243 emitidos).

El referéndum de 18 de febrero de 2007 y la entrada en vigor del Estatuto

El referéndum de ratificación se celebró el domingo 18 de febrero de 2007, convocado por la Junta por delegación del Consejo de Ministros. Resultados: 87,4 % a favor, 9,4 % en contra, 3 % en blanco; participación del 36,2 % (Jaén la más alta, Cádiz la más baja). El Rey lo rubricó el 19 de marzo de 2007 y entró en vigor el 20 de marzo, al publicarse en el BOE. Tiene preámbulo, 11 títulos y 250 artículos. Lema: «Igualdad no significa uniformidad»; renueva el compromiso del 28-F de 1980.