Opositasuite

A1.1100 · Grupo II · Derecho administrativo

Tema 53 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El silencio administrativo y su regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La eficacia del acto administrativo: la notificación y la publicación. La ejecutoriedad de los actos administrativos. La invalidez de los actos administrativos.

Qué legislación entra en este tema

Estúdialo con un plan

Con tu cuenta gratuita, Opositasuite te dice qué artículos de este tema tocan cada día, te pregunta con tests y preguntas de exámenes oficiales y te avisa de lo que se te olvida.

Crear mi plan gratis

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 21–25, 34–52 y 97–99. Ver la norma

  1. Artículo 21. Obligación de resolver

    La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. El plazo máximo será el fijado por la norma reguladora del procedimiento; cuando no lo fije, será de tres meses.

  2. Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver

    Recoge dos listas distintas. El apartado 1 enumera los casos en que el plazo máximo para resolver se podrá suspender: requerimiento de subsanación al interesado, pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, procedimiento europeo pendiente que condicione la resolución, solicitud de informes preceptivos a otro órgano —con un tope de tres meses—, pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los interesados, negociaciones para un pacto o convenio, y pronunciamiento previo de un órgano jurisdiccional. El apartado 2 enumera aquellos en que se suspenderá: requerimiento entre Administraciones del artículo 39.5, actuaciones complementarias del artículo 87 y recusación.

  3. Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar

    Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales a los que se refiere el artículo 21.5, el órgano competente para resolver puede acordar de forma motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación. Esa ampliación no puede ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo, que debe notificarse a los interesados, no cabe recurso alguno.

  4. Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado

    En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, vencido el plazo máximo sin notificar resolución expresa, la regla general es que el silencio es estimatorio, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o internacional disponga lo contrario. Es desestimatorio en el derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, en los procedimientos cuya estimación transfiriera facultades sobre el dominio público o el servicio público, en los que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los de responsabilidad patrimonial; también en la impugnación de actos y disposiciones y en la revisión de oficio a solicitud del interesado. La estimación por silencio es un acto administrativo que finaliza el procedimiento; la desestimación solo permite recurrir. El certificado del silencio se expide de oficio en quince días.

  5. Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio

    En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa produce: si pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, silencio desestimatorio; si la Administración ejercita potestades sancionadoras o de intervención desfavorables, caducidad del procedimiento.

  6. Artículo 34. Producción y contenido

    Los actos administrativos se producirán por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido, bien de oficio o a instancia del interesado. Su contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines del acto.

  7. Artículo 35. Motivación

    Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros: los actos que limiten derechos, los de revisión de oficio, los que se separen del criterio en actuaciones precedentes, y los que pongan fin a procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

  8. Artículo 36. Forma

    Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

  9. Artículo 37. Inderogabilidad singular

    Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición. Son nulas las resoluciones que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como las que incurran en alguna de las causas del artículo 47.

  10. Artículo 38. Ejecutividad

    Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

  11. Artículo 39. Efectos

    Los actos sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que dispongan otra cosa. La eficacia se demora cuando lo exija el contenido del acto o esté supeditada a notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente cabe eficacia retroactiva: cuando el acto sustituye a otro anulado, o cuando produce efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho ya existieran y no se lesionen derechos de terceros.

  12. Artículo 40. Notificación

    Se notifica a los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados. La notificación debe cursarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se dictó el acto, y contener el texto íntegro de la resolución, si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo. Si falta alguno de esos requisitos pero está el texto íntegro, surte efecto desde que el interesado actúe demostrando que conoce el contenido o interponga cualquier recurso.

  13. Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones

    Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos, y siempre que el interesado esté obligado a esa vía. Solo caben en papel dos supuestos: la comparecencia espontánea del interesado que pide la notificación personal en ese momento, y la entrega directa por un empleado público cuando sea necesaria para asegurar la eficacia de la actuación. Sea cual sea el medio, la notificación vale si permite acreditar el envío o puesta a disposición, la recepción o acceso, las fechas y horas, el contenido íntegro y la identidad de remitente y destinatario. Nunca se practican electrónicamente las que lleven elementos no convertibles a formato electrónico ni las que contengan medios de pago como cheques. Si el interesado es notificado por varios cauces, vale la fecha de la primera.

  14. Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel

    Toda notificación en papel se pone además a disposición del interesado en la sede electrónica, para que pueda acceder voluntariamente. Practicada en el domicilio, si el interesado no está puede hacerse cargo cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre allí y acredite su identidad. Si nadie se hace cargo, se hace constar el día y la hora y se repite el intento una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes: si el primero fue antes de las quince horas el segundo ha de ser después, y al revés, dejando al menos tres horas de diferencia. Si el segundo intento también falla, se acude al artículo 44.

  15. Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos

    Las notificaciones electrónicas se practican por comparecencia en la sede electrónica, a través de la dirección electrónica habilitada única, o por ambos sistemas. Se entienden practicadas en el momento en que se accede a su contenido. Cuando la notificación electrónica sea obligatoria o el interesado la haya elegido expresamente, se entiende rechazada si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a ella. Los interesados pueden acceder a sus notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico.

  16. Artículo 44. Notificación infructuosa

    Cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o, intentada, no se haya podido practicar, la notificación se hace mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Previamente y con carácter facultativo, las Administraciones pueden publicar un anuncio en el boletín de la Comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio o en el consulado correspondiente. Cualquier otra forma complementaria de difusión no excluye la obligación de publicar en el BOE.

  17. Artículo 45. Publicación

    Los actos se publican cuando lo establezcan las normas de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público. En todo caso se publican, y la publicación surte los efectos de la notificación, en dos supuestos: cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas —o cuando la Administración estime insuficiente la notificación individual, en cuyo caso la publicación es adicional—, y cuando se trate de actos de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, donde la convocatoria debe indicar el medio de las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las realizadas en lugar distinto. La publicación se hace en el diario oficial que corresponda a la Administración de la que proceda el acto.

  18. Artículo 46. Indicación de notificaciones y publicaciones

    Si el órgano competente aprecia que la notificación por anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limita a publicar en el diario oficial una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados pueden comparecer, en el plazo que se establezca, para conocer el contenido íntegro y dejar constancia de ese conocimiento. Las formas complementarias de difusión no excluyen la publicación en el diario oficial.

  19. Artículo 47. Nulidad de pleno derecho

    Los actos son nulos de pleno derecho, entre otros casos: cuando lesionan derechos susceptibles de amparo constitucional, cuando los dicta un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, o cuando tienen contenido imposible.

  20. Artículo 48. Anulabilidad

    Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Y realizar actuaciones fuera del tiempo establecido solo implica anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

  21. Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos

    La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los actos sucesivos del procedimiento que sean independientes del primero. Y la nulidad o anulabilidad de parte de un acto no arrastra a las partes independientes de la viciada, salvo que esa parte sea de tal importancia que sin ella el acto no se hubiera dictado.

  22. Artículo 50. Conversión de actos viciados

    Los actos nulos o anulables que, pese a su vicio, contengan los elementos constitutivos de otro acto distinto producirán los efectos de este último.

  23. Artículo 51. Conservación de actos y trámites

    El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

  24. Artículo 52. Convalidación

    La Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación produce efecto desde su fecha, salvo la retroactividad que permite el artículo 39.3. Si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación la realiza el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto. Y si consiste en la falta de una autorización, se convalida otorgándola el órgano competente.

  25. Artículo 97. Título

    Las Administraciones no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. El órgano que ordene un acto de ejecución material está obligado a notificar al interesado la resolución que autoriza la actuación.

  26. Artículo 98. Ejecutoriedad

    Los actos sujetos al Derecho Administrativo son inmediatamente ejecutivos, salvo cuatro excepciones: que se suspenda la ejecución; que se trate de una resolución sancionadora contra la que quepa recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición; que una disposición establezca lo contrario; o que se necesite aprobación o autorización superior. Cuando de la resolución nazca una obligación de pago a la Hacienda pública, se efectuará preferentemente por medios electrónicos: tarjeta, transferencia, domiciliación o cualquier otro autorizado.

  27. Artículo 99. Ejecución forzosa

    Las Administraciones, a través de sus órganos competentes, podrán proceder previo apercibimiento a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución conforme a la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

Potestades, discrecionalidad, acto administrativo y servicio público

En este tema: fichas 13–15. Ver las fichas

  1. El acto administrativo: concepto

    El DPEJ define el acto administrativo como la decisión de una administración pública, de cualquier clase, adoptada en ejercicio de una potestad administrativa; la definición más extendida es la de G. Zanobini (años cincuenta del siglo XX): declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio. García de Enterría, siguiéndolo, excluye la potestad reglamentaria. El concepto legal parte de la LJCA y la LOPJ. Es un acto jurídico, no un hecho material; aplica el ordenamiento sin innovarlo; su prototipo es unilateral. El acto político no es acto administrativo.

  2. Clases de actos administrativos

    Fortes Martín clasifica los actos por exteriorización (expresos, tácitos o presuntos), destinatarios (singulares y generales, que no son reglamentos), contenido (declarativos y constitutivos), incidencia (favorables y de gravamen), potestad (reglados y discrecionales), lugar en el procedimiento (resolutorios y de trámite) e impugnación (firmes, consentidos y confirmatorios). DPEJ: el singular se notifica y el general (convocatoria de oposiciones) se publica; el favorable goza de irrevocabilidad y el de gravamen revocable en cualquier momento; el de trámite solo excepcionalmente es recurrible.

  3. Elementos del acto administrativo

    Para Fortes Martín, todo acto reúne cinco elementos: subjetivo (Administración y órgano competente; competencia irrenunciable), objetivo (contenido lícito, posible y determinado, o nulo), teleológico o final (el «para qué»: el interés general, so pena de desviación de poder), causal (el «por qué», distinto del fin) y formal (exteriorización; el procedimiento es presupuesto de validez; regla: forma escrita electrónica; los verbales se consignan después por escrito). La motivación basta con una sucinta referencia de hechos y fundamentos y puede ser in aliunde.

Decreto-ley 3/2024, de simplificación y racionalización administrativa

En este tema: arts. 21–22. Ver la norma

  1. Artículo 21. Revisión de efectos del silencio administrativo

    En los procedimientos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales iniciados a solicitud del interesado, la regla general es el silencio estimatorio. Se exceptúan los de la Ley 9/2001 y los de las letras a) a i): ley o norma europea o internacional en contra, derecho de petición, dominio o servicio público, daño al medio ambiente o al patrimonio histórico y cultural, responsabilidad patrimonial, impugnación, revisión de oficio a solicitud, ingresos no tributarios y personal. En los iniciados de oficio rige la normativa básica estatal y la sectorial.

  2. Artículo 22. Plazos de resolución

    El plazo máximo para notificar la resolución expresa es el que fije la norma reguladora del procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley, de directa aplicación o básica, establezca uno mayor o así lo prevea el derecho de la Unión Europea. Si las normas reguladoras no fijan plazo máximo, este será de tres meses, contados conforme a la normativa básica estatal.

Ley 9/2001, sentido del silencio administrativo y plazos de procedimientos en Andalucía

En este tema: entera. Ver la norma

  1. Artículo 1. Duración máxima de los procedimientos

    El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa de los procedimientos que figuran en el Anexo I de la ley es el que el propio Anexo fija para cada uno. Esta regla se entiende sin perjuicio de lo que disponga cualquier otra norma con rango de ley.

  2. Artículo 2. Procedimientos con silencio desestimatorio

    En los procedimientos del Anexo II, si vence el plazo máximo sin notificarse la resolución, quienes presentaron la solicitud pueden entenderla desestimada por silencio administrativo, sin perjuicio de que la Administración siga obligada a resolver expresamente. Lo mismo vale para las solicitudes de cualquier subvención o ayuda: si pasa el plazo máximo sin resolución expresa dictada y notificada, pueden entenderse desestimadas.

  3. Artículo 3. Forma de iniciación en determinados procedimientos

    Los procedimientos de concesión de subvenciones o ayudas en régimen de concurrencia competitiva se consideran iniciados de oficio. Son de concurrencia competitiva aquellas cuya concesión, con cargo a un mismo crédito presupuestario, exige comparar en un único procedimiento las solicitudes presentadas, según los criterios de su norma reguladora, para resolver sobre la concesión y, en su caso, fijar la cuantía.

¿Te sabes el tema 53?

Con tu plan gratis, Opositasuite te pregunta estos artículos con tests y preguntas de exámenes oficiales, y vuelve sobre los que fallas hasta que los dominas.

Crear mi plan y ponerme a prueba