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A1.1100 · Grupo II · Derecho administrativo

Tema 61 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

La responsabilidad patrimonial de la Administración. Regulación y competencias de la Junta de Andalucía. El procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. La responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.

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Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

En este tema: arts. 32–37. Ver la norma

  1. Artículo 32. Principios de la responsabilidad

    Los particulares tienen derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. La anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto no presupone por sí misma derecho a indemnización. El daño ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Hay también responsabilidad por actos legislativos de naturaleza no expropiatoria cuando así lo establezcan, y por leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, en los términos que el artículo precisa.

  2. Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas

    Cuando de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones se derive responsabilidad, las intervinientes responden frente al particular en todo caso de forma solidaria, sin perjuicio de que el instrumento regulador distribuya internamente la responsabilidad. En otros supuestos de concurrencia, la responsabilidad se fija para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención, y será solidaria cuando no sea posible esa determinación. La Administración competente para incoar, instruir y resolver será la fijada en los estatutos o reglas de la organización colegiada y, en su defecto, la de mayor participación en la financiación.

  3. Artículo 34. Indemnización

    Solo son indemnizables las lesiones provenientes de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. No son indemnizables los daños derivados de hechos que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica en el momento de producirse, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes establezcan. En los supuestos de leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión, son indemnizables los daños producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que esta disponga otra cosa. La indemnización se calcula con los criterios de la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderando las valoraciones predominantes en el mercado.

  4. Artículo 35. Responsabilidad de Derecho Privado

    Cuando las Administraciones actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esa naturaleza, su responsabilidad se exigirá conforme a los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado, o cuando la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúa la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.

  5. Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

    Los particulares exigirán directamente a la Administración las indemnizaciones por los daños causados por sus autoridades y personal. La Administración, una vez haya indemnizado, exigirá de oficio en vía administrativa a esas autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento, ponderando el resultado dañoso, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional y su relación con el resultado. El mismo procedimiento se instruye por los daños causados en los bienes o derechos de la propia Administración cuando concurra dolo o culpa o negligencia graves.

  6. Artículo 37. Responsabilidad penal

    La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá conforme a la legislación correspondiente. La exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden penal sea necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial.

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 65–67, 81–82, 86, 91–92 y 96. Ver la norma

  1. Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    Para iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial es necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado del artículo 67. El acuerdo de iniciación se notifica a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles diez días para aportar alegaciones, documentos o información y proponer pruebas. El procedimiento se instruirá aunque no se personen en ese plazo.

  2. Artículo 66. Solicitudes de iniciación

    Las solicitudes deberán contener: nombre y apellidos del interesado, identificación del medio electrónico o lugar físico a efectos de notificaciones, hechos y petición, lugar y fecha, firma, y órgano al que se dirige.

  3. Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    Solo se puede pedir el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial si no ha prescrito el derecho a reclamar, que prescribe al año de producido el hecho o de manifestarse su efecto lesivo. En daños físicos o psíquicos el año se cuenta desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas. Si la indemnización procede por anulación de un acto o disposición, el año corre desde la notificación de la resolución o sentencia. La solicitud debe especificar las lesiones, la relación de causalidad, la evaluación económica si es posible y el momento en que se produjo la lesión.

  4. Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    En responsabilidad patrimonial es preceptivo pedir informe al servicio cuyo funcionamiento causó la presunta lesión, que no puede tardar más de diez días. Si la indemnización reclamada es igual o superior a 50.000 euros —o a la cuantía que fije la legislación autonómica— es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma; el instructor remite la propuesta en diez días desde el fin de la audiencia y el dictamen se emite en dos meses. Si se trata del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el informe preceptivo es el del Consejo General del Poder Judicial, también con dos meses de plazo.

  5. Artículo 82. Trámite de audiencia

    Instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados. La audiencia es anterior a la solicitud del informe del órgano de asesoramiento jurídico o del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, cuando formen parte del procedimiento. Los interesados dispondrán de un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para alegar y presentar documentos. Si antes del vencimiento manifiestan su decisión de no alegar ni aportar nada, se tiene por realizado el trámite. Se podrá prescindir de la audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni se tengan en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

  6. Artículo 86. Terminación convencional

    Las Administraciones pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas de Derecho público o privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento, no versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público encomendado. Pueden ser finalizadores del procedimiento o insertarse en él con carácter previo, vinculante o no, a la resolución. Su contenido mínimo es la identificación de las partes, el ámbito personal, funcional y territorial y el plazo de vigencia. Requieren aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano autonómico equivalente los acuerdos sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. No suponen alteración de las competencias atribuidas a los órganos.

  7. Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial

    Recibido el dictamen del artículo 81.2 —o terminado el trámite de audiencia cuando no sea preceptivo— el órgano competente resuelve o somete la propuesta de acuerdo para su formalización. La resolución debe pronunciarse sobre si existe o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión y, en su caso, sobre la valoración del daño, la cuantía y el modo de la indemnización. Transcurridos seis meses desde el inicio sin resolución expresa notificada, puede entenderse que la resolución es contraria a la indemnización.

  8. Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    En la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial los resuelve el Ministro respectivo, o el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley 40/2015 o cuando una ley lo disponga. En el ámbito autonómico y local resuelven los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales. En las Entidades de Derecho Público, sus normas de régimen jurídico pueden designar el órgano competente y, en su defecto, se aplican las reglas de este artículo.

  9. Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

    Cuando razones de interés público o la falta de complejidad lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada. En cualquier momento anterior a la resolución puede acordarse continuar por la vía ordinaria. Si la simplificada se acuerda de oficio, debe notificarse a los interesados, y si alguno manifiesta oposición expresa se seguirá la ordinaria. Si la solicita el interesado y no concurren las razones, el órgano puede desestimarla en cinco días, y transcurrido ese plazo se entenderá desestimada. Los procedimientos simplificados deberán resolverse en treinta días, y constarán únicamente de los trámites que el artículo enumera.

Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía

En este tema: arts. 26 y 118. Ver la norma

  1. Artículo 26. Titulares de las Consejerías

    Las personas titulares de las Consejerías las representan y ejercen la superior dirección, iniciativa, coordinación, inspección, evaluación y potestad reglamentaria en su ámbito. Les corresponde, entre otras: nombrar y separar a los cargos de libre designación; aprobar los planes de actuación; dirigir a los órganos directivos; resolver conflictos de atribuciones internos; formular el anteproyecto de presupuesto; autorizar gastos; y, salvo que corresponda al Consejo de Gobierno, suscribir contratos y convenios, resolver recursos y la responsabilidad patrimonial.

  2. Artículo 118. Terminación convencional en procedimientos de responsabilidad patrimonial

    La responsabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía puede determinarse por acuerdos, pactos o convenios conforme al artículo 86 de la Ley 39/2015. Se requiere autorización del Parlamento de Andalucía, sin perjuicio de otras de la normativa presupuestaria, si la terminación convencional reconoce una indemnización superior a ocho millones de euros, o inferior si se acredita motivadamente que puede incidir en los principios de estabilidad presupuestaria o de afectación de los ingresos, o que concurren los requisitos legales para crédito extraordinario o suplemento de crédito.

Ley Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía

En este tema: art. 123. Ver la norma

  1. Artículo 123. Potestad expropiatoria y responsabilidad patrimonial

    Apartado 1: el Consejo de Gobierno podrá ejercer la potestad expropiatoria conforme a la legislación estatal y autonómica vigente en la materia. Apartado 2: la Comunidad Autónoma indemnizará a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

Ley 2/2024, del Consejo Consultivo de Andalucía

En este tema: art. 17. Ver la norma

  1. Artículo 17. Consultas preceptivas

    Enumera las consultas preceptivas: anteproyectos de reforma del Estatuto y de leyes, reglamentos en ejecución de las leyes y recursos ante el Tribunal Constitucional, entre otras. Cifras: transacciones y arbitrajes, más de 300.000 euros; revocación tributaria, deuda de más de 30.000; daños y perjuicios, más de 70.000; modificación de contratos, más del veinte por ciento y precio igual o superior a 600.000; responsabilidad contractual, 30.000 o más; transacciones locales, más del cinco por ciento de los recursos ordinarios; responsabilidad patrimonial de otras administraciones, más de 50.000.

Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

En este tema: art. 196. Ver la norma

  1. Artículo 196. Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros

    El contratista indemniza los daños y perjuicios causados a terceros por las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Responde la Administración, dentro de los límites señalados en las leyes, si son consecuencia inmediata y directa de una orden suya, y también por los vicios del proyecto en el contrato de obras (pudiendo repetir contra el redactor del proyecto) o en el de suministro de fabricación. Los terceros pueden requerir al órgano de contratación, dentro del año siguiente al hecho, para que, oído el contratista, informe a quién corresponde la responsabilidad; ello interrumpe la prescripción.

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