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A1.1100 · Grupo II · Derecho administrativo

Tema 55 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

El control de la Administración Pública: Los recursos administrativos. La revisión de oficio. La revocación. La rectificación de errores. Las reclamaciones económico-administrativas.

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Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 106–126. Ver la norma

  1. Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos

    Las Administraciones, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, declararán de oficio la nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del artículo 47.1. Con el mismo dictamen podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del artículo 47.2. El órgano competente puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados, sin dictamen, cuando no se basen en alguna causa de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento. Iniciado de oficio, el transcurso de seis meses sin resolución produce la caducidad; iniciado a solicitud, el silencio es desestimatorio.

  2. Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables

    Las Administraciones podrán impugnar ante el orden contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al artículo 48, previa declaración de lesividad para el interés público. La declaración no podrá adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto y exige audiencia previa de los interesados. No es susceptible de recurso, aunque puede notificarse a efectos informativos. Transcurridos seis meses desde la iniciación sin declararse la lesividad, el procedimiento caduca.

  3. Artículo 108. Suspensión

    Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

  4. Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores

    Las Administraciones podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Podrán asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos.

  5. Artículo 110. Límites de la revisión

    Las facultades de revisión del Capítulo no podrán ser ejercidas cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

  6. Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado

    En el ámbito estatal son competentes para la revisión de oficio: el Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los dictados por los Ministros; los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado; los Secretarios de Estado, respecto de los órganos directivos que de ellos dependan; y en los organismos públicos y entidades de derecho público, los órganos a los que estén adscritos respecto de los actos de su máximo órgano rector, y los máximos órganos rectores respecto de los demás.

  7. Artículo 112. Objeto y clases

    Cabe recurso de alzada y potestativo de reposición contra las resoluciones y contra los actos de trámite cualificados: los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o causan perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Pueden fundarse en cualquier motivo de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48. Frente a los demás actos de trámite no cabe recurso: la oposición se alega para que se tenga en cuenta en la resolución final. Las leyes pueden sustituir la alzada por otros procedimientos de impugnación, mediación o arbitraje ante órganos colegiados no sometidos a instrucciones jerárquicas.

  8. Artículo 113. Recurso extraordinario de revisión

    Contra los actos firmes en vía administrativa solo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

  9. Artículo 114. Fin de la vía administrativa

    Ponen fin a la vía administrativa: las resoluciones de los recursos de alzada; las de los procedimientos que sustituyan a la alzada del artículo 112.2; las de los órganos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley disponga lo contrario; los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento; la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que sea el tipo de relación de que derive; la de los procedimientos complementarios en materia sancionadora del artículo 90.4; y las demás resoluciones cuando una disposición legal o reglamentaria lo establezca.

  10. Artículo 115. Interposición de recurso

    El escrito de interposición debe expresar el nombre, apellidos e identificación del recurrente; el acto que se recurre y la razón de la impugnación; lugar, fecha y firma, con el medio y lugar a efectos de notificaciones; el órgano, centro o unidad al que se dirige y su código de identificación; y las demás particularidades exigidas por disposiciones específicas. El error o la ausencia de calificación del recurso no impide su tramitación si se deduce su verdadero carácter. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no pueden ser alegados por quienes los hubieran causado.

  11. Artículo 116. Causas de inadmisión

    Son causas de inadmisión del recurso: ser incompetente el órgano cuando el competente pertenezca a otra Administración —en cuyo caso el recurso deberá remitirse al competente—; carecer de legitimación el recurrente; tratarse de un acto no susceptible de recurso; haber transcurrido el plazo de interposición; y carecer manifiestamente de fundamento.

  12. Artículo 117. Suspensión de la ejecución

    Interponer un recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que una disposición establezca lo contrario. El órgano competente para resolver puede suspenderla, de oficio o a solicitud del recurrente y previa ponderación razonada entre el perjuicio al interés público o a terceros y el que sufriría el recurrente, cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se funde en alguna causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1. Si transcurre un mes desde que la solicitud entró en el registro electrónico sin resolución expresa notificada, la ejecución se entiende suspendida.

  13. Artículo 118. Audiencia de los interesados

    Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que aleguen en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. No se tendrán en cuenta hechos, documentos o alegaciones del recurrente que pudo aportar en el trámite de alegaciones y no aportó, ni cabe pedir pruebas cuya falta de práctica en el procedimiento originario le fuera imputable. Si hay otros interesados, se les dará traslado del recurso en el mismo plazo. El recurso, los informes y las propuestas no son documentos nuevos, ni tampoco lo son los aportados por los interesados antes de la resolución impugnada.

  14. Artículo 119. Resolución

    La resolución del recurso estimará en todo o en parte, desestimará o declarará la inadmisión. Si existe vicio de forma y no procede resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio se cometió, sin perjuicio de la eventual convalidación del artículo 52. El órgano que resuelve decidirá cuantas cuestiones, de forma y de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas, oyendo antes a los interesados en este último caso; pero la resolución será congruente con las peticiones del recurrente sin que pueda agravarse su situación inicial.

  15. Artículo 120. Pluralidad de recursos administrativos

    Cuando deban resolverse varios recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto y se haya interpuesto recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el acto presunto desestimatorio, el órgano podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. El acuerdo de suspensión se notifica a los interesados, que podrán recurrirlo; el recurso de uno no afecta a los demás procedimientos suspendidos. Recaído el pronunciamiento judicial, se comunica a los interesados y el órgano podrá resolver sin trámite adicional, salvo el de audiencia cuando proceda.

  16. Artículo 121. Objeto

    Las resoluciones y actos del artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán recurrirse en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los tribunales y órganos de selección de personal y cualesquiera otros que actúen con autonomía funcional se consideran dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado a su presidente. El recurso puede interponerse ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo; si se presenta ante el primero, este deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y copia completa y ordenada del expediente, siendo su titular responsable directo del cumplimiento de esa remisión.

  17. Artículo 122. Plazos

    El plazo para interponer el recurso de alzada será de un mes si el acto fuera expreso. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses; transcurrido sin resolución, se podrá entender desestimado.

  18. Artículo 123. Objeto y naturaleza

    Los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o impugnarse directamente ante el orden contencioso-administrativo. No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que la reposición sea resuelta expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

  19. Artículo 124. Plazos

    El plazo para interponer la reposición será de un mes si el acto fuera expreso; transcurrido, solo cabrá el contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. Contra la resolución de una reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

  20. Artículo 125. Objeto y plazos

    Contra los actos firmes en vía administrativa cabe recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano que los dictó, que también lo resuelve, por cuatro causas: error de hecho que resulte de los propios documentos del expediente; aparición de documentos de valor esencial, aunque sean posteriores, que evidencien el error; documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme; y resolución dictada como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada por sentencia firme. El plazo es de cuatro años para el error de hecho y de tres meses en los demás casos.

  21. Artículo 126. Resolución

    El órgano competente podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite del recurso extraordinario de revisión, sin recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, cuando no se funde en alguna de las causas del artículo 125.1 o cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. El órgano debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurridos tres meses desde la interposición sin resolución notificada, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

Ley 58/2003, General Tributaria

En este tema: arts. 226–249. Ver la norma

  1. Artículo 226. Ámbito de las reclamaciones económico-administrativas

    Puede reclamarse en vía económico-administrativa en dos materias: la aplicación de los tributos del Estado o de sus recargos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración General del Estado, sus entidades de derecho público y las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía; y cualquier otra materia que establezca un precepto legal del Estado expreso.

  2. Artículo 227. Actos susceptibles de reclamación económico-administrativa

    Son reclamables los actos que reconozcan o denieguen derechos o declaren obligaciones o deberes y los de trámite que decidan el fondo o pongan fin al procedimiento: liquidaciones, rectificación de autoliquidaciones, comprobaciones de valor, beneficios fiscales, recaudación, sanciones y ciertas actuaciones de particulares. No cabe contra actos de la vía previa civil o laboral, los de procedimientos cuya resolución final está reservada al Ministro de Economía y Hacienda o al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, ni los excluidos por ley del Estado.

  3. Artículo 228. Órganos económico-administrativos

    Las reclamaciones económico-administrativas las conocen en exclusiva los órganos económico-administrativos, con independencia funcional. En el Estado lo son el TEAC y los tribunales regionales y locales; también la Sala Especial para la Unificación de Doctrina. Cada comunidad autónoma y Ciudad con Estatuto fija su estructura revisora, sin perjuicio de la labor unificadora del TEAC y de esa Sala. Su competencia es irrenunciable e improrrogable y no puede alterarla la voluntad de los interesados.

  4. Artículo 229. Competencias de los órganos económico-administrativos

    El TEAC conoce en única instancia de reclamaciones contra actos de órganos centrales del Estado y de la AEAT, de órganos superiores autonómicos, de las que exijan oír al Consejo de Estado y de las interpuestas directamente ante él; en segunda instancia, de las alzadas ordinarias; y de unificación de criterio, revisión y rectificación de errores. Los TEAR y TEAL y los órganos autonómicos resuelven en única o primera instancia según la cuantía. Frente a particulares decide el domicilio fiscal del reclamante; si está fuera de España, el TEAC.

  5. Artículo 230. Acumulación de reclamaciones económico-administrativas

    Se acumulan obligatoriamente: las de un mismo interesado sobre el mismo tributo y procedimiento; las de varios interesados sobre el mismo tributo y expediente, con idénticas cuestiones y mismo órgano; las de varios contra un mismo acto o actuación; y la reclamación contra una sanción con la de la deuda de la que deriva. Fuera de ello, el Tribunal puede acumular motivadamente reclamaciones conexas, dando 5 días a reclamantes distintos que no lo pidieron. Los acuerdos de acumulación son actos de trámite no recurribles. La acumulación no altera la competencia salvo en los casos a), c) y d).

  6. Artículo 231. Funcionamiento de los Tribunales Económico-Administrativos

    Los Tribunales Económico-Administrativos funcionan en Pleno, en Salas y de forma unipersonal. El Pleno lo forman el Presidente, los Vocales y el Secretario; las Salas, el Presidente, un Vocal al menos y el Secretario (puede nombrarse Presidente de Sala a un Vocal en los casos reglamentarios). Actúan de forma unipersonal el Presidente, los Presidentes de Sala, cualquier Vocal, el Secretario u otros órganos reglamentarios. El resto de su organización se regula por reglamento.

  7. Artículo 232. Legitimados e interesados en las reclamaciones económico-administrativas

    Pueden promover reclamaciones los obligados tributarios, los sujetos infractores y cualquier persona cuyos intereses legítimos resulten afectados. No están legitimados los funcionarios (salvo lesión directa de un derecho propio o de sus intereses legítimos), los particulares que obren por delegación de la Administración, los denunciantes, quienes asuman obligaciones tributarias por pacto o contrato y el órgano que dictó el acto. Los afectados pueden comparecer sin retrotraer la tramitación, y el poder del representante es subsanable.

  8. Artículo 233. Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa

    La ejecución se suspende automáticamente si se garantizan el importe del acto, los intereses de demora y los recargos; las sanciones se suspenden sin garantía. Las garantías automáticas son solo depósito, aval o fianza solidaria de entidad de crédito o SGR o seguro de caución, y fianza de otros contribuyentes solventes. Caben otras garantías, dispensa por perjuicios de difícil o imposible reparación, o ninguna si hay error aritmético, material o de hecho. La suspensión se mantiene en todas las instancias; nunca se suspende la ejecución impugnada por recurso extraordinario de revisión.

  9. Artículo 234. Normas generales

    Las reclamaciones se tramitan en única o primera instancia. Se tiene por acreditada la representación voluntaria admitida por la Administración en el procedimiento del acto impugnado. Impulso de oficio; plazos sin prórroga y sin necesidad de declarar su finalización. Las notificaciones indican si el acto es definitivo, recursos, órgano y plazo. Es gratuito, pero si se desestima o inadmite y se aprecia temeridad o mala fe pueden imponerse costas, motivadas y cuantificadas; si hay alzada ordinaria, su eficacia queda supeditada a su confirmación.

  10. Artículo 235. Iniciación

    Plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación del acto (o a la constancia de la retención, ingreso a cuenta, repercusión o sustitución). Con silencio, desde que produce efectos; si luego hay resolución expresa, se remite al Tribunal y hay un mes para alegar. En factura, el mes empieza transcurrido un mes desde el requerimiento formal; en deudas periódicas, al acabar el período voluntario. El escrito va al órgano que dictó el acto, que lo remite al tribunal en un mes con el expediente; en retenciones, repercusiones, factura y sustitución, al tribunal.

  11. Artículo 236. Tramitación

    El tribunal pone de manifiesto el expediente, por plazo común de un mes, a los interesados que no alegaron en la interposición o pidieron este trámite, para alegaciones y pruebas (por vía electrónica si están obligados). Puede pedir informe al órgano autor del acto y lo traslada al reclamante. Testificales, periciales y declaración de parte: acta notarial o ante el secretario o funcionario delegado. Puede prescindirse de trámites si los datos están acreditados o hay inadmisibilidad evidente. Incidentes: resolución unipersonal posible y sin recurso.

  12. Artículo 237. Extensión de la revisión en vía económico-administrativa

    La reclamación somete al órgano todas las cuestiones de hecho y de derecho del expediente, planteadas o no, sin poder empeorar nunca la situación inicial del reclamante; las no planteadas se exponen a los interesados para alegar. Antes de plantear una cuestión prejudicial al TJUE: quince días de alegaciones a los interesados si no la pidieron y, en todo caso, quince días a la Administración tributaria autora del acto. El planteamiento suspende el procedimiento hasta recibir la resolución y suspende el cómputo de la prescripción.

  13. Artículo 238. Terminación

    El procedimiento termina por renuncia al derecho, desistimiento de la petición o instancia, caducidad de esta, satisfacción extraprocesal o resolución. En los cuatro primeros casos el tribunal acuerda motivadamente el archivo de las actuaciones, acuerdo que puede adoptarse a través de órganos unipersonales y que es revisable conforme al artículo 241 bis.

  14. Artículo 239. Resolución

    El tribunal debe resolver siempre; la resolución, motivada, decide todas las cuestiones. Puede ser estimatoria, desestimatoria o de inadmisibilidad; si hay defectos formales que mermaron la defensa, se anula y se retrotrae. Salvo retroacción, los actos de ejecución se notifican en un mes desde la entrada de la resolución en el registro del órgano ejecutor, sin intereses de demora desde el incumplimiento. Seis causas de inadmisibilidad (resoluble unipersonalmente). La doctrina reiterada del TEAC vincula a los demás tribunales y a la Administración tributaria.

  15. Artículo 240. Plazo de resolución

    El procedimiento dura un año en cualquiera de sus instancias, contado desde la interposición. Pasado ese plazo, el interesado puede entender desestimada la reclamación para interponer el recurso procedente, aunque el tribunal debe resolver siempre de forma expresa y los plazos de recurso se cuentan desde el día siguiente a la notificación de esa resolución expresa. Si pasa un año sin notificar resolución y se acordó la suspensión del acto, deja de devengarse el interés de demora.

  16. Artículo 241. Recurso de alzada ordinario

    Contra las resoluciones de primera instancia de los tribunales regionales y locales y de los órganos autonómicos cabe alzada ordinaria ante el TEAC en un mes desde el día siguiente a la notificación. Si el recurrente estuvo personado, el escrito incluye alegaciones y pruebas, y solo se admiten las que no pudieron aportarse antes. Legitimados: interesados, Directores Generales del Ministerio, Directores de Departamento de la AEAT y órganos autonómicos equivalentes. La Administración puede pedir la suspensión, sin garantía, por riesgo para el cobro.

  17. Artículo 241 bis. Recurso de anulación

    Las personas del artículo 241.3 pueden interponer recurso de anulación en 15 días ante el tribunal que dictó la resolución, solo si se declaró mal la inadmisibilidad, se tuvieron por inexistentes alegaciones o pruebas presentadas a tiempo o hay incongruencia completa y manifiesta. Cabe también contra el archivo de actuaciones. No cabe contra su propia resolución ni contra la del recurso extraordinario de revisión. Se resuelve sin más trámite en un mes (si no, desestimado) y suspende el plazo de la alzada ordinaria.

  18. Artículo 241 ter. Recurso contra la ejecución

    Los actos de ejecución deben ajustarse exactamente a la resolución. Si el interesado no está conforme, puede interponer este recurso en un mes desde el día siguiente a la notificación del acto, ante el órgano del Tribunal que dictó la resolución que se ejecuta. Se tramita por el procedimiento abreviado, salvo que se hubiera ordenado la retroacción (abreviado o general según la cuantía inicial). No hay suspensión si no se plantean cuestiones nuevas ni cabe reposición previa. Es inadmisible sobre temas ya decididos o que pudieron plantearse, o por las causas del 239.4.

  19. Artículo 242. Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio

    Contra las resoluciones de tribunales regionales y locales y órganos autonómicos no recurribles en alzada ordinaria (y las autonómicas en única instancia), los Directores Generales del Ministerio, los Directores de Departamento de la AEAT y los órganos autonómicos equivalentes recurren si las estiman gravemente dañosas y erróneas o con criterios distintos a los de otros tribunales. Plazo: tres meses desde el día siguiente a la notificación o, si no se notificó, desde el conocimiento del contenido esencial. Se resuelve en tres meses, respetando la situación particular; los criterios vinculan.

  20. Artículo 243. Recurso extraordinario para la unificación de doctrina

    Contra las resoluciones tributarias del TEAC recurre el Director General de Tributos del Ministerio si discrepa y, si el origen es autonómico, los Directores Generales de Tributos autonómicos. Resuelve la Sala Especial para la Unificación de Doctrina: Presidente del TEAC (preside), tres vocales del TEAC, Director General de Tributos, Director General de la AEAT, el Director General o de Departamento de la AEAT del que dependa el órgano autor del acto y Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Mayoría, voto de calidad en empate; seis meses; doctrina vinculante.

  21. Artículo 244. Recurso extraordinario de revisión

    Cabe, a instancia de los interesados, contra actos firmes de la Administración tributaria y resoluciones firmes económico-administrativas si aparezcan documentos esenciales posteriores o imposibles de aportar que evidencien el error, cuando hayan influido documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme anterior o posterior, o cuando haya prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible así declarada por sentencia firme. Resuelve el TEAC (inadmisión unipersonal posible). Plazo: tres meses; resolución en seis meses, si no, desestimado.

  22. Artículo 245. Ámbito de aplicación

    Se tramitan por el procedimiento abreviado las reclamaciones de cuantía inferior a la que fije el reglamento. Se resuelven en única instancia por los tribunales económico-administrativos, que pueden actuar de forma unipersonal. Se rige por esta sección, por sus normas reglamentarias de desarrollo y, en defecto de norma expresa, por lo dispuesto en el capítulo.

  23. Artículo 246. Iniciación

    En el abreviado, el escrito de reclamación identifica al reclamante, el acto o actuación, el domicilio para notificaciones y el tribunal (y, en retenciones, repercusiones, factura o sustitución, a la persona recurrida y su domicilio), e incluye en su caso las alegaciones. Si necesita el expediente, el reclamante comparece ante el órgano que dictó el acto durante el plazo de interposición. Se adjunta copia del acto y las pruebas pertinentes. Se dirige al órgano de los apartados 3 y 5 del artículo 235.

  24. Artículo 247. Tramitación y resolución

    En el abreviado, el órgano puede resolver incluso antes de recibir el expediente si la documentación del reclamante acredita todos los datos necesarios. Plazo máximo para notificar: seis meses desde la interposición; pasado, el interesado puede considerar desestimada la reclamación para recurrir, aunque debe resolverse siempre expresamente y el plazo de recurso se cuenta desde la notificación de la resolución expresa. Si vence el plazo y se acordó la suspensión del acto, deja de devengarse el interés de demora.

  25. Artículo 248. Recursos

    Contra las resoluciones dictadas en el procedimiento abreviado no cabe recurso de alzada ordinario. Sí pueden proceder, en su caso, los demás recursos regulados en la sección anterior, es decir, los de la sección que regula los recursos en vía económico-administrativa del procedimiento general.

  26. Artículo 249. Recurso contencioso-administrativo

    Las resoluciones que ponen fin a la vía económico-administrativa pueden recurrirse en vía judicial mediante recurso contencioso-administrativo, que se interpone ante el órgano jurisdiccional competente. Es el paso siguiente una vez agotada la vía económico-administrativa.

Decreto 60/2020, del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía

En este tema: entera. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto

    El artículo 1 fija el objeto del Decreto 60/2020: regular cuatro aspectos del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía, que son su organización, sus competencias, su funcionamiento y su régimen jurídico. Todo el decreto gira en torno a ese único órgano.

  2. Artículo 2. Naturaleza y adscripción del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía

    El Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía es el órgano colegiado competente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para conocer de reclamaciones económico-administrativas, recursos extraordinarios de revisión y rectificación de errores del artículo 4.2. Tiene su sede en Sevilla, actúa con independencia funcional y está adscrito a la Dirección General competente en materia de tributos.

  3. Artículo 3. Régimen Jurídico

    El artículo 3 fija el régimen jurídico del Tribunal por remisión: se ajusta a la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía (Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV), a la Ley 40/2015 (Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar) en lo que resulte de aplicación, a la Ley 58/2003, General Tributaria, y, en materia de revisión en vía administrativa, al Reglamento aprobado por Real Decreto 520/2005.

  4. Artículo 4. Competencias

    La competencia del Tribunal es irrenunciable e improrrogable y no puede alterarla la voluntad de las partes. Conoce de: reclamaciones contra actos de aplicación de tributos y sanciones (Agencia Tributaria, Consejerías y agencias del art. 52.1.a Ley 9/2007), contra recaudación ejecutiva de ingresos no tributarios, contra actos de la Tesorería, contra actuaciones de particulares, recursos extraordinarios de revisión, rectificación de errores de sus resoluciones y materias declaradas por ley. También revisa actos sobre tributos cedidos.

  5. Artículo 5. Composición

    El Tribunal lo integran la Presidencia, la Vicepresidencia (que también ejerce de Vocalía) y dos Vocalías más, con voz y voto, y la Secretaría, con voz pero sin voto. Preside la persona titular de la Dirección General competente en tributos. Vicepresidencia y Vocalías se proveen por libre designación entre funcionarios del Subgrupo A1, con convocatoria en el BOJA. La Secretaría la nombra la persona titular de la Consejería competente en tributos entre Letrados del Gabinete Jurídico, a propuesta de su Jefatura. Puede haber ponentes, con voz y sin voto.

  6. Artículo 6. Funcionamiento

    El Tribunal funciona en Pleno y de forma unipersonal. El Pleno (Presidencia, Vicepresidencia, Vocalías y Secretaría) resuelve las reclamaciones del procedimiento general, salvo lo del apartado 3; se constituye con al menos la mitad de sus miembros y, en todo caso, Presidencia y Secretaría o sus sustitutos. Actúan de forma unipersonal (Presidencia, Vicepresidencia y Vocalías) en el procedimiento abreviado, en inadmisiones, cuestiones incidentales y archivos. La Presidencia puede llevar un asunto al Pleno.

  7. Artículo 7. Celebración de sesiones y adopción de acuerdos

    La Presidencia convoca el Pleno, fija el orden del día y preside y dirige las sesiones. Los miembros están obligados a asistir y a deliberar. Los acuerdos se adoptan por mayoría de los asistentes, con voto de calidad de la Presidencia si hay empate. Nadie con derecho a voto puede abstenerse. Quien disienta puede formular voto particular por escrito en dos días; se une al expediente y se menciona en la resolución.

  8. Artículo 8. Recurso contencioso-administrativo

    Las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía ponen fin a la vía administrativa. Contra ellas cabe recurso contencioso-administrativo, conforme a la normativa reguladora de esa jurisdicción.

  9. Artículo 9. Actas de las sesiones

    La Secretaría levanta acta de cada sesión con: asistentes, lugar y tiempo, reclamaciones y asuntos examinados, resultado de las votaciones y sentido de los acuerdos. Las actas se aprueban en la misma o posterior sesión. La Secretaría elabora el acta con el visto bueno de la Presidencia y la remite por medios electrónicos a los miembros, que manifiestan conformidad o reparos por esos medios; si hay conformidad, se considera aprobada en la misma sesión. Se conservan en la Secretaría.

  10. Artículo 10. Procedimiento abreviado

    Las reclamaciones económico-administrativas se tramitan por el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales en los supuestos que fija el artículo 245 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y su normativa de desarrollo.

  11. Artículo 11. Funciones de la Presidencia del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía

    La Presidencia dirige y coordina el Tribunal y lo representa; reparte los asuntos; convoca el Pleno y fija el orden del día; preside las sesiones, modera los debates y puede suspenderlos por causa justificada; dirime los empates con su voto; visa actas y certificaciones; y ejerce sus funciones como órgano unipersonal y las del artículo 93 de la Ley 9/2007. La suple la Vicepresidencia y, en su defecto, la Vocalía de mayor antigüedad en el Tribunal y edad, por este orden.

  12. Artículo 12. Funciones de la Vicepresidencia y de las Vocalías del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía

    La Vicepresidencia, además de sus funciones de Vocalía, colabora con la Presidencia y ejerce las funciones que esta le delegue expresamente con causa justificada. Las Vocalías elaboran ponencias y proponen al Pleno resoluciones y acuerdos de terminación del procedimiento general, y redactan las definitivas; proponen y resuelven sobre prueba; proponen sobre la suspensión; dirigen a sus ponentes; y ejercen las demás funciones encomendadas. Si falta la Vicepresidencia o una Vocalía, la Presidencia puede asignar sus asuntos a otra Vocalía.

  13. Artículo 13. Funciones de la Secretaría del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía

    La Secretaría impulsa la tramitación y participa en las deliberaciones; ejerce competencias sobre representación apud acta, certificaciones, bastanteo de poderes y compulsa; recibe los escritos de iniciación; pone de manifiesto expedientes; practica las comunicaciones; convoca las sesiones por orden de la Presidencia; lleva registros y archivo; notifica resoluciones; redacta y autoriza las actas del Pleno; y no vota. La sustituye personal del Cuerpo de Letrados del Gabinete Jurídico designado por la Jefatura de ese órgano directivo.

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