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A2.1100 · Grupo II · Derecho administrativo

Tema 36 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Las especialidades del procedimiento administrativo común. La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador.

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Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

En este tema: arts. 25–31. Ver la norma

  1. Artículo 25. Principio de legalidad

    La potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto y conforme a esta Ley y a la Ley 39/2015; y, tratándose de Entidades Locales, de conformidad con el Título XI de la Ley 7/1985. Su ejercicio corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. Las disposiciones de este Capítulo sí son extensivas a la potestad disciplinaria sobre el personal al servicio de las Administraciones, cualquiera que sea la naturaleza de la relación de empleo; y no se aplican a la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial.

  2. Artículo 26. Irretroactividad

    Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en la tipificación como en la sanción y en sus plazos de prescripción, incluso respecto de sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

  3. Artículo 27. Principio de tipicidad

    Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento previstas como tales por una Ley, sin perjuicio del Título XI de la Ley 7/1985 para la Administración Local. Las infracciones se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. Únicamente por la comisión de infracciones podrán imponerse sanciones, que estarán delimitadas por la Ley. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones ni alterar su naturaleza o límites, contribuyan a identificar mejor las conductas o determinar con más precisión las sanciones. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica.

  4. Artículo 28. Responsabilidad

    Solo podrán ser sancionadas por infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables a título de dolo o culpa. Las responsabilidades administrativas son compatibles con la exigencia de reposición de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización por los daños y perjuicios causados.

  5. Artículo 29. Principio de proporcionalidad

    Las sanciones administrativas en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que infringir no resulte más beneficioso que cumplir. En su determinación e imposición se observará la idoneidad y necesidad de la sanción y su adecuación a la gravedad del hecho, graduándola conforme a cuatro criterios: grado de culpabilidad o intencionalidad, continuidad o persistencia en la conducta, naturaleza de los perjuicios causados y reincidencia, entendida como la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza declarada por resolución firme en vía administrativa.

  6. Artículo 30. Prescripción

    Infracciones y sanciones prescriben según las leyes que las establezcan. En su defecto, las infracciones muy graves a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses; las sanciones por faltas muy graves a los tres años, por graves a los dos y por leves al año. El plazo de las infracciones se cuenta desde su comisión y, si son continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta. Interrumpe la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo si el expediente se paraliza más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. El de las sanciones se cuenta desde el día siguiente a que sea ejecutable la resolución o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

  7. Artículo 31. Concurrencia de sanciones

    No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente deberá tenerla en cuenta para graduar la que imponga, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 25, 53, 56, 63–67, 77, 81, 85, 89–92, 96 y 98. Ver la norma

  1. Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio

    En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa produce: si pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, silencio desestimatorio; si la Administración ejercita potestades sancionadoras o de intervención desfavorables, caducidad del procedimiento.

  2. Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo

    Los interesados en un procedimiento tienen derecho, entre otros, a conocer el estado de la tramitación, a no presentar documentos originales salvo que la norma lo exija, a no aportar datos que ya obren en poder de la Administración, y a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia.

  3. Artículo 56. Medidas provisionales

    Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar de forma motivada las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia de la resolución, con arreglo a los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Antes de iniciarlo, en casos de urgencia inaplazable, puede adoptarlas el órgano competente para iniciar o instruir, pero deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, que ha de dictarse dentro de los quince días siguientes. No caben medidas que causen perjuicio de difícil o imposible reparación ni que violen derechos amparados por las leyes.

  4. Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora

    Los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos. En ningún caso puede imponerse una sanción sin haber tramitado el oportuno procedimiento. Y no cabe iniciar nuevos procedimientos sancionadores por conductas en cuya comisión el infractor persista de forma continuada mientras no haya recaído una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo.

  5. Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora

    El acuerdo de iniciación se comunica al instructor con traslado de las actuaciones, y se notifica a los interesados, entendiendo por tal en todo caso al inculpado. Debe contener al menos: identificación de los presuntos responsables; los hechos que motivan la incoación, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder; identificación del instructor y, en su caso, del secretario, con indicación del régimen de recusación; el órgano competente para resolver y la norma que le atribuye la competencia, indicando la posibilidad de reconocimiento voluntario de responsabilidad con los efectos del artículo 85; y las medidas provisionales acordadas, en su caso.

  6. Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    Para iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial es necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado del artículo 67. El acuerdo de iniciación se notifica a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles diez días para aportar alegaciones, documentos o información y proponer pruebas. El procedimiento se instruirá aunque no se personen en ese plazo.

  7. Artículo 66. Solicitudes de iniciación

    Las solicitudes deberán contener: nombre y apellidos del interesado, identificación del medio electrónico o lugar físico a efectos de notificaciones, hechos y petición, lugar y fecha, firma, y órgano al que se dirige.

  8. Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    Solo se puede pedir el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial si no ha prescrito el derecho a reclamar, que prescribe al año de producido el hecho o de manifestarse su efecto lesivo. En daños físicos o psíquicos el año se cuenta desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas. Si la indemnización procede por anulación de un acto o disposición, el año corre desde la notificación de la resolución o sentencia. La solicitud debe especificar las lesiones, la relación de causalidad, la evaluación económica si es posible y el momento en que se produjo la lesión.

  9. Artículo 77. Medios y período de prueba

    Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, valorado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor abrirá un período de prueba no superior a treinta días ni inferior a diez. Podrá además abrir, a petición de los interesados y si lo considera necesario, un período extraordinario de prueba no superior a diez días. El instructor solo puede rechazar las pruebas propuestas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

  10. Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    En responsabilidad patrimonial es preceptivo pedir informe al servicio cuyo funcionamiento causó la presunta lesión, que no puede tardar más de diez días. Si la indemnización reclamada es igual o superior a 50.000 euros —o a la cuantía que fije la legislación autonómica— es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma; el instructor remite la propuesta en diez días desde el fin de la audiencia y el dictamen se emite en dos meses. Si se trata del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el informe preceptivo es el del Consejo General del Poder Judicial, también con dos meses de plazo.

  11. Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores

    En los procedimientos sancionadores, si el infractor reconoce su responsabilidad se podrá resolver con la imposición de la sanción que proceda. Cuando la sanción sea únicamente pecuniaria, el pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución implica la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada y a la indemnización de daños. En ambos casos se aplicarán reducciones de al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí, que deben constar en la notificación de iniciación y cuya efectividad queda condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

  12. Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador

    En los procedimientos sancionadores, el órgano instructor resolverá la finalización con archivo de actuaciones, sin necesidad de propuesta de resolución, cuando concurra alguna de estas circunstancias: inexistencia de los hechos; hechos no acreditados; hechos probados que no constituyan de modo manifiesto infracción; inexistencia o falta de identificación de responsables, o responsables exentos; o prescripción de la infracción. Fuera de esos casos, concluida la instrucción formulará propuesta de resolución notificada a los interesados, con puesta de manifiesto del procedimiento y plazo para alegar.

  13. Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores

    La resolución sancionadora incluirá, además del contenido general, la valoración de las pruebas practicadas, la fijación de los hechos y de los responsables, las infracciones cometidas y las sanciones que se imponen, o la declaración de que no existe infracción o responsabilidad. No se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su distinta valoración jurídica. Si el órgano competente considera que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta, lo notificará al inculpado para que alegue en quince días. La resolución será ejecutiva cuando no quepa contra ella recurso ordinario en vía administrativa.

  14. Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial

    Recibido el dictamen del artículo 81.2 —o terminado el trámite de audiencia cuando no sea preceptivo— el órgano competente resuelve o somete la propuesta de acuerdo para su formalización. La resolución debe pronunciarse sobre si existe o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión y, en su caso, sobre la valoración del daño, la cuantía y el modo de la indemnización. Transcurridos seis meses desde el inicio sin resolución expresa notificada, puede entenderse que la resolución es contraria a la indemnización.

  15. Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    En la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial los resuelve el Ministro respectivo, o el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley 40/2015 o cuando una ley lo disponga. En el ámbito autonómico y local resuelven los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales. En las Entidades de Derecho Público, sus normas de régimen jurídico pueden designar el órgano competente y, en su defecto, se aplican las reglas de este artículo.

  16. Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

    Cuando razones de interés público o la falta de complejidad lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada. En cualquier momento anterior a la resolución puede acordarse continuar por la vía ordinaria. Si la simplificada se acuerda de oficio, debe notificarse a los interesados, y si alguno manifiesta oposición expresa se seguirá la ordinaria. Si la solicita el interesado y no concurren las razones, el órgano puede desestimarla en cinco días, y transcurrido ese plazo se entenderá desestimada. Los procedimientos simplificados deberán resolverse en treinta días, y constarán únicamente de los trámites que el artículo enumera.

  17. Artículo 98. Ejecutoriedad

    Los actos sujetos al Derecho Administrativo son inmediatamente ejecutivos, salvo cuatro excepciones: que se suspenda la ejecución; que se trate de una resolución sancionadora contra la que quepa recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición; que una disposición establezca lo contrario; o que se necesite aprobación o autorización superior. Cuando de la resolución nazca una obligación de pago a la Hacienda pública, se efectuará preferentemente por medios electrónicos: tarjeta, transferencia, domiciliación o cualquier otro autorizado.

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