Tema 39 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 13, 53 y 106–126. Ver la norma

1. Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas

   Quienes tienen capacidad de obrar conforme al artículo 3 son titulares, en sus relaciones con las Administraciones, de un catálogo de derechos: comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales de su Comunidad Autónoma; acceder a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley 19/2013; ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y empleados públicos, que han de facilitarles el ejercicio de sus derechos; exigir responsabilidades a las Administraciones y autoridades; obtener y utilizar los medios de identificación y firma de esta ley; a la protección de datos; y cualesquiera otros que reconozcan la Constitución y las leyes.

2. Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo

   Los interesados en un procedimiento tienen derecho, entre otros, a conocer el estado de la tramitación, a no presentar documentos originales salvo que la norma lo exija, a no aportar datos que ya obren en poder de la Administración, y a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia.

3. Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos

   Las Administraciones, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, declararán de oficio la nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del artículo 47.1. Con el mismo dictamen podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del artículo 47.2. El órgano competente puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados, sin dictamen, cuando no se basen en alguna causa de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento. Iniciado de oficio, el transcurso de seis meses sin resolución produce la caducidad; iniciado a solicitud, el silencio es desestimatorio.

4. Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables

   Las Administraciones podrán impugnar ante el orden contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al artículo 48, previa declaración de lesividad para el interés público. La declaración no podrá adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto y exige audiencia previa de los interesados. No es susceptible de recurso, aunque puede notificarse a efectos informativos. Transcurridos seis meses desde la iniciación sin declararse la lesividad, el procedimiento caduca.

5. Artículo 108. Suspensión

   Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

6. Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores

   Las Administraciones podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Podrán asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos.

7. Artículo 110. Límites de la revisión

   Las facultades de revisión del Capítulo no podrán ser ejercidas cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

8. Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado

   En el ámbito estatal son competentes para la revisión de oficio: el Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los dictados por los Ministros; los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado; los Secretarios de Estado, respecto de los órganos directivos que de ellos dependan; y en los organismos públicos y entidades de derecho público, los órganos a los que estén adscritos respecto de los actos de su máximo órgano rector, y los máximos órganos rectores respecto de los demás.

9. Artículo 112. Objeto y clases

   Cabe recurso de alzada y potestativo de reposición contra las resoluciones y contra los actos de trámite cualificados: los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o causan perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Pueden fundarse en cualquier motivo de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48. Frente a los demás actos de trámite no cabe recurso: la oposición se alega para que se tenga en cuenta en la resolución final. Las leyes pueden sustituir la alzada por otros procedimientos de impugnación, mediación o arbitraje ante órganos colegiados no sometidos a instrucciones jerárquicas.

10. Artículo 113. Recurso extraordinario de revisión

    Contra los actos firmes en vía administrativa solo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

11. Artículo 114. Fin de la vía administrativa

    Ponen fin a la vía administrativa: las resoluciones de los recursos de alzada; las de los procedimientos que sustituyan a la alzada del artículo 112.2; las de los órganos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley disponga lo contrario; los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento; la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que sea el tipo de relación de que derive; la de los procedimientos complementarios en materia sancionadora del artículo 90.4; y las demás resoluciones cuando una disposición legal o reglamentaria lo establezca.

12. Artículo 115. Interposición de recurso

    El escrito de interposición debe expresar el nombre, apellidos e identificación del recurrente; el acto que se recurre y la razón de la impugnación; lugar, fecha y firma, con el medio y lugar a efectos de notificaciones; el órgano, centro o unidad al que se dirige y su código de identificación; y las demás particularidades exigidas por disposiciones específicas. El error o la ausencia de calificación del recurso no impide su tramitación si se deduce su verdadero carácter. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no pueden ser alegados por quienes los hubieran causado.

13. Artículo 116. Causas de inadmisión

    Son causas de inadmisión del recurso: ser incompetente el órgano cuando el competente pertenezca a otra Administración —en cuyo caso el recurso deberá remitirse al competente—; carecer de legitimación el recurrente; tratarse de un acto no susceptible de recurso; haber transcurrido el plazo de interposición; y carecer manifiestamente de fundamento.

14. Artículo 117. Suspensión de la ejecución

    Interponer un recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que una disposición establezca lo contrario. El órgano competente para resolver puede suspenderla, de oficio o a solicitud del recurrente y previa ponderación razonada entre el perjuicio al interés público o a terceros y el que sufriría el recurrente, cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se funde en alguna causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1. Si transcurre un mes desde que la solicitud entró en el registro electrónico sin resolución expresa notificada, la ejecución se entiende suspendida.

15. Artículo 118. Audiencia de los interesados

    Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que aleguen en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. No se tendrán en cuenta hechos, documentos o alegaciones del recurrente que pudo aportar en el trámite de alegaciones y no aportó, ni cabe pedir pruebas cuya falta de práctica en el procedimiento originario le fuera imputable. Si hay otros interesados, se les dará traslado del recurso en el mismo plazo. El recurso, los informes y las propuestas no son documentos nuevos, ni tampoco lo son los aportados por los interesados antes de la resolución impugnada.

16. Artículo 119. Resolución

    La resolución del recurso estimará en todo o en parte, desestimará o declarará la inadmisión. Si existe vicio de forma y no procede resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio se cometió, sin perjuicio de la eventual convalidación del artículo 52. El órgano que resuelve decidirá cuantas cuestiones, de forma y de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas, oyendo antes a los interesados en este último caso; pero la resolución será congruente con las peticiones del recurrente sin que pueda agravarse su situación inicial.

17. Artículo 120. Pluralidad de recursos administrativos

    Cuando deban resolverse varios recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto y se haya interpuesto recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el acto presunto desestimatorio, el órgano podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. El acuerdo de suspensión se notifica a los interesados, que podrán recurrirlo; el recurso de uno no afecta a los demás procedimientos suspendidos. Recaído el pronunciamiento judicial, se comunica a los interesados y el órgano podrá resolver sin trámite adicional, salvo el de audiencia cuando proceda.

18. Artículo 121. Objeto

    Las resoluciones y actos del artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán recurrirse en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los tribunales y órganos de selección de personal y cualesquiera otros que actúen con autonomía funcional se consideran dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado a su presidente. El recurso puede interponerse ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo; si se presenta ante el primero, este deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y copia completa y ordenada del expediente, siendo su titular responsable directo del cumplimiento de esa remisión.

19. Artículo 122. Plazos

    El plazo para interponer el recurso de alzada será de un mes si el acto fuera expreso. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses; transcurrido sin resolución, se podrá entender desestimado.

20. Artículo 123. Objeto y naturaleza

    Los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o impugnarse directamente ante el orden contencioso-administrativo. No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que la reposición sea resuelta expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

21. Artículo 124. Plazos

    El plazo para interponer la reposición será de un mes si el acto fuera expreso; transcurrido, solo cabrá el contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. Contra la resolución de una reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

22. Artículo 125. Objeto y plazos

    Contra los actos firmes en vía administrativa cabe recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano que los dictó, que también lo resuelve, por cuatro causas: error de hecho que resulte de los propios documentos del expediente; aparición de documentos de valor esencial, aunque sean posteriores, que evidencien el error; documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme; y resolución dictada como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada por sentencia firme. El plazo es de cuatro años para el error de hecho y de tres meses en los demás casos.

23. Artículo 126. Resolución

    El órgano competente podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite del recurso extraordinario de revisión, sin recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, cuando no se funde en alguna de las causas del artículo 125.1 o cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. El órgano debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurridos tres meses desde la interposición sin resolución notificada, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.