Tema 17 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Artículo 26

La Unión adopta las medidas para establecer el mercado interior o garantizar su funcionamiento. El mercado interior es un espacio sin fronteras interiores en el que está garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. El Consejo, a propuesta de la Comisión, define las orientaciones y condiciones para asegurar un progreso equilibrado en el conjunto de los sectores.

Artículo 27

Al proponer medidas para el mercado interior, la Comisión tiene en cuenta el esfuerzo que deberán hacer las economías con un nivel de desarrollo diferente y puede proponer disposiciones adecuadas. Si esas disposiciones son excepciones, deben ser temporales y perturbar lo menos posible el funcionamiento del mercado interior.

Artículo 28

La Unión comprende una unión aduanera que abarca todos los intercambios de mercancías. Implica prohibir entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y exportación y las exacciones de efecto equivalente, y adoptar un arancel aduanero común frente a terceros países. Las reglas del artículo 30 y del capítulo 3 del título se aplican a los productos originarios de los Estados y a los de terceros países en libre práctica.

Artículo 29

Están en libre práctica en un Estado miembro los productos de terceros países por los que, en ese Estado, se hayan cumplido las formalidades de importación y percibido los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente exigibles, siempre que no se hayan beneficiado de una devolución total o parcial de esos derechos.

Artículo 30

Entre los Estados miembros están prohibidos los derechos de aduana de importación y de exportación y las exacciones de efecto equivalente. La prohibición alcanza también a los derechos de aduana de carácter fiscal.

Artículo 31

Artículo 32

En sus funciones de este capítulo, la Comisión se guía por: a) promover los intercambios entre los Estados miembros y terceros países; b) la evolución de la competencia en la Unión, si incrementa la capacidad competitiva de las empresas; c) las necesidades de abastecimiento en materias primas y semielaborados, sin falsear entre Estados la competencia de los productos acabados; d) evitar perturbaciones graves en la economía de los Estados y garantizar un desarrollo racional de la producción y una expansión del consumo.

Artículo 33

Dentro del ámbito de aplicación de los Tratados, el Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario, adoptan medidas para fortalecer la cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión.

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Las prohibiciones de los artículos 34 y 35 no impiden restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por orden público, moralidad y seguridad públicas; salud y vida de personas y animales; preservación de los vegetales; patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional; o propiedad industrial y comercial. Pero esas restricciones no pueden ser un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre Estados.

Artículo 37

Los Estados adecuan sus monopolios nacionales de carácter comercial para excluir toda discriminación entre nacionales de los Estados en abastecimiento y mercado. Se aplica a cualquier organismo con el que un Estado controle, dirija o influya sensiblemente en los intercambios entre Estados, y a los monopolios cedidos a terceros. Los Estados se abstienen de nuevas medidas contrarias. Si el monopolio regula productos agrícolas, se aseguran garantías equivalentes para el empleo y el nivel de vida de los productores.

Artículo 38

La Unión define y aplica una política común de agricultura y pesca. El mercado interior abarca agricultura, pesca y comercio de productos agrícolas. Productos agrícolas son los de la tierra, la ganadería y la pesca, y los de primera transformación directamente relacionados; «agrícola» incluye la pesca. Salvo lo dispuesto en los artículos 39 a 44, las normas del mercado interior se aplican a los productos agrícolas; esos artículos rigen para los productos del anexo I. El mercado interior agrícola se acompaña de una política agrícola común.

Artículo 39

Objetivos de la PAC: a) incrementar la productividad agrícola (progreso técnico, desarrollo racional de la producción, empleo óptimo de factores, en particular de la mano de obra); b) garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial aumentando la renta individual; c) estabilizar los mercados; d) garantizar la seguridad de los abastecimientos; e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables. Al elaborarla se tienen en cuenta las características de la actividad agrícola, la necesidad de adaptaciones graduales y su vínculo con el conjunto de la economía.

Artículo 40

Para los objetivos del artículo 39 se crea una organización común de los mercados agrícolas que, según los productos, adopta una de tres formas: normas comunes sobre la competencia; coordinación obligatoria de las organizaciones nacionales de mercado; u organización europea del mercado. Puede incluir regulación de precios, subvenciones, almacenamiento y estabilización de intercambios; debe limitarse a esos objetivos y excluir toda discriminación. Los precios, con criterios comunes y métodos uniformes. Pueden crearse uno o más fondos de orientación y garantía agrícolas.

Artículo 41

Para alcanzar los objetivos del artículo 39 pueden preverse en la PAC medidas como: a) una eficaz coordinación de los esfuerzos en formación profesional, investigación y divulgación de conocimientos agronómicos, que puede comprender proyectos o instituciones financiados en común; b) acciones comunes para el desarrollo del consumo de determinados productos.

Artículo 42

Las normas sobre la competencia solo se aplican a la producción y comercio de productos agrícolas en la medida que determinen el Parlamento Europeo y el Consejo, conforme al procedimiento del artículo 43.2 y teniendo en cuenta los objetivos del artículo 39. El Consejo, a propuesta de la Comisión, puede autorizar ayudas para proteger explotaciones desfavorecidas por condiciones estructurales o naturales y en el marco de programas de desarrollo económico.

Artículo 43

La Comisión presenta propuestas sobre la PAC, incluida la sustitución de organizaciones nacionales por la organización común. El Parlamento y el Consejo, por procedimiento ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, establecen la organización común de mercados y las demás disposiciones necesarias. El Consejo, a propuesta de la Comisión, adopta medidas sobre precios, exacciones, ayudas, limitaciones cuantitativas y fijación y reparto de posibilidades de pesca. La sustitución exige garantías a los Estados que se opongan y condiciones análogas a un mercado nacional.

Artículo 44

Si en un Estado un producto está sujeto a una organización nacional de mercado o regulación de efecto equivalente que afecte a la competencia de una producción similar en otro Estado, los Estados aplican un gravamen compensatorio a la entrada del producto procedente de aquel Estado, salvo que este ya aplique uno a la salida. La Comisión fija el importe de los gravámenes en la medida necesaria para restablecer el equilibrio y puede autorizar otras medidas.

Artículo 45

Se asegura la libre circulación de los trabajadores en la Unión, que supone abolir toda discriminación por nacionalidad en empleo, retribución y demás condiciones de trabajo. Salvo limitaciones por orden público, seguridad y salud públicas, implica el derecho a responder a ofertas efectivas de trabajo, desplazarse libremente para ello, residir en un Estado para trabajar según las normas aplicables a sus nacionales y permanecer tras haber trabajado allí. No se aplica a los empleos en la administración pública.

Artículo 46

El Parlamento Europeo y el Consejo, por procedimiento ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptan mediante directivas o reglamentos las medidas para hacer efectiva la libre circulación de trabajadores, en especial: colaboración estrecha entre administraciones nacionales de trabajo; eliminación de procedimientos, prácticas y plazos de acceso al empleo que obstaculicen la movilidad; eliminación de plazos y restricciones que impongan condiciones distintas a los trabajadores de otros Estados; y mecanismos para equilibrar ofertas y demandas de empleo.

Artículo 47

Artículo 48

El Parlamento y el Consejo, por procedimiento ordinario, adoptan medidas de seguridad social para la libre circulación de trabajadores, garantizando a los migrantes y sus derechohabientes la acumulación de períodos y el pago de prestaciones. Si un miembro del Consejo declara que un proyecto perjudica aspectos importantes de su sistema, puede pedir que se remita al Consejo Europeo, que suspende el procedimiento; en cuatro meses este lo devuelve al Consejo, o no se pronuncia o pide nueva propuesta, y el acto se considera no adoptado.

Artículo 49

Se prohíben las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado en otro, también las relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales. La libertad de establecimiento comprende el acceso a actividades no asalariadas y su ejercicio, y la constitución y gestión de empresas y sociedades, en las condiciones que el país de establecimiento fija para sus propios nacionales, sin perjuicio del capítulo de capitales.

Artículo 50

Para alcanzar la libertad de establecimiento en una actividad, el Parlamento y el Consejo deciden mediante directivas, por procedimiento ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social. Parlamento, Consejo y Comisión actúan, en particular: priorizando actividades útiles; cooperando con las administraciones nacionales; eliminando procedimientos obstaculizadores; dejando a asalariados emprender actividad no asalariada; facilitando adquirir inmuebles; suprimiendo progresivamente restricciones; coordinando garantías societarias y evitando que ayudas estatales falseen el establecimiento.

Artículo 51

Las disposiciones del capítulo no se aplican, respecto del Estado interesado, a las actividades que en ese Estado estén relacionadas, aunque sea solo de manera ocasional, con el ejercicio del poder público. Además, el Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario, pueden excluir determinadas actividades de la aplicación del capítulo.

Artículo 52

Las normas del capítulo y las medidas adoptadas en su virtud no impiden aplicar disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que prevean un régimen especial para los extranjeros, siempre que estén justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas. El Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario, adoptarán directivas para coordinar esas disposiciones.

Artículo 53

Para facilitar el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, el Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario, adoptan directivas de reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos y de coordinación de las normas nacionales sobre actividades por cuenta propia. En las profesiones médicas, paramédicas y farmacéuticas, la supresión progresiva de restricciones depende de coordinar las condiciones de ejercicio en los Estados.

Artículo 54

Las sociedades constituidas conforme a la legislación de un Estado miembro y con sede social, administración central o centro de actividad principal dentro de la Unión se equiparan, a efectos del capítulo, a las personas físicas nacionales de los Estados miembros. Son sociedades las de Derecho civil o mercantil, incluidas las cooperativas, y las demás personas jurídicas de Derecho público o privado, salvo las que no persigan un fin lucrativo.

Artículo 55

Cada Estado miembro debe dar a los nacionales de los demás Estados miembros el trato de nacional en cuanto a su participación financiera en el capital de las sociedades definidas en el artículo 54. Esta regla se aplica sin perjuicio de las restantes disposiciones de los Tratados.

Artículo 56

Quedan prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado distinto del del destinatario. El Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario, pueden extender este régimen a prestadores nacionales de un tercer Estado establecidos en la Unión.

Artículo 57

Son servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las normas de libre circulación de mercancías, capitales y personas. Comprenden en particular actividades industriales, mercantiles, artesanales y propias de las profesiones liberales. Sin perjuicio del derecho de establecimiento, el prestador puede ejercer temporalmente su actividad en el Estado donde presta el servicio, en las mismas condiciones que este impone a sus nacionales.

Artículo 58

La libre prestación de servicios en materia de transportes se rige por las disposiciones del título relativo a los transportes. La liberalización de los servicios bancarios y de seguros vinculados a los movimientos de capitales se hará en armonía con la liberalización de la circulación de capitales.

Artículo 59

Para liberalizar un servicio determinado, el Parlamento Europeo y el Consejo deciden mediante directivas, por el procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social. Estas directivas se refieren en general, con prioridad, a los servicios que influyan directamente en los costes de producción o cuya liberalización facilite los intercambios de mercancías.

Artículo 60

Los Estados miembros se esforzarán por liberalizar los servicios más allá de lo que exigen las directivas del apartado 1 del artículo 59, si su situación económica general y la del sector afectado lo permiten. Con ese fin, la Comisión dirigirá recomendaciones a los Estados miembros interesados.

Artículo 61

Mientras no se supriman las restricciones a la libre prestación de servicios, cada Estado miembro debe aplicarlas sin distinción de nacionalidad o residencia a todos los prestadores a que se refiere el párrafo primero del artículo 56.

Artículo 62

Artículo 63

En el marco del capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. Con el mismo alcance, quedan prohibidas cualesquiera restricciones sobre los pagos.

Artículo 64

El artículo 63 no impide aplicar a terceros países las restricciones existentes el 31-12-1993 sobre capitales que supongan inversiones directas (incluidas inmobiliarias), establecimiento, servicios financieros o admisión de valores; para Bulgaria, Estonia y Hungría la fecha es el 31-12-1999 y para Croacia el 31-12-2002. El Parlamento Europeo y el Consejo, por procedimiento ordinario, adoptan medidas sobre esos movimientos; las que supongan un retroceso solo las adopta el Consejo, por procedimiento especial, unanimidad y previa consulta al Parlamento.

Artículo 65

La libertad de capitales no impide aplicar normas fiscales que distingan a los contribuyentes por residencia o lugar de inversión, impedir infracciones (sobre todo fiscales y prudenciales), exigir declaraciones de movimientos con fines informativos o estadísticos, o adoptar medidas por orden público o seguridad pública, ni restricciones al establecimiento compatibles con los Tratados. Nada de ello puede ser discriminación arbitraria ni restricción encubierta. Sobre medidas fiscales frente a terceros países decide la Comisión o, si no lo hace en tres meses, el Consejo por unanimidad.

Artículo 66

Si, en circunstancias excepcionales, los movimientos de capitales con terceros países causan o amenazan causar dificultades graves para el funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Banco Central Europeo, puede adoptar frente a terceros países medidas de salvaguardia estrictamente necesarias por un plazo no superior a seis meses.

Artículo 101

Prohíbe, por incompatibles con el mercado interior, los acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones y prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre Estados miembros y tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia (fijar precios, limitar la producción, repartirse mercados, condiciones desiguales, prestaciones suplementarias). Son nulos de pleno derecho. Pueden declararse inaplicables si mejoran la producción o el progreso, dan a los usuarios parte equitativa del beneficio y no imponen restricciones no indispensables ni eliminan la competencia.

Artículo 102

Es incompatible con el mercado interior y está prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre Estados miembros, la explotación abusiva por una o más empresas de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial de él. Son prácticas abusivas, en particular: imponer precios u otras condiciones no equitativas, limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores, aplicar condiciones desiguales a prestaciones equivalentes y subordinar contratos a prestaciones suplementarias sin relación con su objeto.

Artículo 103

El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adopta los reglamentos o directivas para aplicar los principios de los artículos 101 y 102. Esas disposiciones tienen por objeto: garantizar las prohibiciones con multas y multas coercitivas; determinar cómo se aplica la excepción del artículo 101.3, conjugando vigilancia eficaz y control administrativo simplificado; precisar su ámbito por sectores; definir las funciones de la Comisión y del Tribunal de Justicia; y definir las relaciones con las legislaciones nacionales.

Artículo 104

Mientras no entren en vigor las disposiciones adoptadas en aplicación del artículo 103, son las autoridades de los Estados miembros las que deciden sobre la admisibilidad de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas y sobre la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado interior. Lo hacen conforme a su propio Derecho y a las disposiciones del artículo 101, en particular su apartado 3, y del artículo 102.

Artículo 105

Sin perjuicio del artículo 104, la Comisión vela por la aplicación de los artículos 101 y 102. A instancia de un Estado o de oficio, y con la asistencia de las autoridades nacionales, investiga las supuestas infracciones y, si las comprueba, propone medidas para ponerles fin. Si no cesan, las hace constar mediante decisión motivada, que puede publicar, y puede autorizar a los Estados a adoptar medidas para remediarlas. Puede adoptar reglamentos sobre categorías de acuerdos regulados por el Consejo conforme al artículo 103.2.b).

Artículo 106

Los Estados no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y de las que tengan derechos especiales o exclusivos, medidas contrarias a los Tratados. Las empresas que gestionan servicios de interés económico general o son monopolio fiscal quedan sometidas a los Tratados y a las normas de competencia en la medida en que su aplicación no impida, de hecho o de derecho, su misión específica, sin afectar a los intercambios contra el interés de la Unión. La Comisión vela por ello y dirige a los Estados directivas o decisiones.

Artículo 107

Salvo que los Tratados digan otra cosa, son incompatibles con el mercado interior las ayudas de Estado que falseen o amenacen falsear la competencia y afecten a los intercambios entre Estados. Son compatibles: las sociales a consumidores sin discriminación por origen, las que reparan desastres naturales o acontecimientos excepcionales y las de regiones alemanas afectadas por la división. Pueden considerarse compatibles: las de regiones con nivel de vida anormalmente bajo, proyectos de interés común europeo, actividades o regiones, cultura y patrimonio, y las que determine el Consejo.

Artículo 108

La Comisión examina permanentemente las ayudas existentes. Si comprueba que una ayuda es incompatible o abusiva, decide que el Estado la suprima o modifique en el plazo que fije; si no cumple, la Comisión o cualquier Estado interesado puede recurrir directamente al Tribunal de Justicia. El Consejo, por unanimidad y a petición de un Estado, puede declararla compatible en circunstancias excepcionales; si no se pronuncia en tres meses, decide la Comisión. Los proyectos de ayuda se comunican a la Comisión y no se ejecutan antes de la decisión definitiva.

Artículo 109

El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, puede adoptar los reglamentos apropiados para aplicar los artículos 107 y 108. En particular, puede determinar las condiciones de aplicación del apartado 3 del artículo 108 y las categorías de ayudas que quedan excluidas de ese procedimiento.

Artículo 119

Para los fines del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, la acción de Estados y Unión incluye una política económica basada en la estrecha coordinación de las políticas nacionales, el mercado interior y objetivos comunes, conforme a una economía de mercado abierta y de libre competencia. Supone también una moneda única, el euro, y una política monetaria y de tipos de cambio única cuyo objetivo primordial es la estabilidad de precios. Principios rectores: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable.

Artículo 120

Los Estados miembros llevan a cabo sus políticas económicas para contribuir a los objetivos de la Unión del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y en el marco de las orientaciones generales del apartado 2 del artículo 121. Estados y Unión actúan respetando una economía de mercado abierta y de libre competencia, favoreciendo una eficiente asignación de recursos y conforme a los principios del artículo 119.

Artículo 121

Los Estados coordinan sus políticas económicas en el Consejo. El Consejo, sobre recomendación de la Comisión, elabora un proyecto de orientaciones generales e informa al Consejo Europeo, que debate conclusiones; con ellas, el Consejo adopta la recomendación con las orientaciones e informa al Parlamento. El Consejo supervisa, con informes de la Comisión, la evolución económica. Si un Estado se aparta, la Comisión puede advertirle y el Consejo recomendarle, sin el voto de ese Estado. El Parlamento y el Consejo pueden regular la supervisión por reglamentos.

Artículo 122

El Consejo, a propuesta de la Comisión y con espíritu de solidaridad, puede decidir medidas adecuadas a la situación económica, en particular ante dificultades graves de suministro de productos, sobre todo energéticos. Si un Estado sufre dificultades, o serio riesgo de dificultades graves, por catástrofes naturales o hechos excepcionales que no puede controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, puede acordar en determinadas condiciones una ayuda financiera de la Unión; su Presidente informa al Parlamento Europeo.

Artículo 123

El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales no pueden autorizar descubiertos ni conceder ningún otro crédito a instituciones, órganos u organismos de la Unión, Gobiernos centrales, autoridades regionales, locales u otras públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados, ni adquirirles directamente instrumentos de deuda. No se aplica a las entidades de crédito públicas, que en la provisión de reservas deben recibir el mismo trato que las privadas.

Artículo 124

Se prohíbe toda medida que, sin basarse en consideraciones prudenciales, dé un acceso privilegiado a las entidades financieras a las instituciones, órganos u organismos de la Unión, Gobiernos centrales, autoridades regionales, locales u otras públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros.

Artículo 125

Ni la Unión ni los Estados miembros asumen ni responden de los compromisos de Gobiernos centrales, autoridades regionales, locales u otras públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de un Estado miembro (otro Estado, en el caso de los Estados), sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para proyectos específicos conjuntos. El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, puede especificar las definiciones para aplicar las prohibiciones de los artículos 123, 124 y 125.

Artículo 126

Los Estados deben evitar déficits excesivos. La Comisión vigila la disciplina presupuestaria con dos criterios (déficit y deuda sobre el PIB frente a valores de referencia del Protocolo) y, si no se cumplen o hay riesgo, elabora un informe; el Comité Económico y Financiero dictamina sobre él. El Consejo, a propuesta de la Comisión, decide si hay déficit excesivo y dirige recomendaciones, que puede hacer públicas, advertencias y medidas como depósitos o multas, sin el voto del Estado afectado. No cabe el recurso de los artículos 258 y 259 en los apartados 1 a 9.

Artículo 127

El objetivo principal del SEBC es la estabilidad de precios; sin perjuicio de ello, apoya las políticas económicas generales de la Unión. Sus funciones básicas son definir y ejecutar la política monetaria, realizar operaciones de divisas, poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas y promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. El BCE debe ser consultado sobre propuestas de actos de la Unión y proyectos nacionales de su competencia. El Consejo, por unanimidad, puede encomendarle tareas de supervisión prudencial, salvo de empresas de seguros.

Artículo 128

El BCE tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en euros; pueden emitirlos el BCE y los bancos centrales nacionales, y solo esos billetes son de curso legal en la Unión. Los Estados miembros pueden emitir moneda metálica en euros con aprobación del BCE en cuanto al volumen. El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al BCE, puede armonizar valores nominales y especificaciones técnicas de las monedas.

Artículo 129

El SEBC lo dirigen los órganos rectores del BCE: el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo. Los Estatutos del SEBC y del BCE figuran en un Protocolo anejo a los Tratados. Algunos de sus artículos pueden modificarlos el Parlamento Europeo y el Consejo por procedimiento ordinario, sobre recomendación del BCE y consulta a la Comisión o a propuesta de la Comisión y consulta al BCE. Otras disposiciones de los Estatutos las adopta el Consejo por cualquiera de esas dos vías, consultando también al Parlamento Europeo.

Artículo 130

En el ejercicio de sus funciones, ni el BCE, ni los bancos centrales nacionales, ni ningún miembro de sus órganos rectores pueden solicitar o aceptar instrucciones de instituciones, órganos u organismos de la Unión, de los Gobiernos de los Estados miembros ni de ningún otro órgano. Las instituciones de la Unión y los Gobiernos se comprometen a respetarlo y a no intentar influir en los miembros de esos órganos rectores.

Artículo 131

Cada Estado miembro debe velar por que su legislación nacional, incluidos los Estatutos de su banco central nacional, sea compatible con los Tratados y con los Estatutos del SEBC y del BCE.

Artículo 132

Para ejercer las funciones del SEBC, el BCE elabora reglamentos en los casos previstos, toma las decisiones necesarias y formula recomendaciones y emite dictámenes. Puede decidir hacer públicos sus decisiones, recomendaciones y dictámenes. Dentro de los límites y condiciones que fije el Consejo, puede imponer multas y pagos periódicos de penalización a las empresas que incumplan sus reglamentos y decisiones.

Artículo 133

Sin perjuicio de las atribuciones del BCE, el Parlamento Europeo y el Consejo establecen, por el procedimiento legislativo ordinario, las medidas necesarias para utilizar el euro como moneda única. Esas medidas se adoptan previa consulta al Banco Central Europeo.

Artículo 134

Se crea el Comité Económico y Financiero para coordinar las políticas de los Estados en lo necesario para el mercado interior. Emite dictámenes, sigue e informa de la situación económica y financiera, colabora en la preparación de trabajos del Consejo y examina al menos una vez al año los movimientos de capitales y la libertad de pagos. Estados, Comisión y BCE designan cada uno hasta dos miembros. El Consejo fija las normas de su composición. Si hay Estados con excepción, supervisa su situación monetaria y financiera.

Artículo 135

En determinados asuntos de política económica y monetaria que el artículo enumera, el Consejo o un Estado miembro pueden pedir a la Comisión que presente una recomendación o una propuesta, según proceda. La Comisión examina la solicitud y presenta sin demora sus conclusiones al Consejo.

Artículo 136

Para el buen funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo adopta, por los procedimientos de los artículos 121 y 126 (salvo el del apartado 14 del 126), medidas para los Estados cuya moneda es el euro: reforzar la coordinación y supervisión de su disciplina presupuestaria y elaborar y vigilar sus orientaciones de política económica, compatibles con las de la Unión. Solo votan los miembros del Consejo de esos Estados. Los Estados del euro pueden crear un mecanismo de estabilidad, con ayudas sujetas a condiciones estrictas.

Artículo 137

Artículo 138

Para garantizar la posición del euro en el sistema monetario internacional, el Consejo, a propuesta de la Comisión, adopta una decisión con posiciones comunes en las instituciones y conferencias financieras internacionales sobre cuestiones de especial interés para la unión económica y monetaria, y puede adoptar medidas para una representación única en ellas. En ambos casos se pronuncia previa consulta al BCE, y solo votan los miembros del Consejo de los Estados cuya moneda es el euro.

Artículo 139

Son «Estados miembros acogidos a una excepción» aquellos sobre los que el Consejo no ha decidido que cumplen las condiciones para adoptar el euro. No se les aplican, entre otras, las disposiciones sobre emisión del euro, actos del BCE, utilización del euro, objetivos y funciones del SEBC o medios estrictos contra el déficit excesivo. Quedan excluidos, con sus bancos centrales, de los derechos y obligaciones del SEBC, y sus votos en el Consejo se suspenden en esas materias y en otras recomendaciones y medidas para la zona del euro.

Artículo 140

Al menos cada dos años, o a petición de un Estado con excepción, la Comisión y el BCE informan al Consejo de sus avances hacia la unión económica y monetaria: compatibilidad de su legislación y de los Estatutos de su banco central, y convergencia según cuatro criterios (inflación próxima a la de, como máximo, los tres Estados más eficaces; finanzas sin déficit excesivo; dos años como mínimo en los márgenes del mecanismo de cambio sin devaluar; tipos de interés a largo plazo). El Consejo decide qué excepciones suprime y fija irrevocablemente el tipo de conversión.

Artículo 141

Mientras haya Estados acogidos a una excepción, el Consejo General del BCE se constituye como tercer órgano decisorio del Banco Central Europeo. Respecto de esos Estados, el BCE refuerza la cooperación entre bancos centrales nacionales y la coordinación de políticas monetarias, supervisa el mecanismo de tipos de cambio, celebra consultas sobre estabilidad de entidades y mercados financieros y ejerce las antiguas funciones del Fondo Europeo de Cooperación Monetaria, asumidas antes por el Instituto Monetario Europeo.

Artículo 142

Cada Estado miembro acogido a una excepción debe considerar su política de cambio como una cuestión de interés común. Al hacerlo, los Estados miembros tendrán en cuenta las experiencias adquiridas mediante la cooperación en el marco del mecanismo de tipos de cambio.

Artículo 143

Ante dificultades graves en la balanza de pagos de un Estado acogido a una excepción, la Comisión examina sin demora su situación y le recomienda medidas. Si no bastan, recomienda al Consejo, previa consulta al Comité Económico y Financiero, una asistencia mutua. El Consejo la concede (acción concertada ante organizaciones internacionales, medidas contra desviaciones del tráfico comercial o créditos limitados de otros Estados que consientan). Si no la aprueba o es insuficiente, la Comisión autoriza medidas de salvaguardia, que el Consejo puede revocar o modificar.

Artículo 144

Ante una crisis súbita de balanza de pagos, si no se decide de inmediato la asistencia mutua del artículo 143.2, el Estado acogido a una excepción puede adoptar cautelarmente medidas de salvaguardia, con la menor perturbación posible del mercado interior y sin más alcance del indispensable. Debe informar a la Comisión y a los demás Estados, a más tardar, al entrar en vigor las medidas. La Comisión puede recomendar asistencia mutua al Consejo, y este, previa recomendación de la Comisión y consulta al Comité Económico y Financiero, puede decidir que se modifiquen, suspendan o supriman.

Artículo 21

La acción exterior de la Unión se basa en la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la dignidad humana, la igualdad y solidaridad y el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional, y propicia soluciones multilaterales. Persigue, entre otros fines, defender sus valores y seguridad, mantener la paz, apoyar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo para erradicar la pobreza, integrar a todos los países en la economía mundial y ayudar ante catástrofes. El Consejo y la Comisión, asistidos por el Alto Representante, garantizan su coherencia.

Artículo 22

Basándose en los principios y objetivos del artículo 21, el Consejo Europeo determina los intereses y objetivos estratégicos de la Unión, en la PESC y en otros ámbitos de la acción exterior; sus decisiones pueden referirse a un país, a una región o a un tema, y definen su duración y medios. Se pronuncia por unanimidad, sobre una recomendación del Consejo. El Alto Representante (en la PESC) y la Comisión (en los demás ámbitos) pueden presentar propuestas conjuntas al Consejo.

Artículo 23

La acción de la Unión en la escena internacional prevista en este capítulo (política exterior y de seguridad común) se basará en los principios, perseguirá los objetivos y se realizará de conformidad con las disposiciones generales del capítulo 1. Es decir, la PESC queda sometida a los mismos principios y objetivos generales de toda la acción exterior.

Artículo 24

La competencia de la Unión en la PESC abarca toda la política exterior y la seguridad, incluida la definición progresiva de una política común de defensa que podrá conducir a una defensa común. La PESC tiene reglas propias: la definen y aplican el Consejo Europeo y el Consejo por unanimidad, salvo otra previsión; se excluyen los actos legislativos; la ejecutan el Alto Representante y los Estados; y el Tribunal de Justicia no tiene competencia salvo para el artículo 40 y ciertas decisiones. Los Estados apoyan la PESC con lealtad y solidaridad; el Consejo y el Alto Representante velan por ello.

Artículo 25

La Unión dirige la política exterior y de seguridad común de tres modos: definiendo sus orientaciones generales; adoptando decisiones que establezcan las acciones que va a realizar, las posiciones que va a adoptar y las modalidades de ejecución de esas decisiones; y fortaleciendo la cooperación sistemática entre los Estados miembros para llevar a cabo sus políticas.

Artículo 26

El Consejo Europeo determina los intereses estratégicos, fija los objetivos y define las orientaciones generales de la PESC, también en defensa, y adopta las decisiones necesarias. Si un acontecimiento internacional lo exige, su Presidente convoca una reunión extraordinaria para definir las líneas estratégicas. El Consejo elabora la PESC y adopta las decisiones para definirla y aplicarla. El Consejo y el Alto Representante velan por su unidad, coherencia y eficacia, y la ejecutan el Alto Representante y los Estados miembros.

Artículo 27

El Alto Representante preside el Consejo de Asuntos Exteriores, hace propuestas de PESC y ejecuta las decisiones del Consejo Europeo y del Consejo. Representa a la Unión en la PESC y dirige el diálogo político con terceros. Se apoya en un servicio europeo de acción exterior, formado por funcionarios de la Secretaría General del Consejo y de la Comisión y por personal de los servicios diplomáticos nacionales; su organización la fija una decisión del Consejo, a propuesta del Alto Representante, previa consulta al Parlamento y previa aprobación de la Comisión.

Artículo 28

Cuando una situación internacional exija una acción operativa, el Consejo adopta las decisiones necesarias (objetivos, alcance, medios, condiciones y, si procede, duración) y las revisa si cambian las circunstancias. Son vinculantes para los Estados. Un Estado que planee actuar en aplicación de ellas informará a tiempo para una concertación previa, salvo mera transposición. En caso de imperiosa necesidad los Estados pueden adoptar medidas urgentes e informar inmediatamente al Consejo. Si un Estado tiene dificultades importantes, pedirá al Consejo que delibere y busque soluciones.

Artículo 29

El Consejo adopta decisiones que definen el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático. Los Estados miembros deben velar por que sus políticas nacionales sean conformes con esas posiciones de la Unión.

Artículo 30

Cualquier Estado miembro, el Alto Representante o el Alto Representante con apoyo de la Comisión puede plantear al Consejo cuestiones de PESC y presentar, respectivamente, iniciativas o propuestas. Si se requiere una decisión rápida, el Alto Representante convoca, de oficio o a petición de un Estado, una reunión extraordinaria del Consejo en cuarenta y ocho horas o, en caso de necesidad absoluta, en un plazo más breve.

Artículo 31

En la PESC, el Consejo Europeo y el Consejo deciden por unanimidad, sin actos legislativos. Quien se abstiene con declaración formal no aplica la decisión, pero admite que vincula a la Unión; si los abstencionistas representan al menos un tercio de los Estados con un tercio de la población, no se adopta. Por excepción, el Consejo decide por mayoría cualificada en los casos del apartado 2, salvo oposición por motivos vitales de política nacional; el Consejo Europeo puede ampliarlos por unanimidad, nunca en lo militar o de defensa. Las cuestiones de procedimiento, por mayoría de miembros.

Artículo 32

Los Estados se consultan en el Consejo Europeo y en el Consejo sobre cuestiones de PESC de interés general para definir un enfoque común, y antes de actuar en la escena internacional o asumir compromisos que afecten a la Unión consultan a los demás. Establecido un enfoque común, el Alto Representante y los Ministros de Asuntos Exteriores coordinan su actuación en el Consejo. Las misiones diplomáticas de los Estados y las delegaciones de la Unión cooperan y contribuyen a formular y aplicar ese enfoque común.

Artículo 33

El Consejo puede designar, a propuesta del Alto Representante, un representante especial con mandato sobre cuestiones políticas concretas. Ese representante especial ejerce su mandato bajo la autoridad del Alto Representante.

Artículo 34

Los Estados coordinan su acción en organizaciones y conferencias internacionales y defienden allí las posiciones de la Unión; el Alto Representante organiza esa coordinación. Los que participen donde no estén todos mantienen informados a los demás y al Alto Representante. Los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se conciertan, informan a los demás y al Alto Representante y defienden las posiciones de la Unión; si la Unión tiene posición sobre un tema del orden del día, pedirán que se invite al Alto Representante a presentarla.

Artículo 35

Las misiones diplomáticas y consulares de los Estados, las delegaciones de la Unión en terceros países y conferencias internacionales, y sus representaciones ante organizaciones internacionales cooperan para garantizar el respeto y la ejecución de las decisiones PESC. Intensifican su cooperación intercambiando información y haciendo valoraciones comunes, y contribuyen a aplicar el derecho de los ciudadanos de la Unión a la protección en terceros países.

Artículo 36

El Alto Representante consulta periódicamente al Parlamento Europeo sobre los aspectos principales y opciones fundamentales de la PESC y de la política común de seguridad y defensa, le informa de su evolución y vela por que se tengan en cuenta sus opiniones. El Parlamento puede dirigir preguntas o recomendaciones al Consejo y al Alto Representante, y dos veces al año debate los progresos de la PESC, incluida la política común de seguridad y defensa.

Artículo 37

Artículo 38

El Comité Político y de Seguridad sigue la situación internacional en la PESC y contribuye a definirla con dictámenes dirigidos al Consejo, a instancia del Consejo, del Alto Representante o por propia iniciativa; supervisa la ejecución de las políticas acordadas, sin perjuicio de las competencias del Alto Representante. Bajo la responsabilidad del Consejo y del Alto Representante, ejerce el control político y la dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis del artículo 43, y el Consejo puede autorizarle a adoptar decisiones sobre ellas mientras dure la operación.

Artículo 39

De conformidad con el artículo 16 del TFUE, y no obstante lo dispuesto en su apartado 2, el Consejo adopta una decisión que fija las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos personales por los Estados miembros en las actividades del ámbito de la PESC, y sobre la libre circulación de esos datos. El respeto de esas normas queda sometido al control de autoridades independientes.

Artículo 40

Cláusula de no afectación recíproca. La ejecución de la PESC no afecta a la aplicación de los procedimientos ni al alcance de las atribuciones de las instituciones previstos en los Tratados para las competencias de la Unión de los artículos 3 a 6 del TFUE. Y, a la inversa, la ejecución de esas políticas no afecta a los procedimientos ni a las atribuciones previstos para las competencias de la Unión en virtud del capítulo de la PESC.

Artículo 41

Los gastos administrativos de la PESC van al presupuesto de la Unión; los operativos también, salvo los de operaciones con repercusiones militares o de defensa y lo que el Consejo decida por unanimidad. Si no van al presupuesto, los pagan los Estados según una clave basada en el PNB, salvo decisión unánime del Consejo; en lo militar, no están obligados quienes hicieron la declaración formal del artículo 31.1, párrafo segundo. Los preparativos no imputados al presupuesto se pagan con un fondo inicial, cuyas reglas fija el Consejo por mayoría cualificada a propuesta del Alto Representante.

Artículo 42

La PCSD forma parte de la PESC y da a la Unión capacidad operativa civil y militar para misiones fuera de la Unión, apoyada en capacidades de los Estados. Conducirá a una defensa común cuando el Consejo Europeo lo decida por unanimidad. Respeta la OTAN y la especificidad de algunos Estados. La Agencia Europea de Defensa determina necesidades operativas. El Consejo decide por unanimidad, a propuesta del Alto Representante o de un Estado miembro. Prevé misiones de grupos de Estados, la cooperación estructurada permanente y la ayuda a un Estado objeto de agresión armada.

Artículo 43

Las misiones del artículo 42.1, con medios civiles y militares, abarcan: desarme, misiones humanitarias y de rescate, asesoramiento y asistencia militar, prevención de conflictos y mantenimiento de la paz, y fuerzas de combate para gestión de crisis (incluido el restablecimiento de la paz y la estabilización tras conflictos). Todas pueden contribuir a la lucha contra el terrorismo. El Consejo decide sobre ellas y el Alto Representante, bajo su autoridad y en contacto con el Comité Político y de Seguridad, coordina sus aspectos civiles y militares.

Artículo 44

En el marco de las decisiones del artículo 43, el Consejo puede encomendar una misión a un grupo de Estados miembros que lo deseen y tengan las capacidades necesarias. Esos Estados acuerdan entre ellos la gestión de la misión, en asociación con el Alto Representante. Informan periódicamente al Consejo, por propia iniciativa o a petición de un Estado miembro, y le comunican de inmediato si la misión acarrea consecuencias importantes o exige modificar su objetivo, alcance o condiciones; entonces el Consejo adopta las decisiones necesarias.

Artículo 45

La Agencia Europea de Defensa está bajo la autoridad del Consejo. Su misión: contribuir a definir los objetivos de capacidades militares y evaluar los compromisos; armonizar necesidades operativas y métodos de adquisición; proponer proyectos multilaterales y coordinar programas; apoyar la investigación en tecnología de defensa; y reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa. Pueden participar todos los Estados que lo deseen. El Consejo fija por mayoría cualificada su estatuto, sede y funcionamiento. Dentro hay grupos específicos de Estados con proyectos conjuntos.

Artículo 46

Los Estados que quieran entrar en la cooperación estructurada permanente y cumplan el Protocolo lo notifican al Consejo y al Alto Representante. En tres meses desde la notificación, el Consejo la establece y fija la lista de participantes por mayoría cualificada, tras consultar al Alto Representante. Las incorporaciones posteriores y la suspensión se deciden también por mayoría cualificada, votando solo los participantes (en la suspensión, sin el afectado). Quien sale lo notifica al Consejo, que toma nota. Lo demás, por unanimidad de los participantes.

El mercado interior y la política de competencia

El Acta Única definió el mercado interior como un espacio sin fronteras interiores con libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales; el mercado único se creó en 1993. Hitos: sentencias Dassonville (concepto amplio de medida restrictiva) y Cassis de Dijon (reconocimiento mutuo), Libro Blanco de 1985 y Espacio Económico Europeo (1994). Competencia: art. 101 (acuerdos y cárteles), art. 102 (abuso de posición dominante, que no es ilícita en sí), control de concentraciones y art. 107 (ayudas estatales). La aplica sobre todo la Comisión.

Otras políticas comunes: comercial, transportes, medio ambiente y social

La política comercial es competencia exclusiva, con el Parlamento como colegislador. La de transportes es compartida; su legislación común no se abrió hasta la sentencia de 22-5-1985. La medioambiental obtuvo su primera base jurídica con el Acta Única (1987), fue ámbito oficial con Maastricht, se integró en todas las políticas con Ámsterdam y Lisboa priorizó el clima; principios: precaución, prevención, corrección en la fuente y «quien contamina paga». La social: Roma (igualdad retributiva, FSE), Ámsterdam (Estrategia de Empleo) y pilar europeo de derechos sociales (2017).

El Sistema Monetario Europeo y las fases de la unión económica y monetaria

La Cumbre de La Haya (1969) fijó como objetivo la UEM; el plan Werner fracasó por el colapso de Bretton Woods y en 1972 se creó la «serpiente en el túnel». El SME (1978) usó tipos fijos pero ajustables. El informe Delors (1989) propuso tres etapas, que Maastricht fijó: fase 1 (1-7-1990 a 31-12-1993), libre circulación de capitales; fase 2 (1-1-1994 a 31-12-1998), convergencia e Instituto Monetario Europeo; fase 3 (desde 1-1-1999), política monetaria común y euro. Veintiuno de los veintisiete Estados usan el euro; Dinamarca tiene cláusula de excepción propia. El MEDE se creó en 2012.

El euro: criterios de convergencia e instituciones

Para adoptar el euro hay que adaptar la legislación y cumplir cuatro criterios (Maastricht, 1991): inflación no superior en más de 1,5 puntos a la de los tres mejores; no estar en procedimiento de déficit excesivo; tipo de interés a largo plazo no superior en más de dos puntos; y al menos dos años en el MTC II sin devaluación. El BCE (1-6-1998, Fráncfort) tiene Consejo de Gobierno (órgano supremo, formula la política monetaria), Comité Ejecutivo (seis miembros, ocho años no renovables, la ejecuta) y Consejo General. Objetivo principal: estabilidad de precios (2 % a medio plazo).

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento: origen y vertiente preventiva

El PEC nació en la tercera fase de la UEM (1997) y se reforzó en 2011-2012. Tras la reforma de 2024 lo forman el Reglamento 2024/1263 (preventiva), el 1467/97 (correctora), el 1173/2011 y la Directiva 2011/85/UE. Cada Estado presenta un plan fiscal-estructural a medio plazo (ajuste de cuatro o cinco años, ampliable a siete) que aprueba el Consejo. Si supera el 60 % de deuda o el 3 % de déficit, la deuda debe bajar de media un punto al año si supera el 90 % y medio punto entre el 60 % y el 90 %; margen de resiliencia del 1,5 %. Indicador único: el gasto neto.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento: vertiente correctora y pacto presupuestario

El procedimiento de déficit excesivo (art. 126 TFUE) se activa si el déficit supera el 3 % del PIB, salvo que sea excepcional y temporal. Tras el informe de la Comisión y el dictamen del Comité Económico y Financiero, el Consejo decide si hay déficit excesivo y recomienda corregirlo en un máximo de seis meses. Sanciones: multa de hasta el 0,05 % del PIB cada seis meses, depósitos y multas del 0,2 %. El Tratado de 2012 impone la «regla de oro»: déficit estructural máximo del 0,5 % (1 % si la deuda es inferior al 60 %).

La PAC 2023-2027: marco jurídico, objetivos y nuevo modelo de aplicación

La PAC 2023-2027 se basa en tres Reglamentos de 2-12-2021: 2021/2115 (planes estratégicos), 2021/2116 (horizontal: financiación, gestión y seguimiento) y 2021/2117 (modifica la OCM). El 2021/2115 se aplica desde el 1-1-2023; lo modificaron los Reglamentos 2024/1468 y 2025/2649. Novedad: un único plan estratégico por Estado que combina los dos pilares (28 planes; Bélgica tiene dos) y pasa del cumplimiento a los resultados. Según el Ministerio: 3 objetivos generales, 9 específicos y uno transversal; el 40 % del presupuesto, pertinente para el clima.

Los dos pilares de la PAC y sus fondos: FEAGA y FEADER

Primer pilar: FEAGA (pagos directos, intervenciones sectoriales y apoyo al mercado; antes, solo presupuesto de la Unión). Segundo pilar: FEADER (desarrollo rural, cofinanciado por la Unión y los Estados). 2021-2027: 387 000 millones EUR (291 100 FEAGA; 95 500 FEADER, con 8 100 de NextGenerationEU). Gestión compartida con cuatro organismos: autoridad competente, organismos pagadores, organismo de coordinación (si hay más de un pagador) y de certificación. El Reglamento 2025/2649 suprimió la liquidación anual del rendimiento. Reserva agrícola: mínimo 450 millones al año.

El primer pilar: pagos directos, intervenciones sectoriales y condicionalidad

Primer pilar (FEAGA): pagos directos e intervenciones sectoriales. Pagos disociados: ayuda básica a la renta (por hectárea admisible de un agricultor activo; pequeñas explotaciones hasta 3 000 EUR, antes 1 250), ayuda redistributiva (mínimo 10 % de los pagos directos, para pequeñas y medianas), ayuda a jóvenes agricultores (hasta cinco años; al menos 3 %) y ecorregímenes (voluntarios; mínimo 25 %). Asociados: ayuda por hectárea o animal y pago al algodón. Sectoriales: frutas y hortalizas, apícolas, vino, lúpulo, aceite… La condicionalidad (y la social, desde 2025) penaliza incumplimientos.

El segundo pilar: el desarrollo rural y el FEADER

El desarrollo rural es el segundo pilar de la PAC y refuerza el primero (renta y mercado). Tres objetivos a largo plazo: competitividad de agricultura y silvicultura; gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima; desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. Intervenciones en los artículos 69 a 78 del Reglamento 2021/2115 (nueve tipos; EUR-Lex añade un décimo). Del FEADER: al menos 35 % para clima y medio ambiente, al menos 5 % para Leader, como máximo 4 % de asistencia técnica. Contribución: 85, 80, 60 o 43 % según la región. Compromisos de cinco a siete años.

El Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC)

Cada Estado debe tener un Plan Estratégico de la PAC: por primera vez, una estrategia única para todas las intervenciones. El de España (PEPAC) lo aprobó la Comisión el 31-8-2022; la cuarta modificación, en vigor, es de 12-12-2025. Su programación empezó en 2018, en dos fases. Lo elaboró el Ministerio con las comunidades autónomas, que aplican la PAC en su territorio y diseñan las intervenciones territoriales. Gobernanza: RD 1046/2022; el Comité de seguimiento se reúne al menos una vez al año y se constituyó el 15-2-2023.

La política pesquera común: origen y reformas

La pesca entró en el Derecho de la Unión en 1958 como parte de la PAC. En 1970: mercado común, intervención estructural e igualdad de acceso (aguas de doce millas); en 1977, zona económica exclusiva de doscientas millas. En 1983 (Reglamentos 170/83 y 171/83) nació la conservación y gestión: TAC anuales del Consejo, repartidos en cuotas por «estabilidad relativa». Reformas: 1992 (esfuerzo pesquero, licencias), 2002 (planes plurianuales, consejos consultivos) y 2013 (rendimiento máximo sostenible, desembarque, regionalización).

El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 sobre la política pesquera común

El Reglamento (UE) n.º 1380/2013, en vigor desde el 1-1-2014, busca una pesca y acuicultura sostenibles, con criterio de precaución y enfoque ecosistémico. Según EUR-Lex, cuatro pilares: gestión de la pesca, política internacional, mercado y política comercial, y ayuda financiera (FEMPA). Elementos: rendimiento máximo sostenible; TAC anuales según el CIEM y el CCTEP, por estabilidad relativa; obligación de desembarque (2015-2019); planes plurianuales; regionalización. Acceso restringible hasta 12 millas (100 en ultraperiféricas), hasta finales de 2032.

El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)

El FEMPA (Reglamento 2021/1139, 2021-2027) apoya la PPC, la política marítima y la gobernanza de los océanos. Antecedentes: FEOGA (1970), IFOP (1994, introdujo la gestión compartida), FEP (2007-2013) y FEMP (2014-2020). Presupuesto: 6 108 millones EUR; 5 311 (87 %) en gestión compartida, con un programa nacional por Estado, y 797 (13 %) en gestión directa e indirecta. Cuatro prioridades: pesca sostenible, acuicultura, economía azul y gobernanza de los océanos. Al menos el 15 % para control y datos científicos.