Opositasuite

A2 · Bloque II · Unión Europea

Tema 15 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Las fuentes del derecho de la Unión Europea. Derecho originario. Derecho derivado: Reglamentos, directivas y decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.

Qué legislación entra en este tema

Estúdialo con un plan

Con tu cuenta gratuita, Opositasuite te dice qué artículos de este tema tocan cada día, te pregunta con tests y preguntas de exámenes oficiales y te avisa de lo que se te olvida.

Crear mi plan gratis

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

En este tema: arts. 288–299. Ver la norma

  1. Artículo 288

    Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptan reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado, pero deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La decisión es obligatoria en todos sus elementos y, si designa destinatarios, solo para estos. Recomendaciones y dictámenes no son vinculantes.

  2. Artículo 289

    El procedimiento legislativo ordinario es la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión (se define en el artículo 294). Es especial cuando, en casos específicos previstos por los Tratados, adopta uno con la participación del otro. Lo adoptado por procedimiento legislativo es acto legislativo. En casos específicos cabe hacerlo por iniciativa de un grupo de Estados miembros o del Parlamento, por recomendación del Banco Central Europeo o a petición del Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones.

  3. Artículo 290

    Un acto legislativo puede delegar en la Comisión poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen elementos no esenciales del propio acto; los esenciales no se delegan. El acto legislativo delimita de forma expresa objetivos, contenido, alcance y duración, y fija las condiciones, que podrán ser la revocación por el Parlamento Europeo o el Consejo o que el acto no entre en vigor si alguno formula objeciones en el plazo fijado. El Parlamento decide por mayoría de sus miembros y el Consejo por mayoría cualificada. El título lleva «delegado» o «delegada».

  4. Artículo 291

    Los Estados miembros adoptan todas las medidas de Derecho interno necesarias para ejecutar los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Si se requieren condiciones uniformes de ejecución, esos actos confieren competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los de los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al Consejo. El Parlamento Europeo y el Consejo fijan previamente, por reglamentos adoptados por el procedimiento legislativo ordinario, cómo controlan los Estados miembros a la Comisión. El título lleva «de ejecución».

  5. Artículo 292

    El Consejo adopta recomendaciones. Lo hace a propuesta de la Comisión cuando los Tratados dispongan que adopte actos a propuesta de la Comisión, y por unanimidad en los ámbitos en que se requiera la unanimidad para adoptar un acto de la Unión. La Comisión también adopta recomendaciones, y el Banco Central Europeo solo en los casos específicos previstos por los Tratados.

  6. Artículo 293

    Cuando el Consejo actúa a propuesta de la Comisión, solo puede modificar esa propuesta por unanimidad, salvo en los casos de los apartados 10 y 13 del artículo 294, de los artículos 310, 312 y 314 y del párrafo segundo del artículo 315. Mientras el Consejo no se haya pronunciado, la Comisión puede modificar su propuesta a lo largo de los procedimientos que conduzcan a la adopción de un acto de la Unión.

  7. Artículo 294

    Procedimiento legislativo ordinario: la Comisión propone; el Parlamento fija su posición en primera lectura; si el Consejo la aprueba, se adopta el acto, y si no, el Consejo adopta la suya. El Parlamento tiene tres meses para aprobarla, rechazarla o enmendarla (por mayoría de sus miembros). El Consejo tiene tres meses para las enmiendas; si no las aprueba todas, se convoca el Comité de Conciliación en seis semanas, que dispone de otras seis para un texto conjunto, y luego seis más para adoptarlo. Los plazos pueden ampliarse un mes y dos semanas.

  8. Artículo 295

    El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se consultan recíprocamente y organizan de común acuerdo cómo cooperan. Para ello, respetando los Tratados, pueden celebrar acuerdos interinstitucionales, que pueden tener carácter vinculante.

  9. Artículo 296

    Si los Tratados no fijan el tipo de acto, las instituciones lo deciden en cada caso según los procedimientos aplicables y el principio de proporcionalidad. Los actos jurídicos deben estar motivados y referirse a las propuestas, iniciativas, recomendaciones, peticiones o dictámenes previstos por los Tratados. Ante un proyecto de acto legislativo, el Parlamento Europeo y el Consejo no adoptarán actos no previstos por el procedimiento legislativo aplicable.

  10. Artículo 297

    Actos legislativos: los del procedimiento ordinario los firman los Presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo; los de un procedimiento especial, el Presidente de la institución que los adoptó. Se publican en el Diario Oficial y entran en vigor en la fecha que fijen o, en su defecto, a los veinte días de su publicación. Los actos no legislativos (reglamentos, directivas y decisiones sin destinatario) los firma el Presidente de la institución que los adoptó; las demás directivas y las decisiones con destinatario se notifican y surten efecto con la notificación.

  11. Artículo 298

    Las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyan, en el cumplimiento de sus funciones, en una administración europea abierta, eficaz e independiente. El Parlamento Europeo y el Consejo establecen las disposiciones correspondientes mediante reglamentos adoptados por el procedimiento legislativo ordinario, respetando el Estatuto y el régimen adoptados con arreglo al artículo 336.

  12. Artículo 299

    Los actos del Consejo, de la Comisión o del BCE que impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados son títulos ejecutivos. La ejecución forzosa se rige por las normas procesales civiles del Estado donde se haga; la orden de ejecución la consigna, comprobando solo la autenticidad del título, la autoridad nacional designada por cada Gobierno y comunicada a la Comisión y al Tribunal de Justicia. Solo el Tribunal de Justicia puede suspender la ejecución; el control de las medidas de ejecución corresponde a las jurisdicciones nacionales.

Constitución Española

En este tema: arts. 93–96. Ver la norma

  1. Artículo 93. Tratados que atribuyen competencias a organizaciones internacionales

    Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

  2. Artículo 94. Tratados que exigen autorización previa de las Cortes

    La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en cinco casos: tratados de carácter político; de carácter militar; los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I; los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública; y los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados.

  3. Artículo 95. Tratados contrarios a la Constitución

    La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

  4. Artículo 96. Los tratados internacionales en el ordenamiento interno

    Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Para la denuncia de los tratados se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

El Derecho de la Unión y sus políticas

En este tema: fichas 1–9. Ver las fichas

  1. La autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión: Van Gend & Loos y Costa/ENEL

    El Tribunal de Justicia afirmó la autonomía del Derecho de la Unión resolviendo cuestiones prejudiciales. Van Gend & Loos (5-2-1963, asunto 26/62, Tariefcommissie neerlandesa): la Comunidad es un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional cuyos sujetos son los Estados y también sus nacionales; crea obligaciones y derechos para los particulares. Costa/ENEL (15-7-1964, asunto 6/64, Giudice Conciliatore de Milán): el Tratado CEE creó un ordenamiento jurídico propio, integrado en el de los Estados, nacido de una fuente autónoma.

  2. La primacía del Derecho de la Unión

    Costa/ENEL (1964, asunto 6/64) estableció la primacía: los Estados no pueden oponer una medida unilateral posterior al ordenamiento comunitario, cuya fuerza no varía de un Estado a otro; la transferencia supone «una limitación definitiva de su soberanía». Alcance: todos los actos vinculantes de la UE frente a todos los actos nacionales, incluso posteriores (Simmenthal, 1978) y constitucionales (Internationale Handelsgesellschaft, 1970; Wünsche, 1984). No está en los Tratados: la recuerda la Declaración n.º 17 (Lisboa). La norma nacional contraria no se anula: se inaplica.

  3. La sentencia Simmenthal: el juez nacional inaplica la ley contraria

    Simmenthal (9-3-1978, asunto 106/77), cuestión prejudicial de la Pretura di Susa: el juez nacional debe aplicar íntegramente el Derecho comunitario y dejar sin aplicación toda disposición nacional contraria, «ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria» (ap. 21). Es incompatible negarle la facultad de descartarla en el momento de su aplicación (ap. 22). El fallo: la inaplica por su propia iniciativa, aunque sea posterior, sin solicitar ni esperar su derogación legislativa o por otro procedimiento constitucional. Francovich (1991) la cita como jurisprudencia reiterada.

  4. El efecto directo: la sentencia Van Gend & Loos

    Van Gend & Loos (5-2-1963, 26/62): la Tariefcommissie neerlandesa preguntó si el artículo 12 del Tratado CEE tenía «efecto interno» (arancel del 8 % a urea-formaldehído importada de Alemania). El Tribunal declaró que produce efectos directos y genera derechos individuales que los jueces nacionales deben proteger. Condiciones para el Derecho primario: obligaciones precisas, claras, incondicionales y sin medidas complementarias. Becker: sin efecto directo si hay margen de discrecionalidad, por mínimo que sea. Aspectos: vertical (frente al Estado) y horizontal (frente a otro particular).

  5. La aplicabilidad directa del reglamento y el efecto directo de los demás actos

    Actos del art. 288 TFUE: reglamento, directiva, decisión, recomendación y dictamen. El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable desde su entrada en vigor (la fecha que fije o, si no, el vigésimo día tras su publicación en el DOUE), sin transposición; tiene efecto directo si es claro, preciso y pertinente (Politi). Decisiones dirigidas a un Estado: solo efecto vertical (Hansa Fleisch). Acuerdos internacionales: criterios de Van Gend & Loos (Demirel). Dictámenes y recomendaciones: no vinculantes, sin efecto directo.

  6. El efecto directo de las directivas

    La directiva obliga al Estado destinatario en cuanto al resultado y deja la forma y los medios; exige transposición en plazo, con cooperación leal (art. 4.3 TUE). No es directamente aplicable, pero excepcionalmente tiene efecto directo si no se ha transpuesto o se transpuso mal, es incondicional, clara y precisa, y confiere derechos a los individuos; con las dos primeras, las autoridades deben tenerla en cuenta. Según EUR-Lex, lo estableció Van Duyn (1974). Solo vertical: ni el Estado la invoca contra un particular (Ratti) ni un particular contra otro (Faccini Dori).

  7. La responsabilidad del Estado por incumplimiento: la sentencia Francovich

    Francovich (19-11-1991, C-6/90 y C-9/90): Italia no había adaptado a tiempo su Derecho a la Directiva 80/987/CEE (trabajadores ante la insolvencia del empresario). Los trabajadores no podían invocarla contra el Estado, porque no precisaba quién prestaba la garantía, pero el Estado debe reparar los daños: su responsabilidad «es inherente al sistema del Tratado». Requisitos: derechos para particulares, identificables en la directiva, y causalidad. Se repara según el Derecho nacional, en condiciones no menos favorables. Para el Parlamento Europeo no hace falta probar falta.

  8. Las comunidades autónomas y la aplicación del Derecho de la Unión

    Según el preámbulo del RD 515/2013, la adhesión de 1986 integró el Derecho comunitario en nuestras fuentes, y la primacía, el efecto directo y la colaboración leal vinculan a todas las Administraciones. Ante las instituciones europeas responde el Reino de España; internamente, cada Administración según sus competencias, y la AGE puede repercutirle la responsabilidad. Base legal: LO 2/2012 (art. 8 y disposición adicional segunda), desarrollada por el RD 515/2013. La Junta desarrolla y ejecuta el Derecho de la Unión en sus materias (art. 235 del Estatuto).

  9. La repercusión de las responsabilidades por incumplimiento: el Real Decreto 515/2013

    El RD 515/2013 regula la repercusión de responsabilidades por incumplir el Derecho de la UE; es «una gran novedad» y no es sancionador. Asume la responsabilidad, en la parte imputable, quien con su acción u omisión cause que España sea sancionada (multas del art. 260 TFUE, correcciones financieras, minoración de fondos…). Supuestos: transposición tardía o incorrecta, normas contrarias, falta de ejecución de sentencias… Incumplimiento conjunto: mancomunada en porcentaje o, si no cabe, por partes iguales. Siempre de oficio; pago en dos meses; prescripción a los cuatro años.

¿Te sabes el tema 15?

Con tu plan gratis, Opositasuite te pregunta estos artículos con tests y preguntas de exámenes oficiales, y vuelve sobre los que fallas hasta que los dominas.

Crear mi plan y ponerme a prueba