Tema 23 del temario de Auxiliar Administrativo del SAS 2026

Artículo 1. Objeto y finalidad

Objeto: regular la contratación del sector público para garantizar libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, y no discriminación e igualdad de trato; y asegurar una eficiente utilización de los fondos mediante la definición previa de las necesidades, la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. También regula efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Los criterios sociales y medioambientales se incorporan de manera transversal y preceptiva si guardan relación con el objeto del contrato.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Son contratos del sector público, sometidos a la Ley, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades del artículo 3. Es oneroso el contrato en que el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, de forma directa o indirecta. También se sujetan los contratos subvencionados por poderes adjudicadores en los supuestos del artículo 23. A Comunidades Autónomas y Administración Local la Ley se aplica en los términos de la Disposición final primera. Las prestaciones se identifican con el Vocabulario común de contratos públicos (CPV).

Artículo 3. Ámbito subjetivo

Forman parte del sector público las entidades de las letras a) a l) del apartado 1, entre ellas las fundaciones públicas, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 por 100 y los fondos sin personalidad jurídica. Son Administraciones Públicas las de las letras a), b), c) y l) y los consorcios y entidades de derecho público del apartado 2.b). Son poderes adjudicadores las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las Mutuas, las entidades del apartado 3.d) y las asociaciones de todas ellas.

Artículo 4. Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos

Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en la sección de negocios y contratos excluidos quedan fuera del ámbito de la Ley y se rigen por sus normas especiales. Los principios de la Ley se aplican para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Artículo 5. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la Defensa y de la Seguridad

Quedan excluidos en defensa y seguridad: los convenios del ámbito del artículo 346 del TFUE; los contratos de obras, suministros y servicios comprendidos en la Ley 24/2011 y aquellos a los que esta no se aplique en virtud de su artículo 7; las concesiones de obras y de servicios en tres circunstancias (entre ellas, un programa de cooperación con al menos dos Estados miembros de la Unión Europea); y los contratos y convenios con procedimiento específico fijado por acuerdo o convenio internacional o por normas de una organización o institución financiera internacional.

Artículo 6. Convenios y encomiendas de gestión

Quedan excluidos los convenios cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos de la Ley o en normas administrativas especiales, celebrados entre sí por las Administraciones y entidades que cita, con tres condiciones: sin vocación de mercado (se presume si realizan en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración); cooperación para lograr objetivos comunes; y guiarse únicamente por el interés público. También se excluyen los convenios con personas sujetas al derecho privado y las encomiendas de gestión.

Artículo 7. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito internacional

Se excluyen de la Ley: los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional; los contratos que deban adjudicarse por un procedimiento específico establecido en un instrumento jurídico celebrado conforme al TFUE con uno o varios Estados no signatarios, para la ejecución o realización conjunta de un proyecto; y los contratos con procedimiento específico establecido por las normas de contratación de una organización internacional o institución financiera internacional, si están financiados íntegramente o mayoritariamente por esa institución.

Artículo 8. Negocios y contratos excluidos en el ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación

Los contratos de investigación y desarrollo quedan excluidos de la Ley. La excepción son los que, además de estar incluidos en los códigos CPV que el artículo enumera (desde el 73000000-2, servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos, hasta el 73430000-5, ensayo y evaluación), cumplen dos condiciones: que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad y que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador.

Artículo 9. Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio público y en el ámbito patrimonial

Se excluyen las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los del artículo 14, que se regulan por su legislación específica salvo que expresamente se declare aplicable la Ley. También la compraventa, donación, permuta, arrendamiento y negocios análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban calificarse como suministro o servicios: tienen siempre carácter de contratos privados y se rigen por la legislación patrimonial.

Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero

Están excluidos los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros en el sentido de la Directiva 2004/39/CE. También los servicios prestados por el Banco de España, las operaciones realizadas con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, y los contratos de préstamo y operaciones de tesorería, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros.

Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos

Quedan excluidos: la relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral; el servicio público cuya utilización requiera abonar una tarifa, tasa o precio público de aplicación general; los servicios de arbitraje y conciliación; los contratos por los que una entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio; los servicios relacionados con campañas políticas adjudicados por un partido político; y la prestación de servicios sociales por entidades privadas sin necesidad de celebrar contratos públicos.

Artículo 12. Calificación de los contratos

Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se califican de acuerdo con las normas de la propia sección. Los restantes contratos del sector público se califican según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.

Artículo 13. Contrato de obras

Es contrato de obras el que tiene por objeto ejecutar una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, realizar trabajos del Anexo I, o realizar por cualquier medio una obra con los requisitos fijados por la entidad contratante que ejerza una influencia decisiva en su tipo o proyecto. «Obra» es el resultado de trabajos de construcción o de ingeniería civil sobre un bien inmueble, y también modificar la forma o sustancia del terreno o su vuelo o mejorar el medio físico o natural. El contrato se refiere a una obra completa, salvo partes de utilización independiente con autorización.

Artículo 14. Contrato de concesión de obras

La concesión de obras tiene por objeto que el concesionario realice prestaciones del contrato de obras, incluidas la restauración y reparación de construcciones existentes y la conservación y mantenimiento de lo construido. La contraprestación es o bien únicamente el derecho a explotar la obra, o bien ese derecho acompañado del de percibir un precio. La explotación debe transferir al concesionario un riesgo operacional, de demanda, de suministro o ambos: no está garantizado que recupere las inversiones ni que cubra los costes.

Artículo 15. Contrato de concesión de servicios

En la concesión de servicios uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia. La contrapartida es bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato, bien ese derecho acompañado del de percibir un precio. El derecho de explotación implica transferir al concesionario el riesgo operacional, en los términos del apartado cuarto del artículo anterior.

Artículo 16. Contrato de suministro

Son contratos de suministro los de adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. No lo son los relativos a propiedades incorporales o valores negociables. Lo son en todo caso: las entregas sucesivas por precio unitario sin cuantía total exacta; los equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas (salvo los programas de ordenador a medida, que son servicios); los de fabricación; y la adquisición de energía primaria o transformada.

Artículo 17. Contrato de servicios

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro. Se incluyen aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No pueden ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

Artículo 18. Contratos mixtos

Contrato mixto es el que contiene prestaciones de otro u otros de distinta clase. Entre obras, suministros o servicios se atiende al carácter de la prestación principal; entre servicios y suministros, o servicios especiales del anexo IV y otros servicios, al mayor de los valores estimados. Con concesiones o con contratos ajenos a la Ley, si las prestaciones no son separables se atiende a la prestación principal. Si un elemento es una obra que supera los 50.000 euros debe elaborarse un proyecto; si hay elementos de concesión, estudio de viabilidad.

Artículo 19. Delimitación general

Son contratos sujetos a regulación armonizada los de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios cuyo valor estimado, calculado conforme al artículo 101, sea igual o superior a las cuantías de los artículos siguientes, siempre que la entidad contratante sea poder adjudicador; también los subvencionados del artículo 23. Cualquiera que sea su valor estimado quedan fuera, entre otros, los de programas audiovisuales o radiofónicos, los del sector de la defensa, los secretos o reservados, ciertos servicios jurídicos y el transporte de viajeros por ferrocarril o en metro.

Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos a una regulación armonizada: Umbral

Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.404.000 euros. Si la obra se adjudica por lotes separados y el valor acumulado de los lotes iguala o supera esa cantidad, las normas de la regulación armonizada se aplican a la adjudicación de cada lote. Los órganos de contratación pueden exceptuar los lotes de valor estimado inferior a un millón de euros, siempre que el importe acumulado de los exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor acumulado de todos.

Artículo 21. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: Umbral

Los contratos de suministro están sujetos a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a 140.000 euros cuando los adjudican la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (en el sector de la defensa, solo para los productos del anexo II), o a 216.000 euros en los demás suministros. Por lotes cuenta el valor acumulado; pueden exceptuarse los lotes de menos de 80.000 euros si lo exceptuado no sobrepasa el 20 por 100 del total.

Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral

Los contratos de servicios están sujetos a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a: 140.000 euros si adjudica la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; 216.000 euros si adjudican otras entidades del sector público; 750.000 euros en servicios sociales y otros servicios específicos del anexo IV. Por lotes cuenta el valor acumulado; pueden exceptuarse los lotes de menos de 80.000 euros si lo exceptuado no sobrepasa el 20 por 100 del total.

Artículo 23. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada

Son contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada los de obras y de servicios subvencionados de forma directa y en más de un 50 por 100 de su importe por poderes adjudicadores, si son: a) obras de ingeniería civil o de construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y de uso administrativo, de valor estimado igual o superior a 5.404.000 euros; b) servicios vinculados a esas obras, de valor estimado igual o superior a 216.000 euros.

Artículo 24. Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público

Artículo 25. Contratos administrativos

Son administrativos, si los celebra una Administración Pública: a) los de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios, salvo —que son privados— los de servicios financieros, creación e interpretación artística y literaria y espectáculos con los CPV indicados, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos; b) los declarados así por una Ley y los administrativos especiales. Se rigen por esta Ley y su desarrollo; supletoriamente, por el derecho administrativo y, en su defecto, el privado.

Artículo 26. Contratos privados

Son contratos privados: a) los de las Administraciones Públicas con objeto distinto de los del artículo 25.1 a) y b); b) los de poderes adjudicadores que no son Administración Pública; c) los de entidades del sector público que no son poder adjudicador. Los primeros se rigen en preparación y adjudicación por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo, y en efectos, modificación y extinción por el derecho privado. Los de la letra b), por el Título I del Libro Tercero; los de la c), por los artículos 321 y 322.

Artículo 27. Jurisdicción competente

Contencioso-administrativo: preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos; preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas, de los poderes adjudicadores que no son Administración Pública y de las entidades que no son poder adjudicador; recursos contra las resoluciones de los órganos del artículo 44 y del 321.5; y contratos subvencionados del artículo 23. Civil: efectos y extinción de los contratos privados y financiación privada de las concesiones.

El Servicio Andaluz de Salud y su red asistencial: niveles de atención y organizaciones específicas

El SAS se creó en 1986 por la Ley 8/1986, de 6 de mayo. Su misión es prestar atención sanitaria pública de calidad, con accesibilidad, equidad, satisfacción y eficiencia. Su marco de referencia son la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía y la Estrategia de Salud de Andalucía 2030. La red tiene tres partes. La atención primaria es el primer nivel, se organiza en distritos y cuenta con 1.517 centros. La atención hospitalaria es el segundo nivel: 5 hospitales regionales, 10 de especialidades, 19 comarcales y 16 de alta resolución. Las organizaciones específicas son las 16 áreas de gestión sanitaria y la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células. Salud Mental, Trasplantes y Urgencias tienen organización especial.

Del Plan Andaluz de Salud a la Estrategia de Salud de Andalucía 2030

Plan Andaluz de Salud: marco de referencia e instrumento indicativo de las actuaciones en salud en Andalucía. Lo elabora la Consejería de Salud, lo aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero y va al Parlamento para conocimiento y estudio. Planes: I (1994-1998), II (1999-2002), III (2003-2008) y IV (2013-2020, aprobado el 22-10-2013). El Acuerdo de 16-5-2023 formuló la ESA 2030 y cambió el nombre. ESA 2030: aprobada el 11-2-2026 (BOJA 12-2-2026), vigente 2026-2030 y prorrogable. Diseño, seguimiento y evaluación: Secretaría General de Humanización, Planificación y Calidad.

La ESA 2030: misión, visión, valores, principios rectores y líneas estratégicas

Misión de la ESA 2030: «Promover el bienestar integral con una atención sanitaria accesible, innovadora y sostenible, priorizando la prevención y la promoción de la salud». Visión: «Ser una organización sanitaria referente, centrada en las personas, que proporciona un servicio de alto valor basado en la excelencia y la universalidad». Ambas se definieron en una jornada participativa el 16 de octubre de 2023, con 22 personas expertas, y se elevaron al Comité Director. Tiene 11 valores (accesibilidad, calidad asistencial, transparencia, sostenibilidad, eficiencia, ética, humanización, corresponsabilidad, equidad, resiliencia y liderazgo). Entre sus principios rectores figuran One Health, Salud en todas las Políticas, Derecho a la salud digital, Perspectiva de género y Enfoque participativo. Se estructura en 4 líneas estratégicas, 14 objetivos, 3 palancas de cambio y 203 acciones.

La ESA 2030: objetivos de cada línea estratégica, palancas de cambio y gobernanza

La ESA 2030 tiene 14 objetivos en cuatro líneas estratégicas: LE1 promoción de la salud (4: conductas y entornos saludables, salud mental, autonomía y autocuidado, salud sexual), LE2 equidad (2: participación ciudadana y demanda con enfoque comunitario), LE3 cogobernanza (4: amenazas de salud pública, respeto y ética, valor añadido del SSPA, mortalidad prematura y evitable) y LE4 capacidad de respuesta (4: profesionales, flexibilidad, coordinación sociosanitaria, sostenibilidad). Tiene tres palancas transversales: transformación digital; formación, investigación e innovación; y evaluación. El Comité Director lo preside la persona titular de la Consejería. La Oficina Técnica de Evaluación y Seguimiento hace el informe anual al Parlamento y la memoria final (2030).

Estrategias de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud

La web del SAS, apartado «Planes y Estrategias», reúne los documentos con las políticas de la sanidad andaluza, su organización y gestión, y fija el marco de actuación y los objetivos generales del SAS. Los agrupa en tres bloques: Estrategias, Planes marco y Planes integrales. Siglas y vigencias clave: ESARA 2022-2026, ECSSPA, ESCA 2026-2030, ESA 2030, AVISTA, PEVA, Infancia y adolescencia 2023-2027, Sociosanitaria 2024-2027, Formación 2022-2025, Vida saludable 2024-2030, Seguridad Alimentaria 2018-2022. El portal de la Junta destaca además la EIISA 2026-2027 y los Planes de Salud Provinciales.

Planes marco y planes integrales del Servicio Andaluz de Salud

La web del SAS («Planes y Estrategias», actualizada el 23-6-2026) distingue dos bloques. Planes marco (6): genética, salud ambiental, urgencias y emergencias, humanización, Igualdad del SAS 2026-2029 y medicina personalizada y de precisión 2023-2027. Planes integrales (19): abordan los problemas de salud más prevalentes, relevantes o con especial carga sociofamiliar, con atención integral (prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación). Entre ellos están PAdAC, PACPA, PAFAE, PAPER, PESMA-A 2026-2029, PIATA (2025-2029), PISCA (en actualización) y PIRASOA.

El Contrato Programa Consejería-SAS 2025-2026: concepto, base legal, aprobación y estructura

El Contrato Programa Consejería de Salud y Consumo-SAS es un instrumento estratégico para una gestión sanitaria eficiente, transparente y orientada a resultados. Formaliza compromisos con objetivos, recursos y evaluación. Su base es el art. 8 de la Ley 7/2024, del Presupuesto de Andalucía para 2025. Lo aprobó una Orden de la Consejera de 3 de abril de 2025, con vigencia 2025-2026 y carácter programático. Tiene cuatro partes y un cuadro de mando de 46 indicadores: 27, 17 y 2.

El Contrato Programa 2025-2026: metas, objetivos operativos, seguimiento y contratos programa de los centros

El Contrato Programa Consejería-SAS 2025-2026 tiene tres metas: crecer en salud, recuperar la confianza de la ciudadanía en el Sistema Sanitario Público y recuperar el sentido de pertenencia de los profesionales. Fija 13 objetivos operativos (OB_1 a OB_13). Prevé un informe de seguimiento anual en el primer trimestre de 2026 sobre 2025. La evaluación final comienza en el último trimestre de 2026 y servirá de base para el Contrato Programa 2027-2030. Según el Decreto 189/2026, la Viceconsejería de Sanidad y Consumo fija las líneas estratégicas y hace el seguimiento y la evaluación. La Dirección Gerencia del SAS elabora propuestas.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias: competencias sanitarias, órganos directivos y entidades adscritas

Desde el Decreto del Presidente 9/2026, de 9 de julio, salud corresponde a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Su estructura la fija el Decreto 189/2026, de 30 de julio, que deroga el Decreto 168/2025. De la Viceconsejería de Sanidad y Consumo dependen dos Secretarías Generales con rango de Viceconsejería (Salud Pública y Promoción de la Salud; Humanización, Planificación y Calidad), la SGT de Sanidad y Consumo y las DG de Consumo y de Investigación, Innovación y Formación. Se le adscriben el SAS, el Instituto de Salud de Andalucía, la EASP (funcional) y la Fundación Progreso y Salud. FAISEM se adscribe a la SG de Humanización, Planificación y Calidad.

Principales funciones de los órganos sanitarios de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias

El Decreto 189/2026, de 30 de julio, reparte funciones entre los órganos sanitarios de la Consejería. La Viceconsejería de Sanidad y Consumo ejerce la jefatura superior tras la persona titular y se ocupa de la planificación, las prestaciones, el Consejo Interterritorial, el Fondo de Cohesión y la investigación biosanitaria. Salud Pública lleva la vigilancia, la Red de Alerta y la evaluación del impacto en salud. Humanización lleva los procesos asistenciales, el Plan de Humanización, la atención temprana y las Voluntades Vitales Anticipadas. Investigación tutela la EASP y la Fundación Progreso y Salud. Salud Digital lleva la Inspección y la autorización de farmacias y centros. Cuidados lleva las adicciones. Consumo, el arbitraje. La SGT, el presupuesto, el personal y la Igualdad.

El Servicio Andaluz de Salud en el Decreto 189/2026: naturaleza, atribuciones, órganos directivos y Dirección Gerencia

El SAS es una agencia administrativa del artículo 65 de la Ley 9/2007, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Tiene tres atribuciones: gestionar las prestaciones sanitarias, administrar sus instituciones, centros y servicios, y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros que se le asignen. Su cúpula es la Dirección Gerencia, con rango de Viceconsejería. De ella dependen cinco Direcciones Generales y la Asesoría Jurídica. El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe está adscrito funcionalmente al SAS.

Las Direcciones Generales del Servicio Andaluz de Salud

El Decreto 189/2026, de 30 de julio (arts. 25 a 29), atribuye a cada Dirección General del SAS las funciones del artículo 30 de la Ley 9/2007 y, entre otras, las siguientes. Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud: actividad asistencial, Estrategia de Cuidados, Mapas Sanitarios y de Urgencias, prestación farmacéutica, ortoprotésica y transporte sanitario, actividad concertada y reintegro de gastos. Recursos Económicos y Financieros, y Contratación: presupuesto, compras y logística integral, contratación provincial integrada y control interno económico. Personal: competencias, desempeño, carrera, selección y provisión, riesgos laborales, potestad disciplinaria, registro de profesionales y Planes de Ordenación de RR. HH. Transformación e Infraestructuras Sanitarias: Plan Estratégico de Inversiones, aprobación técnica de proyectos y obras. Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas: Estrategia de Salud Digital, ciberseguridad, protección de datos, interoperabilidad e inteligencia artificial.

La atención primaria (I): organización territorial y órganos de los distritos (Decreto 197/2007)

El Decreto 197/2007, de 3 de julio, regula la atención primaria del SAS. Se organiza en distritos (planificación operativa, dirección, gestión y administración), que integran zonas básicas de salud (marco territorial de acceso directo, delimitado por el Mapa de Atención Primaria de Salud), donde están los centros de atención primaria (centros de salud y consultorios locales y auxiliares). Cada distrito tiene cuatro órganos directivos unipersonales y, como asesores, la Comisión de Dirección (al menos mensual) y cinco Comisiones Técnicas.

La atención primaria (II): dispositivo de apoyo, servicios del distrito y unidades de gestión clínica

Cada distrito de atención primaria tiene unidades de gestión clínica y un dispositivo de apoyo con cinco servicios: Cuidados Críticos y Urgencias, Salud Pública, Farmacia, Desarrollo Profesional y Económico Financiero, y Atención a la Ciudadanía. Urgencias y Farmacia dependen de la Dirección de Salud y Ciudadanía de la Dirección Gerencia. La UGC tiene una dirección y una coordinación de cuidados de enfermería, ambas cargo intermedio. El acuerdo de gestión clínica lo autoriza la DGAS del SAS y dura 4 años renovables.

La atención hospitalaria y especializada: niveles, área hospitalaria y Juntas Facultativas y de Enfermería

Atención hospitalaria, 2.º nivel (Ley 2/1998): lo que no puede resolver la atención primaria. Según el SAS: Decreto 105/1986 y modificaciones del Decreto 462/1996. Área Hospitalaria: Hospital + Centros Periféricos de Especialidades; uno o varios Distritos. Junta Facultativa: depende de la Dirección Médica, la preside el Director Médico, secretario sin voto el Director Económico-Administrativo; 5 Áreas Funcionales, mínimo 3 vocales por área; terna de Director Médico en 2 meses máximo. Junta de Enfermería: depende de la Dirección de Enfermería, la preside el Director de Enfermería y propone su nombramiento. Ambas: 4 años.

Las Áreas de Gestión Sanitaria

Las Áreas de Gestión Sanitaria gestionan de forma unitaria, en una demarcación territorial, la atención primaria, la hospitalaria y la salud pública, con sus prestaciones y programas, para impulsar la coordinación y la continuidad asistencial. Su atención primaria se organiza según la norma de creación de cada Área (Decreto 197/2007; art. 57 Ley 2/1998). Hay 16: tres en Cádiz y Málaga, una en Almería y Huelva y dos en las demás. Su Gerencia dirige las UGC de salud mental y resuelve, por delegación, ciertas reclamaciones patrimoniales por daños materiales.

La salud mental en el Servicio Andaluz de Salud (Decreto 77/2008)

Decreto 77/2008, de 4 de marzo: salud mental del SAS en dos niveles. Atención primaria: primer contacto, atención si no hace falta especialista y derivación. Atención especializada: seis dispositivos, que son la unidad de salud mental comunitaria (dispositivo básico), hospitalización, infanto-juvenil, rehabilitación, hospital de día y comunidad terapéutica. La unidad de gestión clínica de salud mental es la responsable de la especializada; su dirección tiene rango de cargo intermedio. Según la web del SAS, se accede normalmente por derivación del médico de familia y la red colabora con FAISEM.

Trasplantes y urgencias: Coordinación Autonómica de Trasplantes y Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias

Trasplantes: la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía está integrada en la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Tiene estructura piramidal, con el Coordinador Autonómico Andaluz en el vértice, y se ubica en los Servicios Centrales del SAS, en Sevilla. Las 8 provincias forman 5 sectores: I Cádiz (Puerta del Mar); II Córdoba y Jaén (Reina Sofía); III Granada (Virgen de las Nieves); IV Málaga, Almería, Ceuta y Melilla (Regional de Málaga); V Sevilla y Huelva (Virgen del Rocío). Urgencias: el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias orienta la atención y resuelve más del 90% de los casos. El PODUE es el soporte de los planes operativos de los distritos. El Plan de Alta Frecuentación se activa en invierno y en verano.

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células y el Biobanco del SSPA

El Decreto 1/2013, de 8 de enero, crea el Biobanco del SSPA. Depende de la Consejería de salud y funciona como biobanco en red, con nodos. Tiene un comité científico externo (presidencia y al menos diez vocalías) y un comité ético externo, el Comité Coordinador de Ética de la Investigación de Andalucía. Lo gobierna un Consejo Rector presidido por la persona titular de la Consejería, que también nombra la dirección científica. El Decreto 49/2017, de 21 de marzo, constituye dentro del Biobanco la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células. La Red depende del SAS y tiene ocho nodos provinciales, los Centros de Transfusión, Tejidos y Células.

La delegación de competencias de la Dirección Gerencia del SAS (Resolución de 20 de enero de 2022)

La delegación general de competencias de la Dirección Gerencia del SAS está en la Resolución de 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22, de 2-2-2022). Revocó la de 2 de abril de 2013, y el Decreto 189/2026 (DT 3.ª) mantiene las delegaciones. Renombra las Plataformas de Logística Sanitaria como Centrales Provinciales de Compras. Contratación: DG de Gestión Económica y Servicios por debajo de 12 millones; gerencias de los 8 hospitales con Central y del 061. Responsabilidad patrimonial: daños exclusivamente materiales. Gasto: Direcciones Económico-Administrativas, hasta 3 millones.