Tema 57 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Concepto, notas y clasificaciones de los ingresos públicos

Los ingresos públicos son cantidades de dinero que percibe un ente público para financiar su gasto y atender necesidades públicas. Notas (tema 2 de Arranz): son siempre dinero (en especie solo si está previsto), los percibe un ente público (lo «público» es el titular, no el régimen) y financian el gasto. Se clasifican por régimen jurídico (público o privado), por origen, por el ente que los percibe y por periodicidad (ordinarios y extraordinarios). Entre los de Derecho público, los tributarios son los de más volumen.

Ingresos de Derecho privado, de monopolio y transferencias

Ingresos patrimoniales: proceden de la explotación y enajenación de los bienes patrimoniales (los no afectados al uso general o al servicio público), e incluyen herencias, legados y sucesiones. Si el Estado participa como accionista en sociedades privadas, los beneficios que percibe son ingresos de Derecho privado. Del monopolio derivan ingresos tributarios, patrimoniales y monopolísticos en sentido estricto (Sainz de Bujanda). Las transferencias, entregas de dinero entre entes, comprenden participaciones en tributos y subvenciones.

El tributo: notas características, coactividad y fines

El tributo es el ingreso de Derecho público más característico (art. 2.1 LGT): prestación pecuniaria exigida por una Administración por realizar el supuesto al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de sostener el gasto público. Es obligación pecuniaria, a favor de un ente público, nacida del hecho imponible definido por ley. Rasgos: coactividad (obligación ex lege) y fundamento en la capacidad económica. Especies: impuesto, tasa y contribución especial, diferenciadas por el hecho imponible.

El impuesto y sus clases

Impuestos (art. 2.2.c LGT): tributos sin contraprestación cuyo hecho imponible pone de manifiesto la capacidad económica. Son el tributo más sofisticado, más usado y de más recaudación. Clases: directos (renta, patrimonio) e indirectos (consumo); instantáneos (se agotan) y periódicos (tracto sucesivo por períodos); objetivos (no atienden a circunstancias personales y familiares) y subjetivos (sí); reales (cada manifestación por separado) y personales (acumulan en un sujeto). También fiscales y extrafiscales.

La tasa y la contribución especial

Tasa: tributo por uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, o por servicios o actividades en régimen de Derecho público que afecten o beneficien de modo particular al obligado, si no son de solicitud o recepción voluntaria o no los presta el sector privado. Su núcleo es una actividad administrativa provocada por el particular; el servicio debe prestarse efectivamente (si no, por causa no imputable, se devuelve) y su importe no puede superar el coste. Contribución especial: beneficio o aumento de valor por obras o servicios públicos.

El precio público y las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias

El precio público es un ingreso de Derecho público no tributario (art. 24 Ley 8/1989): contraprestación por servicios o actividades en régimen de Derecho público que, prestándose también por el sector privado, son de solicitud voluntaria. Frente a la tasa: es ex contractu, no ex lege; no le son aplicables los principios tributarios (reserva de ley, capacidad económica); y debe cubrir como mínimo los costes, mientras que el coste es el máximo de la tasa. La STC 185/1995 anuló parte de su regulación original.

Los ingresos crediticios: la Deuda pública

Los ingresos crediticios proceden de operaciones de crédito en que el prestatario es un ente público. El artículo 135.3 CE exige autorización por ley al Estado y a las Comunidades para emitir deuda o contraer crédito; el pago de intereses y capital tiene prioridad absoluta. Maastricht fijó el límite del 60 % del PIB. Según la fuente, la Deuda es un contrato real, unilateral, de Derecho público. Por plazo: Letras del Tesoro (hasta doce meses), Bonos (hasta cinco años) y Obligaciones (más de cinco).

El poder tributario del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales

Según la sinopsis del artículo 133 CE, Estado, Comunidades Autónomas y entes locales son titulares del poder financiero, pero no con la misma naturaleza. Sainz de Bujanda distinguió el poder originario del Estado y el derivado de Comunidades y entes locales; Cazorla Prieto, Martín Queralt y Lozano Serrano ven desfasado ese debate; Ferreiro Lapatza considera originario el del Estado y las Comunidades y derivado el local. Los tres sistemas forman un todo unitario y coordinado.

Los impuestos estatales y la recaudación tributaria

La sinopsis del artículo 31 CE enumera las leyes de los principales impuestos estatales (IRPF, No Residentes, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, IVA, Especiales, Transmisiones Patrimoniales y AJD, Transacciones Financieras y el temporal de solidaridad de las grandes fortunas), más la Ley de Tasas y Precios Públicos y los regímenes especiales. Según la AEAT, en 2025 los ingresos tributarios llegaron a 325.356 millones, un 10,4 % más que en 2024.

Los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas

Las Comunidades de régimen común se financian según la Ley 22/2009 y cuentan con tributos estatales cedidos: Transmisiones Patrimoniales y AJD, Sucesiones y Donaciones, juego, tasas de servicios transferidos, Medios de Transporte, el 50 % del IRPF (tarifa autonómica), el 50 % del IVA, el 58 % de los Especiales de Fabricación y el 100 % de la Electricidad. La Ley 14/1996 les dio por primera vez competencias normativas, ampliadas por la Ley 21/2001. El juego es el cedido con más capacidad normativa.

Los tributos propios de las Comunidades Autónomas y los recargos

Las Comunidades pueden establecer tributos propios con los límites del artículo 157.2 CE y de la LOFCA, pero su recurso principal es la cesión de tributos estatales. Según Medidas 2025, todas las de régimen común salvo Madrid tienen impuestos propios: sobre el agua, emisión de gases, tierras en deficiente aprovechamiento (Andalucía y Asturias) y bolsas de plástico (solo Andalucía). Si el Estado grava el mismo hecho imponible, la Comunidad debe dejar sin efecto el suyo, con compensación (art. 6.2 LOFCA).

Los tributos locales en el sistema tributario

Los entes locales tienen autonomía financiera (art. 142 CE) y pueden establecer y exigir tributos, pero no crearlos ex novo: carecen de potestad legislativa. La ley, estatal o autonómica, fija hecho imponible y sujeto pasivo, y la corporación decide su entrada en vigor y los reglamenta. Sus tributos propios son tasas, contribuciones especiales e impuestos, más recargos. Son obligatorios tres impuestos (Bienes Inmuebles, Actividades Económicas y Vehículos de Tracción Mecánica) y potestativos dos (Construcciones e Incremento de Valor de los Terrenos).

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La LGT fija los principios y normas generales del sistema tributario español y se aplica a todas las Administraciones tributarias (art. 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª CE), sin perjuicio del Convenio de Navarra y del Concierto Económico del País Vasco. También rige las actuaciones de asistencia mutua con la UE, convenios para evitar la doble imposición u otros convenios internacionales; la asistencia mutua puede incluir actuaciones ante obligados tributarios y participa de la naturaleza de las relaciones internacionales (art. 149.1.3.ª CE).

Artículo 2. Concepto, fines y clases de los tributos

Los tributos son ingresos públicos consistentes en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública por realizarse el supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de sostener los gastos públicos; también pueden servir a la política económica general. Se clasifican en tasas (uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, o servicios o actividades de derecho público), contribuciones especiales (beneficio o aumento de valor por obras o servicios públicos) e impuestos (sin contraprestación, por capacidad económica).

Artículo 3. Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario

La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad; se prohíbe cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que minore la deuda devengada. La aplicación del sistema se basa en proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos de las obligaciones formales, respetando los derechos y garantías de los obligados.

Artículo 4. Potestad tributaria

La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las comunidades autónomas y las entidades locales pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Las demás entidades de derecho público solo pueden exigir tributos cuando una ley así lo determine.

Artículo 5. La Administración tributaria

La Administración tributaria la integran los órganos y entidades de derecho público que ejercen las funciones de los títulos III a VII de la ley. En el Estado, aplicación de tributos, potestad sancionadora y revisión corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda salvo encomienda legal; según su ley de creación, corresponden a la AEAT, salvo la nulidad de pleno derecho (art. 217) y las reclamaciones económico-administrativas. CCAA y entidades locales ejercen sus competencias según su normativa; la asistencia mutua es de la AEAT. Caben acuerdos y fórmulas de colaboración.

Artículo 6. Impugnabilidad de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones

El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones tienen carácter reglado, no discrecional, y pueden impugnarse tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, en los términos que establezcan las leyes.

Artículo 7. Fuentes del ordenamiento tributario

Los tributos se rigen, por este orden, por la Constitución; los tratados o convenios con cláusulas tributarias (en especial los de doble imposición, art. 96 CE); las normas de la UE y otros organismos con competencias atribuidas (art. 93 CE); la LGT, las leyes de cada tributo y demás leyes tributarias; y los reglamentos de desarrollo y, en lo local, las ordenanzas fiscales. En el Estado, el Ministro de Hacienda dicta disposiciones de desarrollo por orden ministerial cuando lo prevea la ley o reglamento. Son supletorios el derecho administrativo general y el derecho común.

Artículo 8. Reserva de ley tributaria

Deben regularse siempre por ley, entre otros: los elementos que determinan la cuantía de la deuda (hecho imponible, devengo, bases, tipo) y las presunciones sin prueba en contrario; los pagos a cuenta y su importe máximo; obligados y responsables; los beneficios fiscales; recargos e intereses de demora; plazos de prescripción y caducidad y causas de interrupción de la prescripción; infracciones y sanciones; la obligación de declarar; la condonación, moratorias y quitas; los actos reclamables en vía económico-administrativa; y las intervenciones permanentes.

Artículo 9. Identificación y derogación expresa de las normas tributarias

Las leyes y reglamentos con normas tributarias deben mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes. Las leyes y reglamentos que modifiquen normas tributarias deben contener una relación completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas.

Artículo 10. Ámbito temporal de las normas tributarias

Salvo que dispongan otra cosa, las normas tributarias entran en vigor a los veinte días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda y se aplican por plazo indefinido, salvo que fijen uno determinado. Salvo disposición contraria, no son retroactivas: se aplican a los tributos sin período impositivo devengados desde su entrada en vigor y a los demás cuyo período se inicie desde entonces. Las normas sobre infracciones, sanciones y recargos son retroactivas para actos no firmes si resultan más favorables.

Artículo 11. Criterios de sujeción a las normas tributarias

Los tributos se aplican según los criterios de residencia o territorialidad que establezca la ley en cada caso. A falta de previsión legal, los tributos de carácter personal se exigen según el criterio de residencia y los demás según el criterio de territorialidad más adecuado a la naturaleza del objeto gravado.

Artículo 12. Interpretación de las normas tributarias

Las normas tributarias se interpretan según el art. 3.1 del Código Civil; los términos no definidos por la normativa tributaria se entienden en su sentido jurídico, técnico o usual. En el Estado, dictan disposiciones interpretativas el Ministro y los órganos del art. 88.5: las del Ministro obligan a todos los órganos de la Administración Tributaria; las de esos órganos vinculan a los encargados de aplicar los tributos. Se publican en el boletín oficial y pueden someterse a información pública antes de dictarse.

Artículo 13. Calificación

Las obligaciones tributarias se exigen según la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, con independencia de la forma o denominación que le hayan dado los interesados y prescindiendo de los defectos que puedan afectar a su validez.

Artículo 14. Prohibición de la analogía

No se admite la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible ni el de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales.

Artículo 15. Conflicto en la aplicación de la norma tributaria

Hay conflicto en la aplicación de la norma cuando se evita el hecho imponible o se minora la base o la deuda con actos o negocios notoriamente artificiosos o impropios para el resultado y sin efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal. Para declararlo, la Administración necesita el previo informe favorable de la Comisión consultiva (art. 159). En la liquidación se aplica la norma de los actos usuales o se eliminan las ventajas obtenidas, con intereses de demora.

Artículo 16. Simulación

Cuando hay simulación, se grava el hecho imponible efectivamente realizado por las partes. La simulación la declara la Administración tributaria en el correspondiente acto de liquidación, y esa calificación solo produce efectos tributarios. En la regularización se exigen intereses de demora y, en su caso, la sanción pertinente.

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Delimitación del ámbito de aplicación de la Ley

La Ley 8/1989 no se aplica a cuatro supuestos: a) las cotizaciones a la Seguridad Social y las de naturaleza idéntica que se recauden conjuntamente con ellas; b) la contraprestación por actividades y servicios de Entidades u Organismos públicos que actúen según normas de derecho privado; c) los recursos de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, que siguen su legislación específica; y c) [sic] las tarifas que los usuarios abonan a concesionarios de obras y servicios conforme a la legislación de contratos del sector público, que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias.

Artículo 3. Medidas Presupuestarias

Los recursos de la Ley del Estado y sus Organismos autónomos se ingresan en las cajas del Tesoro Público o en cuentas bancarias autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. Los derechos de otros Entes se rigen por sus propias normas de recaudación, custodia e ingreso. El rendimiento se aplica íntegramente al Presupuesto de ingresos, sin detracción ni minoración, salvo lo dispuesto en el artículo 12. El Ministro de Economía y Hacienda puede proponer al Gobierno o al Ministro del ramo el establecimiento y la actualización de estos ingresos.

Artículo 4. Responsabilidades

Las autoridades, funcionarios públicos, agentes o asimilados que, de forma voluntaria y culpable, exijan indebidamente una tasa o precio público, o lo exijan en cuantía mayor que la establecida, cometen falta disciplinaria muy grave. Esto no excluye otras responsabilidades. Si de la misma forma dictan resoluciones o realizan actos que infrinjan esta Ley y las demás normas de la materia, deben además indemnizar a la Hacienda Pública por los perjuicios causados.

Artículo 5

Artículo 6. Concepto

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible puede ser: 1) la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público; o 2) la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. En este segundo caso, además, ha de darse una de estas dos condiciones, unidas por «o»: que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios, o que no se presten o realicen por el sector privado.

Artículo 7. Principio de equivalencia

Artículo 8. Principio de capacidad económica

Al fijar las tasas debe tenerse en cuenta la capacidad económica de las personas obligadas a pagarlas. Esta exigencia no es absoluta: solo opera «cuando lo permitan las características del tributo». Hay que retener tres elementos: el momento (la fijación de las tasas), el criterio (la capacidad económica), el sujeto (las personas que deben satisfacerlas) y la condición (que lo permitan las características del tributo).

Artículo 9. Fuentes normativas de las tasas

Las tasas se rigen por este orden: a) los Tratados o Convenios Internacionales con cláusulas sobre tasas, publicados oficialmente en España; b) la propia Ley 8/1989, la Ley General Tributaria y la Ley General Presupuestaria, en cuanto no preceptúen lo contrario; c) en su caso, la Ley propia de cada tasa; d) las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de estas Leyes. La Ley 8/1989 se aplica supletoriamente a la legislación de tasas de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales.

Artículo 10. Establecimiento y regulación

El establecimiento de las tasas y la regulación de los elementos esenciales de cada una deben hacerse con arreglo a Ley. Los elementos esenciales son los que la propia Ley 8/1989 determina en el capítulo siguiente. Las cuantías exigibles para cada tasa pueden concretarse mediante norma reglamentaria solo cuando lo autorice una Ley y con subordinación a los criterios o elementos de cuantificación que esa Ley determine.

Artículo 11. Previsión presupuestaria

Artículo 12. Devolución

Artículo 13. Hecho imponible

El artículo 13 permite establecer tasas por servicios o actividades prestados en régimen de Derecho público. Los enumera en catorce letras: licencias y autorizaciones; certificados a instancia de parte; legalización de libros; actuaciones técnicas; examen de proyectos y homologaciones; valoraciones; inscripciones en Registros; servicios académicos, portuarios, aeroportuarios y sanitarios; controles aduaneros; participación en oposiciones y pruebas de aptitud; potestad jurisdiccional civil, contencioso-administrativa y social; y una cláusula general final.

Artículo 14. Aplicación territorial

Las tasas por servicios o actividades públicos se exigen por el mero hecho de que el servicio se preste o la actividad se realice. Para exigirlas no importa el lugar: aunque el servicio se preste o la actividad se realice fuera del territorio nacional, la tasa sigue siendo exigible. El dato que hay que retener es que el elemento determinante es la prestación o realización, no el lugar.

Artículo 15. Devengo

Según la naturaleza de su hecho imponible, las tasas pueden devengarse: a) cuando se conceda la utilización privativa o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del servicio o la actividad, pudiendo exigirse su depósito previo; o b) cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará ni tramitará sin el pago. En las tasas de devengo periódico, notificada la liquidación del alta en el registro, padrón o matrícula, las sucesivas liquidaciones pueden notificarse colectivamente mediante anuncios en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 16. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de las tasas las personas físicas o jurídicas que se benefician de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público. También lo son aquellas a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus bienes, los servicios o actividades públicos que constituyen el hecho imponible. En su caso, también lo son las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades sin personalidad jurídica que formen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición.

Artículo 17. Responsables

El artículo 17 fija dos supuestos de responsabilidad en las tasas, sin perjuicio de lo que prevea la Ley General Tributaria sobre responsabilidad y garantías de la deuda tributaria. 1) Responden solidariamente las Entidades o Sociedades aseguradoras de riesgos que motiven actuaciones o servicios administrativos constitutivos del hecho imponible. 2) En las tasas por servicios o actividades que beneficien a usuarios u ocupantes de viviendas, naves, locales o inmuebles en general, son responsables subsidiarios los propietarios de esos inmuebles.

Artículo 18. Exenciones y bonificaciones

Regla general: en materia de tasas no se admite ningún beneficio tributario (exenciones, bonificaciones). Solo hay dos excepciones: los beneficios a favor del Estado y de los demás Entes públicos territoriales o institucionales, y los que deriven de Tratados o Acuerdos Internacionales. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8 de la Ley.

Artículo 19. Elementos cuantitativos de la tasa

Tasas por uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público: se fijan con referencia al valor de mercado o al de la utilidad derivada. Tasas por servicios o actividades: en conjunto no pueden exceder del coste real o previsible o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. Ese coste incluye los costes directos e indirectos, los financieros, la amortización del inmovilizado y, en su caso, el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio, con independencia del presupuesto que los pague. La cuota puede ser una cantidad fija, un tipo de gravamen sobre una base imponible o ambos. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado pueden modificar la cuantía.

Artículo 20. Memoria económico-financiera

Toda propuesta de nueva tasa o de modificación específica de la cuantía de una existente debe incluir, entre sus antecedentes y estudios previos, una memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad y sobre la justificación de la cuantía. Si falta, son nulas de pleno derecho las disposiciones reglamentarias que fijen las cuantías. Si el uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público causa destrucción o deterioro no previsto en la memoria, el sujeto pasivo, además de pagar la tasa, reintegra el coste total de reconstrucción o reparación. Si los daños son irreparables, indemniza el valor de lo destruido o el importe del deterioro.

Artículo 21. Pago

Artículo 22. Gestión

La gestión de las tasas corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda, sin perjuicio de la normativa de la Hacienda de las Comunidades Autónomas y demás Haciendas Territoriales o de las Leyes de cada tasa. Reglamentariamente, según la naturaleza de cada tasa, pueden participar en la gestión tributaria otros Departamentos, Entes u Organismos. Siempre se aplican los principios y procedimientos de la Ley General Tributaria: liquidaciones, recaudación, inspección y revisión en vía administrativa.

Artículo 23. Autoliquidación

Los sujetos pasivos de las tasas deben hacer dos cosas: practicar la autoliquidación tributaria y realizar el ingreso de su importe en el Tesoro. Esta obligación no es general ni automática. Solo existe «cuando así se prevea reglamentariamente», es decir, cuando una norma reglamentaria la establezca para la tasa de que se trate.

Artículo 24. Concepto

El artículo 24 define los precios públicos. Son las contraprestaciones pecuniarias que se pagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público, siempre que se cumplan a la vez dos requisitos. Primero, que esos servicios o actividades los preste también el sector privado. Segundo, que sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

Artículo 25. Cuantía

Los precios públicos se fijan a un nivel que cubra, como mínimo, los costes económicos de la actividad o servicio, o a un nivel equivalente a la utilidad que se deriva de ellos. Pueden fijarse por debajo de esos parámetros cuando lo aconsejen razones sociales, benéficas, culturales o de interés público. En ese caso deben adoptarse antes las previsiones presupuestarias oportunas para cubrir la parte del precio subvencionada.

Artículo 26. Establecimiento y modificación

La cuantía de los precios públicos se establece o modifica por dos vías: a) por Orden del Departamento ministerial del que dependa el órgano que ha de percibirlos, a propuesta de este; b) directamente por los organismos públicos, previa autorización de su Departamento ministerial. Toda propuesta debe acompañarse de una memoria económico-financiera que justifique el importe propuesto y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes.

Artículo 27. Administración y cobro de los precios públicos

La administración y el cobro de los precios públicos corresponden a los Departamentos y organismos públicos que hayan de percibirlos. Pueden exigirse desde que se inicia la prestación del servicio. Se pagan en efectivo o con efectos timbrados, y cabe exigir anticipo o depósito previo, total o parcial. Si el servicio no se presta por causa no imputable al obligado, procede la devolución o, en espectáculos, el canje de entradas si es posible. Las deudas admiten la vía de apremio. Supletoriamente rige la Ley General Presupuestaria.