LGUM
Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado
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Crear cuenta gratis- Art. 1ObjetoLa Ley 20/2013 tiene por objeto hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional. En particular, busca garantizar la integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento de economías de escala y alcance. Lo hace mediante el libre acceso, ejercicio y expansión de las actividades económicas en todo el territorio nacional, con su adecuada supervisión, conforme al artículo 139 de la Constitución. La unidad de mercado se fundamenta en tres pilares: la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos; la libre circulación de bienes y servicios, que ninguna autoridad puede obstaculizar directa ni indirectamente; y la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica.
- Art. 2Ámbito de aplicaciónLa LGUM se aplica al acceso a las actividades económicas que se prestan en condiciones de mercado y también a su ejercicio. Los destinatarios son los operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional. Hay una única exclusión expresa: las materias del ámbito tributario quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley.
- Art. 3Principio de no discriminaciónEl artículo 3 fija el principio de no discriminación. Apartado 1: todos los operadores económicos tienen los mismos derechos en todo el territorio nacional y ante todas las autoridades competentes, sin discriminación por el lugar de residencia o establecimiento. Apartado 2: ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad sobre el acceso o el ejercicio de actividades económicas puede contener condiciones ni requisitos cuyo efecto directo o indirecto sea discriminar por establecimiento o residencia del operador económico.
- Art. 4Principio de cooperación y confianza mutuaLas autoridades competentes deben cooperar a través de los instrumentos del capítulo III para aplicar de forma uniforme los principios del capítulo y supervisar a los operadores. En sus relaciones rige la confianza mutua: respetan las competencias legítimas de otras autoridades, reconocen sus actuaciones y ponderan todos los intereses públicos y la libre circulación y establecimiento. Si las normas de distintos lugares fijan un estándar de protección equivalente, aunque tengan diferencias técnicas o metodológicas, el operador legalmente establecido en cualquier parte puede ejercer en todo el territorio nacional.
- Art. 5Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentesSi una autoridad competente limita el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o exige requisitos para desarrollarla, debe motivar su necesidad en alguna razón imperiosa de interés general de las del artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. El límite o requisito debe guardar relación con esa razón y ser proporcionado: que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador. En las profesiones reguladas, necesidad y proporcionalidad se evalúan conforme al Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, que incorpora la Directiva (UE) 2018/958.
- Art. 6Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional
- Art. 7Principio de simplificación de cargasEl artículo 7 obliga a que la intervención de las distintas autoridades competentes cumpla dos garantías: no generar un exceso de regulación o duplicidades, y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no suponga para el operador mayores cargas administrativas que las que se generarían con la intervención de una única autoridad. La referencia que hay que retener es esa: la carga de una sola autoridad.
- Art. 8Principio de transparenciaTodas las autoridades competentes deben actuar con transparencia con dos fines: la correcta aplicación de la Ley 20/2013 y la detección temprana de obstáculos a la unidad de mercado. Además, cada autoridad competente debe asegurarse de dos cosas sobre las disposiciones y actos recogidos en el artículo 9.2: que sean fácilmente accesibles y que cumplan la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- Art. 9Garantía de las libertades de los operadores económicosTodas las autoridades competentes deben velar, en su ámbito de actuación (actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención), por cinco principios: no discriminación; cooperación y confianza mutua; necesidad y proporcionalidad; simplificación de cargas; y transparencia. Deben garantizar su cumplimiento en seis bloques: a) disposiciones generales sobre actividades económicas; b) autorizaciones, licencias, concesiones y sus requisitos, y la potestad sancionadora o autorizadora en materia económica; c) documentación de contratos públicos, incluidos pliegos y cláusulas; d) actos de aplicación y sus procedimientos; e) estándares de calidad y actos que acrediten su cumplimiento; f) cualquier otro acto, resolución o procedimiento que afecte a los operadores económicos.
- Art. 10Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de NegociosLa Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios es el órgano de cooperación administrativa que sigue la aplicación de la LGUM. La preside la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Asisten los titulares de las Secretarías de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de Política Territorial, los Consejeros de economía de las CCAA, Ceuta y Melilla y un representante de la Administración local. Su Secretaría la designa la presidencia y asume también las funciones de Secretaría para la Unidad de Mercado. Tiene nueve funciones (letras a a i).
- Art. 11Funciones de la Secretaría para la Unidad de MercadoLa Secretaría para la Unidad de Mercado es el órgano técnico de coordinación y cooperación continua con las autoridades competentes para aplicar la ley. Tiene nueve funciones (letras a–i): supervisar la aplicación de la ley y la adaptación normativa, gestionar el Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias, difundir doctrina y jurisprudencia en una página web, gestionar los mecanismos de protección de operadores del capítulo VII, formar, articular la cooperación, elaborar un informe (que aprueba la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios), elaborar guías con los puntos de contacto y redactar una memoria anual.
- Art. 12Cooperación en el marco de las conferencias sectorialesLas conferencias sectoriales son el foro donde las autoridades competentes analizan y proponen las modificaciones normativas necesarias para cumplir la LGUM. Pueden contar con la contribución de los operadores económicos, mediante consulta a sus entidades representativas, para detectar distorsiones. Analizan los requisitos de acceso y ejercicio de la actividad económica, así como los de distribución y comercialización de productos. Impulsan reformas como: a) modificación, derogación o refundición de normas; b) estándares de regulación sectorial; c) planes de actuación. La Secretaría para la Unidad de Mercado colabora con sus secretarías, en particular para difundir los obstáculos de los arts. 26 y 28. Rigen la Ley 40/2015 y el reglamento interno de cada conferencia.
- Art. 13Información a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos EconómicosDos Ministerios, el de Política Territorial y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, deben informar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La información versa sobre dos materias: el desarrollo y aplicación de la Ley 20/2013 y los trabajos realizados en la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios y en las conferencias sectoriales.
- Art. 14Cooperación en la elaboración de proyectos normativosCinco reglas de cooperación normativa. 1) La red de puntos de contacto del artículo 26.4 podrá intercambiar información sobre proyectos normativos con incidencia en la unidad de mercado. 2) Según el artículo 148.2.a) de la Ley 40/2015, las conferencias sectoriales serán informadas, a través de su pleno o de la comisión o grupo de trabajo que corresponda, de los anteproyectos de leyes y proyectos de reglamentos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno autonómicos. Lo serán cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de otras Administraciones, cuando lo prevea la normativa sectorial y, en especial, cuando puedan afectar a la unidad de mercado. 3) La publicación de proyectos se ajusta al artículo 7 de la Ley 19/2013. 4) La memoria de análisis de impacto (artículo 26 de la Ley 50/1997) valorará el impacto en la unidad de mercado, en particular la necesidad y proporcionalidad del artículo 5. 5) Operadores, asociaciones, colegios y Consejos Generales podrán pronunciarse en la consulta, audiencia e información pública.
- Art. 15Evaluación periódica de la normativaLas Administraciones Públicas, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 39/2015, revisarán periódicamente su normativa vigente. El fin es adaptarla a los principios de buena regulación y comprobar si ha conseguido sus objetivos y si el coste y las cargas estaban justificados y bien cuantificados. En esas evaluaciones, las autoridades competentes valorarán el impacto en la unidad de mercado. Las conferencias sectoriales impulsarán la evaluación periódica en sus materias, en el marco del artículo 12. La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios podrá impulsar la evaluación de un sector económico concreto si se detectan obstáculos, conforme al artículo 10.
- Art. 16Libre iniciativa económicaEl acceso a las actividades económicas y también su ejercicio son libres en todo el territorio nacional. Solo caben límites por tres vías: lo establecido en la propia Ley 20/2013, lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea, o lo previsto en tratados y convenios internacionales. Fuera de esas fuentes no se admite ninguna limitación.
- Art. 17Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidadAutorización solo con necesidad y proporcionalidad motivadas en la ley que la establezca (norma inferior si la exige norma comunitaria o tratado). Casos: a) orden, seguridad o salud públicos o medio ambiente en el lugar concreto, y b) instalaciones que puedan dañar medio ambiente, entorno urbano, seguridad, salud o patrimonio histórico-artístico, ambos solo si no basta declaración responsable o comunicación; c) operadores limitados; d) normativa UE o tratados. Registro habilitante no de oficio = autorización. Declaración responsable y comunicación, por razón imperiosa de interés general. Un único medio.
- Art. 18Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulaciónCada autoridad competente debe asegurarse de que sus medidas, límites o requisitos no creen ni mantengan obstáculos a la unidad de mercado. Incumplen el Capítulo II los actos que contengan: a) requisitos discriminatorios por residencia o establecimiento (domicilio o establecimiento físico en el territorio, residencia u operación previa, inscripción previa en registro, residencia del personal o propietarios, curso de formación en el territorio); b) requisitos discriminatorios para ventajas económicas, salvo razón imperiosa de interés general y proporcionalidad; c) seguros o garantías adicionales a los del lugar de origen o con prestador local; d) requisitos económicos o intervención de competidores (art. 10 e) y f) Ley 17/2009); e) obligación de haber invertido en el territorio.
- Art. 19Libre iniciativa económica en todo el territorio nacional
- Art. 20Eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas
- Art. 21Autoridad competente en la supervisión de los operadoresLas autoridades competentes supervisan las actividades económicas garantizando la libertad de establecimiento, la libre circulación y los principios de la Ley. Si la competencia de supervisión y control no es estatal, la autoridad de origen controla el cumplimiento de los requisitos de acceso a la actividad y la autoridad de destino controla su ejercicio (la letra c está anulada). Si la autoridad de destino detecta que se incumplen requisitos de acceso, normas de producción o requisitos del producto, lo comunica a la de origen, que adopta las medidas oportunas, incluidas las sancionadoras.
- Art. 22Artículo 22
- Art. 23Artículo 23
- Art. 24Artículo 24
- Art. 25Artículo 25
- Art. 26Procedimiento en defensa de la libertad de establecimiento y de circulación por las autoridades competentesCualquier persona física o jurídica puede reclamar ante la Secretaría para la Unidad de Mercado contra disposiciones, actos, inactividad o vía de hecho que choquen con la libertad de establecimiento o circulación. El plazo es de un mes, o de veinte días en la vía de hecho. El cauce es alternativo a los recursos. Son puntos de contacto la Secretaría, la CNMC, cada ministerio y la autoridad de cada CA. Plazos: 5 días para aportaciones; 10 para el informe no vinculante de la Secretaría; 15 para resolver, con silencio negativo; 5 para acudir a la CNMC.
- Art. 27Legitimación de la Comisión Nacional de los Mercados y la CompetenciaLa CNMC puede recurrir en vía contencioso-administrativa (cap. IV del tít. V de la Ley 29/1998) cualquier disposición general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho de cualquier autoridad competente contraria a la libertad de establecimiento o de circulación. Actúa de oficio o a petición de los interesados. Ante una petición, con el informe de la Secretaría para la Unidad de Mercado, valora en veinte días si recurre e informa al operador. Informa al Ministerio y a la SUM, que informa al punto de contacto. En la acción popular de la DA 5ª, la legitimación es exclusiva de la CNMC.
- Art. 28Mecanismos adicionales de eliminación de obstáculos o barreras detectados por los operadores económicos, los consumidores y los usuariosFuera de los casos del art. 26, operadores, consumidores, usuarios, sus organizaciones u otros interesados pueden informar en cualquier momento a la Secretaría para la Unidad de Mercado (SECUM), por la ventanilla del art. 26, de obstáculos o barreras. Si hay recurso administrativo, se espera a que se resuelva y el interesado manifieste interés. Cabe informe sobre proyectos normativos ya sometidos a audiencia e información pública. La SECUM puede actuar de oficio, valorando viabilidad y especial transcendencia. Puede dar por no iniciadas solicitudes reiteradas o infundadas. Las consultas no son solicitudes.